De medios y otros demonios
Reconocer despenalizando
J. Israel Martínez Macedo
La Legislatura local aprobó el día de ayer la despenalización de los delitos de difamación y calumnias; la medida suele ser tomada en cuenta como un avance en materia de libertad de expresión y aplaudida rápidamente por las diferentes asociaciones periodísticas como una forma tratar de generar la imagen de que están interesadas en este tema.
No obstante esta simulación, la realidad es que la medida sigue siendo una concesión para tratar de agradar al sector periodístico sin que exista detrás de ello una precisa reflexión sobre lo que socialmente significa la aprobación de esta reforma.
En primer lugar, el argumento base para eliminar este tipo de delitos es que son acusaciones que se utilizan para acallar voces críticas por parte de políticos corruptos que sólo buscan venganza contra los opinadores críticos que denuncian sus operaciones “por debajo de la mesa”.
Despenalizar los delitos bajo ese argumento no es otra cosa más que el reconocimiento tácito del Ejecutivo (quien fue el que presentó la iniciativa el lunes 23 de abril pasado) y del Legislativo que efectivamente esa conducta es una práctica que ocurre en el Estado de México, dicho de otro modo, reconocen que los políticos y funcionarios corruptos usan la ley para vengarse de los periodistas.
La despenalización de la difamación y la calumnia como medida de protección a los periodistas es aceptar que los políticos y servidores públicos del Estado de México son un peligro, no sólo para los periodistas sino también para la libertad de expresión.
Quizás lo sean, las mediciones en materia de agresiones a periodistas y medios indican que los que más incurren en esta práctica son los políticos y funcionarios, sobre todo los de nivel municipal y estatal; no es la delincuencia organizada ni la delincuencia común, son los hombres y mujeres que nos gobiernan y en cuyas manos dejamos el deber de nuestra protección.
En concreto, el mensaje que envían el Ejecutivo y los diputados es que en el Estado de México es necesario proteger a los reporteros y periodistas de los políticos y servidores públicos que tratan de cobrar venganza por exponer sus cochupos y negocios bajo el cobijo de su cargo.
Ahora los reporteros no serán encarcelados por el ejercicio de su función sino que las represalias tendrán que ser asunto de un juicio civil (por la vía legal) y quién sabe qué cosas (por la vía ilegal).
Seguramente llegará el aplauso fácil y el agradecimiento pueril a la medida, pero en realidad no abona en nada al ejercicio de la profesión, lo que tenía que decirse era dicho, ello exigía un mayor nivel profesional para comprobar los dichos; habrá que ver cómo afecta la medida al gremio pero eso sólo el tiempo lo develará.
Twitter: @Mega_J_Israel_M
israel.martinez@milenio.com
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martes, 24 de julio de 2012
miércoles, 9 de julio de 2008
Cofipe y medios, tanto para nada / Columna
De medios y otros demonios
Cofipe y medios, tanto para nada
J .Israel Martínez Macedo
Desde que salieron a la luz, se discutieron y aprobaron las reformas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), se dijo que estaban hechas al aventón y contenían varios errores que dificultaban la correcta interpretación y aplicación de la ley.
En estos días, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no sólo confirmaron lo anterior, sino que además, tuvieron que corregir los errores de los legisladores para que el Cofipe pudiera aplicarse sin que violara los preceptos legales establecidos.
La Corte declaró inconstitucionales las multas que se fijaron para sancionar a los ciudadanos, empresas, y partidos políticos que violen la prohibición de contratar espacios en radio y televisión para difundir propaganda electoral, todo por un error de redacción de los legisladores.
El problema radica en que se indicaban multas fijas para sancionar los ciudadanos, empresas y partidos políticos, lo cuál está prohibido por el artículo 22 de la Constitución. Sin embargo, en el caso de las televisoras y radiodifusoras, los ministros determinaron que era válido mantener el castigo propuesto por los legisladores porque se salva dada la palabra “hasta” que indica como tope máximo los 100 mil días de salario mínimo, aunque destacaron que al no haber un mínimo la punición menor podría ser, incluso de un día.
Así, nuevamente, todo quedará en manos de la interpretación y buen juicio de un hombre que en el cargo de juez decidirá si una televisora o empresa de radio deberá pagar 50 pesos o 5 millones por una violación al Cofipe.
Cuando parecía que los ministros dejarían sin sanción a los ciudadanos, empresas y partidos políticos, el presidente de la SCJN, Guillermo Ortiz Mayagoitia, propuso a sus compañeros suplir los errores de los legisladores para no dejarlos sin castigo y así, no acaten las determinaciones del Cofipe.
La propuesta es imponerles una multa de hasta 500 días de salario mínimo, misma pena que se había establecido para quienes aporten recursos a los candidatos o partidos de manera irregular, la cantidad es infinitamente menor a los 100 mil días que se habían planteado.
