En mi opinión
Experimento Tijuana
J. Israel Martínez Macedo
Gran lío en el que está envuelta la administración de Enrique Peña Nieto, se metieron con una de las pocas cosas que realmente le importan (nos importan) a los habitantes de este país: la televisión.
Como parte del decreto de digitalización de la televisión en México, el gobierno federal comenzó la operación de lo que se conoce como el “apagón analógico” que implica pasar la señal de televisión de la transmisión electromagnética a una digitalizada, lo que implica una forma diferente de recibir la señal.
No se trata de un cambio de canales, se trata de una transformación total de sistema de transmisión, quienes tenían su antena aérea e incluso “de conejo” ya no pueden recibir la señal gratuita por estos medios porque simplemente no tienen la capacidad para hacerlo.
En realidad la señal digital seleccionada para México (ATSC A/53) ya se transmite en diversos canales que operan en varias ciudades del país, quienes cuenten con un televisor con un decodificador de estas características, ya se encuentra en condiciones de verificar el funcionamientos de este esquema.
El problema radica no en la operación de los canales digitales sino en que los canales análogos dejarán de emitir su señal con lo cual muchos hogares se quedarán sin servicio de televisión gratuita porque sus televisores no cuentan con la capacidad para recibir la señal digital ni tampoco tienen los decodificadores y las antenas que se los podrían permitir.
Dicho de una manera sencilla: que al momento de apagar la señal análoga que muchos habitantes continuaban utilizando, simplemente dejaron sin televisión a cientos de familias que ahora reclaman y exigen que les regresen su futbol, sus telenovelas y su programación a la que estaban acostumbrados.
Independientemente de si en realidad el hecho de no recibir en sus casas las producciones de bajísima calidad que acostumbra la televisión comercial mexicana pueda ser un beneficio (en términos de alienación cultural) para las familias que fueron “apagadas”, es un hecho que todas ellas tienen el derecho de recibir televisión gratuita.
El esquema diseñado por el gobierno federal en los tiempos del calderonismo (hay que decirlo como es) indicaba que el primero punto del “apagón” sería la ciudad de Tijuana, que con esto se convertiría en la primera ciudad de América latina en realizar esta transformación, situación que se realizó ayer 28 de mayo.
No obstante, la prueba resultó ser un rotundo fracaso porque la empresa contratada por el gobierno federal no fue capaz de dar cobertura a la demanda de ciudadanos que requirieron del decodificador digital gratuito que sería proporcionado por el Estado, lo que ha detonado el malestar de los habitantes de esta comunidad.
Tijuana sería la punta de lanza pero también la primera prueba de fuego del gobierno en esta transición. A todas luces, reprobada. Lo que pone en tela de juicio el esquema que plantea el “apagón analógico” nacional total para 2015.
El esquema previsto por el gobierno federal implica que para noviembre de 2013, todas las ciudades del norte del país se sumarían a Tijuana que, para esa fecha, ya debía tener en perfecta operación el esquema digital y sin extrañar en lo más mínimo el sistema análogo.
Para noviembre de 2014 tocaría el turno a la zona centro del territorio nacional y en noviembre de 2015 todo el país debería encontrarse ya sumergido en el esquema digital para dar el cerrojazo al programa que dejaría en el olvido la señal análoga de transmisión televisiva.
No obstante, las fallas en el “experimento Tijuana” generan suspicacias sobre la capacidad real del gobierno federal (a través de la Cofetel) de llevar a cabo este ambicioso plan y de garantizar que para noviembre de 2015 todos los mexicanos vamos a poder contar con la posibilidad de recibir televisión gratuita en sistema digital.
Es de destacar que la fecha original para el “apagón” en Tijuana fue aplazada de abril a mayo, quizá porque el gobierno ya sabía que no tendría capacidad para tender este problema y no se quiso arriesgar a que un hecho tan relevante a nivel nacional como una final de futbol mexicano generara un malestar desmedido en la ciudadanía.
Algún atinado visionario advirtió del riesgo político que representa dejar a la gente sin su final de futbol, pero no se quedó corto al no hacer notar que igual las novelas, los deportes y los programas de entretenimiento pueden causar un gran malestar entre la población.
El problema no es menor, la gente en Tijuana está enardecida porque le quitaron su televisión y no hay para cuándo la Cofetel pueda responder a esta problemática de manera favorable para la ciudadanía.
El “experimento Tijuana” advierte de un panorama terrible para el gobierno federal en caso de que se replique en todos los momentos en que la televisión análoga sea eliminada de cada una de las distintas regiones del país.
