De medios y otros demonios
Momento de voltear al norte
J. Israel Martínez Macedo
Mientras Fox sigue haciendo pedazos su imagen mediática, credibilidad, confiabilidad y un montón de etcéteras; se presenta en el vecino país una elección, que, más allá del resultado, nos permite observar, en términos mediáticos, qué presentan los norteamericanos en materia de promoción y difusión de imagen política y campañas electorales.
Y es que podría darse el caso de que los brillantes estrategas mexicanos ya estén listos con pluma y papel para copiar los esquemas norteamericanos de hacer campaña política, y no es que haya pasado antes, sino que es muy probable que en la búsqueda de nuevas estrategias, y con la reciente aprobación de una legislación que pretende evitar las descalificaciones entre contendientes, parece ser que será necesario voltear a otros lados para saber cómo actuar.
Sin embargo en Estados Unidos, con la existencia de un sistema netamente bipartidista, los comentarios son totalmente abiertos, no hay ley que impida que un demócrata critique fuertemente a un republicano y viceversa.
Un estudio de la Universidad de Harvard reveló que hasta el momento Hilary Clinton acapara el escenario mediático, para bien o para mal, con un 17 por ciento de la cobertura total sobre su persona, casi el doble de la que ha recibido quien podría ser su principal contendiente Rudolph Giuliani (9 por ciento) del partido Republicano. En ambos casos, el tratamiento informativo, revela la institución, es negativo en 64 por ciento de los casos, consistiendo esto en 37 por ciento de “historias negativas” y 27 por ciento de trato peyorativo.
Por lo que toca a los otros aspirantes a la candidatura por su partido, Barack Obama ha sido el más beneficiado con la cobertura obteniendo 48 por ciento de las noticias con un valor positivo hacia su objetivo, mientras que en contraparte el republicano John McCain ha sido el más afectado por los comentarios vertidos mediáticamente.
El “madruguete” lo aplicaron los demócratas arrancando su carrera para definir candidato a la presidencia norteamericana antes que los republicanos, esto le ha retribuido en mayor presencia mediática, aunque se espera una reacción de los conservadores estadounidenses al momento de iniciar la contienda electoral.
Los demócratas tienen de su parte, además, una ventaja de campaña que seguramente aplicarán en el momento justo: estarán proponiendo a una mujer o aun hombre de color para la presidencia, mientras que los republicanos tendrán que remar contra la corriente que les arrebató la mayoría en las cámaras tras los procesos pasados.
Lo evidente hasta el momento es que los debates entre contendientes del mismo partido se han registrado con un alto grado de cuidado, y es que a diferencia de lo que ocurre en México, los partidos norteamericanos buscan desgastarse lo menor posible en la selección de sus candidatos y se enfocan más en los resultados finales, es decir en obtener la elección.
Será interesante dar seguimiento al proceso para observar cómo es que los estrategas demócratas aprovechan su ventaja, un esquema que en México podría ser copiado por quienes propongan a una mujer o un joven -que conste que yo no candidatéo a Enrique Peña Nieto, como hiciera algún ex gobernador-, mientras que las propuestas republicanas serán ampliamente seguidas por partidos que han caído en el descrédito gracias al descontento con la labor de sus principales figuras -no, tampoco voy a decir PAN o PRD-.
La mesa está puesta para echar un buen taco de ojo de las formas en las que se llevan a cabo las campañas norteamericanas, ello incluye las estrategias de las llamadas “campañas negras” que por supuesto se realizan en Estados Unidos, aunque con un perfil distinto.
imartinez@edomex.milenio.com
miércoles, 31 de octubre de 2007
lunes, 29 de octubre de 2007
La hora de los jóvenes / Columna
De medios y otros demonios
La hora de los jóvenes
J. Israel Martínez Macedo
Una de las principales quejas que se han manifestado, históricamente, con el Premio Estatal de la Juventud, es que se entrega el reconocimiento y ahí queda todo. Este año, sin embargo, se pretende romper con esa costumbre y se inició con un seguimiento a los noveles talentos mexiquenses.
El pasado viernes se reunieron en Naucalpan los ganadores del premio con la titular del Instituto Mexiquense de la Juventud (Imej), Mari Jose Alcalá y el secretario de Desarrollo Social, Ernesto Nemer Álvarez, en un conocido restaurante de aquella localidad.
Los jóvenes de las distintas regiones del estado demostraron que existe interés en participar, que tienen buenas ideas, que se preocupan por ser parte de la solución y no de los problemas que afectan a la entidad.
Una característica los definió a todos: son creadores.
Desde Nezahualcóyotl solicitaron apoyo para realizar un arte poco valorado en el México moderno: el graffiti. Quienes a ello se dedican se quejaron de falta de apoyo y explicaron: “conseguimos el permiso de la familia para pintar las bardas, hacemos el diseño y conseguimos los materiales, a veces hasta conseguimos autorización del ayuntamiento, sin embargo cuando estamos trabajando, llegan los policías y nos ‘trepan’ y terminamos en las galeras a pesar de hacerlo legalmente”.
Hubo quienes solicitaron apoyo para continuar sus estudios, y quienes solicitaron que no sólo se volteé a ver a las universidades reconocidas como la UNAM, la UAEM o el ITESM. De hecho, una buena parte de los ganadores pertenece a instituciones, públicas y privadas, de poca o nula difusión pero que en sus egresados y estudiantes han demostrado calidad e interés en fomentar la participación.
Al término de la reunión los jóvenes recibieron compromisos reales que podrán ser observados como forma de verificar si el interés de las autoridades en la juventud es real o ficticio: en primer lugar, la realización de una exposición, muy posiblemente, itinerante para exponer los mejores trabajos de los más de mil recibidos por la dependencia para la edición 2006. En segundo lugar la realización de foros regionales de discusión y análisis de donde emerja la propuesta de Ley de la Juventud del Estado de México.
Si todo sale como las autoridades lo planearon, será el próximo cuando la Legislatura reciba la propuesta que emerja de los foros. Las universidades e instituciones que se han visto pasivas en la difusión y fomento de participación están en tiempo de promover el debate en sus escuelas.
Al término de la reunión, de regreso a Toluca, se revisaban las conclusiones, las propuestas recibidas, pero sobre todo se hacía un análisis de la realidad de la juventud mexiquense.
Recordó a uno de los ganadores quien faltó a su trabajo para acudir a la reunión, “ellos no saben que estoy aquí”, dijo el joven al momento de pedir hacer uso de la palabra, “ese muchacho tiene ganas de participar, de salir adelante, y por eso es que debemos trabajar más” consideró el mandatario.
Una cosa quedó clara: las nuevas generaciones de jóvenes de la entidad están dispuestos a todo para triunfar, para hacerse de espacios, para servir a la sociedad, para colaborar en los derechos humanos, para ser útiles, para expresarse, o simplemente para salir adelante.
Las instituciones por su parte, aún no parecen estar adecuadas para estas nuevas exigencias, ya no se trata sólo de educarlos, se trata de apoyarles en su desarrollo. Ese es el nuevo reto no sólo para el Imej o las universidades públicas y privadas, sino para todos los organismos e instituciones.
Aún hay tiempo para abrir los espacios, de lo contrario, el ímpetu que los talentos juveniles demostraron el viernes corre el riesgo de perderse y con él la posibilidad de facilitar un cambio social que, de cualquier forma, se va a presentar.
imartinez@edomex.milenio.com
La hora de los jóvenes
J. Israel Martínez Macedo
Una de las principales quejas que se han manifestado, históricamente, con el Premio Estatal de la Juventud, es que se entrega el reconocimiento y ahí queda todo. Este año, sin embargo, se pretende romper con esa costumbre y se inició con un seguimiento a los noveles talentos mexiquenses.
El pasado viernes se reunieron en Naucalpan los ganadores del premio con la titular del Instituto Mexiquense de la Juventud (Imej), Mari Jose Alcalá y el secretario de Desarrollo Social, Ernesto Nemer Álvarez, en un conocido restaurante de aquella localidad.
Los jóvenes de las distintas regiones del estado demostraron que existe interés en participar, que tienen buenas ideas, que se preocupan por ser parte de la solución y no de los problemas que afectan a la entidad.
Una característica los definió a todos: son creadores.
Desde Nezahualcóyotl solicitaron apoyo para realizar un arte poco valorado en el México moderno: el graffiti. Quienes a ello se dedican se quejaron de falta de apoyo y explicaron: “conseguimos el permiso de la familia para pintar las bardas, hacemos el diseño y conseguimos los materiales, a veces hasta conseguimos autorización del ayuntamiento, sin embargo cuando estamos trabajando, llegan los policías y nos ‘trepan’ y terminamos en las galeras a pesar de hacerlo legalmente”.
Hubo quienes solicitaron apoyo para continuar sus estudios, y quienes solicitaron que no sólo se volteé a ver a las universidades reconocidas como la UNAM, la UAEM o el ITESM. De hecho, una buena parte de los ganadores pertenece a instituciones, públicas y privadas, de poca o nula difusión pero que en sus egresados y estudiantes han demostrado calidad e interés en fomentar la participación.
Al término de la reunión los jóvenes recibieron compromisos reales que podrán ser observados como forma de verificar si el interés de las autoridades en la juventud es real o ficticio: en primer lugar, la realización de una exposición, muy posiblemente, itinerante para exponer los mejores trabajos de los más de mil recibidos por la dependencia para la edición 2006. En segundo lugar la realización de foros regionales de discusión y análisis de donde emerja la propuesta de Ley de la Juventud del Estado de México.
Si todo sale como las autoridades lo planearon, será el próximo cuando la Legislatura reciba la propuesta que emerja de los foros. Las universidades e instituciones que se han visto pasivas en la difusión y fomento de participación están en tiempo de promover el debate en sus escuelas.
Al término de la reunión, de regreso a Toluca, se revisaban las conclusiones, las propuestas recibidas, pero sobre todo se hacía un análisis de la realidad de la juventud mexiquense.
Recordó a uno de los ganadores quien faltó a su trabajo para acudir a la reunión, “ellos no saben que estoy aquí”, dijo el joven al momento de pedir hacer uso de la palabra, “ese muchacho tiene ganas de participar, de salir adelante, y por eso es que debemos trabajar más” consideró el mandatario.
Una cosa quedó clara: las nuevas generaciones de jóvenes de la entidad están dispuestos a todo para triunfar, para hacerse de espacios, para servir a la sociedad, para colaborar en los derechos humanos, para ser útiles, para expresarse, o simplemente para salir adelante.
Las instituciones por su parte, aún no parecen estar adecuadas para estas nuevas exigencias, ya no se trata sólo de educarlos, se trata de apoyarles en su desarrollo. Ese es el nuevo reto no sólo para el Imej o las universidades públicas y privadas, sino para todos los organismos e instituciones.
Aún hay tiempo para abrir los espacios, de lo contrario, el ímpetu que los talentos juveniles demostraron el viernes corre el riesgo de perderse y con él la posibilidad de facilitar un cambio social que, de cualquier forma, se va a presentar.
imartinez@edomex.milenio.com
miércoles, 24 de octubre de 2007
¿Dónde quedó el candidato? / Columna
De medios y otros demonios
¿Dónde quedó el candidato?
J. Israel Martínez Macedo
Era de esperarse, algunos analistas lo habían comentado y la encuesta de María de las Heras (MILENIO 22/10/07) lo confirmó: la imagen pública de Vicente Fox se fue a los suelos con la presentación de su libro, que dicho sea de paso, resultó todo un fracaso en las listas de ventas de Estados Unidos.
Los números de la encuesta resultaron contundentes sobre lo que la gente piensa hoy acerca del ex presidente, sus declaraciones, sus entrevistas en la Unión Americana y su responsabilidad en todo esto.
En términos generales, 60 por ciento de los encuestados dijeron que empeoró la opinión que tenían del ex presidente, aunque 13 por ciento dijeron que había mejorado y 27 por ciento que se mantenía igual (de buena o mala).