Los ministros hicieron algunas observaciones de tipo netamente político que se consideraron igualmente inconstitucionales, como la llamada “cláusula de vida eterna” que pretendía que en alianza, los partidos grandes pudieran “regalarle votos” a los pequeños para que no perdieran su registro.
Causa sorpresa ver que sí se pretende sancionar a ciudadanos, empresas y partidos por la propaganda electoral, pero sólo con el pago de un máximo de 500 días de salario mínimo, es decir que aproximadamente un partido, empresa o ciudadano tendrá que pagar hasta 25 mil pesos (calculándolo en 50 pesos aproximadamente) por promover o denostar a un candidato u otro en televisión o radio.
La cantidad suena irrisoria si pensamos en las cantidades que se pagan por un anuncio, en promedio, una campaña publicitaria completa en radio, por ejemplo, no baja de los 100 mil pesos por un mes, en tiempo electoral sube el precio, y si ganando el candidato la empresa tendrá asignada alguna partida presupuestal, yo no sé ustedes, pero vale la pena la mínima inversión en el pago de una multa de 25 mil pesos.
Igualmente por parte de los partidos, pagar 25 mil pesos de multa como máximo por meter propaganda “extra” en televisión y radio suena a que seguiremos viendo este tipo de prácticas de campañas negras y excesos en los gastos de publicidad.
Quienes se tendrán que “rifar el físico” serán las televisoras y radiodifusoras del país que se atrevan a transmitir dichos anuncios propagandísticos pues para el gremio las multas pueden ser realmente elevadas, aunque pensándolo bien, con un juez que sea, digamos, considerado con la empresa, igual y termina siendo una bicoca lo que se sancione.
Dicho de otro modo, tanto candado, tantas quejas de violación a la libre expresión, tanto estarse amparando para continuar haciendo campañas alternas en radio y televisión, para que todo quede en sanciones “de chocolate” a quienes quieran continuar con las prácticas de toda la vida.
PARÉNTESIS
Una felicitación a Carlos Macedo Aguilar, no sólo porque la segunda edición de su libro logró romper el récord de ventas de la pasada edición de la Feria del Libro de Guadalajara, sino porque este día tomará protesta como vicepresidente de la Barra Nacional de Abogados AC, que presidirá José Antonio Betancourt y que contará con juristas de gran nivel como, José Elías Romero Apiz y Juan Collado…
Sobre el tema de la diversificación de la delincuencia organizada en la entidad, han llegado a esta columna, vía correo electrónico, algunos reportes de lo que platicaré con mayor profundidad el próximo lunes, sólo adelantar que el monstruo está más cerca de lo que parece.
israel.martinez@milenio.com
Cofipe y medios, tanto para nada
J .Israel Martínez Macedo
Desde que salieron a la luz, se discutieron y aprobaron las reformas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), se dijo que estaban hechas al aventón y contenían varios errores que dificultaban la correcta interpretación y aplicación de la ley.
En estos días, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no sólo confirmaron lo anterior, sino que además, tuvieron que corregir los errores de los legisladores para que el Cofipe pudiera aplicarse sin que violara los preceptos legales establecidos.
La Corte declaró inconstitucionales las multas que se fijaron para sancionar a los ciudadanos, empresas, y partidos políticos que violen la prohibición de contratar espacios en radio y televisión para difundir propaganda electoral, todo por un error de redacción de los legisladores.
El problema radica en que se indicaban multas fijas para sancionar los ciudadanos, empresas y partidos políticos, lo cuál está prohibido por el artículo 22 de la Constitución. Sin embargo, en el caso de las televisoras y radiodifusoras, los ministros determinaron que era válido mantener el castigo propuesto por los legisladores porque se salva dada la palabra “hasta” que indica como tope máximo los 100 mil días de salario mínimo, aunque destacaron que al no haber un mínimo la punición menor podría ser, incluso de un día.
Así, nuevamente, todo quedará en manos de la interpretación y buen juicio de un hombre que en el cargo de juez decidirá si una televisora o empresa de radio deberá pagar 50 pesos o 5 millones por una violación al Cofipe.
Cuando parecía que los ministros dejarían sin sanción a los ciudadanos, empresas y partidos políticos, el presidente de la SCJN, Guillermo Ortiz Mayagoitia, propuso a sus compañeros suplir los errores de los legisladores para no dejarlos sin castigo y así, no acaten las determinaciones del Cofipe.
La propuesta es imponerles una multa de hasta 500 días de salario mínimo, misma pena que se había establecido para quienes aporten recursos a los candidatos o partidos de manera irregular, la cantidad es infinitamente menor a los 100 mil días que se habían planteado.
Los ministros hicieron algunas observaciones de tipo netamente político que se consideraron igualmente inconstitucionales, como la llamada “cláusula de vida eterna” que pretendía que en alianza, los partidos grandes pudieran “regalarle votos” a los pequeños para que no perdieran su registro.
