UAEM: A jugar ¡Stop! / Columna

De medios y otros demonios

UAEM: A jugar ¡Stop!

J. Israel Martínez Macedo

La sucesión en la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) tiene a todos los interesados con los pelos de punta. El rector pidió calma, no obstante, no ha faltado quien —creyéndole a los fantasmas del pasado, presente y futuro— ha comenzado a moverse para que espacios afines en medios los presenten como “el delfín de Gasca” o “alguien muy cercano” solo para crear la imagen de que es “la opción lógica”.
El nerviosismo y estrés se percibe en el ambiente pero quizá sea totalmente innecesario. Quizá quienes asesoran (a veces parece que más bien desorientan) a los cuatro suspirantes evidentes no saben que ese tema ha sido ya tratado en, al menos, un par de reuniones en las oficinas de Lerdo 300 (aunque no necesariamente en la puerta 216).
Es altamente probable que el mensaje de “no moverse” enviado por Eduardo Gasca Pliego tenga que ver con estas reuniones. Es igualmente probable que, por las fechas en que estamos, el futuro rector de la Máxima Casa de Estudios ya sepa todo esto y aun más. Insistir es un error y los errores se pagan, con asesores o sin ellos. El mejor consejo es atender la máxima: “el que se mueve no sale en la foto”.
Podría aplicar aquello de que no haya un quinto malo… después de todo, el Valle de México está empoderado ¿o no?

Paréntesis
El secuestro de personal del “Siglo de Torreón” representa una realidad que se mantiene sin importar el cambio de administración federal en el poder. El hecho representa un problema muy delicado pues ahora ya no solo los medios o los periodistas son objeto de los ataques de la delincuencia sino también los trabajadores que, sin deberla ni temerla, sufren las consecuencias de la situación que se vive.
De todas las medidas que se han anunciado para garantizar la seguridad del ejercicio periodístico en México —tanto con Felipe Calderón Hinojosa como con Enrique Peña Nieto— ninguna ha logrado arrojar resultados positivos, lo que implica un evidente daño al nivel de libertad de expresión que se tiene.
La muestra fue que el mismo “Siglo de Torreón” decidió no informar detalles sobre los motivos y circunstancias en que ocurrió el secuestro por seguridad de sus trabajadores. Durante años México tuvo una mordaza en la boca, ahora tiene una pistola que cumple el mismo fin. El ejercicio de la profesión se acerca más a un (parafraseando a Hugo Chávez) “mentira o muerte” que a la guajira posibilidad de una expresión libre y responsable.

Punto y aparte
La propuesta del “Mexicable”, anunciado por el gobernador Eruviel Ávila Villegas, podría nacer con problemas de origen y es que el nombre ya lo usan empresas de servicios de telecomunicaciones. Para como anda el GEM, un pleito por derechos de marca es lo que menos necesitan.

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El México que vivimos / Columna

De medios y otros demonios

El México que vivimos

J. Israel Martínez Macedo

Vaya días los anteriores: primero la detención de dudosa legalidad de la periodista Sunjuana Martínez; los ataques a las instalaciones de El Norte, en Monterrey; la firma de México al ACTA; la del convenio de colaboración de los gobernadores para la protección a periodistas y defensores de derechos humanos; y la invención del “periodismo colonizante” de AMLO.
La detención de Sanjuana Martínez tuvo tintes de revanchismo dado que la jueza que gira la orden de aprehensión por un asunto civil, Luz María Guerrero Delgado, es la misma que la reportera había denunciado en trabajos periodísticos y contra quien presentó una denuncia por corrupción ante el Consejo de la Judicatura de Nuevo León. La acción (i)legal confirmó en los hechos la denuncia.
La juez sigue repartiendo justicia al mejor postor y la reportera, según narra en una excelente crónica en su blog, ya se encuentra en libertad luego de pasar una noche en prisión sin que hubiera motivos legales para mantenerla ahí. El México corrupto e impune en que vivimos.
El martes amanecimos con la noticia del ataque con granadas al diario El Norte de Monterrey, comimos con lo que se pensaba una copia de la información pero después se supo que era un segundo ataque. El México violento e impune en que vivimos.
La noche del jueves México firmó el Acuerdo Comercial Contra la Falsificación (ACTA por sus siglas en inglés) una propuesta que limita el uso de la información en internet y pone en riesgo los datos privados en la red, por algo la Cofetel y el IFAI se han pronunciado en contra.
La firma no significa nada más que el reconocimiento tácito de que “donde mandan las empresas no gobierna ‘Presidente del empleo’”. ACTA es un acuerdo que obliga a los Estados a crear leyes para hacerlo valer, pero aún debe ser ratificado por el Senado, la firma del gobierno no vale sin la ratificación. El México de simulaciones impunes en que vivimos.
A este hecho se suma otra firma, la de los gobernadores del país a otro acuerdo, el de protección de periodistas y defensores de derechos humanos, todos muy felices aseguraron que harán lo que se necesite para su cumplimiento, claro que no dicen que los principales agresores son políticos pero qué importa, es el México de cinismo impune que en que vivimos.
La última, una joya: López Obrador explota contra el editorial del diario español El País que, en resumen, advierte que es un limitante para la izquierda. Los acusa de hacer “periodismo colonizante”; por más que busqué no pude encontrar una referencia que definiera lo que AMLO quiso decir, a menos que esté advirtiendo que aquel medio busque conquistar nuestro país. El México absurdo e impune en que vivimos.
Es cierto, existen muchos tipos de México pero en todos coincide una cosa, el origen de todos los males tal vez: la impunidad. Es el México simplemente impune en que seguimos viviendo.