Además de esto destaca que 65 por ciento de los encuestados considera que las declaraciones del ex mandatario tienen que ver más con una distracción sobre las cosas que le han descubierto (la Hummer, las remodelaciones al rancho, los negocios y el enriquecimiento desproporcionado, principalmente) que con algún otro motivo.
Vicente Fox se ha preocupado más por la imagen que proyecta que por lo acertado, correcto o incorrecto de sus acciones, y lo ha hecho, incluso, desde su administración como Presidente.
No debe extrañar que el ex mandatario mantenga la actitud que siempre ha tenido, el hombre de las botas se aferra a su “foxilandia” al México que le presentaron y del que gustosamente quiso creer que era real.
La presentación de su libro en Estados Unidos sólo sirvió para ser exhibirse ante una prensa que no lo conocía, pero que rápidamente se acostumbró a sus “foxismos”, a sus rabietas, a sus berrinches y a su torpe pero divertido actuar (con un humor digno de cualquier capítulo de “Los Simpson”).
La diferencia radica en que ya no cuenta con los recursos de la Presidencia para manipular el pensamiento de las masas desinformadas, ya no cuenta con los apoyos de quienes temerosos de los berrinches del Presidente preferían salir a defenderlo que mantener un prudente silencio.
Vale la pena cuestionar, ¿tiene esto algo que ver con aquel expediente médico del ahora ex presidente al que se negó el acceso a través de transparencia que hizo que se retomara la discusión entre lo público y privado, cómo afecta lo segundo a lo primero en el caso de un mandatario?
No lo podemos saber a ciencia cierta.
Lo que sí podemos saber es que cada día que pasa Vicente Fox se pasea por el mundo como el niño consentido del país, al que nadie puede meter en cintura y del que sus rabietas causaban gracias pero comienzan a ser incómodas y molestas.
Si el panista piensa que México le está eternamente agradecido por haber sacado al PRI de Los Pinos, se equivoca, a final de cuentas quien realizó ese logró fue la gente, los que votamos el 2 de julio de 2000, ya sea por él, o por cualquier otro candidato.
Se equivoca Vicente Fox si desea colgarse una medalla que no le corresponde, si acaso podría promocionarse como el sujeto que mejor le cayó a la gente en 2000, un sujeto “echáo pa’ lante” que daba muestras de terquedad pero que supo traducir en firmeza de decisión.
De aquel Vicente Fox, el que convenció a la mayoría de los mexicanos, el que prometió un cambio radical en el país, del que aseguró que México sería uno antes y otro después de su periodo, de ese no queda ni el recuerdo.
imartinez@edomex.milenio.com
¿Dónde quedó el candidato?
J. Israel Martínez Macedo
Era de esperarse, algunos analistas lo habían comentado y la encuesta de María de las Heras (MILENIO 22/10/07) lo confirmó: la imagen pública de Vicente Fox se fue a los suelos con la presentación de su libro, que dicho sea de paso, resultó todo un fracaso en las listas de ventas de Estados Unidos.
Los números de la encuesta resultaron contundentes sobre lo que la gente piensa hoy acerca del ex presidente, sus declaraciones, sus entrevistas en la Unión Americana y su responsabilidad en todo esto.
En términos generales, 60 por ciento de los encuestados dijeron que empeoró la opinión que tenían del ex presidente, aunque 13 por ciento dijeron que había mejorado y 27 por ciento que se mantenía igual (de buena o mala).
Además de esto destaca que 65 por ciento de los encuestados considera que las declaraciones del ex mandatario tienen que ver más con una distracción sobre las cosas que le han descubierto (la Hummer, las remodelaciones al rancho, los negocios y el enriquecimiento desproporcionado, principalmente) que con algún otro motivo.
Vicente Fox se ha preocupado más por la imagen que proyecta que por lo acertado, correcto o incorrecto de sus acciones, y lo ha hecho, incluso, desde su administración como Presidente.
No debe extrañar que el ex mandatario mantenga la actitud que siempre ha tenido, el hombre de las botas se aferra a su “foxilandia” al México que le presentaron y del que gustosamente quiso creer que era real.
La presentación de su libro en Estados Unidos sólo sirvió para ser exhibirse ante una prensa que no lo conocía, pero que rápidamente se acostumbró a sus “foxismos”, a sus rabietas, a sus berrinches y a su torpe pero divertido actuar (con un humor digno de cualquier capítulo de “Los Simpson”).
La diferencia radica en que ya no cuenta con los recursos de la Presidencia para manipular el pensamiento de las masas desinformadas, ya no cuenta con los apoyos de quienes temerosos de los berrinches del Presidente preferían salir a defenderlo que mantener un prudente silencio.
Vale la pena cuestionar, ¿tiene esto algo que ver con aquel expediente médico del ahora ex presidente al que se negó el acceso a través de transparencia que hizo que se retomara la discusión entre lo público y privado, cómo afecta lo segundo a lo primero en el caso de un mandatario?
No lo podemos saber a ciencia cierta.
Lo que sí podemos saber es que cada día que pasa Vicente Fox se pasea por el mundo como el niño consentido del país, al que nadie puede meter en cintura y del que sus rabietas causaban gracias pero comienzan a ser incómodas y molestas.
Si el panista piensa que México le está eternamente agradecido por haber sacado al PRI de Los Pinos, se equivoca, a final de cuentas quien realizó ese logró fue la gente, los que votamos el 2 de julio de 2000, ya sea por él, o por cualquier otro candidato.
Se equivoca Vicente Fox si desea colgarse una medalla que no le corresponde, si acaso podría promocionarse como el sujeto que mejor le cayó a la gente en 2000, un sujeto “echáo pa’ lante” que daba muestras de terquedad pero que supo traducir en firmeza de decisión.
De aquel Vicente Fox, el que convenció a la mayoría de los mexicanos, el que prometió un cambio radical en el país, del que aseguró que México sería uno antes y otro después de su periodo, de ese no queda ni el recuerdo.
imartinez@edomex.milenio.com
domingo, 21 de octubre de 2007
Violencia, condición general / Columna
De medios y otros demonios
Violencia, condición general
J. Israel Martínez Macedo
Reporteros Sin Fronteras (RSF) había hecho el primer aviso, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) lo ratifica: México es un verdadero riesgo para el ejercicio del periodismo.
En el primer caso el país descendió tres lugares en la clasificación anual, del 133 al 136 de 169 países evaluados según el Informe Anual 2007. En el segundo, el Informe Semestral de la SIP coincide y advierte que se mantiene el nivel de “alto riesgo”.
En el informe de RSF la conclusión es lapidaria: “México continúa siendo el país más peligroso del continente para la prensa. Entre septiembre de 2006 y septiembre de 2007 han matado en el país a ocho profesionales de la información. La justicia no consigue sancionar a todos los responsables, y la impunidad continúa siendo ampliamente la regla”.
La SIP detalla: “Los ataques del crimen organizado, la impunidad y las acciones emprendidas por algunos gobiernos de distintos niveles para controlar la prensa independiente, representan los peligros más evidentes para el libre ejercicio del periodismo”.
Sin justificación, el asunto tiene cierta lógica. México vive un momento de extrema violencia y esto no es privativo de quienes ejercen la labor de informar, es para todo el país. “Levantones”, secuestros, ataques terroristas, violaciones sistemáticas a los derechos humanos, detenciones arbitrarias, abusos, entre otras tantas, son las constantes de cada día.
Ello es muestra de la incapacidad de las autoridades encargadas de combatir la delincuencia, de un sistema que no requiere ya de una reforma sino de una reconstrucción, del desinterés real por que existan garantías de acceso y difusión de información disfrazadas bajo la máscara de mayor apertura gubernamental.
Los grupos guerrilleros están infiltrados en la estructura del poder, no puede dejar de pensarse que el narcotráfico también lo esté. El esquema de seguridad ha sido vulnerado y las autoridades sólo están preocupadas por seguir negando la existencia de lo que se vive todos los días.
El Estado de México no es ajeno a esa situación. Apenas hace una semana el Ejército incursionó en la zona sur para combatir “algunos grupos vinculados con el narcotráfico”, como dijo el propio gobernador. Hace un par de meses, en agosto, se registró la consumación de las amenazas contra una reportera gráfica de Capulhuac, el caso se mantiene en la impunidad.
Ahora se amenaza a un reportero de este medio porque, como dice el refranero, “la verdad no mata pero incomoda”.
Los excesos, la demagogia, las mentiras no pueden ni deben dejar de ser evidenciadas a través del contraste con os hechos. Los abusos del poder continúan, la existencia del narcotráfico en la entidad ya es innegable (dos narcolaboratorios descubiertos en un año, cualquier cantidad de ejecuciones por todos lados y la presencia del Ejército en el sur lo avalan), y aún así continúan las agresiones.
El cinismo con que se expresan sobre el tema las autoridades que deberían salvaguardar la seguridad hace que se erice la piel, la frivolidad de sus acciones sólo demuestran que el único interés es mantener la chamba y buscar un “hueso” para el periodo siguiente.
Mientras tanto la inseguridad crece, las amenazas prevalecen y la impunidad se mantiene como la constante, no sólo en el ejercicio de una profesión, sino en la comisión de casi cualquier ilícito.
imartinez@edomex.milenio.com
Violencia, condición general
J. Israel Martínez Macedo
Reporteros Sin Fronteras (RSF) había hecho el primer aviso, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) lo ratifica: México es un verdadero riesgo para el ejercicio del periodismo.
En el primer caso el país descendió tres lugares en la clasificación anual, del 133 al 136 de 169 países evaluados según el Informe Anual 2007. En el segundo, el Informe Semestral de la SIP coincide y advierte que se mantiene el nivel de “alto riesgo”.
En el informe de RSF la conclusión es lapidaria: “México continúa siendo el país más peligroso del continente para la prensa. Entre septiembre de 2006 y septiembre de 2007 han matado en el país a ocho profesionales de la información. La justicia no consigue sancionar a todos los responsables, y la impunidad continúa siendo ampliamente la regla”.
La SIP detalla: “Los ataques del crimen organizado, la impunidad y las acciones emprendidas por algunos gobiernos de distintos niveles para controlar la prensa independiente, representan los peligros más evidentes para el libre ejercicio del periodismo”.
Sin justificación, el asunto tiene cierta lógica. México vive un momento de extrema violencia y esto no es privativo de quienes ejercen la labor de informar, es para todo el país. “Levantones”, secuestros, ataques terroristas, violaciones sistemáticas a los derechos humanos, detenciones arbitrarias, abusos, entre otras tantas, son las constantes de cada día.
Ello es muestra de la incapacidad de las autoridades encargadas de combatir la delincuencia, de un sistema que no requiere ya de una reforma sino de una reconstrucción, del desinterés real por que existan garantías de acceso y difusión de información disfrazadas bajo la máscara de mayor apertura gubernamental.
Los grupos guerrilleros están infiltrados en la estructura del poder, no puede dejar de pensarse que el narcotráfico también lo esté. El esquema de seguridad ha sido vulnerado y las autoridades sólo están preocupadas por seguir negando la existencia de lo que se vive todos los días.
El Estado de México no es ajeno a esa situación. Apenas hace una semana el Ejército incursionó en la zona sur para combatir “algunos grupos vinculados con el narcotráfico”, como dijo el propio gobernador. Hace un par de meses, en agosto, se registró la consumación de las amenazas contra una reportera gráfica de Capulhuac, el caso se mantiene en la impunidad.
Ahora se amenaza a un reportero de este medio porque, como dice el refranero, “la verdad no mata pero incomoda”.
Los excesos, la demagogia, las mentiras no pueden ni deben dejar de ser evidenciadas a través del contraste con os hechos. Los abusos del poder continúan, la existencia del narcotráfico en la entidad ya es innegable (dos narcolaboratorios descubiertos en un año, cualquier cantidad de ejecuciones por todos lados y la presencia del Ejército en el sur lo avalan), y aún así continúan las agresiones.
