De medios y otros demonios
¡Venga la sentencia!
J. Israel Martínez Macedo
La “Tremenda Corte de Justicia de la Nación” resolvió a favor de otorgar el amparo a Florence Marie Cassez, acusada de participar en tres secuestros; la indignación nacional se volcó sobre los ministros que en llanas palabras determinaron: debido al montaje televisivo y otras agravantes del proceso no se puede saber si es culpable o no… y la dejaron ir.
Posiciones a favor y en contra de la decisión de la corte corrieron como reguero de pólvora. Los había desde quienes pedían/piden la renuncia de los ministros hasta los que justifican, explican y motivan elementos para comprender que la determinación de la corte fue correcta.
Más allá de la simple decisión hay cosas de fondo que no se han tocado y que pueden repercutir no solo en la vida judicial del país, también en la vida política y social.
La determinación de la corte no solo define el caso en cuestión sino que genera jurisprudencia respecto a situaciones comunes que se relacionen con fallas en el debido proceso.
La denuncia de esto ya se había hecho. En los documentales “El túnel” y “Presunto culpable” se evidencian no solo los vicios del sistema judicial mexicano sino su ineficiencia e incapacidad para demostrar la inocencia o culpabilidad de una persona.
Si el argumento que dejó en libertad a Florence Cassez es que hay elementos suficientes para determinar que no hubo un “debido proceso” en la investigación y que por lo tanto es imposible saber si ella participó o no en los secuestros ¿cuántos casos más están en la misma situación? Los presos sujetos a proceso ¿pueden argumentar fallas en el debido proceso si en sus casos algún agente investigador falseó pruebas en su contra? ¿Puede hacerse si las testimoniales en su contra no concuerdan tal como en el caso Cassez? Se supone que sí.
Aún queda la participación de Televisa y Tv Azteca en el montaje que dio pie a los argumentos jurídicos que terminaron en la liberación de Florence Cassez. Ambas televisoras se deslindaron del hecho, ambas acusan que no sabían nada. Ambas son “presuntas culpables” de mentir. Ambas serán exoneradas.
Según lo señalado esta semana por Jenaro Villamil, Carlos Loret mintió cuando presentó el montaje, lo volvió a hacer cuando dijo no saber nada, y lo sigue haciendo cuando asegura que también fue engañado.
¿Cómo impacta en la confianza hacia el medio y el comunicador? Depende de cómo la gente, lectores, radioescuchas y televidentes reaccionen. De entrada en redes sociales ya ya hay una: el HT #MientoComoLoret y su derivado #MientoComoTelevisa.
Queda esperar un fallo, el de la gente, el de los indignados por la liberación de “la francesa”. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de quienes realizaron el montaje? Resta definirlo pero el montaje existió, las televisoras lo realizaron y eso fue lo que permitió la liberación de Cassez… Las televisoras son corresponsables, les guste reconocerlo o no.
Twitter: @Mega_J_Israel_M
israel.martinez@milenio.com
Mostrando las entradas con la etiqueta Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mostrar todas las entradas
Mostrando las entradas con la etiqueta Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mostrar todas las entradas
lunes, 28 de enero de 2013
lunes, 19 de marzo de 2012
Imagocracia: capítulo Florence Cassez / Columna
De medios y otros demonios
Imagocracia: capítulo Florence Cassez
J. Israel Martínez Macedo
Ya en un espacio previo abordaba el tema de la imagocracia como esa manera que se vive en México desde hace algunos años y que tiene que ver, entre otras cosas, con la toma de decisiones de Estado preponderando la imagen de gobierno más allá de las necesidades de la población.
La discusión pública posterior al anuncio mediático de un predictámen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el caso Florence Cassez lleva el tema a los entramados del sistema legal.
Parte del debate gira en torno al montaje televisivo que la PGR preparó para que las televisoras pudieran presentar a sus audiencias el importante golpe a una peligrosa banda de secuestradores conocida como “Los Zodiaco” y construido para devolverle a la dependencia un poco de su malograda credibilidad.
No sólo se trata del problema del debido proceso que abarca la notificación consular. Se involucra la actuación de la dependencia en la estructuración de cada caso y nos preguntar: ¿a cuántos detenidos se les ha montado un esquema similar para inculparlos mediáticamente, sean o no responsables?