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El problema no es la ley / Columna

De medios y otros demonios

El problema no es la ley

J. Israel Martínez Macedo

La Ley de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y de Federalización de los Delitos cometidos contra Periodistas (mejor conocida como Ley de Protección a Periodistas) es un pequeño avance —con tintes electorales— en la lucha por reducir las agresiones y ataques a quienes dedican su vida a la defensa de los derechos humanos y a informar a la población.
Desafortunadamente el contexto que rodea la firma de esta Ley por parte del presidente Felipe Calderón evidencia un total desconocimiento (o desinterés) de la situación sobre cómo se encuentra el periodismo en México y da muestra de ser sólo una medida para intentar de acallar voces internacionales y nada más.
Cada organización que investiga agresiones a reporteros, fotógrafos, camarógrafos y medios en el país, sea nacional o internacional, ha documentado la misma situación (con ligeras diferencias en las cifras según su criterio pero todos llegan a igual conclusión): los principales agresores son funcionarios o políticos.
¿Qué pasará en los casos en los que la misma autoridad que deba hacer valer la ley sea señalada como “autor material” de la agresión?
Aunado a ello no queda claro bajo qué condiciones actuará la Ley y aunque se anuncia un fondo para la aplicación integral de la ley, tampoco se señala la manera en que se generarán las garantías para la protección del periodista en riesgo o el tiempo que pueda durar esa protección.
Por si esto fuera poco se debe reconocer que la delincuencia organizada ha infiltrado fuerzas policiacas en los distintos niveles, por lo que quedar bajo el resguardo de estos tampoco garantiza la seguridad de reporteros, fotógrafos, camarógrafos o medios que sean amenazados.
El problema, esencialmente, no es la falta de una ley sino la falta de una autoridad que haga valer esa ley. El gobierno federal ha sido rebasado por la delincuencia pero en el ámbito estatal y municipal las cosas no son muy diferentes: crímenes que no se esclarecen, denuncias que quedan como mero anecdotario o son simple trámite para el cobro de algún seguro y nada más.
El problema con la seguridad a los periodistas no es distinto del resto de la seguridad a la población: no se trata de la ley sino de la falta de capacidad para hacerla cumplir. Bienvenida la iniciativa pero en definitiva se queda corta, muy corta.

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Porque hay prioridades / Columna

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Porque hay prioridades

J. Israel Martínez Macedo

En medio del fervor casi religioso de los políticos y sus militancias respecto a la importancia e influencia que el debate pueda tener en el resultado final del proceso electoral presidencial, millones de personas apenas saben que se llevará a cabo éste ejercicio, en tanto que el país se nos cae a pedazos.
En Veracruz quedó claro que no hay más poder que el de la delincuencia organizada, después del asesinato de la reportera Regina Martínez, los fotorreporteros Gabriel Huge, Esteban Rodríguez y Guillermo Luna así como Irasema Becerra (ex empleada de un periódico local) sufrieron las mismas consecuencias.
En Nuevo León la delincuencia organizada dejó, literalmente, colgados de un puente a nueve personas para horror de quienes vieron la imagen, que dicho sea de paso, no sólo llegó a los distintos medios sino que circuló en algunas redes sociales.
Los aumentos a las gasolinas parecen interminables y se reflejan directamente en el bolsillo de la población, basta que suba el precio unos cuantos centavos para que los transportistas exijan un aumento de varios pesos y con ello el precio de todos los productos.
Los salarios valen cada vez menos y la gente tiene que buscar hasta dos o tres trabajos para poder solventar los gastos familiares.
Las grandes televisoras nacionales, en manos de apenas dos personas, deciden mantener esquemas de baja calidad en sus producciones mientras una buen aparte de usuarios se tienen que conformar con esa penosísima oferta de entretenimiento porque el acceso a la televisión de paga se hace cada vez más complicada pese a los esquemas de competencia que surgen.
Los empresarios exigen que el gobierno actúe en pleno uso de sus facultades y detenga la circulación de piratería en prácticamente todo lo que se compra en el país, desde ropa hasta algunos artículos de consumo personal, pero no puede hacerlo porque de otra forma la población no tendría acceso a ello.
Lo importante es que nuestros políticos —de cualquier partido, que en esto todos son iguales— son y seguirán capaces de ignorar la situación del país para centrar su preocupación en quién va a ganar un simple, aburrido y sin sentido “debate” que (y que conste que escribo antes de que ocurra) apuesto que será sólo un “tianguis de ideas” que no llegará a nada… como tantos otros antes que éste.
Queda claro que cada quién tiene sus intereses y prioridades, la gente en lo suyo (comida, seguridad, empleo, paz) y los políticos también (poder, poder, poder, poder), sólo resta esperar que llegue el día en que las de la gente también sean, honestamente, las de los políticos… algún día.

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¡Peligro: Funcionario suelto! / Columna

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¡Peligro: Funcionario suelto!

J. Israel Martínez Macedo

Entre sismos, réplicas, visitas papales y registros electorales; el reporte “Silencio forzado: el Estado, cómplice de la violencia contra la prensa” de la ONG Article 19 causó interés sólo en algunos grupos dedicados al seguimiento de la situación de prensa en el país, por eso es necesario retomar algunos datos relevantes del informe.
En primer lugar, la organización muestra un conteo de agresiones y ataques durante 2011 que detalla 11 reporteros muertos, 2 desapariciones, 7 detenciones ilegales, 6 privaciones ilegales de la libertad, 76 agresiones físicas/materiales, 20 amenazas, entre otras tantas que suman un total 172.
Luis Emanuel Ruiz Carrilo, Noel López Olguín, Pablo Aurelio Ruelas, Miguel Ángel López Velasco, Misael López Solana, Yolanda Ordaz de la Cruz, Humberto Millán Salazar, Marcela Yarce, Elizabetha Macías Castro, Maribel Hernández y Rodolfo Ochoa Moreno son los nombres de los 11 reporteros o trabajadores de medios asesinados durante 2011 también destaca Veracruz como el estado en el que la violencia contra periodistas se desató en un solo año.
Por profesión, reporteros y fotógrafos continúan como las víctimas más vulnerables del gremio mientras que las instalaciones de medios ocupan el tercer lugar en la lista de ataques.
Sobre los agresores, el reporte de Article 19 revela un dato por demás interesante, lejos de la idea popular de que la delincuencia organizada es el principal agresor de reporteros, resulta que son los funcionarios públicos quienes se convierten en los principales victimarios en México con 72 casos registrados contrastantes con los 23 que se reporta de la delincuencia organizada. Aún sumándole al crimen organizado los 35 casos que se consideran “no determinados” los funcionarios públicos mantienen el primer sitio de la medición.
Lo lamentable de esta cifra es que contabilizando las agresiones desde 2009 a 2011 la tendencia es la misma, de los 565 casos registrados por Article 19, más de la mitad, 303 (53.63%), fueron perpetrados por funcionarios públicos; por parte de la delincuencia organizada se registran 77 casos (13.63%).
Con la cercanía de las elecciones y los desvíos de recursos (que nunca ocurren) las agresiones por parte de funcionarios y miembros partidistas podrían aumentar en 2012 por lo que habrá más atención en estos casos.
La realidad del periodismo en México que detalla este reporte revela el origen de nuestra peligrosa realidad: los principales agresores de los medios no son los delincuentes sino las personas que nos gobiernan y, en ocasiones, quienes deberían protegernos. Triste pero cierto.