A pesar de la pésima calidad de los programas producidos en México, la gente parece aterrada ante las opciones que brinda la ausencia de televisión. Imaginarse que ahora se vea obligado a convivir en familia, a tener tiempo para realizar actividades deportivas, a tener que platicar con quienes nos rodean durante la comida o, incluso, hasta tomar un libro para leer… ¡qué horror! Pobres tijuanenses orillados a ese infierno de la convivencia social del que nos enajena la televisión.
Habrá que esperar el desenlace del “experimento Tijuana” y rezar a cuanto santo se conozca que esto no pase en las siguientes etapas o, de lo contrario, “Dios nos agarre confesados” ante una población enardecida por no tener “Señorita Laura”, su “Sabadazo”, sus telenovelas y, obviamente, su futbol.
Twitter: @Mega_J_Israel_M
j.israel.martinez@gmail.com
miércoles, 29 de mayo de 2013
lunes, 27 de mayo de 2013
Efectos secundarios / Columna
De medios y otros demonios
Efectos secudarios
J. Israel Martínez Macedo
Cuando se trata de atender una imagen institucional es necesario comprender que esta labor debe ir más allá del diseño de carteles, logotipos, colores y más elementos en los que se centra normalmente la atención de los especialistas en la materia, los esquemas modernos de interacción social exigen que esta labor trascienda lo evidente y alcance perspectivas estratégicas de mayor envergadura.
Si no se comprende en su totalidad el papel que esta labor involucra, se corre el riesgo de no lograr un objetivo definido y, peor aún, enviar el mensaje equivocado, generando una percepción negativa y contraria a lo que se deseaba hacer inicialmente. Si no se tiene la visión necesaria, los errores estarán a la orden del día.
Es el caso de lo que le pasó a la Secretaría de Salud de la entidad, que en un afán de hacerse notar incurrió en una falla que puede generarle muy mala imagen al gobierno del Estado de México en un momento bastante delicado para la administración.
Luego de la explosión de una pipa en Ecatepec, en donde murieron 27 personas (según el último reporte brindado por el procurador general de Justicia Miguel Ángel Contreras Nieto), el gobernador Eruviel Ávila Villegas aseguró que apoyaría a los damnificados además de la indemnización que deben recibir por parte de la empresa y la autopista.
El mandatario estatal, incluso, regresó de su viaje al Vaticano para atender personalmente el hecho y apresurar los apoyos a los mexiquenses afectados, lo que le ganó una buena percepción por parte de la ciudadanía al mostrarse interesado de un tema delicado.
Ese puntaje positivo podría venirse abajo debido al anuncio que hizo la Secretaría de Salud respecto a que solicitó al gobierno federal que los recursos para atención médica de las víctimas de la explosión, se incluyan en el fondo de protección contra gastos catastróficos, por el costo de la atención de los hospitalizados.
El anuncio hace parecer que el gobierno mexiquense quiere hacer lo que la sabiduría popular conoce como “caravana con sombrero ajeno”, pues da la impresión de que mientras Eruviel Ávila informa mediáticamente de los apoyos mexiquenses, la dependencia de Salud hace ver que los apoyos en realidad provienen de la Federación.
Un desliz de esta naturaleza puede echar por tierra el trabajo de contención de crisis y aprovechamiento de la circunstancia para ganar décimos extras en el puntaje de la percepción en la ciudadanía e, incluso, revirar la tendencia en sentido negativo.
Toda vez que algún “alguien” se ha tomado la molestia en solicitar a varios columnistas nacionales que se empiece a manejar el tema de la probable salida de Eruviel Ávila de la administración estatal para incorporarse a la Federación en algún sitio inocuo, en un reino donde la imagen es la norma suprema, un error de esta categoría podría ser el empujón que termine por convertir las apariencias en realidades.
Twitter: @Mega_J_Israel_M
israel.martinez@milenio.com
Efectos secudarios
J. Israel Martínez Macedo
Cuando se trata de atender una imagen institucional es necesario comprender que esta labor debe ir más allá del diseño de carteles, logotipos, colores y más elementos en los que se centra normalmente la atención de los especialistas en la materia, los esquemas modernos de interacción social exigen que esta labor trascienda lo evidente y alcance perspectivas estratégicas de mayor envergadura.
Si no se comprende en su totalidad el papel que esta labor involucra, se corre el riesgo de no lograr un objetivo definido y, peor aún, enviar el mensaje equivocado, generando una percepción negativa y contraria a lo que se deseaba hacer inicialmente. Si no se tiene la visión necesaria, los errores estarán a la orden del día.
Es el caso de lo que le pasó a la Secretaría de Salud de la entidad, que en un afán de hacerse notar incurrió en una falla que puede generarle muy mala imagen al gobierno del Estado de México en un momento bastante delicado para la administración.