El debate trasciende a los terrenos de la imagen y se mantiene en ellos. Por un lado la PGR escribiendo guiones televisivos estilo “La ley y el orden” para catapultar a los funcionarios a mejores puestos y sueldos, por el otro la Corte boletinando y haciendo público un asunto que, por ley, debió quedarse en el interior de sus discusiones.
La imagocracia nos gobierna, nos legisla, nos politiza y, ahora, parece juzgarnos culpables o inocentes independientemente de lo que marque la ley. El poder del Estado en manos de la televisión y sus productores… que Dios nos ampare.
Twitter: @Mega_J_Israel_M
http://jisraelmartinez.blogspot.mx
Imagocracia: capítulo Florence Cassez
J. Israel Martínez Macedo
Ya en un espacio previo abordaba el tema de la imagocracia como esa manera que se vive en México desde hace algunos años y que tiene que ver, entre otras cosas, con la toma de decisiones de Estado preponderando la imagen de gobierno más allá de las necesidades de la población.
La discusión pública posterior al anuncio mediático de un predictámen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el caso Florence Cassez lleva el tema a los entramados del sistema legal.
Parte del debate gira en torno al montaje televisivo que la PGR preparó para que las televisoras pudieran presentar a sus audiencias el importante golpe a una peligrosa banda de secuestradores conocida como “Los Zodiaco” y construido para devolverle a la dependencia un poco de su malograda credibilidad.
No sólo se trata del problema del debido proceso que abarca la notificación consular. Se involucra la actuación de la dependencia en la estructuración de cada caso y nos preguntar: ¿a cuántos detenidos se les ha montado un esquema similar para inculparlos mediáticamente, sean o no responsables?
El debate trasciende a los terrenos de la imagen y se mantiene en ellos. Por un lado la PGR escribiendo guiones televisivos estilo “La ley y el orden” para catapultar a los funcionarios a mejores puestos y sueldos, por el otro la Corte boletinando y haciendo público un asunto que, por ley, debió quedarse en el interior de sus discusiones.
La imagocracia nos gobierna, nos legisla, nos politiza y, ahora, parece juzgarnos culpables o inocentes independientemente de lo que marque la ley. El poder del Estado en manos de la televisión y sus productores… que Dios nos ampare.
Twitter: @Mega_J_Israel_M
http://jisraelmartinez.blogspot.mx
lunes, 16 de febrero de 2009
La ley es un chiste / Columna
De medios y otros demonios
La ley es un chiste
J. Israel Martínez Macedo
Parece que en nuestro país las autoridades están empecinadas en quedar en el peor de los ridículos posibles, quieren que los ciudadanos no nos decepcionemos de la política y las cuestiones de gobierno pero se esfuerzan por conseguir todo lo contrario.
En esta semana se resolvió en el IFE un asunto que ni siquiera debió haberse tratado, las televisoras resultaron exoneradas de una sanción que nunca debió aplicar porque no había falta qué perseguir; por otra parte los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvieron que sí hubo delito en San Salvador Atenco, pero que no hay culpables o como quien dice: crimen sí hubo, pero responsables pues no.
En el primer caso, como se había comentado en este espacio, no hay delito que perseguir, no hay ley que prohíba que la propaganda política se presente en bloque ni que las televisoras informen que están obligadas a transmitirlos por una disposición del Cofipe, y por si la sandez no fuera suficiente los consejeros del IFE rematan con un dictamen de risa que -palabras más, palabras menos- dice que como hay disposición de las televisoras por corregir el asunto, pues se les va a perdonar.
Insisto, ¡perdonar de qué! No hay ninguna violación a la ley que se diseñaron los partidos. Claro que fue necesario que hicieran que su Instituto Federal Electoral (sí, porque ya se lo apropiaron por completo) metiera las manos para que se hiciera la voluntad de los organismos políticos. Faltaba más, que para eso le dieron todas esas atribuciones.
Y qué decir de lo que ocurrió en la SCJN, los ministros resolvieron un dictamen de risa en el que sí hay delito, sí hay excesos, pero qué le vamos a hacer porque no hay a quién culpar. Ahora resulta que las policías se mandan solas (¿el Ejército también? Sólo es una pregunta ociosa, no espero respuesta).
El dictamen de los ministros es en extremo peligroso porque, como dicen los que saben, genera jurisprudencia, es decir: que cuando ocurra cualquier otro caso parecido, los defensores del Estado pueden exigir que se aplique el mismo criterio y se declare que no hay culpables aunque el delito sea flagrante y esté documentado.