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Falta quién haga cumplir la ley / Columna

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Falta quién haga cumplir la ley

J. Israel Martínez Macedo

El senador Manlio Fabio Beltrones informó en un ambiguo comunicado que la bancada priista avalará una reforma constitucional en materia de protección a periodistas justo en medio de los cuestionamientos a los legisladores que aprobaron la reforma electoral de 2007 que han causado tanto revuelo en materia informativa.
En el comunicado, disponible también en la página personal del propio senador, se indica que la modificación se realizará en el artículo 73 de la Constitución, mismo que es referente a las facultades del Congreso.
“La reforma constitucional que habremos de aprobar faculta a las autoridades a atraer e investigar delitos contra periodistas e instalaciones que afecten el derecho a la información o las libertades de expresión e imprenta, y se inscribe dentro del ciclo de reformas en materia de derechos humanos y amparo que el Senado de la República ha discutido y aprobado desde el 2011 (sic)”.
El texto le atribuye al senador Beltrones que “De ninguna manera podemos conceder que el crimen organizado imponga el silencio o la censura en el espacio público y, por ello, seguiremos trabajando para que el gobierno federal disponga de los instrumentos jurídicos necesarios para reforzar la lucha contra la delincuencia organizada y terminar con la impunidad de los agresores”.
El problema, como mucho se ha dicho y discutido en este y otros espacios, no es la legislación sino el incumplimiento constante de la misma. No parece haber una sola autoridad en ningún nivel de gobierno que pueda hacer valer la ley.
No se trata de una falta de leyes o de procedimientos o de nivel de investigación se trata de corrupción e impunidad pero eso no se soluciona con reformas, sino con trabajo conjunto aunque eso, a estas alturas, ya parece demasiado pedir.

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Todos somos responsables / Columna

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Todos somos responsables

J. Israel Martínez Macedo

Con el asesinato de las reporteras Ana María Marcela Yarce Viveros y Rocío González Trapaga el conteo de periodistas víctimas de la delincuencia en México asciende a nueve en lo que va de 2011 y, aunque algunos casos tienen como móvil el robo, la constante es la preocupación regional de los trabajadores de los medios.
Sin lugar a dudas y lastimosamente, nuestro país es el sitio más peligroso para el ejercicio del periodismo en todo el mundo, más allá de las cifras y datos recabados, es un hecho que hacer periodismo de calidad para investigar la delincuencia organizada, la corrupción y varias otras cosas que ocurren en este lugar es prácticamente firmar una sentencia de muerte.
Es cierto que la inseguridad y los muertos no son privativos de la actividad periodística. Quienes fallecieron mientras se divertían en un casino de Monterrey, los que van caminando por la calle y caen víctimas de una bala perdida, quienes perecen a causa de una agresión con arma blanca podemos ser, en este momento, cualquiera de nosotros.
La cuestión es que la descomposición social ha llegado a tal extremo que se pierde el interés sobre lo que pasa en otras regiones para enfocarse en lo que ocurre en lo cercano, en lo propio y nada más.
El sur del Estado de México es objeto de ataques y violencia que se intensificó desde hace un par de demandas con la presencia de más elementos de la ASE y el Ejército mexicano en los municipios de Luvianos, Tejupilco, Sultepec, Zacualpan, Ixtapan de la Sal y hasta el turístico Valle de Bravo; sin embargo, no hay forma de que los reporteros puedan realizar su trabajo sin poner en riesgo sus vidas.
Cualquiera que pregunta algo, quien se atreva a averiguar qué está pasando, quien hable se vuelve en una víctima más de esto que se ha convertido en una masacre porque definitivamente se ha superado el término guerra.
Esa misma preocupación regional que vive el país se refleja en los medios y sus reporteros. Los del norte ocupados y preocupados por ellos, los del centro lo mismo, los del Golfo de México tienen igual problema. Todos comparten el flagelo de la delincuencia, los políticos corruptos, el descontento de la gente que encuentra en ellos una forma de sacar el coraje y rencor acumulado, pero sólo hay preocupación por lo regional.
Los reporteros del norte ocupados en sus víctimas, en “presionar” a su modo y hasta donde se pueda para obtener resultados de las investigaciones y que los casos no queden en la impunidad; los del centro, el Golfo, el Pacífico, cada uno haciendo lo mismo.
El miedo nos ha hecho perder el horizonte, nos orilla a vivir viendo sólo por nosotros mismos y nada más, nos hace cometer errores, nos hace decidir mal y nos lleva a un círculo vicioso en el que nos entrampamos. Tenemos dos opciones, vencemos el miedo, vemos y cambiamos nuestro entorno o nos rendimos como país a la delincuencia. Es nuestra decisión, una decisión individual que afecta en lo grupal pero todo somos responsables del resultado, eso sin duda.

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La reforma "por la culata" / Columna

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La reforma “por la culata”

J. Israel Martínez Macedo

Este martes 2 de agosto el diputado Horacio Jiménez López presentó, durante la sesión de comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Procuración de Justicia, una propuesta para agravar los delitos de lesiones y homicidio cuando la víctima sea un periodista. La medida fue aprobada en esa instancia pese a que se trata de una iniciativa de tipo coyuntural que no abona a la solución de un problema real y severo: las agresiones a periodistas.
Pese a lo “bonita” que parece la medida, es un hecho que genera muchas dudas, no sólo en cuanto su intención sino en la situación de fondo y las implicaciones que esto puede tener.
Una de las situaciones que hace tan complicado este asunto es la definición legal de “periodista”. Para que se pueda sancionar la misma ley debe indicar qué se entenderá en ella por “periodista” o de lo contrario la aplicación de esta agravante sólo sería posible aplicarse a criterio del juez.
Sobre esa situación se han hecho muchos intentos para lograr una definición clara que abarque las actividades de quienes nos dedicamos a esta labor pero al hacerlo resulta que cualquier persona cae dentro de ella o hay periodistas que quedan fuera del supuesto.
En algún momento se intentó hacer la diferencia con base en la capacidad de publicar o presentar información en los distintos medios de comunicación pero resulta que la tecnología le permite a todo el mundo publicar en un blog o una página propia de internet, un canal de Youtube o un podcast.
Bajo este supuesto, entonces: ¿quién es periodista? ¿A quién va a proteger la ley en sus agravantes para agresión a un periodista? ¿Cómo va a comprobar el periodista que lo es? ¿Basta con haber publicado en cualquier medio por internet para ser periodista?
La ambigüedad del caso sólo genera que quienes sean acusados con el agravante de agresión u homicidio a un periodista tenga elementos suficientes para interponer un amparo y, sí, lograr su libertad.
Suponiendo sin conceder que el diputado Horacio Jiménez no pretende obtener un beneficio político de la coyuntura que se dio por el homicidio del periodista Ángel Castillo en días pasados ampliamente repudiado, incluso por la Unesco; la realidad es que la propuesta es débil y contraproducente.
Incrementar las penas sólo porque la víctima es un periodista no soluciona el problema por un motivo muy simple: el delincuente no se frena por uno dos o 20 años más de cárcel y ello se debe a que sabe que para aplicarle la pena primero deben detenerlo y eso no ocurre.
Si la intención es frenar las agresiones y homicidios a periodistas se debe acabar con la impunidad, los delincuentes deben saber que si cometen un ilícito lo pagarán y eso no se arregla con un golpe de pluma en la ley que, tristemente, no se cumple ni se hace cumplir.