Luego de la explosión de una pipa en Ecatepec, en donde murieron 27 personas (según el último reporte brindado por el procurador general de Justicia Miguel Ángel Contreras Nieto), el gobernador Eruviel Ávila Villegas aseguró que apoyaría a los damnificados además de la indemnización que deben recibir por parte de la empresa y la autopista.
El mandatario estatal, incluso, regresó de su viaje al Vaticano para atender personalmente el hecho y apresurar los apoyos a los mexiquenses afectados, lo que le ganó una buena percepción por parte de la ciudadanía al mostrarse interesado de un tema delicado.
Ese puntaje positivo podría venirse abajo debido al anuncio que hizo la Secretaría de Salud respecto a que solicitó al gobierno federal que los recursos para atención médica de las víctimas de la explosión, se incluyan en el fondo de protección contra gastos catastróficos, por el costo de la atención de los hospitalizados.
El anuncio hace parecer que el gobierno mexiquense quiere hacer lo que la sabiduría popular conoce como “caravana con sombrero ajeno”, pues da la impresión de que mientras Eruviel Ávila informa mediáticamente de los apoyos mexiquenses, la dependencia de Salud hace ver que los apoyos en realidad provienen de la Federación.
Un desliz de esta naturaleza puede echar por tierra el trabajo de contención de crisis y aprovechamiento de la circunstancia para ganar décimos extras en el puntaje de la percepción en la ciudadanía e, incluso, revirar la tendencia en sentido negativo.
Toda vez que algún “alguien” se ha tomado la molestia en solicitar a varios columnistas nacionales que se empiece a manejar el tema de la probable salida de Eruviel Ávila de la administración estatal para incorporarse a la Federación en algún sitio inocuo, en un reino donde la imagen es la norma suprema, un error de esta categoría podría ser el empujón que termine por convertir las apariencias en realidades.
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lunes, 20 de mayo de 2013
Las redes y su poder / Columna
De medios y otros demonios
Las redes y su poder
J. Israel Martínez Macedo
Cuando parecía que el desenlace del caso #LadyProfeco había llegado con la sanción a los supervisores de la dependencia federal, el despido de Humberto Benítez Treviño cayó de sorpresa y abrió paso a un nuevo motivo de preocupación para los funcionarios mexicanos: la imagen institucional.
El argumento que Presidencia dio para el despido de Benítez Treviño fue, precisamente, que había hecho daño a la imagen institucional. Por primera vez en la historia un funcionario-político perdió su puesto porque afectó la percepción que la ciudadanía-electorado tiene de la dependencia a su cargo.
El mensaje es claro y contundente: no se permitirán excesos, son otros tiempos, es la era de la imagen y ella manda. No solo eso, en un escenario donde las redes fungen como un “Gran Hermano” social que todo lo ve, todo lo oye y todo lo comenta, se vuelve trascendental entender que la capacitación en medios también debe incluir a la familia.
Twitter y Facebook son dos grandes herramientas para difundir información aunque no son capaces, aún, de incluir temas en la agenda por sí mismos, sin los medios tradicionales, no pasan de ser anécdotas de las redes sociales.
Así, ocurre que situaciones como la de la directora de Radio Mexiquense, Mariana Martínez Díaz, que en el marco del 30 aniversario de la estación declaró en entrevista que Café Tacuba “nació de Radio Mexiquense”, no tuvo mayor trascendencia pese a que tal mentira aparece en un video que se difundió por redes sociales y comentaron los fans de los tacubos pero que no pasó a más porque los medios tradicionales no le dieron importancia.
Claro que los casos de Benítez Treviño y Martínez Díaz son cosas muy diferentes, en la Federación ya tienen bien entendido el papel que juegan las redes en la sociedad, en el estado parece que no terminan de enterarse qué son, para qué sirven y cómo se utilizan los nuevos mecanismos de comunicación en los que la ciudadanía parece llevarles mucha delantera.
Pasó en el caso del transporte en el Estado de México: cuando los concesionarios amagaron con un paro para presionar por el aumento del pasaje, la sociedad se organizó en un mecanismo que respondía a la amenaza a partir de impulsar el compartir el automóvil.
A final de cuentas el aumento al transporte se autorizó sin necesidad de paros y sin que la población pueda hacer nada... en apariencia. Una vez más las redes sociales pueden ser la solución. A través del mismo mecanismo de reacción para compartir el auto, la gente dejaría de utilizar el deficiente transporte público y generaría esquemas de mayor convivencia social. Previendo el asunto de la seguridad, podría funcionar.
Con las redes sociales se acabaron los tiempos de la impunidad, la sociedad se erige como un juez implacable que juzga con los mínimos elementos y que se potencializa por los medios tradicionales pero a la vez tiene en sus manos el mecanismo para convertirse en una sociedad proactiva y realmente independiente, resta ver si tiene la capacidad de usarlo, el tiempo lo dirá.