Es algo así como que hubo una movilización policíaca federal y estatal para controlar un grupo que se atrincheró en el pueblo de San Salvador, como sus esquemas de “inteligencia” (por darle un nombre, nomás) no pudieron determinar quién sí era miembro del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y quién no, pues agarraron parejo y no vieron quién la hizo sino quién la pagara.
La brillantez de los ministros de la SCJN deslumbra al concluir que nadie dio la orden a los policías de que se pasaran de pistaches con cuanto cristiano sin uniforme de policía se les pusiera enfrente, por lo que no hay responsables de las lesiones que sufrieron los ahí presentes y de la muerte de dos personas.
Vaya una felicitación del titular de este espacio a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por haber institucionalizado la impunidad en un ambiente en donde nada más eso nos faltaba. Ahora sí creo que vivimos una crisis de las instituciones, digan lo que digan los gringos.
Claro, que nada de eso importa porque ya vienen las elecciones y lo que interesa es que la masa legitime los acuerdos que ya se tienen en los partidos para ver cómo será repartido el pastel, que para eso son los dueños del negocio que alguien tuvo a bien llamar México SA.
En fin que después de esta breve demostración de impunidad no se puede más que concluir que la ley en este país es sólo una broma que se aplica a conveniencia, o usted ¿qué opina?
israel.martinez@milenio.com
La ley es un chiste
J. Israel Martínez Macedo
Parece que en nuestro país las autoridades están empecinadas en quedar en el peor de los ridículos posibles, quieren que los ciudadanos no nos decepcionemos de la política y las cuestiones de gobierno pero se esfuerzan por conseguir todo lo contrario.
En esta semana se resolvió en el IFE un asunto que ni siquiera debió haberse tratado, las televisoras resultaron exoneradas de una sanción que nunca debió aplicar porque no había falta qué perseguir; por otra parte los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvieron que sí hubo delito en San Salvador Atenco, pero que no hay culpables o como quien dice: crimen sí hubo, pero responsables pues no.
En el primer caso, como se había comentado en este espacio, no hay delito que perseguir, no hay ley que prohíba que la propaganda política se presente en bloque ni que las televisoras informen que están obligadas a transmitirlos por una disposición del Cofipe, y por si la sandez no fuera suficiente los consejeros del IFE rematan con un dictamen de risa que -palabras más, palabras menos- dice que como hay disposición de las televisoras por corregir el asunto, pues se les va a perdonar.
Insisto, ¡perdonar de qué! No hay ninguna violación a la ley que se diseñaron los partidos. Claro que fue necesario que hicieran que su Instituto Federal Electoral (sí, porque ya se lo apropiaron por completo) metiera las manos para que se hiciera la voluntad de los organismos políticos. Faltaba más, que para eso le dieron todas esas atribuciones.
Y qué decir de lo que ocurrió en la SCJN, los ministros resolvieron un dictamen de risa en el que sí hay delito, sí hay excesos, pero qué le vamos a hacer porque no hay a quién culpar. Ahora resulta que las policías se mandan solas (¿el Ejército también? Sólo es una pregunta ociosa, no espero respuesta).
El dictamen de los ministros es en extremo peligroso porque, como dicen los que saben, genera jurisprudencia, es decir: que cuando ocurra cualquier otro caso parecido, los defensores del Estado pueden exigir que se aplique el mismo criterio y se declare que no hay culpables aunque el delito sea flagrante y esté documentado.
Es algo así como que hubo una movilización policíaca federal y estatal para controlar un grupo que se atrincheró en el pueblo de San Salvador, como sus esquemas de “inteligencia” (por darle un nombre, nomás) no pudieron determinar quién sí era miembro del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y quién no, pues agarraron parejo y no vieron quién la hizo sino quién la pagara.
La brillantez de los ministros de la SCJN deslumbra al concluir que nadie dio la orden a los policías de que se pasaran de pistaches con cuanto cristiano sin uniforme de policía se les pusiera enfrente, por lo que no hay responsables de las lesiones que sufrieron los ahí presentes y de la muerte de dos personas.
Vaya una felicitación del titular de este espacio a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por haber institucionalizado la impunidad en un ambiente en donde nada más eso nos faltaba. Ahora sí creo que vivimos una crisis de las instituciones, digan lo que digan los gringos.