PARÉNTESIS
Por cierto que las investigaciones sobre el homicidio de Ángel Castillo Corona y su hijo van bastante avanzadas en la PGJEM, esperamos que la dependencia pueda presentar a los responsables pero una fuente informó, y otra confirmó, que no se trató de un ataque al periodista, sino de una víctima más de la inseguridad que se vive en el país, triste pero real.

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El deber de informar / Columna

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El deber de informar

J. Israel Martínez Macedo

Las agresiones contra periodistas en México continúan. El pasado martes 26 de julio nos desayunamos con la lamentable noticia de que la reportera de Notiver, Yolanda Ordaz de la Cruz fue encontrada muerta detrás de las instalaciones del periódico Imagen del Golfo tras 48 horas desaparecida, crimen que se suma a una larga lista que parece no deja de crecer.
La situación para los reporteros en Veracruz se ha vuelto insostenible y pone en riesgo las libertades de expresión y prensa, garantías que —se supone— las autoridades deben salvaguardar por mandamiento constitucional.
Tres días después de que se informara sobre el hallazgo del cuerpo de Yolanda Ordaz, nueve reporteros de la zona Veracruz-Boca del Río (entre ellos cinco del mismo diario Notiver) abandonaron la ciudad.
Una nota publicada por el propio medio informó que uno de los reporteros tuvo que ser trasladado en un helicóptero del gobierno federal y protegido por militares hasta una nueva ubicación que, evidentemente, se desconocía.
En la misma nota, el diario señala que un medio radiofónico (sin precisar cuál) quitó de su página web la sección policiaca y reasignó a sus reporteros de dicha fuente a otras áreas informativas por su propia seguridad.
Entre los reporteros que dejaron sus actividades y abandonaron la ciudad se encuentran algunos de Imagen del Golfo quienes sintieron que el hecho de que el cuerpo de Yolanda Ordaz fuera dejado cerca de sus instalaciones, representaba un claro mensaje contra ellos y sus actividades informativas.
La situación del periodismo en México no es nueva, ha tenido sus altibajos y responde, al parecer, a que los grupos del crimen organizado han aprendido a marcar y manejar la agenda informativa en los medios y regiones, lo que pone justo en la mira a los profesionales de la información.
Se supone que por ello la Procuraduría General de la República (PGR) creó la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas (FEADP) el 15 de febrero de 2006, pero en sus primeros 100 días de existir presentó un informe para anunciar la fabulosa cantidad de un caso resuelto, lo que significaría la tendencia de esta dependencia.
El hecho es que, pese a todo, la impunidad en las agresiones a periodistas subsiste como si la fiscalía simplemente no existiera. Son extremadamente pocos los casos que se resuelven y eso abona a que los ataques aumenten.
¿Cuál es el papel de los periodistas y los medios ante este escenario? Sólo uno: seguir informando. No se trata de convertirse en héroes o mártires, sino de asumir la labor informativa con responsabilidad, tomar todas las precauciones posibles y no minimizar las situaciones de riesgo y amenazas.
Tenemos el deber social de informar sobre lo que ocurre para que la gente pueda tomar decisiones de vida. Si dejamos de hacerlo, no sólo gana la delincuencia, ponemos en riesgo a la ciudadanía y sí, suena trillado pero es cierto, todos, absolutamente todos, perdemos.

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Marchas ¿para qué? / Columna

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Marchas ¿para qué?

J. Israel Martínez Macedo

Se cumplió una semana más del homicidio de Ángel Castillo y su hijo sin informes claros de la PGJEM, fuentes de la dependencia señalan que las investigaciones avanzan lentamente pero que sí se llegará a la resolución; la dependencia se niega a dar información con el argumento de que ello puede perjudicar al caso y pide paciencia.

En el afán de exigir respuestas, las organizaciones gremiales optaron por la salida política a través de marchas y “presiones” a las autoridades y con ello abrieron camino para que terceros se cuelguen para tratar de quedar bien con tintes evidentemente electoreros.

Lo triste es que también miembros del medio que, con poco o nulo éxito, le brincaron a la política o que abandonaron el barco del reporteo para convertirse en voceros de políticos; se colgaron del problema con la intención de repuntar en esas aspiraciones con miras a 2012.

Los representantes de las agrupaciones gremiales, voceros de prensa y algunos reporteros marcharon por las calles de Toluca para “exigir” a la Procuraduría la resolución del caso y se reunieron con personal de la Secretaría General de Gobierno.

Dicen que no se trata de un asunto político, que no están usando el nombre del buen Ángel con fines de esa índole. ¡Pamplinas! Marcharon por las calles molestando a la ciudadanía y portando mantas con frases que indicaban que “Enrique peña Nieto no ha podido detener los sangrientos ataques contra la prensa” y rematan con un “pedimos la intervención de la PGR y del presidente de la República Mexicana Felipe Calderón Hinojosa”.

¿Eso no es hacer uso político del homicidio de Ángel? Por supuesto que sí. Es cierto y sería una mentira decir que todos quienes participaron en esa marcha tienen la misma intención, como es tan falso asegurar que todos quienes no asistieron son unos desinteresados, malos amigos, traidores y no se cuanta verborrea más.

Es momento que las organizaciones gremiales actúen como lo que se supone que son, como periodistas. Se presentan para la foto y se entrevistan entre sí sólo para aparentar preocupación pero, en los hechos, ninguno ha procurado llevar a cabo sus propias investigaciones que, se supone, son la esencia del periodismo.

Lo único que ellas hacen es publicidad para atraer a sus redes a más afiliados a quienes cobrarles cuotas, engrosar sus filas y, a través de ello, ejercer presión en gobierno para exigir publicidad y otras dádivas.