Twitter: @Mega_J_Israel_M
israel.martinez@milenio.com
Las redes y su poder
J. Israel Martínez Macedo
Cuando parecía que el desenlace del caso #LadyProfeco había llegado con la sanción a los supervisores de la dependencia federal, el despido de Humberto Benítez Treviño cayó de sorpresa y abrió paso a un nuevo motivo de preocupación para los funcionarios mexicanos: la imagen institucional.
El argumento que Presidencia dio para el despido de Benítez Treviño fue, precisamente, que había hecho daño a la imagen institucional. Por primera vez en la historia un funcionario-político perdió su puesto porque afectó la percepción que la ciudadanía-electorado tiene de la dependencia a su cargo.
El mensaje es claro y contundente: no se permitirán excesos, son otros tiempos, es la era de la imagen y ella manda. No solo eso, en un escenario donde las redes fungen como un “Gran Hermano” social que todo lo ve, todo lo oye y todo lo comenta, se vuelve trascendental entender que la capacitación en medios también debe incluir a la familia.
Twitter y Facebook son dos grandes herramientas para difundir información aunque no son capaces, aún, de incluir temas en la agenda por sí mismos, sin los medios tradicionales, no pasan de ser anécdotas de las redes sociales.
Así, ocurre que situaciones como la de la directora de Radio Mexiquense, Mariana Martínez Díaz, que en el marco del 30 aniversario de la estación declaró en entrevista que Café Tacuba “nació de Radio Mexiquense”, no tuvo mayor trascendencia pese a que tal mentira aparece en un video que se difundió por redes sociales y comentaron los fans de los tacubos pero que no pasó a más porque los medios tradicionales no le dieron importancia.
Claro que los casos de Benítez Treviño y Martínez Díaz son cosas muy diferentes, en la Federación ya tienen bien entendido el papel que juegan las redes en la sociedad, en el estado parece que no terminan de enterarse qué son, para qué sirven y cómo se utilizan los nuevos mecanismos de comunicación en los que la ciudadanía parece llevarles mucha delantera.
Pasó en el caso del transporte en el Estado de México: cuando los concesionarios amagaron con un paro para presionar por el aumento del pasaje, la sociedad se organizó en un mecanismo que respondía a la amenaza a partir de impulsar el compartir el automóvil.
A final de cuentas el aumento al transporte se autorizó sin necesidad de paros y sin que la población pueda hacer nada... en apariencia. Una vez más las redes sociales pueden ser la solución. A través del mismo mecanismo de reacción para compartir el auto, la gente dejaría de utilizar el deficiente transporte público y generaría esquemas de mayor convivencia social. Previendo el asunto de la seguridad, podría funcionar.
Con las redes sociales se acabaron los tiempos de la impunidad, la sociedad se erige como un juez implacable que juzga con los mínimos elementos y que se potencializa por los medios tradicionales pero a la vez tiene en sus manos el mecanismo para convertirse en una sociedad proactiva y realmente independiente, resta ver si tiene la capacidad de usarlo, el tiempo lo dirá.
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lunes, 13 de mayo de 2013
Guerra de medios / Columna
De medios y otros demonios
Guerra de medios
J. Israel Martínez Macedo
El interés que tiene el duopolio televisivo por el control de las telecomunicaciones en México ha desatado una batalla en los medios de comunicación que se están involucrando en la pelea por un pedazo de pastel en la explotación del espectro radioeléctrico nacional en la que la población, incluso las instituciones del Estado, pueden resultar víctimas del tropel de las empresas mediáticas.
Azcárraga y Salinas Pliego impidieron que Carlos Slim entrara en el juego de los servicios de “triple play” a través de la red de fibra óptica de Telmex, e incluso, le cerraron el paso para aliarse con la familia Vargas en un posible acuerdo empresarial para la transmisión de contenidos por la señal de MVS.
Slim se tuvo que conformar con los cobros de la señal de Dish en los recibos telefónicos, no obstante, aprovechó internet y el vacío legal en el que se encuentra para echar a andar “UnoTv”, a través del cual logró, más recientemente, los derechos de transmisión de los Juegos Olímpicos de Brasil.
La pelea por el control de más espacios se intensificó a partir de la toma de las instalaciones de CNI Canal 40 por parte de Tv Azteca, después de un jaloneo legal en el que, antes de ser secretario de Gobernación, Fernando Gómez-Mont llevó el caso que le devolvió la concesión de la señal a Javier Moreno Valle quien terminó por negociar los contenidos con la empresa que le había tomado por asalto las instalaciones.