Claro, que nada de eso importa porque ya vienen las elecciones y lo que interesa es que la masa legitime los acuerdos que ya se tienen en los partidos para ver cómo será repartido el pastel, que para eso son los dueños del negocio que alguien tuvo a bien llamar México SA.
En fin que después de esta breve demostración de impunidad no se puede más que concluir que la ley en este país es sólo una broma que se aplica a conveniencia, o usted ¿qué opina?
israel.martinez@milenio.com
miércoles, 9 de julio de 2008
Cofipe y medios, tanto para nada / Columna
De medios y otros demonios
Cofipe y medios, tanto para nada
J .Israel Martínez Macedo
Desde que salieron a la luz, se discutieron y aprobaron las reformas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), se dijo que estaban hechas al aventón y contenían varios errores que dificultaban la correcta interpretación y aplicación de la ley.
En estos días, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no sólo confirmaron lo anterior, sino que además, tuvieron que corregir los errores de los legisladores para que el Cofipe pudiera aplicarse sin que violara los preceptos legales establecidos.
La Corte declaró inconstitucionales las multas que se fijaron para sancionar a los ciudadanos, empresas, y partidos políticos que violen la prohibición de contratar espacios en radio y televisión para difundir propaganda electoral, todo por un error de redacción de los legisladores.
El problema radica en que se indicaban multas fijas para sancionar los ciudadanos, empresas y partidos políticos, lo cuál está prohibido por el artículo 22 de la Constitución. Sin embargo, en el caso de las televisoras y radiodifusoras, los ministros determinaron que era válido mantener el castigo propuesto por los legisladores porque se salva dada la palabra “hasta” que indica como tope máximo los 100 mil días de salario mínimo, aunque destacaron que al no haber un mínimo la punición menor podría ser, incluso de un día.
Así, nuevamente, todo quedará en manos de la interpretación y buen juicio de un hombre que en el cargo de juez decidirá si una televisora o empresa de radio deberá pagar 50 pesos o 5 millones por una violación al Cofipe.
Cuando parecía que los ministros dejarían sin sanción a los ciudadanos, empresas y partidos políticos, el presidente de la SCJN, Guillermo Ortiz Mayagoitia, propuso a sus compañeros suplir los errores de los legisladores para no dejarlos sin castigo y así, no acaten las determinaciones del Cofipe.
La propuesta es imponerles una multa de hasta 500 días de salario mínimo, misma pena que se había establecido para quienes aporten recursos a los candidatos o partidos de manera irregular, la cantidad es infinitamente menor a los 100 mil días que se habían planteado.
Los ministros hicieron algunas observaciones de tipo netamente político que se consideraron igualmente inconstitucionales, como la llamada “cláusula de vida eterna” que pretendía que en alianza, los partidos grandes pudieran “regalarle votos” a los pequeños para que no perdieran su registro.
Causa sorpresa ver que sí se pretende sancionar a ciudadanos, empresas y partidos por la propaganda electoral, pero sólo con el pago de un máximo de 500 días de salario mínimo, es decir que aproximadamente un partido, empresa o ciudadano tendrá que pagar hasta 25 mil pesos (calculándolo en 50 pesos aproximadamente) por promover o denostar a un candidato u otro en televisión o radio.
La cantidad suena irrisoria si pensamos en las cantidades que se pagan por un anuncio, en promedio, una campaña publicitaria completa en radio, por ejemplo, no baja de los 100 mil pesos por un mes, en tiempo electoral sube el precio, y si ganando el candidato la empresa tendrá asignada alguna partida presupuestal, yo no sé ustedes, pero vale la pena la mínima inversión en el pago de una multa de 25 mil pesos.
Igualmente por parte de los partidos, pagar 25 mil pesos de multa como máximo por meter propaganda “extra” en televisión y radio suena a que seguiremos viendo este tipo de prácticas de campañas negras y excesos en los gastos de publicidad.
Quienes se tendrán que “rifar el físico” serán las televisoras y radiodifusoras del país que se atrevan a transmitir dichos anuncios propagandísticos pues para el gremio las multas pueden ser realmente elevadas, aunque pensándolo bien, con un juez que sea, digamos, considerado con la empresa, igual y termina siendo una bicoca lo que se sancione.
Dicho de otro modo, tanto candado, tantas quejas de violación a la libre expresión, tanto estarse amparando para continuar haciendo campañas alternas en radio y televisión, para que todo quede en sanciones “de chocolate” a quienes quieran continuar con las prácticas de toda la vida.