Causa sorpresa ver que sí se pretende sancionar a ciudadanos, empresas y partidos por la propaganda electoral, pero sólo con el pago de un máximo de 500 días de salario mínimo, es decir que aproximadamente un partido, empresa o ciudadano tendrá que pagar hasta 25 mil pesos (calculándolo en 50 pesos aproximadamente) por promover o denostar a un candidato u otro en televisión o radio.
La cantidad suena irrisoria si pensamos en las cantidades que se pagan por un anuncio, en promedio, una campaña publicitaria completa en radio, por ejemplo, no baja de los 100 mil pesos por un mes, en tiempo electoral sube el precio, y si ganando el candidato la empresa tendrá asignada alguna partida presupuestal, yo no sé ustedes, pero vale la pena la mínima inversión en el pago de una multa de 25 mil pesos.
Igualmente por parte de los partidos, pagar 25 mil pesos de multa como máximo por meter propaganda “extra” en televisión y radio suena a que seguiremos viendo este tipo de prácticas de campañas negras y excesos en los gastos de publicidad.
Quienes se tendrán que “rifar el físico” serán las televisoras y radiodifusoras del país que se atrevan a transmitir dichos anuncios propagandísticos pues para el gremio las multas pueden ser realmente elevadas, aunque pensándolo bien, con un juez que sea, digamos, considerado con la empresa, igual y termina siendo una bicoca lo que se sancione.
Dicho de otro modo, tanto candado, tantas quejas de violación a la libre expresión, tanto estarse amparando para continuar haciendo campañas alternas en radio y televisión, para que todo quede en sanciones “de chocolate” a quienes quieran continuar con las prácticas de toda la vida.
PARÉNTESIS
Una felicitación a Carlos Macedo Aguilar, no sólo porque la segunda edición de su libro logró romper el récord de ventas de la pasada edición de la Feria del Libro de Guadalajara, sino porque este día tomará protesta como vicepresidente de la Barra Nacional de Abogados AC, que presidirá José Antonio Betancourt y que contará con juristas de gran nivel como, José Elías Romero Apiz y Juan Collado…
Sobre el tema de la diversificación de la delincuencia organizada en la entidad, han llegado a esta columna, vía correo electrónico, algunos reportes de lo que platicaré con mayor profundidad el próximo lunes, sólo adelantar que el monstruo está más cerca de lo que parece.
israel.martinez@milenio.com
lunes, 23 de junio de 2008
Ley a medias / Columna
De medios y otros demonios
Ley a medias
J. Israel Martínez Macedo
La Reforma Electoral llamó mucho la atención de los medios de comunicación porque, más allá de definir las nuevas reglas del juego político, pone restricciones poco claras en cuanto al rol que tienen los actores y sus partidos, así como la negativa de acceso a cualquier otro que no forme parte del “Club de Toby” en el que intentaron convertir el acceso a los puestos de elección popular.
En sentido estricto todo empezó desde la campaña de Vicente Fox a la Presidencia de la República, el equipo del entonces candidato promovió spots en los que se atacaba a Francisco Labastida, su principal rival.
En su momento no se actuó contra este tipo de campañas porque se alegó que lo visto en los medios no influyó tanto como para alterar el resultado de la elección cuya inercia hacía casi imposible la derrota del panista.
Después siguieron seis años de complicadas contiendas electorales en donde tanto PRI, PAN y PRD hicieron uso y abuso de los medios para obtener resultados a su favor, las llamadas “campañas negras” salieron de los panfletos y carteles para llegar a los spots de radio y televisión sin que nadie se sintiera afectado por este tipo de estrategias, así, sin importar los resultados de la elección, los grandes ganadores eran los medios que se embolsaban importantes cantidades de dinero en cada proceso.
Fue hasta 2006, cuando Andrés Manuel López Obrador se aferró a su idea de ganar sin los medios y una más que agresiva campaña coordinada en la que participaron PAN, empresarios y el candidato albiazul (entendiendo al candidato como a Felipe Calderón y su equipo), que los políticos sintieron que el uso de los medios de manera precisa sí podía influir en los resultados.
La reacción no se hizo esperar, en vez de analizar lo que había ocurrido y prepararse para competir en la siguiente contienda con mejores campañas y estrategias más precisas, los políticos -desde el Poder Legislativo- resolvieron que el juego es suyo y de nadie más, dejaron fuera a la iniciativa privada, restringieron el acceso fuera de los tiempos del Estado y buscaron que nadie pueda promover su imagen política con recursos públicos.
Pero políticos al fin y al cabo, se dieron cuenta de que este tipo de legislación los pondría, lejos, muy lejos de la gente, así que dejaron resquicios que se vislumbraban desde el mismo día que nació la ley, los “clones”, el uso de dobles de voz, la participación de actores y actrices, entre otras cosas que aún nos falta por ver, se veían venir.