A partir de que el gobierno federal se hizo omiso de sanción ante lo que también se conoció como “la toma del Cerro del Chiquihuite”, el duopolio televisivo se armó de valor, primero para sentar sus reales y demostrar quién manda en el ámbito mediático llegando, incluso, a pasar de la crítica a la burla de la figura presidencial y las instituciones de la República ante el temor o la complacencia de las administraciones panistas.
Desde ese momento los concesionarios de los medios han enfrentado distintas batallas en diferentes terrenos que han desembocado en momentos y situaciones como aquella de la llamada Ley Televisa en la que tuvo que intervenir la Suprema Corté de Justicia de la Nación para restablecer la legalidad.
La guerra entre los medios está declarada. El duopolio Televisa y Tv Azteca lucha por mantener a raya a Grupo Carso y sus empresas; este, a su vez, logra pequeños triunfos a través de alianzas estratégicas con otros medios (se habla de que ya va de la mano con Juan Francisco Ruiz Ealy, sí, el dueño de El Universal).
El costo de esta guerra, más allá de lo que implica en términos de medios, puede ser el descrédito de las instituciones y la información que se hace llegar a la población. La desmedida ambición nos está llevando a un escenario muy peligroso para el país si no se ponen reglas claras y equitativas de una vez por todas.
Twitter: @Mega_J_Israel_M
israel.martinez@milenio.com
Guerra de medios
J. Israel Martínez Macedo
El interés que tiene el duopolio televisivo por el control de las telecomunicaciones en México ha desatado una batalla en los medios de comunicación que se están involucrando en la pelea por un pedazo de pastel en la explotación del espectro radioeléctrico nacional en la que la población, incluso las instituciones del Estado, pueden resultar víctimas del tropel de las empresas mediáticas.
Azcárraga y Salinas Pliego impidieron que Carlos Slim entrara en el juego de los servicios de “triple play” a través de la red de fibra óptica de Telmex, e incluso, le cerraron el paso para aliarse con la familia Vargas en un posible acuerdo empresarial para la transmisión de contenidos por la señal de MVS.
Slim se tuvo que conformar con los cobros de la señal de Dish en los recibos telefónicos, no obstante, aprovechó internet y el vacío legal en el que se encuentra para echar a andar “UnoTv”, a través del cual logró, más recientemente, los derechos de transmisión de los Juegos Olímpicos de Brasil.
La pelea por el control de más espacios se intensificó a partir de la toma de las instalaciones de CNI Canal 40 por parte de Tv Azteca, después de un jaloneo legal en el que, antes de ser secretario de Gobernación, Fernando Gómez-Mont llevó el caso que le devolvió la concesión de la señal a Javier Moreno Valle quien terminó por negociar los contenidos con la empresa que le había tomado por asalto las instalaciones.
A partir de que el gobierno federal se hizo omiso de sanción ante lo que también se conoció como “la toma del Cerro del Chiquihuite”, el duopolio televisivo se armó de valor, primero para sentar sus reales y demostrar quién manda en el ámbito mediático llegando, incluso, a pasar de la crítica a la burla de la figura presidencial y las instituciones de la República ante el temor o la complacencia de las administraciones panistas.
Desde ese momento los concesionarios de los medios han enfrentado distintas batallas en diferentes terrenos que han desembocado en momentos y situaciones como aquella de la llamada Ley Televisa en la que tuvo que intervenir la Suprema Corté de Justicia de la Nación para restablecer la legalidad.
La guerra entre los medios está declarada. El duopolio Televisa y Tv Azteca lucha por mantener a raya a Grupo Carso y sus empresas; este, a su vez, logra pequeños triunfos a través de alianzas estratégicas con otros medios (se habla de que ya va de la mano con Juan Francisco Ruiz Ealy, sí, el dueño de El Universal).
El costo de esta guerra, más allá de lo que implica en términos de medios, puede ser el descrédito de las instituciones y la información que se hace llegar a la población. La desmedida ambición nos está llevando a un escenario muy peligroso para el país si no se ponen reglas claras y equitativas de una vez por todas.
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lunes, 6 de mayo de 2013
5 de mayo ¿estrategia o coyuntura? / Columna
De medios y otros demonios
5 de mayo ¿estrategia o coyuntura?
J. Israel Martínez Macedo
Este fin de semana se estrenó en los cines del país la película “5 de mayo. La batalla”, el filme evidencia un exacerbado nacionalismo que intenta transformar la imagen de “lo mexicano” que hasta motiva los aplausos del público pero, al detalle, se trasluce una campaña que va más allá.
Al ver la película, no pasan desapercibidos los nombres de Emilio Azcárraga Jean y Leopoldo Gómez como productores. En términos concretos: Televisa.