PARÉNTESIS
Una felicitación a Carlos Macedo Aguilar, no sólo porque la segunda edición de su libro logró romper el récord de ventas de la pasada edición de la Feria del Libro de Guadalajara, sino porque este día tomará protesta como vicepresidente de la Barra Nacional de Abogados AC, que presidirá José Antonio Betancourt y que contará con juristas de gran nivel como, José Elías Romero Apiz y Juan Collado…
Sobre el tema de la diversificación de la delincuencia organizada en la entidad, han llegado a esta columna, vía correo electrónico, algunos reportes de lo que platicaré con mayor profundidad el próximo lunes, sólo adelantar que el monstruo está más cerca de lo que parece.
israel.martinez@milenio.com
Cofipe y medios, tanto para nada
J .Israel Martínez Macedo
Desde que salieron a la luz, se discutieron y aprobaron las reformas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), se dijo que estaban hechas al aventón y contenían varios errores que dificultaban la correcta interpretación y aplicación de la ley.
En estos días, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no sólo confirmaron lo anterior, sino que además, tuvieron que corregir los errores de los legisladores para que el Cofipe pudiera aplicarse sin que violara los preceptos legales establecidos.
La Corte declaró inconstitucionales las multas que se fijaron para sancionar a los ciudadanos, empresas, y partidos políticos que violen la prohibición de contratar espacios en radio y televisión para difundir propaganda electoral, todo por un error de redacción de los legisladores.
El problema radica en que se indicaban multas fijas para sancionar los ciudadanos, empresas y partidos políticos, lo cuál está prohibido por el artículo 22 de la Constitución. Sin embargo, en el caso de las televisoras y radiodifusoras, los ministros determinaron que era válido mantener el castigo propuesto por los legisladores porque se salva dada la palabra “hasta” que indica como tope máximo los 100 mil días de salario mínimo, aunque destacaron que al no haber un mínimo la punición menor podría ser, incluso de un día.
Así, nuevamente, todo quedará en manos de la interpretación y buen juicio de un hombre que en el cargo de juez decidirá si una televisora o empresa de radio deberá pagar 50 pesos o 5 millones por una violación al Cofipe.
Cuando parecía que los ministros dejarían sin sanción a los ciudadanos, empresas y partidos políticos, el presidente de la SCJN, Guillermo Ortiz Mayagoitia, propuso a sus compañeros suplir los errores de los legisladores para no dejarlos sin castigo y así, no acaten las determinaciones del Cofipe.
La propuesta es imponerles una multa de hasta 500 días de salario mínimo, misma pena que se había establecido para quienes aporten recursos a los candidatos o partidos de manera irregular, la cantidad es infinitamente menor a los 100 mil días que se habían planteado.
Los ministros hicieron algunas observaciones de tipo netamente político que se consideraron igualmente inconstitucionales, como la llamada “cláusula de vida eterna” que pretendía que en alianza, los partidos grandes pudieran “regalarle votos” a los pequeños para que no perdieran su registro.
Causa sorpresa ver que sí se pretende sancionar a ciudadanos, empresas y partidos por la propaganda electoral, pero sólo con el pago de un máximo de 500 días de salario mínimo, es decir que aproximadamente un partido, empresa o ciudadano tendrá que pagar hasta 25 mil pesos (calculándolo en 50 pesos aproximadamente) por promover o denostar a un candidato u otro en televisión o radio.
La cantidad suena irrisoria si pensamos en las cantidades que se pagan por un anuncio, en promedio, una campaña publicitaria completa en radio, por ejemplo, no baja de los 100 mil pesos por un mes, en tiempo electoral sube el precio, y si ganando el candidato la empresa tendrá asignada alguna partida presupuestal, yo no sé ustedes, pero vale la pena la mínima inversión en el pago de una multa de 25 mil pesos.
Igualmente por parte de los partidos, pagar 25 mil pesos de multa como máximo por meter propaganda “extra” en televisión y radio suena a que seguiremos viendo este tipo de prácticas de campañas negras y excesos en los gastos de publicidad.
Quienes se tendrán que “rifar el físico” serán las televisoras y radiodifusoras del país que se atrevan a transmitir dichos anuncios propagandísticos pues para el gremio las multas pueden ser realmente elevadas, aunque pensándolo bien, con un juez que sea, digamos, considerado con la empresa, igual y termina siendo una bicoca lo que se sancione.