Además se dejaron “ventanas”, acuerdos por debajo de la mesa fluyen entre medios, políticos y partidos, ahora los boletines pasan como notas en noticieros de horario estelar, las entrevistas e invitaciones al foro pasaron de los informativos a los programas de entretenimiento.
Por eso comienzan las dudas sobre las reformas, por eso el Senado frenó -otra vez- la Ley de Radio y Televisión (bueno, eso y la presión de los grandes dueños), por eso continúan los vacíos legales, por eso se puede clonar a un funcionario o poner a artistas a hablar a nombre de un gobierno, por eso se negocia “por debajo del agua”, por eso la ley sigue siendo una ley a medias.
DESDE INTERNET
Esta semana se preguntó en el blog: “¿A quién le atribuyes la responsabilidad del incremento en la inseguridad?” Los resultados nos indican que la mayoría cree que es por “la decadencia social” (38 por ciento), con el mismo número de votos, “la falta de trabajo” y “una educación deficiente” se ubican como segundo lugar, en tanto que “la ineptitud de las policías” y “otros factores” en donde se señala la corrupción quedaron en tercer sitio.
Queda claro que el problema de la inseguridad es más complejo de lo que se piensa, y que la situación que se vive y se siente todos los días es resultado de múltiples factores que sumados terminan afectando la convivencia social.
Sin embargo llama la atención el comentario que “adanay” deja en el foro de participación “InterActúa”, en donde hace alusión a una serie de cosas que viven los policías en su tarea cotidiana y que termina repercutiendo en sus hogares, ya que ella habla como esposa de uno de ellos.
Es cierto que las policías en México no gozan del mayor crédito de los habitantes, y eso termina mermando el respeto, en parte por acciones de corrupción en la que los mismos policías han ido cayendo, y aunque no todos los policías son así, como en casi todo, los maslos le hacen fama a los buenos.
Es necesario un plan de atención integral a la inseguridad, que vaya más allá de repartir armas y sacar tropas y tropas de carne de cañón, se requieren medidas que incluyan mejor educación cívica, mejores condiciones de empleo y -como complemento no como base- mecanismos legales y policíacos para disuadir la acción delictiva.
Para esta semana en el blog http://jisraelmartinez.blogspot.com y dado que la próxima será 2 de julio: “¿Por qué crees que el PRD sigue recordando la elección de 2006 con mítines en esa fecha?”, las opciones de respuesta: “Para mantener enardecidas a sus huestes”, “Porque no han asimilado la derrota”, “Porque es una fecha que vale la pena recordar”, “Porque es parte de la estrategia para 2012”. El espacio está abierto, haz escuchar tu voz.
israel.martinez@milenio.com
Ley a medias
J. Israel Martínez Macedo
La Reforma Electoral llamó mucho la atención de los medios de comunicación porque, más allá de definir las nuevas reglas del juego político, pone restricciones poco claras en cuanto al rol que tienen los actores y sus partidos, así como la negativa de acceso a cualquier otro que no forme parte del “Club de Toby” en el que intentaron convertir el acceso a los puestos de elección popular.
En sentido estricto todo empezó desde la campaña de Vicente Fox a la Presidencia de la República, el equipo del entonces candidato promovió spots en los que se atacaba a Francisco Labastida, su principal rival.
En su momento no se actuó contra este tipo de campañas porque se alegó que lo visto en los medios no influyó tanto como para alterar el resultado de la elección cuya inercia hacía casi imposible la derrota del panista.
Después siguieron seis años de complicadas contiendas electorales en donde tanto PRI, PAN y PRD hicieron uso y abuso de los medios para obtener resultados a su favor, las llamadas “campañas negras” salieron de los panfletos y carteles para llegar a los spots de radio y televisión sin que nadie se sintiera afectado por este tipo de estrategias, así, sin importar los resultados de la elección, los grandes ganadores eran los medios que se embolsaban importantes cantidades de dinero en cada proceso.
Fue hasta 2006, cuando Andrés Manuel López Obrador se aferró a su idea de ganar sin los medios y una más que agresiva campaña coordinada en la que participaron PAN, empresarios y el candidato albiazul (entendiendo al candidato como a Felipe Calderón y su equipo), que los políticos sintieron que el uso de los medios de manera precisa sí podía influir en los resultados.
La reacción no se hizo esperar, en vez de analizar lo que había ocurrido y prepararse para competir en la siguiente contienda con mejores campañas y estrategias más precisas, los políticos -desde el Poder Legislativo- resolvieron que el juego es suyo y de nadie más, dejaron fuera a la iniciativa privada, restringieron el acceso fuera de los tiempos del Estado y buscaron que nadie pueda promover su imagen política con recursos públicos.
Pero políticos al fin y al cabo, se dieron cuenta de que este tipo de legislación los pondría, lejos, muy lejos de la gente, así que dejaron resquicios que se vislumbraban desde el mismo día que nació la ley, los “clones”, el uso de dobles de voz, la participación de actores y actrices, entre otras cosas que aún nos falta por ver, se veían venir.