El cinismo con que se expresan sobre el tema las autoridades que deberían salvaguardar la seguridad hace que se erice la piel, la frivolidad de sus acciones sólo demuestran que el único interés es mantener la chamba y buscar un “hueso” para el periodo siguiente.
Mientras tanto la inseguridad crece, las amenazas prevalecen y la impunidad se mantiene como la constante, no sólo en el ejercicio de una profesión, sino en la comisión de casi cualquier ilícito.
imartinez@edomex.milenio.com
miércoles, 17 de octubre de 2007
Penales en estado decadente / Nota
Hayan corrupción y descomposición del sistema
Penales en estado decadente
Revela estudio del CIDE colusión policíaca en los delitos
Segunda de dos partes
Israel Martínez – Toluca
Los sistemas penal y penitenciario del Estado de México y Distrito Federal se encuentran en estado decadente y no respetan, en muchos casos, los derechos más elementales de los detenidos, procesados y sentenciados en ambas entidades.
Los resultados no sólo revelan la descomposición del sistema, también dan muestras de la corrupción al encontrar una constante entre la primera encuesta y la segunda en lo que se refiere a la participación de la policía en la comisión de los delitos.
La segunda encuesta a población en reclusión en el Distrito Federal y el Estado de México indica que la mitad de los robos por los que reclusos se encuentran sentenciados son por 2 mil pesos o menos y una cuarta parte son por 500 pesos o menos, mientras que el costo promedio para el pago de abogados particulares se encuentra entre los 30 mil y los 49 mil pesos.
Además, como parte de las conclusiones de la investigación, se indica que “todas las autoridades que conforman el sistema penal (policías preventivos, policías judiciales, ministerios públicos y jueces) violan sistemáticamente los estándares básicos del debido proceso”.
El estudio realizado por Marcelo Bergman, Elena Azaola y Ana Laura Magaloni, académicos de la división de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) revela además que los robos violentos son más recurrentes en territorio mexiquense que en el capitalino y que en muchos casos las mujeres son detenidas en robos patrimoniales en los que participaron con sus parejas.
TENDENCIAS Y PADRONES DELICTIVOS
El trabajo demostró que 68 por ciento de los internos cumplen sentencia por robo, la mitad de estos por robo simple. Sin embargo la tendencia se ha incrementado en los últimos años pues 75 por ciento de los recientemente admitidos llegaron por este motivo.
Mientras que en el DF 46.9 por ciento de los sentenciados se encuentra ahí por robo simple y 27.2 lo está por robo con violencia, en el Estado de México la tendencia se invierte siendo para el primer caso de 25.1 por ciento mientras que para el segundo de 42.3.
En cuanto a los homicidios, dolosos y culposos, la entidad mexiquense también supera a la capital del país. Mientras que en el Distrito Federal el porcentaje de sentenciados por estos delitos alcanza los 7 puntos porcentuales, en el Estado de México la cifra se eleva a 10.3 por ciento.
La justificación que se encuentra para esta situación es que “los resultados de la encuesta revelan que en el Estado de México existe un mayor énfasis en las políticas de seguridad pública por detener a delincuentes más violentos, respecto al que existe en el Distrito Federal”.
En cuanto a robo se refiere, la mitad de los sentenciados cometió el ilícito por 2 mil pesos o menos, y una cuarta parte por 500 pesos o menos. Aunado a ello se observa que los delincuentes que ingresan a los penales son, en casi una proporción de tres de cada cuatro, internos que no habían sido apresados con anterioridad, es decir primo-delincuentes.
Sin embargo, al detalle, el número de reincidentes es tres veces mayor en el Distrito Federal que en el Estado de México ya que cuatro de cada diez internos de la capital del país había sido sentenciado con anterioridad.
Dentro de las conclusiones se indica que “el sistema no parece tener una política de monitoreo que permita controlar a delincuentes profesionales. Por el contrario, en su mayoría se detiene a primo-delincuentes”, es decir a aquellos que no tienen experiencia en la comisión del delito.
DROGAS, ALCOHOL Y DELINCUENCIA
Las víctimas eran conocidos de los delincuentes en un 45 por ciento, de los cuales 18 por ciento eran familiares de los reclusos. En 32 por ciento de los casos los internos reconocieron haber consumido alcohol (tres de cada cuatro) o drogas (uno de cada cuatro) por lo menos seis horas antes de haber cometido el delito, y se argumenta “dado que esta información probablemente esté subreportada, es posible que el consumo de alcohol y/o drogas antes de cometer delitos sea más elevado”.
En el caso de la mujeres “están más involucradas en delitos contra la salud y contra las personas, y menos en delitos patrimoniales y sexuales respecto a los hombres”, el documento detalla “entre las mujeres, 31 por ciento están presas por narcotráfico y 17 por ciento por homicidio, mientras que sólo 19 por ciento está por robo simple y 15 por ciento por robo con violencia”.
Además en la primera encuesta, de los detenidos por tráfico de droga, 52 por ciento comerciaban con marihuana y 36 por ciento por cocaína, mientras que en la segunda encuesta los resultados arrojaron 44 y 46 por ciento, respectivamente.
Entre los que comercializaban con drogas, la mitad fueron detenidos por mercancía con un valor de mil pesos o menos, y la cuarta parte por 250 pesos o menos, lo que indica que en su mayoría son sólo los pequeños distribuidores quienes pisan las cárceles en ambas entidades.
PARTICIPACIÓN POLICÍACA
En cuanto a la colusión de las autoridades en la comisión del delito, 5.7 por ciento de los informantes en la primera encuesta indicaron la participación de policías, porcentaje que se mantuvo relativamente igual en la segunda evaluación con 5.6 por ciento y advierte “dado que es muy probable que esta cifra sea subreportada, la participación de la policía puede ser mayor”.
Sumado a ello “los internos del Distrito Federal que aceptan que la policía participó en los delitos de los que se les acusa, son el doble de los que aceptan tal participación en el Estado de México”.
LA VIDA EN PRISIÓN
Las condiciones en las que los internos desarrollan su vida en las cárceles revelan que el sistema penitenciario no sólo está agotado, sino que ha entrado en decadencia constante.
En el Distrito Federal, por ejemplo, se observó que mientras la población penitenciaria se incrementó en más de 30 por ciento, el presupuesto sólo lo hizo en 15 por ciento, eso indica que en dicha entidad el costo diario por interno bajó de 120 pesos al momento de aplicar la primera encuesta a 98 pesos al momento de la segunda, es decir en un periodo de tres años.
Los datos revelan que en ambas entidades las instituciones penitenciarias proveen cada vez menos a los internos de bienes básicos como ropa, cobija y zapatos. Aunado a ello, 30.5 por ciento de los internos del Distrito Federal y 19.7 por ciento de los mexiquenses señalaron que no tienen suficiente agua para beber, por lo que 17.4 y 18.6 por ciento, respectivamente indicaron que, dado al mal estado del líquido, requieren comprarla con sus propios recursos.
En cuanto a los alimentos, las condiciones empeoran pues 67 por ciento de los capitalinos y 58.6 de los del Estado de México considera que los alimentos son insuficientes. En la entidad mexiquense la cantidad de internos que señalaron que la calidad de los alimentos es “mala” o “muy mala” se incremento de 36 por ciento en la primera encuesta a 43 en la segunda.
Por lo que a la salud respecta, 35 por ciento de los del DF y 18 por ciento del Edomex dijeron no recibir la atención médica cuando así la requieren, además sólo 22. 8 y 22.9 por ciento de los internos de cada entidad, respectivamente, dijo que la institución les proporciona los medicamentos que requieren.
En materia de seguridad, 71.6 por ciento de los internos del Distrito federal y 72.1 de los del Estado de México dijeron sentirse más inseguros en la prisión que en el lugar en el que vivían antes de ingresar a la institución.
Los internos señalaron que 66.7 por ciento de los casos capitalinos y 47.3 mexiquenses han sido robados, cuando menos en una ocasión, en la prisión. También 15.6 y 7.6 por ciento, respectivamente, dijeron haber sido golpeados en la cárcel, de estos 78.4 y 65.2 por ciento recibieron la agresión por parte de otros internos, mientras que 21.6 y 26.1 por ciento fueron maltratados por los custodios.
“Según las autoridades penitenciarias -señala el documento-, sólo entre una tercera parte y la mitad del total de los internos tienen, en realidad, la oportunidad de participar en actividades laborales o educativas. El resto no participa, en la mayoría de los casos, porque la institución no tiene la capacidad para ofrecer a todos lo que, paradójicamente, les exige para poder reducir sus tiempos de condena”.
INDEBIDO PROCESO
El documento ilustra: “En los sistemas jurídicos democráticos modernos se ha establecido un conjunto de condiciones de condiciones que buscan asegurar que todo acusado tenga un juicio justo. Este conjunto de condiciones se recogen en lo que se denomina el derecho a un ‘debido proceso’”.
Sentencia además que “La situación prácticamente no ha cambiado en los últimos tres años: todas las autoridades que conforman el sistema penal (policías preventivos, policías judiciales, ministerios públicos y jueces) violan sistemáticamente los estándares básicos del debido proceso”.
DETENCIONES ILEGALES
Los datos de la encuesta arrojaron que nueve de cada diez detenciones se llevan a cabo bajo el esquema de flagrancia o flagrancia equiparada (dos horas o más después de haber ocurrido el ilícito y sólo aplica, legalmente, para delitos graves). Sin embargo 92.5 por ciento de los internos asegura que no le mostraron orden de aprehensión cuando lo detuvieron, mientras que 93 por ciento dijo que al momento de la detención fue llevado a una Agencia del Ministerio Público o a un módulo de la policía judicial.
Poco más de la mitad de las detenciones (54 por ciento) ocurren una hora o menos después de haberse cometido el delito. Sin embargo destaca que del número de detenciones en flagrancia, 15.5 por ciento ocurren después de cuatro días o más, es decir fuera del tiempo establecido para llevarlas a cabo, lo que indica que se trata de detenciones ilegales.
En cuanto a la flagrancia equiparada, 20 por ciento de las detenciones de este tipo se han realizado para el caso del robo simple, con lo cual no cuentan con el requisito de la gravedad del delito, convirtiéndose, también en detenciones ilegales.
Los policías preventivos, pero en mayor proporción los judiciales, golpean o lastiman a los detenidos o incurren en amenazas y humillaciones, lo que revela que “la policía judicial es la autoridad más violenta y abusiva”.
Del mismo modo “el derecho constitucional del detenido de ser informado, en el momento de su detención, del delito por el que se le arresta, es frecuentemente violado. Sólo a 32 por ciento de los internos se les respetó ese derecho”.
ARBITRARIEDAD, LA REGLA DEL SISTEMA
“Los datos de la encuesta revelan que las prácticas en las agencias del ministerio público distan mucho de los estándares mínimos del debido proceso y, además, esto parece ser una realidad permanente del sistema”. La investigación indica que la similitud entre la primera y la segunda encuesta “permiten inferir que el abuso y la arbitrariedad son la regla del sistema”.
A los detenidos no se les informó la diferencia entre la fase de acusación y la de juicio en un 92 por ciento, sobre el derecho a no declarar, en 72 por ciento y sobre el derecho hacer una llamada telefónica en 70 por ciento. Aún más al momento de rendir su declaración, 70 por ciento de los internos no contó con la presencia de su abogado o persona de confianza, mientras que 28 por ciento se declaró culpable directamente ante el ministerio público.
JUICIOS SIN JUEZ
“Los datos de la encuesta sugieren que el papel del juez dista mucho de lo que se esperaría que fuese. El juez es una figura desdibujada, ausente e inaccesible durante el proceso penal”.