Causa curiosidad que una película anterior, con la misma intención de exacerbar los sentimientos nacionalistas haya sido producida por los dos mismos personajes. “Hecho en México” también busca rescatar la imagen del mexicano aunque desde la perspectiva de esa compleja composición de elementos que integran la mexicanidad.
Destaca que en la ceremonia por la conmemoración de la batalla de Puebla, el presidente Enrique Peña Nieto haya usado el mismo discurso de un México nuevo, que deja atrás los obstáculos, que se libera de las ataduras que le impiden crecer y está dispuesto a aprovechar las oportunidades que se le presentan para ser un país próspero y en paz.
¿Son estas películas parte de la estrategia de medios de Presidencia en las que Televisa está metida hasta los codos? Es difícil distinguirlo.
Desde el punto de vista de la comunicación, una estrategia de estas condiciones suena interesante, aunque no novedosa, y en la que el cine mexicano podría resultar beneficiado. Recordemos el impulso que recibió Hollywood en la guerra fría para enseñarle a la gente que: capitalismo, bueno; socialismo, malo.
Una campaña así sería interesante en México, incluso para Azcárraga y compañía que pueden lavarse el rostro de todo aquello (real o leyenda urbana) que se le imputa a Televisa.
Por el contrario, si al binomio productor se le antojó promover el mexicanismo y Presidencia de la República se está colgando de esta situación, estaríamos, nuevamente, ante el escenario en el que la estrategia se resume en aprovechar las inercias o coyunturas y hacer control de daños de lo demás como en los últimos 12 años. El tiempo lo revelará.
PARÉNTESIS
Este miércoles será el primer informe de Ivett Tinoco como directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAEM, más allá de todo lo que ella nos pueda decir, hay una verdad que el documento no contiene: recibió una institución dividida y desgastada por un proceso complejo y arduo, y ha logrado unificarla de nuevo en aras del desarrollo científico y escolar. Enhorabuena.
Twitter: @Mega_J_Israel_M
israel.martinez@milenio.com
5 de mayo ¿estrategia o coyuntura?
J. Israel Martínez Macedo
Este fin de semana se estrenó en los cines del país la película “5 de mayo. La batalla”, el filme evidencia un exacerbado nacionalismo que intenta transformar la imagen de “lo mexicano” que hasta motiva los aplausos del público pero, al detalle, se trasluce una campaña que va más allá.
Al ver la película, no pasan desapercibidos los nombres de Emilio Azcárraga Jean y Leopoldo Gómez como productores. En términos concretos: Televisa.
Causa curiosidad que una película anterior, con la misma intención de exacerbar los sentimientos nacionalistas haya sido producida por los dos mismos personajes. “Hecho en México” también busca rescatar la imagen del mexicano aunque desde la perspectiva de esa compleja composición de elementos que integran la mexicanidad.
Destaca que en la ceremonia por la conmemoración de la batalla de Puebla, el presidente Enrique Peña Nieto haya usado el mismo discurso de un México nuevo, que deja atrás los obstáculos, que se libera de las ataduras que le impiden crecer y está dispuesto a aprovechar las oportunidades que se le presentan para ser un país próspero y en paz.
¿Son estas películas parte de la estrategia de medios de Presidencia en las que Televisa está metida hasta los codos? Es difícil distinguirlo.
Desde el punto de vista de la comunicación, una estrategia de estas condiciones suena interesante, aunque no novedosa, y en la que el cine mexicano podría resultar beneficiado. Recordemos el impulso que recibió Hollywood en la guerra fría para enseñarle a la gente que: capitalismo, bueno; socialismo, malo.
Una campaña así sería interesante en México, incluso para Azcárraga y compañía que pueden lavarse el rostro de todo aquello (real o leyenda urbana) que se le imputa a Televisa.
Por el contrario, si al binomio productor se le antojó promover el mexicanismo y Presidencia de la República se está colgando de esta situación, estaríamos, nuevamente, ante el escenario en el que la estrategia se resume en aprovechar las inercias o coyunturas y hacer control de daños de lo demás como en los últimos 12 años. El tiempo lo revelará.
PARÉNTESIS
Este miércoles será el primer informe de Ivett Tinoco como directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAEM, más allá de todo lo que ella nos pueda decir, hay una verdad que el documento no contiene: recibió una institución dividida y desgastada por un proceso complejo y arduo, y ha logrado unificarla de nuevo en aras del desarrollo científico y escolar. Enhorabuena.
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miércoles, 1 de mayo de 2013
La mascarada “rosa” / Columna
En mi opinión
La mascarada “rosa”
J. Israel Martínez Macedo
El tema de la discriminación es un asunto muy delicado que los gobiernos aún no atinan a entender. En aras de ganar una imagen de responsabilidad social y atención a las necesidades o intereses de la población, incurren en faltas graves que podrían propiciar aquello que buscaban combatir.