Además se dejaron “ventanas”, acuerdos por debajo de la mesa fluyen entre medios, políticos y partidos, ahora los boletines pasan como notas en noticieros de horario estelar, las entrevistas e invitaciones al foro pasaron de los informativos a los programas de entretenimiento.
Por eso comienzan las dudas sobre las reformas, por eso el Senado frenó -otra vez- la Ley de Radio y Televisión (bueno, eso y la presión de los grandes dueños), por eso continúan los vacíos legales, por eso se puede clonar a un funcionario o poner a artistas a hablar a nombre de un gobierno, por eso se negocia “por debajo del agua”, por eso la ley sigue siendo una ley a medias.
DESDE INTERNET
Esta semana se preguntó en el blog: “¿A quién le atribuyes la responsabilidad del incremento en la inseguridad?” Los resultados nos indican que la mayoría cree que es por “la decadencia social” (38 por ciento), con el mismo número de votos, “la falta de trabajo” y “una educación deficiente” se ubican como segundo lugar, en tanto que “la ineptitud de las policías” y “otros factores” en donde se señala la corrupción quedaron en tercer sitio.
Queda claro que el problema de la inseguridad es más complejo de lo que se piensa, y que la situación que se vive y se siente todos los días es resultado de múltiples factores que sumados terminan afectando la convivencia social.
Sin embargo llama la atención el comentario que “adanay” deja en el foro de participación “InterActúa”, en donde hace alusión a una serie de cosas que viven los policías en su tarea cotidiana y que termina repercutiendo en sus hogares, ya que ella habla como esposa de uno de ellos.
Es cierto que las policías en México no gozan del mayor crédito de los habitantes, y eso termina mermando el respeto, en parte por acciones de corrupción en la que los mismos policías han ido cayendo, y aunque no todos los policías son así, como en casi todo, los maslos le hacen fama a los buenos.
Es necesario un plan de atención integral a la inseguridad, que vaya más allá de repartir armas y sacar tropas y tropas de carne de cañón, se requieren medidas que incluyan mejor educación cívica, mejores condiciones de empleo y -como complemento no como base- mecanismos legales y policíacos para disuadir la acción delictiva.
Para esta semana en el blog http://jisraelmartinez.blogspot.com y dado que la próxima será 2 de julio: “¿Por qué crees que el PRD sigue recordando la elección de 2006 con mítines en esa fecha?”, las opciones de respuesta: “Para mantener enardecidas a sus huestes”, “Porque no han asimilado la derrota”, “Porque es una fecha que vale la pena recordar”, “Porque es parte de la estrategia para 2012”. El espacio está abierto, haz escuchar tu voz.
israel.martinez@milenio.com
lunes, 10 de marzo de 2008
Revisión con lupa a la Ley de Imprenta / Columna
De medios y otros demonios
Revisión con lupa a la Ley de Imprenta
J. Israel Martínez Macedo
En medio del furor que han generado las reformas a la Constitución en materia informativa, se suma a la lista la Ley de Imprenta, misma que prácticamente no ha recibido modificación alguna desde su promulgación el 12 de abril de 1917, y que ahora se encuentra en el Senado para su análisis y discusión.
Básicamente las reformas propuestas consisten en garantizar el derecho de réplica con los e convertiría en reglamentaria del artículo sexto constitucional, además de responsabilizar de los ataques a la vida privada de las personas a los concesionarios y permisionarios de los medios electrónicos.
Algunos involucrados en la reforma aducen que se trata, meramente, de una actualización de la Ley de Imprenta promulgada por Venustiano Carranza para alcanzar los medios electrónicos y garantizar el derecho de réplica como lo estipula la reforma al artículo sexto de la Constitución.
Los cambios que se plantean involucran tomar en cuenta los spots, grabaciones o videos para ser motivo de réplica por parte del afectado, con lo cual, los periódicos, radiodifusoras y televisoras estarán obligados a publicarlas o difundirlas de manera íntegra.
De igual forma se prevé que los excesos de espacio o tiempo en las aclaraciones sean solventados por los afectados. Sin embargo, en este punto específico, deberán ser muy cuidadosos los legisladores pues debe quedar claro cómo será este pago, toda vez que bajo el rubro de aclaración, los políticos, los partidos, y los particulares, podrían estar “contratando” publicidad a su beneficio cosa que se pretendía impedir en el espíritu de las reformas.
En contraparte si no se realizara el pago, el medio sólo sería responsable de publicar en el mismo espacio o tiempo la aclaración correspondiente, con lo que un exceso en la misma podría dejar trunca o sin sentido el mensaje de rectificación.
Un detalle importante de esta reforma es el de tipificar como objeto de delito aquellas notas falsas o adulteradas que vulneren el desarrollo del proceso electoral. Nuevamente es necesario que se puntualice por parte del legislador los alcances de la Ley.