En la segunda edición del instrumento, 80 por ciento de los internos no pudo hablar personalmente con el juez, mientras que 66 por ciento de los casos el juez no estuvo presente al rendir su declaración preparatoria además de que, en esta instancia, a 61 por ciento no se le informó de su derecho a no declarar.
Sobre el 39 por ciento al que sí se le informó su derecho a no declarar, sólo en 2 por ciento lo hizo el juez, en 63 por ciento su abogado, 25 por ciento el secretario de acuerdos, en 5 por ciento el ministerio público y en 3 por ciento, aún por encima del juez, la secretaria mecanógrafa.
“Los datos sugieren que el juez prácticamente está ausente en el proceso, su función parece limitarse a la de dictar sentencia”. Las observaciones de los investigadores del CIDE señalan que “los internos perciben un papel mucho más relevante en cuanto a la conducción de las audiencias por parte de la secretaria mecanógrafa que el juez”.
¿DEFENSORES?
Los internos señalan que 45 por ciento tuvo más de un abogado en el juicio, 25 por ciento tuvo dos abogados y el resto más de tres. Del total de los encuestados, 61 por ciento tuvo un defensor de oficio de inicio y la principal razón para cambiarlo fue que no hizo nada para defender al acusado.
En cuanto al ofrecimiento de pruebas para demostrar la inocencia del acusado, sólo 33 por ciento de los abogados de oficio lo hicieron, mientras que 65 por ciento de los privados cumplieron con este requisito elemental para la defensa. Igualmente 58 por ciento de los de oficio y 36 por ciento de los privados no explicaban a sus defendidos lo que sucedía en las audiencias.
Sin embargo, a pesar de las fallas, y el desinterés, los abogados cobraron en promedio entre 30 mil y 49 pesos a los internos a pesar de no haber logrado mantener su libertad.
Aunado a ello, la encuesta reveló que de todos los abogados que atendieron a los internos, 16.42 por ciento le pidieron dinero para dárselo al juez, y 19.79 por ciento lo hizo con la justificación de entregárselo al ministerio público.
Las conclusiones son contundentes: “Los datos nos permiten inferir que, a lo largo de todo el proceso penal, desde la detención hasta la sentencia, el acusado padece un sistema que no le garantiza ser privado de la libertad a través de un juicio justo”.
Penales en estado decadente
Revela estudio del CIDE colusión policíaca en los delitos
Segunda de dos partes
Israel Martínez – Toluca
Los sistemas penal y penitenciario del Estado de México y Distrito Federal se encuentran en estado decadente y no respetan, en muchos casos, los derechos más elementales de los detenidos, procesados y sentenciados en ambas entidades.
Los resultados no sólo revelan la descomposición del sistema, también dan muestras de la corrupción al encontrar una constante entre la primera encuesta y la segunda en lo que se refiere a la participación de la policía en la comisión de los delitos.
La segunda encuesta a población en reclusión en el Distrito Federal y el Estado de México indica que la mitad de los robos por los que reclusos se encuentran sentenciados son por 2 mil pesos o menos y una cuarta parte son por 500 pesos o menos, mientras que el costo promedio para el pago de abogados particulares se encuentra entre los 30 mil y los 49 mil pesos.
Además, como parte de las conclusiones de la investigación, se indica que “todas las autoridades que conforman el sistema penal (policías preventivos, policías judiciales, ministerios públicos y jueces) violan sistemáticamente los estándares básicos del debido proceso”.
El estudio realizado por Marcelo Bergman, Elena Azaola y Ana Laura Magaloni, académicos de la división de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) revela además que los robos violentos son más recurrentes en territorio mexiquense que en el capitalino y que en muchos casos las mujeres son detenidas en robos patrimoniales en los que participaron con sus parejas.
TENDENCIAS Y PADRONES DELICTIVOS
El trabajo demostró que 68 por ciento de los internos cumplen sentencia por robo, la mitad de estos por robo simple. Sin embargo la tendencia se ha incrementado en los últimos años pues 75 por ciento de los recientemente admitidos llegaron por este motivo.
Mientras que en el DF 46.9 por ciento de los sentenciados se encuentra ahí por robo simple y 27.2 lo está por robo con violencia, en el Estado de México la tendencia se invierte siendo para el primer caso de 25.1 por ciento mientras que para el segundo de 42.3.
En cuanto a los homicidios, dolosos y culposos, la entidad mexiquense también supera a la capital del país. Mientras que en el Distrito Federal el porcentaje de sentenciados por estos delitos alcanza los 7 puntos porcentuales, en el Estado de México la cifra se eleva a 10.3 por ciento.
La justificación que se encuentra para esta situación es que “los resultados de la encuesta revelan que en el Estado de México existe un mayor énfasis en las políticas de seguridad pública por detener a delincuentes más violentos, respecto al que existe en el Distrito Federal”.
En cuanto a robo se refiere, la mitad de los sentenciados cometió el ilícito por 2 mil pesos o menos, y una cuarta parte por 500 pesos o menos. Aunado a ello se observa que los delincuentes que ingresan a los penales son, en casi una proporción de tres de cada cuatro, internos que no habían sido apresados con anterioridad, es decir primo-delincuentes.
Sin embargo, al detalle, el número de reincidentes es tres veces mayor en el Distrito Federal que en el Estado de México ya que cuatro de cada diez internos de la capital del país había sido sentenciado con anterioridad.
Dentro de las conclusiones se indica que “el sistema no parece tener una política de monitoreo que permita controlar a delincuentes profesionales. Por el contrario, en su mayoría se detiene a primo-delincuentes”, es decir a aquellos que no tienen experiencia en la comisión del delito.
DROGAS, ALCOHOL Y DELINCUENCIA
Las víctimas eran conocidos de los delincuentes en un 45 por ciento, de los cuales 18 por ciento eran familiares de los reclusos. En 32 por ciento de los casos los internos reconocieron haber consumido alcohol (tres de cada cuatro) o drogas (uno de cada cuatro) por lo menos seis horas antes de haber cometido el delito, y se argumenta “dado que esta información probablemente esté subreportada, es posible que el consumo de alcohol y/o drogas antes de cometer delitos sea más elevado”.
En el caso de la mujeres “están más involucradas en delitos contra la salud y contra las personas, y menos en delitos patrimoniales y sexuales respecto a los hombres”, el documento detalla “entre las mujeres, 31 por ciento están presas por narcotráfico y 17 por ciento por homicidio, mientras que sólo 19 por ciento está por robo simple y 15 por ciento por robo con violencia”.
Además en la primera encuesta, de los detenidos por tráfico de droga, 52 por ciento comerciaban con marihuana y 36 por ciento por cocaína, mientras que en la segunda encuesta los resultados arrojaron 44 y 46 por ciento, respectivamente.
Entre los que comercializaban con drogas, la mitad fueron detenidos por mercancía con un valor de mil pesos o menos, y la cuarta parte por 250 pesos o menos, lo que indica que en su mayoría son sólo los pequeños distribuidores quienes pisan las cárceles en ambas entidades.
PARTICIPACIÓN POLICÍACA
En cuanto a la colusión de las autoridades en la comisión del delito, 5.7 por ciento de los informantes en la primera encuesta indicaron la participación de policías, porcentaje que se mantuvo relativamente igual en la segunda evaluación con 5.6 por ciento y advierte “dado que es muy probable que esta cifra sea subreportada, la participación de la policía puede ser mayor”.
Sumado a ello “los internos del Distrito Federal que aceptan que la policía participó en los delitos de los que se les acusa, son el doble de los que aceptan tal participación en el Estado de México”.
LA VIDA EN PRISIÓN
Las condiciones en las que los internos desarrollan su vida en las cárceles revelan que el sistema penitenciario no sólo está agotado, sino que ha entrado en decadencia constante.
En el Distrito Federal, por ejemplo, se observó que mientras la población penitenciaria se incrementó en más de 30 por ciento, el presupuesto sólo lo hizo en 15 por ciento, eso indica que en dicha entidad el costo diario por interno bajó de 120 pesos al momento de aplicar la primera encuesta a 98 pesos al momento de la segunda, es decir en un periodo de tres años.
Los datos revelan que en ambas entidades las instituciones penitenciarias proveen cada vez menos a los internos de bienes básicos como ropa, cobija y zapatos. Aunado a ello, 30.5 por ciento de los internos del Distrito Federal y 19.7 por ciento de los mexiquenses señalaron que no tienen suficiente agua para beber, por lo que 17.4 y 18.6 por ciento, respectivamente indicaron que, dado al mal estado del líquido, requieren comprarla con sus propios recursos.
En cuanto a los alimentos, las condiciones empeoran pues 67 por ciento de los capitalinos y 58.6 de los del Estado de México considera que los alimentos son insuficientes. En la entidad mexiquense la cantidad de internos que señalaron que la calidad de los alimentos es “mala” o “muy mala” se incremento de 36 por ciento en la primera encuesta a 43 en la segunda.
Por lo que a la salud respecta, 35 por ciento de los del DF y 18 por ciento del Edomex dijeron no recibir la atención médica cuando así la requieren, además sólo 22. 8 y 22.9 por ciento de los internos de cada entidad, respectivamente, dijo que la institución les proporciona los medicamentos que requieren.
En materia de seguridad, 71.6 por ciento de los internos del Distrito federal y 72.1 de los del Estado de México dijeron sentirse más inseguros en la prisión que en el lugar en el que vivían antes de ingresar a la institución.
Los internos señalaron que 66.7 por ciento de los casos capitalinos y 47.3 mexiquenses han sido robados, cuando menos en una ocasión, en la prisión. También 15.6 y 7.6 por ciento, respectivamente, dijeron haber sido golpeados en la cárcel, de estos 78.4 y 65.2 por ciento recibieron la agresión por parte de otros internos, mientras que 21.6 y 26.1 por ciento fueron maltratados por los custodios.
“Según las autoridades penitenciarias -señala el documento-, sólo entre una tercera parte y la mitad del total de los internos tienen, en realidad, la oportunidad de participar en actividades laborales o educativas. El resto no participa, en la mayoría de los casos, porque la institución no tiene la capacidad para ofrecer a todos lo que, paradójicamente, les exige para poder reducir sus tiempos de condena”.
INDEBIDO PROCESO
El documento ilustra: “En los sistemas jurídicos democráticos modernos se ha establecido un conjunto de condiciones de condiciones que buscan asegurar que todo acusado tenga un juicio justo. Este conjunto de condiciones se recogen en lo que se denomina el derecho a un ‘debido proceso’”.
Sentencia además que “La situación prácticamente no ha cambiado en los últimos tres años: todas las autoridades que conforman el sistema penal (policías preventivos, policías judiciales, ministerios públicos y jueces) violan sistemáticamente los estándares básicos del debido proceso”.
DETENCIONES ILEGALES
Los datos de la encuesta arrojaron que nueve de cada diez detenciones se llevan a cabo bajo el esquema de flagrancia o flagrancia equiparada (dos horas o más después de haber ocurrido el ilícito y sólo aplica, legalmente, para delitos graves). Sin embargo 92.5 por ciento de los internos asegura que no le mostraron orden de aprehensión cuando lo detuvieron, mientras que 93 por ciento dijo que al momento de la detención fue llevado a una Agencia del Ministerio Público o a un módulo de la policía judicial.
Poco más de la mitad de las detenciones (54 por ciento) ocurren una hora o menos después de haberse cometido el delito. Sin embargo destaca que del número de detenciones en flagrancia, 15.5 por ciento ocurren después de cuatro días o más, es decir fuera del tiempo establecido para llevarlas a cabo, lo que indica que se trata de detenciones ilegales.
En cuanto a la flagrancia equiparada, 20 por ciento de las detenciones de este tipo se han realizado para el caso del robo simple, con lo cual no cuentan con el requisito de la gravedad del delito, convirtiéndose, también en detenciones ilegales.