Dicho de otro modo, tanto candado, tantas quejas de violación a la libre expresión, tanto estarse amparando para continuar haciendo campañas alternas en radio y televisión, para que todo quede en sanciones “de chocolate” a quienes quieran continuar con las prácticas de toda la vida.
PARÉNTESIS
Una felicitación a Carlos Macedo Aguilar, no sólo porque la segunda edición de su libro logró romper el récord de ventas de la pasada edición de la Feria del Libro de Guadalajara, sino porque este día tomará protesta como vicepresidente de la Barra Nacional de Abogados AC, que presidirá José Antonio Betancourt y que contará con juristas de gran nivel como, José Elías Romero Apiz y Juan Collado…
Sobre el tema de la diversificación de la delincuencia organizada en la entidad, han llegado a esta columna, vía correo electrónico, algunos reportes de lo que platicaré con mayor profundidad el próximo lunes, sólo adelantar que el monstruo está más cerca de lo que parece.
israel.martinez@milenio.com
lunes, 3 de diciembre de 2007
Tres tiros de la Suprema Corte / Columna
De medios y otros demonios
Tres tiros de la Suprema Corte
J. Israel Martínez Macedo
Parecería inocente, por expresarlo decentemente, creer que en un mundo globalizado, como el de los tiempos actuales, se pueda actuar impunemente en casos que tienen una relación tan estrecha con asuntos de interés mundial: la defensa de las garantías individuales.
Los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvieron que “no hubo violación grave de las garantías individuales en perjuicio de la periodista independiente Lydia Cacho” relacionado con la detención de que fue objeto en Quintana Roo y su traslado a Puebla para ser juzgada por ordenes del gobernador Mario Marin.
La resolución de los ministros de a Suprema Corte es lamentable por muchos aspectos, el más importante: que dejan abierta la puerta a la violación de las garantías individuales de cualquier ciudadano mexicano por parte de las autoridades, siempre y cuando tal agresión no pueda ser considerada por los jurisperitos como grave.
Así, usted, yo o cualquier persona puede ser detenida y trasladada a otro estado bajo pretexto de ser acusado de un ilícito, el que sea; se le puede presionar para declararse culpable y cuando recurra al máximo tribunal a exigir justicia sépase lo que nos van a contestar: “no se demostró la existencia de violación grave de las garantías individuales, en termino del artículo 97 de la Constitución” y luego le señalaron que en todo caso de trata de “irregularidades menores”.
En segundo término es un golpe a la solicitud de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) a la administración de Felipe Calderón acerca de garantizar la seguridad jurídica y personal de los reporteros del país. El Estado mexicano no puede, y da muestras de ello, garantizar seguridad de ningún tipo a los reporteros y en general, a cualquiera que desee investigar temas como la corrupción o colusión de las autoridades en la delincuencia.
Pero también es un golpe a la propia institución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, era una de las pocas que había sobrevivido a cuestionamientos sobre credibilidad y la determinación los ha puesto en tela de juicio, incluso internacional.
El 30 de noviembre, Reporteros Sin Fronteras emitió un comunicado al respecto en el que señala: “Desde que, en 2004, denunció la existencia de una red de pedofilia, en la que implicaba a personalidades situadas muy arriba, Lydia Cacho no dejó de sufrir amenazas, agresiones e intentos de atentados, hasta su breve detención en 2005. Al decidir, a favor del gobernador de Puebla, Mario Marín, que no ha lugar sobre ese punto, y al atreverse a decir, contra toda evidencia, que no se burlaron los derechos constitucionales de Lydia Cacho, la SCJN ha concedido una auténtica prima a la impunidad. El epílogo de este sombrío caso sienta un preocupante precedente para la libertad de prensa y los derechos humanos en México…
“La sentencia contradice el informe elaborado por el juez Juan Silva Meza, entregado a la Corte el 26 de noviembre. El magistrado considera que existía ‘un acuerdo entre las autoridades de Puebla y Quintana Roo (Este) para violar las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho’. En el informe se acusa al gobernador, al fiscal general y al presidente del Tribunal Superior de Puebla, así como a cuatro jueces y varios funcionarios gubernamentales.
“‘la decisión de la Corte es una derrota para el gremio mexicano que cubre o investiga casos relacionados con las redes de tráfico de personas. Los ministros mandan un mensaje al país de que ni siquiera este tipo de casos van a ser reconocidos por la institución’, ha manifestado Lydia Cacho al conocer la noticia”. Concluye el comunicado de la organización Reporteros Sin Fronteras.