Es muy sencillo que un periodista sea usado para dar a conocer información falsa, sobre todo cuando se trata de un reportero que va iniciando en el oficio y que está ávido de demostrar su capacidad. No falta quien, maliciosamente, hace llegar informaciones falsas o adulteradas asegurando que se trata de datos verídicos y confirmados, con lo que el reportero cae en la tentación-trampa de publicar sin confirmar.
Aquí la Ley deberá ser muy precisa al detallar quién puede ser responsable de este presunto ilícito de publicar información falsa, y más aún, si la redacción del texto sólo va a tipificar como delito sólo en el caso de notas que “vulneren el desarrollo del proceso electoral” con lo que cualquier otro tipo de información falsa o adulterada estaría fuera del marco de esta Ley.
En cuanto a las universidades compete, es necesario que comiencen el análisis de sus programas educativos en materia de periodismo, dado que la reforma requerirá de periodistas más preparados y acostumbrados a la ratificación de la información antes de caer en la tentación de su publicación o difusión en cualquier medio de comunicación, ya sea impreso o electrónico.
De igual forma, la Ley deberá ser clara en cuanto a medios electrónicos se refiere, pues internet se está convirtiendo en la salida de emergencia de los escándalos mediáticos, la posibilidad de subir un video o una grabación a la web, permite librar las restricciones que las radios y televisoras convencionales deben enfrentar.
La Ley de Imprenta de 1917 surgió en un contexto social, económico, político y cultural muy distinto al que nos encontramos en 2008, por eso urge una reforma sustancial que la actualice, incluya a los medios electrónicos y coadyuve a la profesionalización del ejercicio periodístico.
Está en manos de los senadores la posibilidad de tener una Ley de Imprenta que se convierta en vanguardia para el mundo en materia de información y respeto a la vida privada, con el riesgo de que termine siendo sólo n escudo protector para políticos corruptos que no deseen ser balconeados al momento de contender en una elección.
israel.martinez@milenio.com
Revisión con lupa a la Ley de Imprenta
J. Israel Martínez Macedo
En medio del furor que han generado las reformas a la Constitución en materia informativa, se suma a la lista la Ley de Imprenta, misma que prácticamente no ha recibido modificación alguna desde su promulgación el 12 de abril de 1917, y que ahora se encuentra en el Senado para su análisis y discusión.
Básicamente las reformas propuestas consisten en garantizar el derecho de réplica con los e convertiría en reglamentaria del artículo sexto constitucional, además de responsabilizar de los ataques a la vida privada de las personas a los concesionarios y permisionarios de los medios electrónicos.
Algunos involucrados en la reforma aducen que se trata, meramente, de una actualización de la Ley de Imprenta promulgada por Venustiano Carranza para alcanzar los medios electrónicos y garantizar el derecho de réplica como lo estipula la reforma al artículo sexto de la Constitución.
Los cambios que se plantean involucran tomar en cuenta los spots, grabaciones o videos para ser motivo de réplica por parte del afectado, con lo cual, los periódicos, radiodifusoras y televisoras estarán obligados a publicarlas o difundirlas de manera íntegra.
De igual forma se prevé que los excesos de espacio o tiempo en las aclaraciones sean solventados por los afectados. Sin embargo, en este punto específico, deberán ser muy cuidadosos los legisladores pues debe quedar claro cómo será este pago, toda vez que bajo el rubro de aclaración, los políticos, los partidos, y los particulares, podrían estar “contratando” publicidad a su beneficio cosa que se pretendía impedir en el espíritu de las reformas.
En contraparte si no se realizara el pago, el medio sólo sería responsable de publicar en el mismo espacio o tiempo la aclaración correspondiente, con lo que un exceso en la misma podría dejar trunca o sin sentido el mensaje de rectificación.
Un detalle importante de esta reforma es el de tipificar como objeto de delito aquellas notas falsas o adulteradas que vulneren el desarrollo del proceso electoral. Nuevamente es necesario que se puntualice por parte del legislador los alcances de la Ley.
Es muy sencillo que un periodista sea usado para dar a conocer información falsa, sobre todo cuando se trata de un reportero que va iniciando en el oficio y que está ávido de demostrar su capacidad. No falta quien, maliciosamente, hace llegar informaciones falsas o adulteradas asegurando que se trata de datos verídicos y confirmados, con lo que el reportero cae en la tentación-trampa de publicar sin confirmar.
Aquí la Ley deberá ser muy precisa al detallar quién puede ser responsable de este presunto ilícito de publicar información falsa, y más aún, si la redacción del texto sólo va a tipificar como delito sólo en el caso de notas que “vulneren el desarrollo del proceso electoral” con lo que cualquier otro tipo de información falsa o adulterada estaría fuera del marco de esta Ley.