Los policías preventivos, pero en mayor proporción los judiciales, golpean o lastiman a los detenidos o incurren en amenazas y humillaciones, lo que revela que “la policía judicial es la autoridad más violenta y abusiva”.
Del mismo modo “el derecho constitucional del detenido de ser informado, en el momento de su detención, del delito por el que se le arresta, es frecuentemente violado. Sólo a 32 por ciento de los internos se les respetó ese derecho”.
ARBITRARIEDAD, LA REGLA DEL SISTEMA
“Los datos de la encuesta revelan que las prácticas en las agencias del ministerio público distan mucho de los estándares mínimos del debido proceso y, además, esto parece ser una realidad permanente del sistema”. La investigación indica que la similitud entre la primera y la segunda encuesta “permiten inferir que el abuso y la arbitrariedad son la regla del sistema”.
A los detenidos no se les informó la diferencia entre la fase de acusación y la de juicio en un 92 por ciento, sobre el derecho a no declarar, en 72 por ciento y sobre el derecho hacer una llamada telefónica en 70 por ciento. Aún más al momento de rendir su declaración, 70 por ciento de los internos no contó con la presencia de su abogado o persona de confianza, mientras que 28 por ciento se declaró culpable directamente ante el ministerio público.
JUICIOS SIN JUEZ
“Los datos de la encuesta sugieren que el papel del juez dista mucho de lo que se esperaría que fuese. El juez es una figura desdibujada, ausente e inaccesible durante el proceso penal”.
En la segunda edición del instrumento, 80 por ciento de los internos no pudo hablar personalmente con el juez, mientras que 66 por ciento de los casos el juez no estuvo presente al rendir su declaración preparatoria además de que, en esta instancia, a 61 por ciento no se le informó de su derecho a no declarar.
Sobre el 39 por ciento al que sí se le informó su derecho a no declarar, sólo en 2 por ciento lo hizo el juez, en 63 por ciento su abogado, 25 por ciento el secretario de acuerdos, en 5 por ciento el ministerio público y en 3 por ciento, aún por encima del juez, la secretaria mecanógrafa.
“Los datos sugieren que el juez prácticamente está ausente en el proceso, su función parece limitarse a la de dictar sentencia”. Las observaciones de los investigadores del CIDE señalan que “los internos perciben un papel mucho más relevante en cuanto a la conducción de las audiencias por parte de la secretaria mecanógrafa que el juez”.
¿DEFENSORES?
Los internos señalan que 45 por ciento tuvo más de un abogado en el juicio, 25 por ciento tuvo dos abogados y el resto más de tres. Del total de los encuestados, 61 por ciento tuvo un defensor de oficio de inicio y la principal razón para cambiarlo fue que no hizo nada para defender al acusado.
En cuanto al ofrecimiento de pruebas para demostrar la inocencia del acusado, sólo 33 por ciento de los abogados de oficio lo hicieron, mientras que 65 por ciento de los privados cumplieron con este requisito elemental para la defensa. Igualmente 58 por ciento de los de oficio y 36 por ciento de los privados no explicaban a sus defendidos lo que sucedía en las audiencias.
Sin embargo, a pesar de las fallas, y el desinterés, los abogados cobraron en promedio entre 30 mil y 49 pesos a los internos a pesar de no haber logrado mantener su libertad.
Aunado a ello, la encuesta reveló que de todos los abogados que atendieron a los internos, 16.42 por ciento le pidieron dinero para dárselo al juez, y 19.79 por ciento lo hizo con la justificación de entregárselo al ministerio público.
Las conclusiones son contundentes: “Los datos nos permiten inferir que, a lo largo de todo el proceso penal, desde la detención hasta la sentencia, el acusado padece un sistema que no le garantiza ser privado de la libertad a través de un juicio justo”.
martes, 16 de octubre de 2007
Radiografía de los penales mexiquenses / Nota
Doce por ciento de los reos fue militar o policía
Radiografía de los penales mexiquenses
Revela estudio del CIDE situación real de las cárceles
Primera de dos partes
Israel Martínez – Toluca
Doce por ciento de los internos que se encuentran en las cárceles del Estado de México y el Distrito Federal prestaron sus servicios en la policía o las fuerzas armadas del país según revela la segunda encuesta a población en reclusión en estas entidades, investigación realizada por Marcelo Bergman, Elena Azaola y Ana Laura Magaloni, académicos de la división de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE).
En esta primera entrega, se muestran las condiciones sociodemográficas en las que los internos de las prisiones de ambas entidades se desenvolvían antes de ser detenidos, además de aquellas en las que actualmente se encuentran sus familias.
Los resultados de la encuesta revelaron que al momento de su levantamiento, En el Distrito Federal había 31 mil 547 internos, mientras que en el Estado de México 18 mil 086, lo que representaba 23.4 por ciento de los reclusos de todo el país, sin embargo en cuanto a sobrepoblación se refiere, ambas entidades contaban con 40 por ciento de la población excedente en prisión.
El estudio revela, en las conclusiones del capítulo relacionado a las características sociodemográficas de los internos, “las dificultades que enfrentan las familias para poder mantener la expectativa de que sus hijos podrán insertarse en la sociedad de manera sana y legal. En otras palabras, nos habla de los crecientes índices de exclusión social y de la prisión como uno de los destinos posibles para aquellos que el sistema no logra incorporar”.
En cuanto a la edad de los internos, 80 por ciento de los hombres se encuentra en el rango entre 18 y 40 años, mientras que en las mujeres el rango de quienes se encuentran en este porcentaje oscila entre los 26 y 60 años.
Respecto al lugar de residencia al momento de su detención 83 por ciento de los internos del Distrito Federal se encontraban vivían en dicha entidad y 14 por ciento en el Estado de México; mientras que 86 por ciento de los reclusos mexiquenses habitaban en esta entidad y 11 por ciento en el DF.
En cuanto al lugar de nacimiento, 60 por ciento de los internos de ambas entidades dijo haber nacido en la capital del país; 22 por ciento en territorio mexiquense; 4 por ciento en Veracruz, 2.3 por ciento en Puebla; 1.9 en Oaxaca; 1.6 en Michoacán y en Guerrero 1.6 por ciento.
EL ENTORNO FAMILIAR
Del total de internos encuestados, 71 por ciento de los hombres dijeron tener hijos, sin embargo esta proporción se incrementa entre las mujeres hasta 86 por ciento. En cuanto al cuidado de los hijos menores de 15 años 7.6 por ciento en los hombres y 30.5 en las mujeres dijeron que sus parejas en libertad son los encargados del cuidado de los menores. En el análisis de los investigadores señalan que “los hijos de las mujeres internas quedan expuestos a un nivel expuestos a un nivel mayor de desestructuración familiar de los hijos de los varones presos”.
Parte relevante de la encuesta señala características de la vida de los internos previo a su reclusión, entre éstas destaca que 45 por ciento de los dejaron de vivir con su madre y 48 por ciento con su padre en algún momento antes de cumplir los 18 años, mientras que 11 por ciento de ellos dijeron que nunca vivieron o conocieron a su padre.
Poco más de una cuarta parte de los reclusos (25.5 por ciento) señalaron que alguna vez se fueron de sus casas antes de cumplir 15 años.
Los motivos por los que dijeron haberse salido varían, sin embargo, los que más se repitieron fueron: “por que no me entendían o problemas familiares”, “violencia intrafamiliar” y “buscar trabajo”, lo que deja claro que son los conflictos al interior del núcleo familiar los que propician la salida de los hijos exponiéndolos a la delincuencia.
En cuanto a la relación de familiares que también se encuentran en prisión, la segunda encuesta señala 44 por ciento de quienes aceparon encontrarse en dicha condición tienen a sus hermanos en algún centro de reclusión, 25 por ciento a sus tíos, 16 por ciento a su padre, 13 por ciento a sus primos, 2 por ciento a su madre, mismo nivel que alcanzan los hijos.
ESCOLARIDAD
Del total de internos encuestados, 80.5 por ciento realizó estudios de nivel básico (primaria y secundaria) completos o incompletos, o nunca asistieron a la escuela; el resto cuenta con estudios de nivel medio superior, técnicos, superiores o postgrado, completo o incompleto.
Entre las razones que destacan para abandonar los estudios, la encuesta revela que 57 por ciento de los internos lo hicieron “por la necesidad de trabajar”, 22.4 por ciento por que “no les gustaba la escuela”, 5.4 por que “la familia los sacó” 3.8 por “haber tenido un hijo” y 3.4 por ciento por “haber sido expulsados”.
EMPLEO
Destaca en la encuesta que 93.7 por ciento de los internos del DF y el Estado de México comenzó a trabajar antes de haber cumplido la mayoría de edad, incluso 34.4 por ciento lo hizo antes de los 12 años y 66 por ciento a os 15 años o antes.
Los investigadores del CIDE destacan que “los datos resultan ser más elevados que los que se reportan para la población en general, ya que de ésta 40 por ciento señala haber comenzado a trabajar a los 15 años o antes” según cifras de las Encuesta Nacional de Juventud del Instituto Nacional de la Juventud.
Destaca también que 90.8 por ciento de los internos dijeron que habían desempeñado algún empleo durante el mes anterior a su detención, principalmente en el autoempleo, comerciante o taxista y como empleado en el sector privado.
De los internos encuestados 12 por ciento dijeron que en algún momento habían prestado sus servicios en las fuerzas armadas del país o en la policía, además de que 19 por ciento de los internos intentaron, alguna vez, conseguir empleo en Estados Unidos, de éstos 47 por ciento dijo haberlo conseguido, variando los tiempos de su estancia en aquel país, principalmente entre menos de seis meses y tres años.
En la entrega siguiente, la encuesta revela la descomposición del sistema penal mexicano, la corrupción que impera en el mismo y las irregularidades con las que un acusado enfrenta el proceso penal en su contra.
Radiografía de los penales mexiquenses
Revela estudio del CIDE situación real de las cárceles
Primera de dos partes
Israel Martínez – Toluca
Doce por ciento de los internos que se encuentran en las cárceles del Estado de México y el Distrito Federal prestaron sus servicios en la policía o las fuerzas armadas del país según revela la segunda encuesta a población en reclusión en estas entidades, investigación realizada por Marcelo Bergman, Elena Azaola y Ana Laura Magaloni, académicos de la división de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE).
En esta primera entrega, se muestran las condiciones sociodemográficas en las que los internos de las prisiones de ambas entidades se desenvolvían antes de ser detenidos, además de aquellas en las que actualmente se encuentran sus familias.
Los resultados de la encuesta revelaron que al momento de su levantamiento, En el Distrito Federal había 31 mil 547 internos, mientras que en el Estado de México 18 mil 086, lo que representaba 23.4 por ciento de los reclusos de todo el país, sin embargo en cuanto a sobrepoblación se refiere, ambas entidades contaban con 40 por ciento de la población excedente en prisión.
El estudio revela, en las conclusiones del capítulo relacionado a las características sociodemográficas de los internos, “las dificultades que enfrentan las familias para poder mantener la expectativa de que sus hijos podrán insertarse en la sociedad de manera sana y legal. En otras palabras, nos habla de los crecientes índices de exclusión social y de la prisión como uno de los destinos posibles para aquellos que el sistema no logra incorporar”.
En cuanto a la edad de los internos, 80 por ciento de los hombres se encuentra en el rango entre 18 y 40 años, mientras que en las mujeres el rango de quienes se encuentran en este porcentaje oscila entre los 26 y 60 años.
Respecto al lugar de residencia al momento de su detención 83 por ciento de los internos del Distrito Federal se encontraban vivían en dicha entidad y 14 por ciento en el Estado de México; mientras que 86 por ciento de los reclusos mexiquenses habitaban en esta entidad y 11 por ciento en el DF.