Es el caso específico del Estado de México. El gobierno mexiquense comenzó con una intensa campaña de “transporte rosa” en la entidad que involucró la identificación de taxis pintados de este color para brindar servicio “sólo para mujeres”, lo mismo unas combis en el Valle de México que, dicho sea de paso, nunca hicieron honor a su franja rosa: suben hombres y mujeres por igual.
La decisiones del gobierno mexiquense responden sólo a una cuestión de imagen, al intento de quedar bien con el sector femenino. Para congratularse engañan con medidas que nada tienen que ver con la lucha contra la discriminación y que, al contrario, podrían colocar a la administración de Eruviel Ávila Villegas en una situación de violación a la legislación mexiquense.
En el Estado de México existe la Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar Actos de Discriminación, vigente desde el 18 de enero de 2007. En su artículo 1, se indica que su objeto es “proteger y eliminar toda forma de discriminación que se ejerza en contra de cualquier persona, para proteger el goce y ejercicio de sus derechos fundamentales”.
La ley define la discriminación como: “toda forma de preferencia, distinción, exclusión, repudio, desprecio, incomprensión, rechazo o restricción que, basada en el origen étnico o nacional como el antisemitismo o cualquier otro tipo de segregación; sexo o género; edad; discapacidad; condición social o económica; condiciones de salud; embarazo; lengua; religión; opiniones; predilecciones de cualquier índole; estado civil o alguna otra que tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos fundamentales en condiciones de equidad e igualdad de oportunidades y de trato de las personas”.
El “transporte rosa” es una forma de preferencia, distinción y exclusión que, basada en el sexo o género de las personas, impide y anula el ejercicio del derecho fundamental de libre tránsito y trato igualitario de hombres y mujeres en el uso del servicio de transporte público.
Esto lo deja fuera de la precisión que señala la propia ley: “No se considerarán conductas discriminatorias de manera enunciativa y no limitativa, las siguientes: I. Las acciones legislativas, educativas o de políticas públicas positivas o compensatorias que sin afectar derechos de terceros, establezcan tratos diferenciados con el objeto de promover condiciones de equidad e igualdad de oportunidades”.
El “transporte rosa” causa distinción y exclusión pero además traslada a la mujer a un punto en el que se le separa (¿segrega?) del hombre y se le coloca en un lugar creado específicamente para atender dicha distinción sólo por una cuestión de sexo o género.
Habrá quienes justifiquen que dicha separación (¿segregación?) es necesaria por cuestiones de seguridad, que las mujeres son más vulnerables a un ataque, una violación o un asalto que los hombres y por eso debe protegérseles de ese peligro… y tienen razón, al igual que otros grupos vulnerables como las personas de la tercera edad o los discapacitados pero no vemos circulando por las calles taxis para “abuelitos” o especiales para personas con discapacidad motriz.
Es más, una prueba de que el asunto es meramente de imagen y no atención social es la proporción del “transporte rosa” que circula en las calles de la entidad.
Son infinitamente menores estos servicios a los del transporte público “general” pese a que en el Estado de México hay 7 millones 778 mil 876 mujeres y 7 millones 396 mil 986 hombres; 381 mil 890 mujeres más que hombres, según cifras del Inegi.
Si el “transporte rosa” fuera una medida compensatoria no segregacionista que busca dar un trato igualitario a la mujer, debería haber, al menos, la mitad de taxis, combis, autobuses, microbuses, mexibuses y de todo el servicio público pintados de rosa (y si me presionan tantito, para ser justos, debería haber un poco más de eso).
El “transporte rosa” discrimina, coloca a la mujer en condición de víctima sólo por su sexo o género y criminaliza a todos los hombres por esta misma razón. Lo que se oculta detrás de esta “capa de pintura rosa” es la verdadera incapacidad del gobierno para brindar seguridad a todos sus habitantes, mujeres y hombres por igual.
Los vehículos rosas son una mancha ignominiosa del Estado a los ciudadanos. No se trata de una medida de protección para las mujeres; es una medida de protección a la imagen de las administraciones y los políticos que las encabezan.
No pueden aplaudirse este tipo de medidas simplemente porque no resuelven algo, al contrario aumentan la discriminación hacia la mujer excluyéndola y segregándola a un transporte “sólo para mujeres” y criminaliza al hombre sólo por ser hombre.
Ni su condición de género las debe ubicar como víctimas, ni nuestra condición de género nos debe colocar como delincuentes; actuar así es no entender la complejidad de un problema social severo que requiere de atención seria e inmediata pero ¿hasta cuándo?