¿Dónde están sus próceres del periodismo, ganadores de múltiples preseas repartidas entre sí? ¿Están investigando la muerte de Ángel para contar con datos contrastables con la PGJEM? ¿Están ellas hablando con los medios para que estos adalides del periodismo trabajen y resuelvan los casos? No.

Que se resuelva y no se politice la muerte de Ángel es la exigencia de todos los reporteros. Politizarla es el interés de rémoras que se adhieren a la situación para obtener un beneficio personal. ¿Ruin? sin duda.

Pese a ello hay quienes mantienen el interés honesto de que el homicidio no quede impune, que actúan sin protagonismos y son sabedores de que no se pueden enarbolar banderas que no existen y “lanzarse como el borras” a atender bajos intereses… Sin necesidad de marchar.

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Del otro lado de la nota / Columna

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Del otro lado de la nota

J. Israel Martínez Macedo

“El mundo no está amenazado por las malas personas, sino por aquellos que permiten la maldad.” Albert Einstein

La mañana del 3 de julio dejó un fuerte impacto para los reporteros del Valle de Toluca, cuando muchos se alistaban para la cobertura de la jornada electoral se fue conociendo de la muerte de Ángel Castillo Corona, reportero de mil batallas quien fue asesinado junto con su hijo de 16 años.

La sintomatología gremial fue de sorpresa, la información impactó y caló en la sala de prensa del IEEM y se fue difundiendo en las respectivas redacciones y sitios de la cobertura.

La noticia fue escueta: víctima de un presunto asalto, Ángel y su hijo perdieron la vida en la carretera México-Santiago-Chalma, alrededor de las 3:30 cuando viajaban de regreso a su casa procedentes del municipio de Ocuilan.

Más rápido que inmediatamente se escucharon las voces que reclamaban que se esclareciera el crimen, las que exigían justicia y las que victimizaron (sin más pruebas que sus propias suspicacias) a todo el gremio diciendo que estamos en situación vulnerable y que no hay interés del gobierno por protegernos y otros lamentos más.

Días después, la asociación Compañeros Nacionales de Periodistas y Editores (Conape) reveló datos de la carpeta de investigación 120130550083111 de la Procuraduría estatal en la que señalan que Ángel fue atacado a golpes mientras que su hijo fue atropellado intencionalmente.

En una lamentable redacción, para ser periodistas, el comunicado de la Conape señala que uno de los dos sobrevivió a la agresión y que fue trasladado a un hospital de la capital mexiquense en donde terminaría perdiendo la vida, aunque no se puede determinar quién de ellos; la confusión reinó y los rumores empezaron a surgir.

Representantes de las distintas asociaciones periodísticas buscaron la reunión con el procurador Alfredo Castillo, quien les pidió un voto de confianza para llevar a cabo las investigaciones, no obstante las agrupaciones buscan presionar a la PGJEM para que entregue resultados a la brevedad.

Es importante ver cómo a pesar de las diferencias que siempre han causado separación entre los periodistas mexiquenses se genera unidad tras la muerte de uno; sin embargo, no se deben echar las campanas al vuelo, cada agrupación tiene su propia lucha y, reconozcámoslo, la unidad es momentánea.

La PGJEM está tardando en presentar resultados de la investigación, aparentemente buscan a los responsables, pero ante la tardanza y la falta de información fidedigna, da pie a que las especulaciones crezcan y con ellas, el malestar y la exigencia que se torna en movilizaciones y reclamos.

Pese a todo, el gremio periodístico debe aprender una importante lección: la de estar del otro lado de la noticia. El que uno “de los nuestros” sea víctima, nos debe llevar a mejorar el tratamiento informativo que hacemos de lo que ocurre en México, el homicidio de Ángel debe esclarecerse pero como muchos otros que también fueron asesinados en el anonimato, la ignominia y la impunidad.

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Algo más que sólo política / Columna

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Algo más que sólo política

J. Israel Martínez Macedo

Hoy no quiero escribir de las campañas del Estado de México. ¡Me resisto! Estoy hasta el gorro de las campañas del Estado de México. Lo más curioso de todo es que parece que no soy el único al que los candidatos, partidos y todo lo que tiene que ver con el “submundo electorero” ya lo tiene fastidiado y lo que le sigue.

La contienda se ha convertido en una broma: insustancial, vacía sin contenido, sin propuestas. Lo más grave y lamentable de todo es que nada parece cambiar para mejorar. Los candidatos no tienen el mínimo interés en decir cómo es que piensan hacer que sus promesas se cumplan y no hay una sola que se vea como solución real a problemas tangibles.

Además hay muchas cosas que están pasando en este mismo estado y que son mucho más importantes que las chapitas de Eruviel, la barba de Encinas o la apariencia de Bravo Mena.

Lo dije desde el sábado y lo repito, no hay nivel en la contienda pero tampoco en el electorado que se ha dejado distraer con cosas tan banales como los chistes sobre la imagen de los suspirantes a la gubernatura, claro, en el mejor de los casos porque una gran —inmensa— mayoría no estaba ni por enterada de que hubo un debate.

Mejor hablemos de la situación que destapó la periodista colombiana Jineth Bedoya y desató el ataque de que fue objeto la corresponsal de CBS en El Cairo, Lara Logan, durante febrero: la violencia sexual contra periodistas en coberturas de alto riesgo es más común de lo que se pudiera llegar a pensar.

El Committee to Protect Journalists (Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ) documentó cualquier cantidad de casos de abusos sexuales contra periodistas —tanto hombres como mujeres—, principalmente en medio oriente pero sin dejar de mencionar casos en África y América.

Un crimen que se queda en el silencio porque la denuncia tiene repercusiones laborales para los agredidos, sienten que no serán enviados de nuevo a una cobertura, no serán tratados en serio o por cuestiones culturales que afectan sus vidas personales.

Otro tema puede ser el nivel de violencia que parece no bajar en México, el martes de la semana pasada el jefe de Información del diario “Novedades de Acapulco” fue secuestrado y es la fecha en que se desconoce su paradero; claro que el ambiente político que se vive en el país hizo que el hecho pasara casi desapercibido, eso sí, celebramos todos la libertad de expresión, aunque muchos sigan sin saber qué es ni para qué sirve y menos cómo se usa.

Ni qué decir de la interminable lista de pendientes y casos que se esconden en las calles y que siguen sin contarse porque no ha habido un solo reportero que muestre interés y habilidad para detectarlo. Casos que no quedan en el olvido porque el interés está centrado en “las chapitas”, “la barba” o “la apariencia”.