En cuanto al lugar de nacimiento, 60 por ciento de los internos de ambas entidades dijo haber nacido en la capital del país; 22 por ciento en territorio mexiquense; 4 por ciento en Veracruz, 2.3 por ciento en Puebla; 1.9 en Oaxaca; 1.6 en Michoacán y en Guerrero 1.6 por ciento.
EL ENTORNO FAMILIAR
Del total de internos encuestados, 71 por ciento de los hombres dijeron tener hijos, sin embargo esta proporción se incrementa entre las mujeres hasta 86 por ciento. En cuanto al cuidado de los hijos menores de 15 años 7.6 por ciento en los hombres y 30.5 en las mujeres dijeron que sus parejas en libertad son los encargados del cuidado de los menores. En el análisis de los investigadores señalan que “los hijos de las mujeres internas quedan expuestos a un nivel expuestos a un nivel mayor de desestructuración familiar de los hijos de los varones presos”.
Parte relevante de la encuesta señala características de la vida de los internos previo a su reclusión, entre éstas destaca que 45 por ciento de los dejaron de vivir con su madre y 48 por ciento con su padre en algún momento antes de cumplir los 18 años, mientras que 11 por ciento de ellos dijeron que nunca vivieron o conocieron a su padre.
Poco más de una cuarta parte de los reclusos (25.5 por ciento) señalaron que alguna vez se fueron de sus casas antes de cumplir 15 años.
Los motivos por los que dijeron haberse salido varían, sin embargo, los que más se repitieron fueron: “por que no me entendían o problemas familiares”, “violencia intrafamiliar” y “buscar trabajo”, lo que deja claro que son los conflictos al interior del núcleo familiar los que propician la salida de los hijos exponiéndolos a la delincuencia.
En cuanto a la relación de familiares que también se encuentran en prisión, la segunda encuesta señala 44 por ciento de quienes aceparon encontrarse en dicha condición tienen a sus hermanos en algún centro de reclusión, 25 por ciento a sus tíos, 16 por ciento a su padre, 13 por ciento a sus primos, 2 por ciento a su madre, mismo nivel que alcanzan los hijos.
ESCOLARIDAD
Del total de internos encuestados, 80.5 por ciento realizó estudios de nivel básico (primaria y secundaria) completos o incompletos, o nunca asistieron a la escuela; el resto cuenta con estudios de nivel medio superior, técnicos, superiores o postgrado, completo o incompleto.
Entre las razones que destacan para abandonar los estudios, la encuesta revela que 57 por ciento de los internos lo hicieron “por la necesidad de trabajar”, 22.4 por ciento por que “no les gustaba la escuela”, 5.4 por que “la familia los sacó” 3.8 por “haber tenido un hijo” y 3.4 por ciento por “haber sido expulsados”.
EMPLEO
Destaca en la encuesta que 93.7 por ciento de los internos del DF y el Estado de México comenzó a trabajar antes de haber cumplido la mayoría de edad, incluso 34.4 por ciento lo hizo antes de los 12 años y 66 por ciento a os 15 años o antes.
Los investigadores del CIDE destacan que “los datos resultan ser más elevados que los que se reportan para la población en general, ya que de ésta 40 por ciento señala haber comenzado a trabajar a los 15 años o antes” según cifras de las Encuesta Nacional de Juventud del Instituto Nacional de la Juventud.
Destaca también que 90.8 por ciento de los internos dijeron que habían desempeñado algún empleo durante el mes anterior a su detención, principalmente en el autoempleo, comerciante o taxista y como empleado en el sector privado.
De los internos encuestados 12 por ciento dijeron que en algún momento habían prestado sus servicios en las fuerzas armadas del país o en la policía, además de que 19 por ciento de los internos intentaron, alguna vez, conseguir empleo en Estados Unidos, de éstos 47 por ciento dijo haberlo conseguido, variando los tiempos de su estancia en aquel país, principalmente entre menos de seis meses y tres años.
En la entrega siguiente, la encuesta revela la descomposición del sistema penal mexicano, la corrupción que impera en el mismo y las irregularidades con las que un acusado enfrenta el proceso penal en su contra.
lunes, 15 de octubre de 2007
Una semana en el estado de no pasa nada / Columna
De medios y otros demonios
Una semana en el estado de no pasa nada
J. Israel Martínez Macedo
La noche del 7 de octubre pasado, el Ejército mexicano ingresó al municipio de Luvianos -al sur de la entidad, en los límites con Michoacán- para realizar un cateo a toda la zona centro de la cabecera municipal, incursión en la que se especuló, incluso, el secuestro de la esposa del alcalde, Francisco Arce Ugarte.
La versión del secuestro se desmintió el martes, no así la presencia de los militares, quienes permanecieron en el lugar hasta el pasado sábado.
Sin detenidos ni más que informar, la PGR dio a conocer que sólo se recuperaron algunas armas como AK-47 y AR-15 (para los no conocedores se trata de rifles de asalto de alto calibre), así como cartuchos útiles, y droga.
Al respecto el gobernador mexiquense declaró el pasado viernes que no había de qué preocuparse, que “simplemente es reforzar la seguridad donde estimamos necesario” (MILENIO Estado de México 13/10/07).
Sin embargo lo más llamativo del asunto no fue el que el mandatario minimice la presencia del Ejército en el estado (total, ya están interviniendo en la seguridad pública de todo el país, ¿por qué la entidad debería estar exenta?); sino que al tratar de decir que no pasa nada se le salió confirmar que hay de todo.
Y es que el mandatario afirmó, palabras más palabras menos que se pudieron escuchar en prácticamente todos los noticieros radiofónicos locales, que la acción del Ejército en Luvianos se debía a la información recibida sobre la operación de grupos civiles vinculados con el narcotráfico… ¿Zetas?
Si la declaración es fuerte por sí sola, refuerza su potencia si recordamos que desde que se denunciaron acciones “poco claras” en el sur de la entidad (levantotes, homicidios, y ejecuciones) se había negado la presencia de, ya no digamos Zetas, personas vinculadas con el narcotráfico, bueno, en el sur, ni delincuencia organizada había.
Pero resulta que si los militares lo dicen, entonces “a lo mejor es cierto”.
Extraoficialmente se corrió el runrun de que el Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFE) del Ejército se trasladó a Luvianos a buscar un par de cabecillas de los Zetas que, presuntamente, se encontraban en aquella localidad para ejecutar una operación en el centro del país.
Los militares mantendrán presencia en aquella localidad con retenes y personal trabajando “en cubierto”.
El manejo mediático que se le ha dado al asunto ha buscado minimizar una realidad, el crimen organizado, ese que es de verdad violento, ya alcanzó al estado de México.
Si como dice el gobernador, los militares estaban buscando grupos vinculados con el narcotráfico, aunque no los hayan encontrado, su presencia se debió a una, podríamos llamarle así “duda razonable” de existencia de estos grupos.
Hay versiones que indican que los militares no encontraron lo que buscaban porque “alguien” les avisó. Otras aseguran que sí los encontraron y que la presentación de armas y drogas sólo fue para que no hubiera más preguntas, además de que los hallazgos superaron, por mucho, lo presentado.
El hecho es que con o sin detenidos, armas y cartuchos, la presencia de la delincuencia organizada en la zona sur es, por lo menos, digna de ser investigada por el Ejercito mexicano, a lo mejor al gobierno del estado eso no le interese mucho, quizás sea suficiente con seguir negándolo todo, como dice el refranero “tapando el sol con un dedo”, pero tarde que temprano el problema puede explotar, y si no se atiende a tiempo, pueda hacerlo, pienso yo, por ahí de 2011 o 2012 cuando alguien de aquella región (el sur) o de la zona norte, pretendan seguir con vida en la política estatal y nacional, respectivamente.
imartinez@edomex.milenio.com
Una semana en el estado de no pasa nada
J. Israel Martínez Macedo
La noche del 7 de octubre pasado, el Ejército mexicano ingresó al municipio de Luvianos -al sur de la entidad, en los límites con Michoacán- para realizar un cateo a toda la zona centro de la cabecera municipal, incursión en la que se especuló, incluso, el secuestro de la esposa del alcalde, Francisco Arce Ugarte.
La versión del secuestro se desmintió el martes, no así la presencia de los militares, quienes permanecieron en el lugar hasta el pasado sábado.
Sin detenidos ni más que informar, la PGR dio a conocer que sólo se recuperaron algunas armas como AK-47 y AR-15 (para los no conocedores se trata de rifles de asalto de alto calibre), así como cartuchos útiles, y droga.
Al respecto el gobernador mexiquense declaró el pasado viernes que no había de qué preocuparse, que “simplemente es reforzar la seguridad donde estimamos necesario” (MILENIO Estado de México 13/10/07).
Sin embargo lo más llamativo del asunto no fue el que el mandatario minimice la presencia del Ejército en el estado (total, ya están interviniendo en la seguridad pública de todo el país, ¿por qué la entidad debería estar exenta?); sino que al tratar de decir que no pasa nada se le salió confirmar que hay de todo.
Y es que el mandatario afirmó, palabras más palabras menos que se pudieron escuchar en prácticamente todos los noticieros radiofónicos locales, que la acción del Ejército en Luvianos se debía a la información recibida sobre la operación de grupos civiles vinculados con el narcotráfico… ¿Zetas?
Si la declaración es fuerte por sí sola, refuerza su potencia si recordamos que desde que se denunciaron acciones “poco claras” en el sur de la entidad (levantotes, homicidios, y ejecuciones) se había negado la presencia de, ya no digamos Zetas, personas vinculadas con el narcotráfico, bueno, en el sur, ni delincuencia organizada había.
Pero resulta que si los militares lo dicen, entonces “a lo mejor es cierto”.
Extraoficialmente se corrió el runrun de que el Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFE) del Ejército se trasladó a Luvianos a buscar un par de cabecillas de los Zetas que, presuntamente, se encontraban en aquella localidad para ejecutar una operación en el centro del país.
Los militares mantendrán presencia en aquella localidad con retenes y personal trabajando “en cubierto”.
El manejo mediático que se le ha dado al asunto ha buscado minimizar una realidad, el crimen organizado, ese que es de verdad violento, ya alcanzó al estado de México.
Si como dice el gobernador, los militares estaban buscando grupos vinculados con el narcotráfico, aunque no los hayan encontrado, su presencia se debió a una, podríamos llamarle así “duda razonable” de existencia de estos grupos.
Hay versiones que indican que los militares no encontraron lo que buscaban porque “alguien” les avisó. Otras aseguran que sí los encontraron y que la presentación de armas y drogas sólo fue para que no hubiera más preguntas, además de que los hallazgos superaron, por mucho, lo presentado.
El hecho es que con o sin detenidos, armas y cartuchos, la presencia de la delincuencia organizada en la zona sur es, por lo menos, digna de ser investigada por el Ejercito mexicano, a lo mejor al gobierno del estado eso no le interese mucho, quizás sea suficiente con seguir negándolo todo, como dice el refranero “tapando el sol con un dedo”, pero tarde que temprano el problema puede explotar, y si no se atiende a tiempo, pueda hacerlo, pienso yo, por ahí de 2011 o 2012 cuando alguien de aquella región (el sur) o de la zona norte, pretendan seguir con vida en la política estatal y nacional, respectivamente.
imartinez@edomex.milenio.com
lunes, 8 de octubre de 2007
Entre spots te veas / Columna
De medios y otros demonios
Entre spots te veas
Entre spots te veas
J. Israel Martínez Macedo
“El Estado soy yo”
Luis XIV
El pasado miércoles Tv Azteca sacó al aire un spot en contra del Senado utilizando, precisamente, la campaña “En el Senado vemos por ti” que la Cámara Alta ha usado para difundir sus acciones.
El mensaje consistía en modificar los spots oficiales intercalando frases que descalifican la labor del Senado: “En Tv Azteca sí estamos contigo. Llevas mucho tiempo quejándote del sueldo que pagan los senadores y tienes razón. Cada mes, cada uno de ellos nos cuesta 125 mil 998 pesos. Un maestro gana al mes 5 mil 978 pesos. ¿Se te hace justo?”. De igual forma, se comparaba cuántos maestros, policías y bomberos se podrían pagar con el sueldo de todos los senadores.