La decisión de la corte representa un atentado de tres disparos: el primero en contra de las garantías individuales de todos los mexicanos; el segundo demostrando que no hay ningún tipo de seguridad para la investigación periodística y el tercero que lo coloca con un severo cuestionamiento sobre la credibilidad de las decisiones del máximo tribunal del país, no sólo en México, sino a nivel internacional.
israel.martinez@milenio.com
Tres tiros de la Suprema Corte
J. Israel Martínez Macedo
Parecería inocente, por expresarlo decentemente, creer que en un mundo globalizado, como el de los tiempos actuales, se pueda actuar impunemente en casos que tienen una relación tan estrecha con asuntos de interés mundial: la defensa de las garantías individuales.
Los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvieron que “no hubo violación grave de las garantías individuales en perjuicio de la periodista independiente Lydia Cacho” relacionado con la detención de que fue objeto en Quintana Roo y su traslado a Puebla para ser juzgada por ordenes del gobernador Mario Marin.
La resolución de los ministros de a Suprema Corte es lamentable por muchos aspectos, el más importante: que dejan abierta la puerta a la violación de las garantías individuales de cualquier ciudadano mexicano por parte de las autoridades, siempre y cuando tal agresión no pueda ser considerada por los jurisperitos como grave.
Así, usted, yo o cualquier persona puede ser detenida y trasladada a otro estado bajo pretexto de ser acusado de un ilícito, el que sea; se le puede presionar para declararse culpable y cuando recurra al máximo tribunal a exigir justicia sépase lo que nos van a contestar: “no se demostró la existencia de violación grave de las garantías individuales, en termino del artículo 97 de la Constitución” y luego le señalaron que en todo caso de trata de “irregularidades menores”.
En segundo término es un golpe a la solicitud de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) a la administración de Felipe Calderón acerca de garantizar la seguridad jurídica y personal de los reporteros del país. El Estado mexicano no puede, y da muestras de ello, garantizar seguridad de ningún tipo a los reporteros y en general, a cualquiera que desee investigar temas como la corrupción o colusión de las autoridades en la delincuencia.
Pero también es un golpe a la propia institución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, era una de las pocas que había sobrevivido a cuestionamientos sobre credibilidad y la determinación los ha puesto en tela de juicio, incluso internacional.
El 30 de noviembre, Reporteros Sin Fronteras emitió un comunicado al respecto en el que señala: “Desde que, en 2004, denunció la existencia de una red de pedofilia, en la que implicaba a personalidades situadas muy arriba, Lydia Cacho no dejó de sufrir amenazas, agresiones e intentos de atentados, hasta su breve detención en 2005. Al decidir, a favor del gobernador de Puebla, Mario Marín, que no ha lugar sobre ese punto, y al atreverse a decir, contra toda evidencia, que no se burlaron los derechos constitucionales de Lydia Cacho, la SCJN ha concedido una auténtica prima a la impunidad. El epílogo de este sombrío caso sienta un preocupante precedente para la libertad de prensa y los derechos humanos en México…
“La sentencia contradice el informe elaborado por el juez Juan Silva Meza, entregado a la Corte el 26 de noviembre. El magistrado considera que existía ‘un acuerdo entre las autoridades de Puebla y Quintana Roo (Este) para violar las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho’. En el informe se acusa al gobernador, al fiscal general y al presidente del Tribunal Superior de Puebla, así como a cuatro jueces y varios funcionarios gubernamentales.
“‘la decisión de la Corte es una derrota para el gremio mexicano que cubre o investiga casos relacionados con las redes de tráfico de personas. Los ministros mandan un mensaje al país de que ni siquiera este tipo de casos van a ser reconocidos por la institución’, ha manifestado Lydia Cacho al conocer la noticia”. Concluye el comunicado de la organización Reporteros Sin Fronteras.
La decisión de la corte representa un atentado de tres disparos: el primero en contra de las garantías individuales de todos los mexicanos; el segundo demostrando que no hay ningún tipo de seguridad para la investigación periodística y el tercero que lo coloca con un severo cuestionamiento sobre la credibilidad de las decisiones del máximo tribunal del país, no sólo en México, sino a nivel internacional.
israel.martinez@milenio.com
Suscribirse a:
Entradas (Atom)