Dejar la política exclusivamente a los políticos es un “harakiri” de la sociedad: si hacen todo lo que hacen bajo el escrutinio, ¿qué no harán si dejamos de observarlos? Pero no centremos todas las miradas en ellos, fuera de ese entorno burlesco en el que se ha convertido la política mexicana hay un mundo qué ver, analizar, informar… y vale la pena hacerlo.

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Reporte Cepet 2010 / Columna

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Reporte Cepet 2010

J. Israel Martínez Macedo

El pasado 2 de marzo no sólo se conmemoró un aniversario más de la erección del Estado de México, también se presentó el Informe 2010 sobre el estado de la libertad de expresión en México, “De la autocensura a la interlocución con los victimarios” que presenta el Centro de Periodismo y Ética Pública (Cepet).

Este recuento cuantificó nueve asesinatos de trabajadores de los medios, tres reporteros desaparecidos, y dos más se vieron en la urgencia de abandonar el país tras recibir amenazas de muerte.

Se transitó de un escenario donde sólo se registraban las amenazas —eso sí, recurrentes—por los trabajos publicados; a un punto en el que, por el mismo motivo, los periodistas son golpeados, “levantados” o asediados, involucrando en el camino a sus familias.

Dentro de lo lamentable que implica todo esto para el ejercicio de la labor periodística se encuentra el subregistro de casos que se deriva del temor a denunciar por represalias del agresor o porque se sabe que no habrá ninguna acción o castigo.

Lamentablemente, la delincuencia organizada ha encontrado la manera de genera “agenda”. Los grupos criminales ejercen la agresión o la extorsión a los distintos medios para exigir que se publique o no una información según sus propios intereses, secuestran a los periodistas para utilizarlos después como moneda de cambio, tal cual fue el caso de los reporteros de Milenio y Televisa en Durango a finales de julio.

La violencia, pero sobre todo la impunidad, abre el espectro de las agresiones a cualquiera que tenga un resentimiento social guardado y encuentra en los representantes de los medios una persona para dejar salir el encono acumulado por varios sexenios.

Entre lo documentado por el Cepet, destacó que en 33 casos los agresores fueron las propias fuerzas de seguridad del Estado, entre policías municipales, estatales, ministeriales y soldados, incluso escoltas personales de autoridades, a los que, sumándoles los 16 casos en que los atacantes fueron directamente los funcionarios, deja una preocupante cifra de cuatro de cada diez agravios provenientes de alguna figura estatal.

Apenas hace unos días, en Toluca, un fotógrafo fue víctima de la agresión de un policía ministerial que, a punta de pistola, le quitó su equipo de trabajo. Horas más tarde la cámara le fue devuelta no así el resto del material. La denuncia fue interpuesta pero amenaza dormir “el sueño de los injustos”.

Sí, es evidente, se requieren garantías para ejercer con seguridad el periodismo, pero se requiere, hoy más que nunca, que reporteros y medios informen con veracidad, oportunidad y precisión.

@Mega_J_Israel_M

israel.martinez@milenio.com

"Seguir adelante" informando / Columna

De medios y otros demonios

“Seguir adelante” informando

J. Israel Martínez Macedo

El 26 de julio cuatro trabajadores de los medios fueron secuestrados por el narco (dice la PGR que fue cosa del cártel del Golfo) lo que generó la reacción de quienes laboramos en los medios y particularmente en las respectivas empresas (Multimedios, Televisa, el diario local El Vespertino).

La reacción sorprendió al gobierno. Denise Maerker decidió, junto con Televisa, manifestar su postura sacando del aire la emisión de su programa “Punto de Partida”, Multimedios hizo lo propio dando puntual seguimiento a lo que, desde un principio, fue un tema delicado en el que informar o no hacerlo podía repercutir en la seguridad de los secuestrados.

El gobierno federal reaccionó inmediatamente, no era para menos. Se tuvo un extremo cuidado en el manejo informativo pensando siempre en la seguridad de los informadores. El día del secuestro nada se dijo, era un secreto a voces en el medio. Fue hasta que 24 horas después de ocurrido, la CNDH exigió al gobierno su liberación a través de un comunicado; el documento fue replicado por los medios internacionales y después dado a conocer por los nacionales.

Poco se supo de lo que ocurrió. Sólo algunas pistas: Ciro Gómez Leyva dejó ver en la “Historia en Breve” del viernes 30 de julio que las negociaciones giraron en torno a las presiones por un video que los delincuentes querían que se difundiera en MILENIO Televisión y Televisa y que las estuvieron llevando, por lo menos inicialmente, los dueños o directores de cada empresa; por ello hizo la exigencia a la Secretaría de Gobernación de tomar las riendas de la negociación “cada quién a lo suyo”, en resumen.

Los hechos han generado decenas de reflexiones que van desde una exigencia (válida) de justicia, hasta el análisis del nivel de descomposición social al que ha llegado México-país, pasando -por supuesto- por la autocrítica sobre el papel de los medios o (como decía Álvaro Cueva en su “Ojo por ojo” de ayer), si estamos haciendo, o no, lo que la sociedad quiere y si debemos preocuparnos por que nadie nos aprecia.

A final de cuentas no se trata del primer secuestro de este año y es muy probable que, lamentablemente, no sea el último (por más que Francisco Blake prometa que ni uno más). Tristemente nos acostumbramos a leer, a saber de casos por todo el país.

El reportero que tiene cierto tiempo de experiencia sabe que es parte del trabajo ser “el malo del cuento”, que en una manifestación igual puede ser golpeado por la gente que por los policías y que, a pesar de ello, debe estar ahí.

El trabajo periodístico, visto así, es para kamikazes. Claro que no es la totalidad. La realidad es que hay quienes nunca en su vida enfrentan una situación de este tipo y que incluso buscan no hacerlo, vamos, que preferirían renunciar a tener que verse en una situación de este tipo.

La decisión del camarógrafo de Multimedios, Javier Canales, es ejemplar: cuando Ciro Gómez Leyva le preguntó qué viene en lo profesional, su respuesta fue tajante “Seguir adelante, trabajando con la cámara al hombro”.