La reacción no se hizo esperar e inmediatamente se pedía una sanción ejemplar contra la televisora, incluso se habló de la posibilidad de retirar la concesión bajo el argumento de no permitir que se utilice un bien público para denostar al Estado en defensa de intereses particulares. Todo quedó en amenazas.
Sin embargo el Senado mantiene en televisión un spot en el que asegura que la reforma electoral es para disminuir el gasto en campañas reduciendo el gasto en medios de comunicación para erogarlo en escuelas, hospitales y apoyo social. Una verdad a medias si tomamos en cuenta que en ninguna parte del dictamen del Senado se indica que el “ahorro” en campañas será destinado a estos rubros.
En esta pugna mediática el Senado ha utilizado el acceso a los medios para denostar a estos. Su spot para “explicar las bondades” de la reforma electoral no es otra cosa que eso.
En la defensa de sus acciones, los legisladores de todos los partidos han tomado la bandera de que “nadie puede estar por encima del Estado” como declaró Santiago Creel (MILENIO 05/10/07). Sin embargo es un hecho que son los partidos quienes determinan las decisiones del Estado a través de sus representaciones en las cámaras. El mensaje de éstos es preciso: “El Estado soy yo”.
Las amenazas y los jaloneos no se hicieron esperar. Se habla incluso de una negociación entre la televisora del Ajusco y los legisladores para retirar el spot a cambio de no solicitar al Ejecutivo el retiro de la concesión.
El hecho es que la voz de Tv Azteca se silenció mientras la campaña del Senado se mantiene al aire. También son un hecho las amenazas de que vendrá la “venganza” en la Ley de Radio y Televisión.
Pero ¿qué fue lo que molestó a los senadores? ¿Que se diera a conocer su sueldo mensual? ¿Que se comparara con el de un maestro, bombero o policía? ¿Es ilegal hacer ese comparativo? ¿Qué tiene de malo informar cuánto gana un senador? ¿Está prohibido buscar defender los intereses de cada quien cuando se siente agraviado por “el Estado”?
Hace algunos años, Adela Micha le arrebató una declaración a Rosario Ibarra de Piedra, hoy diputada federal, en la que la luchadora social cuestionaba ¿por qué tenemos que pagar tanto a nuestros legisladores?, si lo hacemos para evitar que sean corrompidos por intereses de particulares ¿qué clase de personas tenemos por diputados y senadores?
Si el objetivo de la reforma electoral es ahorrar, y si el de la fiscal es obtener más recursos, ¿por qué no rebajar sueldos de servidores públicos de primer nivel? ¿Por qué no eliminar privilegios como pago de comidas y gasolina a los legisladores? Vamos: ¿por qué no hacer congruentes el discurso con las acciones? Tal vez porque, como dijera Luis XIV, para la élite política, “El Estado soy yo”.
PARÉNTESIS
Tratar de esconder la violencia en los estadios no es el mecanismo para solucionar el problema. Un representante de la Federación Mexicana de Futbol agredió a nuestra compañera reportera gráfica, Crisanta Espinosa, tratando de evitar que tomara imágenes de la trifulca de este domingo en el Nemesio Diez, al parecer ni es la única que sufre esta condición, ni es el único estadio en donde la Femexfut trata de evitar que se haga público un hecho así. Lamentable, simplemente lamentable.
imartinez@edomex.milenio.com
lunes, 1 de octubre de 2007
Entrevista a Ana Laura Magaloni Kerpel, investigadora del CIDE
Asegura Ana Laura Magaloni, especialista del CIDE
Reforma judicial mexicana: sólo de fachada
De nada sirve la capacitación si se regresa a un sistema obsoleto, considera
Israel Martínez – Ciudad de México
Ana Laura Magaloni Kerpel, doctora en Derecho e investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), consideró que la reforma judicial “es una reforma típica de México, como de fachada” y señaló que esto se debe a que “les da miedo una reforma de fondo”.
Cuestionó: “¿porqué no pasa nada?, ¿quién pierde?” y agregó que de nada sirve la capacitación a los policías ministeriales y preventivos ya que los individuos regresan a instituciones y a un sistema que opera de la misma forma, por lo que después de 15 días vuelven a las mismas prácticas.
Ana Laura Magaloni indica que lo que se espera de una reforma penal es que cambien los mecanismos de investigación, se trata de una transformación de las instituciones judiciales mexicanas que propicien una nueva forma de hacer justicia.
SISTEMA JUDICIAL DESFASADO
En su cubículo del CIDE, Magaloni Kerpel reflexiona sobre el problema en el que viven las instituciones de justicia mexicana: “vemos que en las cárceles no están mayoritariamente aquellas personas que uno sabe que están poniendo o amenazando la seguridad pública”.
La investigadora señala que el principal problema por el que esto ocurre es que “no se logra detectar al delincuente profesional” lo que arroja que en el Distrito Federal 47por ciento de los internos se encuentre recluidos por robo simple, mientras que en el estado de México la cifra asciende a 35 por ciento.
Explica que el problema radica en el sistema de incentivos que se tiene en cada entidad, ya que el sistema le exige una cuota de consignación al Ministerio Público, lo que hace que las policías se concentren en los casos más sencillos, más fáciles para atrapar a un delincuente y no se concentren en la investigación.
“Para poder armar una investigación se necesita recabar huellas dactilares, tendrían que determinar cuál fue la línea del crimen, tendrían que sacar los modos de operación del delincuente y, posiblemente, podría ver si algún policía judicial se infiltra en la banda y empieza a ver cómo opera; y eso significa una forma de trabajar completamente distinta, y es posible que en este caso en vez de consignar, no sé cuantos casos al mes, estarán consignando uno cada tres meses, porque la investigación te tomó muchísimo tiempo, pero seguramente para todos nosotros sería mucho mejor que atraparan a ese”.
Ana Laura Magaloni se acomoda en su silla y explica que el sistema penal mexicano actual se encuentra atrapado en un esquema anquilosado, en donde “las procuradurías de justicia funcionaban más como instituciones de persecución de delincuentes como instituciones de contención social, todas estas historias que empezaron a salir en los años 80 de la incomunicación de los detenidos, de las torturas del ministerio público, hace pensar en una institución bastante precaria que no tenía muchas formas de investigar a fondo, pero que era una amenaza creíble para contener a grupos sociales subversivos, no lo hacía el Ejército, lo hacían las procuradurías”.
Señala que a partir de la década de los 80 se elevaron los índices delictivos y éstas instituciones -las procuradurías- no corresponden a la realiad que se encuentra, en donde las instituciones no tienen la posibilidad de hacer investigación tal como se observa en países como Estados Unidos.
EL ARRAIGO EN LA CONSTITUCIÓN
En un momento de la conversación, Ana Laura Magaloni mostró su preocupación por la posibilidad de que el arraigo sea considerado como una acción legal por la Constitución mexicana para una investigación criminal.
“Hoy toda la fuente de información para la Procuraduría es el acusado, o que te fabrican testigos, hoy por ejemplo, matan a un chico, y detienen a la persona que iba con este chico, que en realidad es también una víctima porque él vio todo; lo tienen incomunicado durante dos días y luego lo suben a una patrulla y le dicen ‘señala a alguien’ y ese es el acusado”.
La doctora en derecho por la Universidad Autónoma de Madrid agrega que “lo primero que tendríamos que generar es un sistema de investigación criminal profesional que diferencie la parte legal-procesal de la acusación, de la parte detectivesca, para generar detectives que puedan generar su labor y eso no sucede”.
“Tendríamos que cerrarle las puertas a la forma que hacer investigación al Ministerio Público que es aislando al detenido incomunicándolo, intimidándolo y a veces el detenido es un posible testigo de los hechos y entonces pasa así: tu ahí estabas, te detengo, y luego te pido que me señales a alguien y ya, así es como encuentran acusados”.
QUE ESPERAR DE LA REFORMA
Magaloni Kerpel señala que “la primera pregunta que se le debe hacer a la reforma es: ¿cómo va a colocar los incentivos para que se desarrolle en México la investigación criminal profesional?, tendrían que suceder algunas cosas importantes que todavía no veo recogidas cabalmente en la reforma”.
Agrega que “la primera de ellas es que tendría que diferenciar muy bien la labor del Ministerio Público con la labor del policía de investigación, hoy con nuestra Constitución, cuando tu presentas una denuncia, pasa a una agencia del Ministerio Público y la investigación la conduce un abogado y la conduce desde su escritorio, eso hace que lo que acabe sucediendo es que se tenga un expediente voluminoso donde se hacen un conjunto de diligencias pero en donde nunca se arma el rompecabezas delictivo, nuca se acaba explicando cuál es la historia, cuál es la tesis”.
Detalla que “el legajo de papel para lo único que te sirve para esconder la arbitrariedad, todo lo que dice este legajo, hoy en día, hace prueba plena en juicio sin que el juez haya supervisado nada de esto, ‘yo tengo un testigo que dice que no sé qué…’ eso ya vale, lo que generas con una investigación para probar la declaración es distinto.
“Hoy 90 por ciento de lo que es la averiguación previa sucede sin escrutinio judicial, entonces lo que se estaría haciendo no sólo es oralizar el juicio sino modificar la forma en la que se prueban las cosas, la culpabilidad”.
Explica que “la parte de la acusación es la parte final, el abogado entra cuando ya tienes un probable responsable, pero que previamente a eso, unas personas que no son abogados, que son detectives, propiamente, trabajan para recabar evidencias y testigos para resolver el caso. Las preguntas de estos detectives son fácticas, ‘¿qué paso?’, ‘¿quién pudo haberlo cometido?’, la pregunta de un abogado es cómo poder ganar un juicio, la pregunta del detective es cómo encontrar quién lo hizo”.
Describe que “lo que esperamos que prevea la reforma penal, es que un individuo no pueda entrar a la cárcel así, con una investigación toda malhecha”.
Sin embargo señala que “es una reforma típica de México, como de fachada, todavía no es capaz de cerrarle la puerta a las viejas prácticas”.
Y concluye “creo que el error más importante es que se piensa que la reforma judicial es una reforma a la justicia, y no es así, porque es una reforma a las instituciones y tiene que tener como uno de los ejes centrales la procuración de justicia”.
Reforma judicial mexicana: sólo de fachada
De nada sirve la capacitación si se regresa a un sistema obsoleto, considera
Israel Martínez – Ciudad de México
Ana Laura Magaloni Kerpel, doctora en Derecho e investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), consideró que la reforma judicial “es una reforma típica de México, como de fachada” y señaló que esto se debe a que “les da miedo una reforma de fondo”.
Cuestionó: “¿porqué no pasa nada?, ¿quién pierde?” y agregó que de nada sirve la capacitación a los policías ministeriales y preventivos ya que los individuos regresan a instituciones y a un sistema que opera de la misma forma, por lo que después de 15 días vuelven a las mismas prácticas.
Ana Laura Magaloni indica que lo que se espera de una reforma penal es que cambien los mecanismos de investigación, se trata de una transformación de las instituciones judiciales mexicanas que propicien una nueva forma de hacer justicia.
SISTEMA JUDICIAL DESFASADO
En su cubículo del CIDE, Magaloni Kerpel reflexiona sobre el problema en el que viven las instituciones de justicia mexicana: “vemos que en las cárceles no están mayoritariamente aquellas personas que uno sabe que están poniendo o amenazando la seguridad pública”.
La investigadora señala que el principal problema por el que esto ocurre es que “no se logra detectar al delincuente profesional” lo que arroja que en el Distrito Federal 47por ciento de los internos se encuentre recluidos por robo simple, mientras que en el estado de México la cifra asciende a 35 por ciento.