En cuanto a las universidades compete, es necesario que comiencen el análisis de sus programas educativos en materia de periodismo, dado que la reforma requerirá de periodistas más preparados y acostumbrados a la ratificación de la información antes de caer en la tentación de su publicación o difusión en cualquier medio de comunicación, ya sea impreso o electrónico.
De igual forma, la Ley deberá ser clara en cuanto a medios electrónicos se refiere, pues internet se está convirtiendo en la salida de emergencia de los escándalos mediáticos, la posibilidad de subir un video o una grabación a la web, permite librar las restricciones que las radios y televisoras convencionales deben enfrentar.
La Ley de Imprenta de 1917 surgió en un contexto social, económico, político y cultural muy distinto al que nos encontramos en 2008, por eso urge una reforma sustancial que la actualice, incluya a los medios electrónicos y coadyuve a la profesionalización del ejercicio periodístico.
Está en manos de los senadores la posibilidad de tener una Ley de Imprenta que se convierta en vanguardia para el mundo en materia de información y respeto a la vida privada, con el riesgo de que termine siendo sólo n escudo protector para políticos corruptos que no deseen ser balconeados al momento de contender en una elección.
israel.martinez@milenio.com
miércoles, 16 de mayo de 2007
Cofetel y reformas / Columna
De medios y otros demonios
Cofetel y reformas
J. Israel Martínez Macedo
En días recientes, una resolución del juez federal Miguel Alvarado Esquivel amenaza la estabilidad de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) por el nombramiento de dos de sus comisionados, Eduardo Ruiz Vega y Gerardo Francisco González Abarca, pues se le ordena a la dependencia del Ejecutivo dejar sin validez dicho nombramiento y otorgárselos a Rafael del Villar Alrich y Gonzalo Martínez Pous.
El hecho no es menor, la Cofetel realizará este año la revisión del espectro radiofónico del país para tener un mapeo y control de estaciones y así poder acelerar los procedimientos para definir sobre concesiones y permisos de una forma más rápida.
La situación afecta al estado de México en donde algunas solicitudes se encuentran en proceso y deberán esperar a que termine el trabajo de revisión de la Cofetel para poder saber si es posible recibir la concesión o el permiso para iniciar transmisiones.
Algunas de ellas se quedaron con la solicitud en la mano, tras el anuncio de la Cofetel en el sentido de que este año no se otorgará ni una concesión o permiso para poder realizar la revisión correspondiente, mientras que otras que sí alcanzaron a entregar la solicitud, igualmente tendrán que esperar.
El proceso legal de los consejeros de la Cofetel podría ampliarse por tiempo indefinido despendiendo de las acciones legales que los implicados decidan realizar.
Según El Universal, Rafael del Villar y Gonzalo Martínez podrían desistirse de ocupar sus cargos en la Cofetel, en parte debido a que actualmente se desempeñan como subsecretario de Transportes y jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, respectivamente.
De ser así, el asunto no pasará a mayores pues bastará con notificarle al juez del desistimiento, para que éste a su vez de por acatada la sentencia y los consejeros Eduardo Ruiz y Gerardo francisco González continúen sus labores, quedando todo en caso que sentará bases para que el Senado no vuelva a cometer el mismo error.
Ello dejaría también sin efecto una posible apelación del Senado en el sentido de contar con la facultad de poder ratificar o no, los nombramientos de los comisionados de la Cofetel que, según el fallo del juez Alvarado Esquivel, sólo es competencia del Ejecutivo Federal, aunque un desistimiento dejaría sin acción un posible amparo al considerar que la sentencia se ha cumplido.
PARÉNTESIS
El debate de las leyes federales de Telecomunicaciones y Radio y Televisión se pone cada vez más intenso.
Ayer los senadores que se opusieron a la aprobación de dichas leyes comparecieron ante ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para explicar los motivos por los cuales consideran que ambos ordenamientos son anticonstitucionales.
Los ex senadores fueron acompañados por legisladores en activo quienes se sumaron a la causa por que la Suprema Corte considere inconstitucional la llamada “Ley Televisa” y quede así, sin efecto alguno.
El principal argumento de los ex senadores gira en torno a la aprobación de una ley que, afirman, sólo favorece al duopolio creado por Televisa y Tv Azteca perjudicando al resto de la población.
Manuel Bartlett detalla que a pesar del tiempo que tenían discutiendo las reformas, algunos diputados y senadores del PRI y PAN optaron por votarla a favor, en parte, por temor a que las televisoras pudieran afectar su imagen y terminar con ello las carreras políticas de los temerosos.
Bartlett afirma que en una “comunicación amistosa” Emilio Gamboa le comentó que debían tener cuidado con la ley pues las televisoras podrían acabar con las carreras políticas de cualquiera de ellos.
Señala a demás que la ley fue redactada por técnicos jurídicos de las televisoras y que apareció en la Cámara de Diputados sin revisión alguna, para ser votada en siete minutos en el pleno de la misma.