No vivimos condiciones ajenas a las de ningún otro mexicano en este país y por eso la exigencia debe ser social: seguridad para todos, parejo. Como periodistas: no estamos aquí para caerle bien a nadie, para lloriquear o para martirizarnos; estamos para informar y eso debemos hacer en cualquier situación y bajo toda circunstancia.

israel.martinez@milenio.com

Entre funcionarios y criminales / Columna

De medios y otros demonios

Entre funcionarios y criminales

J. Israel Martínez Macedo

Entre pactos, alianzas, cochupos y negociaciones por debajo de la mesa; dos tópicos sobre el periodismo en México se perdieron entre la guerra de dimes y diretes con tintes más electoreros que sustanciales para el país: El informe de la ONG Article 19 y el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) señaló a los funcionarios públicos como los principales atacantes, mientras que el presidente Felipe Calderón salió a acusar al crimen organizado de este deshonroso calificativo.

Durante el Informe de Actividades del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en la residencia oficial de Los Pinos; el Presidente dijo que “Hoy sí la principal amenaza del pleno ejercicio de la libertad de expresión proviene precisamente del crimen organizado. Quienes someten, secuestran, levantan y finalmente asesinan, por desgracia, a periodistas, son criminales sin escrúpulos que se sienten dueños de la sociedad y no toleran ningún señalamiento ni crítica”.

Si bien es cierto que la delincuencia organizada es uno de los principales agresores de la prensa en México, también es cierto que los funcionarios públicos -sobre todo los locales y regionales más que los nacionales o estatales- son de los dolores de cabeza más comunes que se deben enfrentar en este país.

Article 19 y Cencos contabilizaron 224 casos de ataques e intimidación a periodistas y trabajadores de los medios durante 2009, de estos 11 fueron asesinados y uno más se mantiene bajo el estatus de desaparecido.

Las organizaciones civiles detallaron que más de 65 por ciento de los ataques contra la libertad de prensa vinieron de autoridades o personas vinculadas con partidos políticos, como comparativo seis por ciento de los casos tuvieron como responsables a la grupos delincuenciales y se menciona al Ejército mexicano en 26 de los casos.

Contrario a lo que dice Felipe Calderón, los hechos muestran que son los servidores públicos quienes encabezan la lista de agresiones a la prensa; sin embargo, las más escandalosas son las del crimen organizado, quienes hacen uso de la violencia como un mecanismo de advertencia a través de la generación del temor.

La prueba fue el secuestro de dos periodistas de MILENIO Televisión los primeros días de marzo en Tamaulipas. El enojo de los agresores fue el irles a “calentar la plaza” lo que se traduce como que ellos tienen el control del lugar y el tener la presencia de la prensa les puede generar problemas.

En Yucatán, la delegada de Sedesol, Inés Antonia Canul Uc agredió al reportero del canal 13 local, René Gómez Dzib, luego de que éste la cuestionara sobre la evidencia del uso del programa “Oportunidades” con tintes electoreros.

Independientemente de dónde lleguen los ataques a la prensa, es un hecho innegable que México tiene tres años consecutivos de ser considerado el país más mortal de todo el Continente Americano para los periodistas, y ha peleado el primer lugar mundial a países como Irak, Pakistán o Afganistán, en donde está de más decir que se vive una guerra.

Es cierto que lo que ocurre a los periodistas es sólo la “punta del iceberg” de lo que vive el resto de los mexicanos: impunidad, amenazas, extorsiones y secuestros no son exclusivos de los periodistas, ello sólo revela una verdad más dolorosa: la autoridad no sólo no puede, sino es coparticipe de la situación que se vive diariamente en el país, lo quieran reconocer o no.

israel.martinez@milenio.com

Empezar con el pie izquierdo / Columna

De medios y otros demonios

Empezar con el pie izquierdo

J. Israel Martínez Macedo

El asesinato de un reportero en Coahuila así como las reacciones en internet y algunos medios a la nefasta entrevista que Esteban Arce realizó a la sexóloga Elsy Reyes nos hace pensar, en los albores de 2010, que el año del bicentenario (ahora que la palabra anda de oferta) no verá mejoras respecto a los precedentes.

El caso de Valentín Valdés Espinosa -reportero de Zócalo de Saltillo, despedido y sepultado el sábado por familiares, amigos y compañeros del medio- y el secuestro de otro empleado del diario -de quien se han reservado los nombres y datos para no poner en riesgo su vida-, mantienen a México como el país más peligroso en el ejercicio del oficio en todo el mundo.

La impunidad, de la mano del olvido, son factores que influyen para que este tipo de crímenes continúen y es por ese motivo que he decidido colocar un contador permanente de casos de los que esta columna tenga conocimiento a través de reportes que se reciben por correo o en el blog.

Asesinatos, desapariciones o secuestros, agresiones y resultados de las autoridades en cada caso; nos permitirá observar, en la frialdad de las cifras, el presente del periodismo en México y la respuesta de las autoridades de todos los niveles involucrados.

Respecto a la polémica suscitada tras el “debate” (por darle un nombre) ocurrido en el programa “Matutino Express” entre el presentador Esteban Arce y la sexóloga Elsy Reyes, el hecho revela la importancia de contar con profesionales más preparados (y no necesariamente en las escuelas) en los espacios informativos.

Es un hecho innegable que Arce no tiene formación periodística, ese simple detalle lo llevó a perder el control de una entrevista en la que, quedó evidenciado en el video, intentó hacer que la especialista considerara la homosexualidad como una anormalidad, lo que simplemente no ocurrió.

El presentador fue criticado en foros como Facebook o Twitter y en distintos espacios de los medios tanto impresos como electrónicos. Las posturas a favor y en contra encontraron eco en el marco de la legalización de uniones entre personas del mismo sexo/género en el Distrito Federal.

La falta de preparación de Esteban Arce para tratar temas delicados y la inexperiencia en la realización de entrevistas terminó en un desastre que le ganó las críticas de varias personas que, independientemente de su preferencia sexual, reprueban el grado de intolerancia mostrado al aire por el presentador.

Si la intención era informar, Elsy Reyes debió tener la oportunidad de expresar su conocimiento sobre el tema independientemente de la opinión del presentador, productores o la misma empresa; por el contrario, si la intención era orientar la entrevista a reprobar el ejercicio de una preferencia (como parece era el objetivo del programa) debieron presentar un editorial encabezado por Arce o cualquier otro y asumir los resultados de ello y no montar una pantomima con una profesional que decidió no seguirle el jueguito.

israel.martinez@milenio.com

Informe 2009 de Reporteros Sin Fronteras / Columna

De medios y otros demonios

Informe 2009 de Reporteros Sin Fronteras

J. Israel Martínez Macedo

El penúltimo día de 2009 la organización no gubernamental internacional Reporteros Sin Fronteras (RSF) hizo público su informe sobre lo más relevante que registran en materia de periodismo y libertad de expresión y los números no son nada gratificantes para México.