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La mascarada “rosa”
J. Israel Martínez Macedo
El tema de la discriminación es un asunto muy delicado que los gobiernos aún no atinan a entender. En aras de ganar una imagen de responsabilidad social y atención a las necesidades o intereses de la población, incurren en faltas graves que podrían propiciar aquello que buscaban combatir.
Es el caso específico del Estado de México. El gobierno mexiquense comenzó con una intensa campaña de “transporte rosa” en la entidad que involucró la identificación de taxis pintados de este color para brindar servicio “sólo para mujeres”, lo mismo unas combis en el Valle de México que, dicho sea de paso, nunca hicieron honor a su franja rosa: suben hombres y mujeres por igual.
La decisiones del gobierno mexiquense responden sólo a una cuestión de imagen, al intento de quedar bien con el sector femenino. Para congratularse engañan con medidas que nada tienen que ver con la lucha contra la discriminación y que, al contrario, podrían colocar a la administración de Eruviel Ávila Villegas en una situación de violación a la legislación mexiquense.
En el Estado de México existe la Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar Actos de Discriminación, vigente desde el 18 de enero de 2007. En su artículo 1, se indica que su objeto es “proteger y eliminar toda forma de discriminación que se ejerza en contra de cualquier persona, para proteger el goce y ejercicio de sus derechos fundamentales”.
La ley define la discriminación como: “toda forma de preferencia, distinción, exclusión, repudio, desprecio, incomprensión, rechazo o restricción que, basada en el origen étnico o nacional como el antisemitismo o cualquier otro tipo de segregación; sexo o género; edad; discapacidad; condición social o económica; condiciones de salud; embarazo; lengua; religión; opiniones; predilecciones de cualquier índole; estado civil o alguna otra que tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos fundamentales en condiciones de equidad e igualdad de oportunidades y de trato de las personas”.
El “transporte rosa” es una forma de preferencia, distinción y exclusión que, basada en el sexo o género de las personas, impide y anula el ejercicio del derecho fundamental de libre tránsito y trato igualitario de hombres y mujeres en el uso del servicio de transporte público.
Esto lo deja fuera de la precisión que señala la propia ley: “No se considerarán conductas discriminatorias de manera enunciativa y no limitativa, las siguientes: I. Las acciones legislativas, educativas o de políticas públicas positivas o compensatorias que sin afectar derechos de terceros, establezcan tratos diferenciados con el objeto de promover condiciones de equidad e igualdad de oportunidades”.
El “transporte rosa” causa distinción y exclusión pero además traslada a la mujer a un punto en el que se le separa (¿segrega?) del hombre y se le coloca en un lugar creado específicamente para atender dicha distinción sólo por una cuestión de sexo o género.
Habrá quienes justifiquen que dicha separación (¿segregación?) es necesaria por cuestiones de seguridad, que las mujeres son más vulnerables a un ataque, una violación o un asalto que los hombres y por eso debe protegérseles de ese peligro… y tienen razón, al igual que otros grupos vulnerables como las personas de la tercera edad o los discapacitados pero no vemos circulando por las calles taxis para “abuelitos” o especiales para personas con discapacidad motriz.
Es más, una prueba de que el asunto es meramente de imagen y no atención social es la proporción del “transporte rosa” que circula en las calles de la entidad.
Son infinitamente menores estos servicios a los del transporte público “general” pese a que en el Estado de México hay 7 millones 778 mil 876 mujeres y 7 millones 396 mil 986 hombres; 381 mil 890 mujeres más que hombres, según cifras del Inegi.
Si el “transporte rosa” fuera una medida compensatoria no segregacionista que busca dar un trato igualitario a la mujer, debería haber, al menos, la mitad de taxis, combis, autobuses, microbuses, mexibuses y de todo el servicio público pintados de rosa (y si me presionan tantito, para ser justos, debería haber un poco más de eso).
El “transporte rosa” discrimina, coloca a la mujer en condición de víctima sólo por su sexo o género y criminaliza a todos los hombres por esta misma razón. Lo que se oculta detrás de esta “capa de pintura rosa” es la verdadera incapacidad del gobierno para brindar seguridad a todos sus habitantes, mujeres y hombres por igual.
Los vehículos rosas son una mancha ignominiosa del Estado a los ciudadanos. No se trata de una medida de protección para las mujeres; es una medida de protección a la imagen de las administraciones y los políticos que las encabezan.
No pueden aplaudirse este tipo de medidas simplemente porque no resuelven algo, al contrario aumentan la discriminación hacia la mujer excluyéndola y segregándola a un transporte “sólo para mujeres” y criminaliza al hombre sólo por ser hombre.
Ni su condición de género las debe ubicar como víctimas, ni nuestra condición de género nos debe colocar como delincuentes; actuar así es no entender la complejidad de un problema social severo que requiere de atención seria e inmediata pero ¿hasta cuándo?
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