Explica que el problema radica en el sistema de incentivos que se tiene en cada entidad, ya que el sistema le exige una cuota de consignación al Ministerio Público, lo que hace que las policías se concentren en los casos más sencillos, más fáciles para atrapar a un delincuente y no se concentren en la investigación.
“Para poder armar una investigación se necesita recabar huellas dactilares, tendrían que determinar cuál fue la línea del crimen, tendrían que sacar los modos de operación del delincuente y, posiblemente, podría ver si algún policía judicial se infiltra en la banda y empieza a ver cómo opera; y eso significa una forma de trabajar completamente distinta, y es posible que en este caso en vez de consignar, no sé cuantos casos al mes, estarán consignando uno cada tres meses, porque la investigación te tomó muchísimo tiempo, pero seguramente para todos nosotros sería mucho mejor que atraparan a ese”.
Ana Laura Magaloni se acomoda en su silla y explica que el sistema penal mexicano actual se encuentra atrapado en un esquema anquilosado, en donde “las procuradurías de justicia funcionaban más como instituciones de persecución de delincuentes como instituciones de contención social, todas estas historias que empezaron a salir en los años 80 de la incomunicación de los detenidos, de las torturas del ministerio público, hace pensar en una institución bastante precaria que no tenía muchas formas de investigar a fondo, pero que era una amenaza creíble para contener a grupos sociales subversivos, no lo hacía el Ejército, lo hacían las procuradurías”.
Señala que a partir de la década de los 80 se elevaron los índices delictivos y éstas instituciones -las procuradurías- no corresponden a la realiad que se encuentra, en donde las instituciones no tienen la posibilidad de hacer investigación tal como se observa en países como Estados Unidos.
EL ARRAIGO EN LA CONSTITUCIÓN
En un momento de la conversación, Ana Laura Magaloni mostró su preocupación por la posibilidad de que el arraigo sea considerado como una acción legal por la Constitución mexicana para una investigación criminal.
“Hoy toda la fuente de información para la Procuraduría es el acusado, o que te fabrican testigos, hoy por ejemplo, matan a un chico, y detienen a la persona que iba con este chico, que en realidad es también una víctima porque él vio todo; lo tienen incomunicado durante dos días y luego lo suben a una patrulla y le dicen ‘señala a alguien’ y ese es el acusado”.
La doctora en derecho por la Universidad Autónoma de Madrid agrega que “lo primero que tendríamos que generar es un sistema de investigación criminal profesional que diferencie la parte legal-procesal de la acusación, de la parte detectivesca, para generar detectives que puedan generar su labor y eso no sucede”.
“Tendríamos que cerrarle las puertas a la forma que hacer investigación al Ministerio Público que es aislando al detenido incomunicándolo, intimidándolo y a veces el detenido es un posible testigo de los hechos y entonces pasa así: tu ahí estabas, te detengo, y luego te pido que me señales a alguien y ya, así es como encuentran acusados”.
QUE ESPERAR DE LA REFORMA
Magaloni Kerpel señala que “la primera pregunta que se le debe hacer a la reforma es: ¿cómo va a colocar los incentivos para que se desarrolle en México la investigación criminal profesional?, tendrían que suceder algunas cosas importantes que todavía no veo recogidas cabalmente en la reforma”.
Agrega que “la primera de ellas es que tendría que diferenciar muy bien la labor del Ministerio Público con la labor del policía de investigación, hoy con nuestra Constitución, cuando tu presentas una denuncia, pasa a una agencia del Ministerio Público y la investigación la conduce un abogado y la conduce desde su escritorio, eso hace que lo que acabe sucediendo es que se tenga un expediente voluminoso donde se hacen un conjunto de diligencias pero en donde nunca se arma el rompecabezas delictivo, nuca se acaba explicando cuál es la historia, cuál es la tesis”.
Detalla que “el legajo de papel para lo único que te sirve para esconder la arbitrariedad, todo lo que dice este legajo, hoy en día, hace prueba plena en juicio sin que el juez haya supervisado nada de esto, ‘yo tengo un testigo que dice que no sé qué…’ eso ya vale, lo que generas con una investigación para probar la declaración es distinto.
“Hoy 90 por ciento de lo que es la averiguación previa sucede sin escrutinio judicial, entonces lo que se estaría haciendo no sólo es oralizar el juicio sino modificar la forma en la que se prueban las cosas, la culpabilidad”.
Explica que “la parte de la acusación es la parte final, el abogado entra cuando ya tienes un probable responsable, pero que previamente a eso, unas personas que no son abogados, que son detectives, propiamente, trabajan para recabar evidencias y testigos para resolver el caso. Las preguntas de estos detectives son fácticas, ‘¿qué paso?’, ‘¿quién pudo haberlo cometido?’, la pregunta de un abogado es cómo poder ganar un juicio, la pregunta del detective es cómo encontrar quién lo hizo”.
Describe que “lo que esperamos que prevea la reforma penal, es que un individuo no pueda entrar a la cárcel así, con una investigación toda malhecha”.
Sin embargo señala que “es una reforma típica de México, como de fachada, todavía no es capaz de cerrarle la puerta a las viejas prácticas”.
Y concluye “creo que el error más importante es que se piensa que la reforma judicial es una reforma a la justicia, y no es así, porque es una reforma a las instituciones y tiene que tener como uno de los ejes centrales la procuración de justicia”.
Reforma fiscal sin paternidad / Columna
De medios y otros demonios
Reforma fiscal sin paternidad
J. Israel Martínez Macedo
En los últimos días el gobierno de la República ha “bombardeado” a los habitantes con spots en radio y televisión presentando al presidente Felipe Calderón anunciando su benévolo plan de retrasar el aumento a los energéticos hasta enero de 2008.
Sin embargo la gente ya no es la misma de ayer, hoy la observación hecha por Carlos Marín en “Tercer Grado” acerca de que no sólo viene el aumento sino que además lo dejan para la famosísima y siempre vituperada cuesta de enero, ha sido retomada por los empresarios, obreros y prácticamente cuanto ciudadano ha reflexionado sobre el tema.
Pero ¿por qué los empresarios no han reclamado, salido a desagarrarse las vestiduras y anunciado que están en contra de la medida gubernamental, como comúnmente acostumbren con cualquier medida que tenga el más mínimo tufo de populismo?
La respuesta puede ser muy sencilla. Es un hecho que el aumento en los energéticos impactará en todos los productos del país, lo que implicará un incremento de precios que se reflejaría en el índice inflacionario anual que se calcula en los últimos días del mes de diciembre y que sirve para negociar los incrementos salariales del año entrante.
De esta forma, posponer el incremento a los energéticos retrasará también el aumento en el índice de inflación anual y las negociaciones salariales a principio de 2008 no serán con base en el incremento real de los precios sino en lo que se supone que cerraron en 2007.
Dicho de otra forma, estaremos comprando a precios post inflación, y ganando sueldos pre inflacionarios, siendo los beneficiarios los empresarios y dueños del dinero, y perjudicando a los trabajadores.
En el colmo del cinismo, al finalizar el spot, el Presidente de la República asegura que no es el gobierno federal quién realiza estos aumentos, así que la pregunta que surge es: ¿entonces quién?
Si el Ejecutivo no es responsable de la medida, si el Legislativo tampoco y si el Judicial ni pinta en este asunto, entonces la reforma fiscal, efectivamente no tuvo paternidad -ni maternidad a juicio de muchos más-, es una reforma que apreció de la nada, que nadie propuso, nadie evaluó y nadie aprobó, pero que afectará a todos y cada uno de los habitantes de este país.
Nadie asume la responsabilidad de lo que acontecerá con la medida, y ante tal situación, todo apunta a que en enero o febrero que se sientan los estragos de la reforma, los diputados saltarán a la palestra a exigir la cabeza de Agustín Carstens como único responsable de una medida que, está más que visto, ninguno de ellos tiene consciencia de lo que acaban de hacer.
Para rematar el asunto, la incapacidad de los diputados y senadores quedó manifiesta en el momento en que reconocieron que “no se fijaron” que el aumento en los energéticos comenzaría a aplicar 15 días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, o lo que es lo mismo, hicieron la chamba que les convino y no fueron capaces de hacerla bien.
En definitiva cada uno de los involucrados en este asunto está cuidando más que el bienestar de los mexicanos, el futuro político y las elecciones venideras.
Y sólo para dejar pensando este inicio de semana: si la reforma electoral ahorrará el gasto en las campañas y la fiscal incrementará los ingresos del gobierno, ¿dónde se va a aplicar tal exceso de recursos?, porque el panorama social y de seguridad no pinta nada halagüeño para 2008.
imartinez@edomex.milenio.com
Reforma fiscal sin paternidad
J. Israel Martínez Macedo
En los últimos días el gobierno de la República ha “bombardeado” a los habitantes con spots en radio y televisión presentando al presidente Felipe Calderón anunciando su benévolo plan de retrasar el aumento a los energéticos hasta enero de 2008.
Sin embargo la gente ya no es la misma de ayer, hoy la observación hecha por Carlos Marín en “Tercer Grado” acerca de que no sólo viene el aumento sino que además lo dejan para la famosísima y siempre vituperada cuesta de enero, ha sido retomada por los empresarios, obreros y prácticamente cuanto ciudadano ha reflexionado sobre el tema.
Pero ¿por qué los empresarios no han reclamado, salido a desagarrarse las vestiduras y anunciado que están en contra de la medida gubernamental, como comúnmente acostumbren con cualquier medida que tenga el más mínimo tufo de populismo?
La respuesta puede ser muy sencilla. Es un hecho que el aumento en los energéticos impactará en todos los productos del país, lo que implicará un incremento de precios que se reflejaría en el índice inflacionario anual que se calcula en los últimos días del mes de diciembre y que sirve para negociar los incrementos salariales del año entrante.
De esta forma, posponer el incremento a los energéticos retrasará también el aumento en el índice de inflación anual y las negociaciones salariales a principio de 2008 no serán con base en el incremento real de los precios sino en lo que se supone que cerraron en 2007.
Dicho de otra forma, estaremos comprando a precios post inflación, y ganando sueldos pre inflacionarios, siendo los beneficiarios los empresarios y dueños del dinero, y perjudicando a los trabajadores.
En el colmo del cinismo, al finalizar el spot, el Presidente de la República asegura que no es el gobierno federal quién realiza estos aumentos, así que la pregunta que surge es: ¿entonces quién?
Si el Ejecutivo no es responsable de la medida, si el Legislativo tampoco y si el Judicial ni pinta en este asunto, entonces la reforma fiscal, efectivamente no tuvo paternidad -ni maternidad a juicio de muchos más-, es una reforma que apreció de la nada, que nadie propuso, nadie evaluó y nadie aprobó, pero que afectará a todos y cada uno de los habitantes de este país.
Nadie asume la responsabilidad de lo que acontecerá con la medida, y ante tal situación, todo apunta a que en enero o febrero que se sientan los estragos de la reforma, los diputados saltarán a la palestra a exigir la cabeza de Agustín Carstens como único responsable de una medida que, está más que visto, ninguno de ellos tiene consciencia de lo que acaban de hacer.
Para rematar el asunto, la incapacidad de los diputados y senadores quedó manifiesta en el momento en que reconocieron que “no se fijaron” que el aumento en los energéticos comenzaría a aplicar 15 días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, o lo que es lo mismo, hicieron la chamba que les convino y no fueron capaces de hacerla bien.
En definitiva cada uno de los involucrados en este asunto está cuidando más que el bienestar de los mexicanos, el futuro político y las elecciones venideras.
Y sólo para dejar pensando este inicio de semana: si la reforma electoral ahorrará el gasto en las campañas y la fiscal incrementará los ingresos del gobierno, ¿dónde se va a aplicar tal exceso de recursos?, porque el panorama social y de seguridad no pinta nada halagüeño para 2008.
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