Reafirmando el “notable descubrimiento” hecho por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en días anteriores, RSF clasifica a México como un país con “situación difícil” para el ejercicio de la libre expresión sólo superado por Cuba en la clasificación hecha para América Latina que sigue como la peor del continente y una “situación muy grave”.

En el nivel de la clasificación nuestro país logró subir del sitio 140, que ocupó en 2008, al 137 junto con Gambia con una nota de 45.25. Sin embargo sigue siendo superado por todos los demás del continente excepto por Cuba que se mantiene como el lugar donde la libertad de expresión es prácticamente un sueño.

La clasificación obtenida por México en cuanto libertad de expresión se refiere, debe sus resultados a la incapacidad de las autoridades para garantizar la seguridad de los reporteros y medios que se vuelven objeto de las amenazas y acciones del narcotráfico y el crimen organizado.

La organización internacional describe la situación; “México, sumido desde 2006 en un cuasi estado de guerra con la vasta ofensiva federal contra el narcotráfico, mantiene su triste rango de país más peligroso del continente para la seguridad de los periodistas, con 55 asesinados desde el año 2000, de los que nueve murieron a partir de enero de 2009”.

Por si eso fuera poco, México se coloca junto con Afganistán y Somalia como los países en donde más se registraron secuestros de reporteros a lo que la organización señala “Tres años después de que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobara la resolución 1738 sobre protección de los periodistas en zonas de conflicto, los gobiernos parecen seguir siendo incapaces de garantizar la seguridad de los profesionales de los medios”.

La situación parece ser una constante de la región, pues en el continente americano se aglutinó la tercera parte de los casos de violencia, agresiones y amenazas en contra de periodistas destacando que estos casos se registran en mayor medida cuando se denuncian acciones del narcotráfico, la corrupción o los potentados locales.

Como nunca antes en la historia del informe de Reporteros Sin Fronteras, aparece el fenómeno del autoexilio al que recurrieron los periodistas de Irán, Sri Lanka, Somalia, Guinea, Afganistán, México, Colombia y Etiopia. En este sentido, el temor a engrosar las filas de reporteros asesinados en sus respectivos países ha orillado a los profesionales de la información a buscar el refugio y protección de países vecinos arriesgándose a un futuro incierto y la posibilidad de que se les niegue el apoyo internacional.

La situación mexicana podría ser mucho peor de lo que Reporteros Sin Fronteras plantea y es que el organismo internacional sólo reconoce tres homicidios de periodistas en nuestro país, cuando oficialmente la cifra se estima en 15 y extraoficialmente ronda los 20.

No podemos esperar que 2010 se aun mejor año para el periodismo en México debido a que no se ve interés alguno de las autoridades por tomar el tema como un asunto de agenda política y plantear soluciones. México es, hoy por hoy, el país más peligroso del continente para los periodistas y uno de los más peligrosos del mundo entero.

israel.martinez@milenio.com

El riesgo de ser periodista / Columna

De medios y otros demonios

El riesgo de ser periodista

J. Israel Martínez Macedo

Paco: mis más sentidas condolencias,

te deseo una pronta resignación

Tuvo que ocurrir el décimo segundo homicidio de un reportero durante 2009 en México para que una institución de este país, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), reconociera lo que por años han repetido hasta el cansancio distintas ONG del mundo entero: “México es un país de alto riesgo para periodistas”.

La cifra carece de ser el dato oficial, hay cuentas que elevan la cantidad de muertos este año hasta 18 casos aunque la mayoría coincide en 15. Como sea, es lamentable que México encabece la lista de los países latinoamericanos con mayor violencia contra los periodistas y el más peligroso para el ejercicio del oficio.

La mayoría de los medios que informaron sobre la muerte de José Alberto Velázquez López, finado director del Diario Express de Tulum y colaborador de Canal 30 en esa ciudad, destacaron el hecho de que la CNDH reconociera la peligrosidad del ejercicio periodístico en México pero omitieron algunos detalles que las ONG rescataron y que es trascendente mencionar.

La muerte de Alberto Velázquez ocurrió el 22 de diciembre, viajaba en su camioneta cuando dos sujetos en una motocicleta se le emparejaron y uno de ellos disparó en su contra hiriéndolo de muerte en el pecho.

A pesar de la agresión, el periodista logró huir del lugar pero calles más adelante perdió el control del vehículo y terminó impactándose contra una camioneta estacionada para morir a pesar de los intentos del personal de la Cruz Roja por salvarle la vida. Hasta aquí las coincidencias y certezas del caso.

Eugenio Morelos, director de Expresiones de Tulum, reveló que cuando su compañero agonizaba acusó del ataque a un “agente” del alcalde de la ciudad, Marciano Dzul, la versión coincide, según relata el reporte del Centro de Periodismo y Ética Pública (Cepet), con lo publicado por MILENIO Diario, donde se afirmó que antes de morir el periodista dijo que sus atacantes “fueron los que criticaba”.

El mismo reporte del Cepet informa que el procurador de Justicia de Quintana Roo, Bello Melchor Rodríguez Castillo explicó que tras el atentado dos personas que viajaban por las calles de Tulum en una motocicleta y que usaban guantes de látex fueron detenidos, brillantemente, se les realizaron pruebas de radizonato de sodio que dieron negativo a disparos de armas de fuego y fueron liberados.

La dependencia de justicia inició la averiguación previa TAP-911/2009 bajo la cual las líneas de investigación acusan desde su actividad laboral como periodista y abogado hasta “motivos pasionales” como el móvil del crimen. De la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra Periodistas de la Procuraduría General de la República (PGR) ni sus luces.

La CNDH no se equivoca, efectivamente México es un país de alto riesgo para los periodistas. Pero no por el peligro lógico que representa denunciar autoridades corruptas o develar las acciones y estrategias de la delincuencia organizada, sino por la ineficiencia de las procuradurías del país (estales y federal) para resolver homicidios.

Detener dos sospechosos y aplicarles pruebas de radizonato a pesar de saber que usaban guantes de látex suena a burla, acusar “motivos pasionales” es ya un insulto. Es la incapacidad de las autoridades, traducida en impunidad, lo que hace verdaderamente peligroso ejercer no únicamente el periodismo, sino cualquier otra actividad en México ¿Hasta cuando la sociedad va a permitir que esta situación se siga dando? Parece ser sólo cuestión de tiempo… muy poco tiempo.

israel.martinez@milenio.com