De igual forma le ley llegó al Senado, la Cofetel compareció y alegó que las reformas aprobadas constituían un retroceso y que favorecían los monopolios existentes.
El momento de la aprobación se mezcló con los tiempos electorales para presidente, diputados y senadores, con lo que muchos de los que estaban en funciones y con aspiraciones a algún otro cargo ni siquiera revisaron la ley que se votaría y se dejaron llevar por las indicaciones de sus líderes parlamentarios.
Ante tal situación sólo queda esperar que la Suprema Corte intervenga declarando inconstitucionales las reformas y regrese la ley para su debate en las cámaras y se frene el crecimiento de los monopolios en los medios.
PUNTO Y APARTE
Las series de Televisa, por lo menos las primeras dos, dejaron mucho que desear, en el caso de “El Pantera” algunos fans del cómic comentaron que la historia se modificó sustancialmente, y que por lo tanto pierde interés, sin embargo esperaban más, por lo menos del primer capítulo, aunque le otorgan el beneficio de la duda para los siguientes lunes.
En el caso de “Sexo y Otros Secretos”, la serie puede magnificar los estereotipos que muchas mujeres mexicanas han tratado de romper a lo largo de años de luchas para ser reconocidas como algo más que “objetos sexuales”, sin embargo situaciones más o menos cercanas a algunas realidades del México actual.
imartinez@edomex.milenio.com
Cofetel y reformas
J. Israel Martínez Macedo
En días recientes, una resolución del juez federal Miguel Alvarado Esquivel amenaza la estabilidad de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) por el nombramiento de dos de sus comisionados, Eduardo Ruiz Vega y Gerardo Francisco González Abarca, pues se le ordena a la dependencia del Ejecutivo dejar sin validez dicho nombramiento y otorgárselos a Rafael del Villar Alrich y Gonzalo Martínez Pous.
El hecho no es menor, la Cofetel realizará este año la revisión del espectro radiofónico del país para tener un mapeo y control de estaciones y así poder acelerar los procedimientos para definir sobre concesiones y permisos de una forma más rápida.
La situación afecta al estado de México en donde algunas solicitudes se encuentran en proceso y deberán esperar a que termine el trabajo de revisión de la Cofetel para poder saber si es posible recibir la concesión o el permiso para iniciar transmisiones.
Algunas de ellas se quedaron con la solicitud en la mano, tras el anuncio de la Cofetel en el sentido de que este año no se otorgará ni una concesión o permiso para poder realizar la revisión correspondiente, mientras que otras que sí alcanzaron a entregar la solicitud, igualmente tendrán que esperar.
El proceso legal de los consejeros de la Cofetel podría ampliarse por tiempo indefinido despendiendo de las acciones legales que los implicados decidan realizar.
Según El Universal, Rafael del Villar y Gonzalo Martínez podrían desistirse de ocupar sus cargos en la Cofetel, en parte debido a que actualmente se desempeñan como subsecretario de Transportes y jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, respectivamente.
De ser así, el asunto no pasará a mayores pues bastará con notificarle al juez del desistimiento, para que éste a su vez de por acatada la sentencia y los consejeros Eduardo Ruiz y Gerardo francisco González continúen sus labores, quedando todo en caso que sentará bases para que el Senado no vuelva a cometer el mismo error.
Ello dejaría también sin efecto una posible apelación del Senado en el sentido de contar con la facultad de poder ratificar o no, los nombramientos de los comisionados de la Cofetel que, según el fallo del juez Alvarado Esquivel, sólo es competencia del Ejecutivo Federal, aunque un desistimiento dejaría sin acción un posible amparo al considerar que la sentencia se ha cumplido.
PARÉNTESIS
El debate de las leyes federales de Telecomunicaciones y Radio y Televisión se pone cada vez más intenso.
Ayer los senadores que se opusieron a la aprobación de dichas leyes comparecieron ante ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para explicar los motivos por los cuales consideran que ambos ordenamientos son anticonstitucionales.
Los ex senadores fueron acompañados por legisladores en activo quienes se sumaron a la causa por que la Suprema Corte considere inconstitucional la llamada “Ley Televisa” y quede así, sin efecto alguno.
El principal argumento de los ex senadores gira en torno a la aprobación de una ley que, afirman, sólo favorece al duopolio creado por Televisa y Tv Azteca perjudicando al resto de la población.
Manuel Bartlett detalla que a pesar del tiempo que tenían discutiendo las reformas, algunos diputados y senadores del PRI y PAN optaron por votarla a favor, en parte, por temor a que las televisoras pudieran afectar su imagen y terminar con ello las carreras políticas de los temerosos.
Bartlett afirma que en una “comunicación amistosa” Emilio Gamboa le comentó que debían tener cuidado con la ley pues las televisoras podrían acabar con las carreras políticas de cualquiera de ellos.
Señala a demás que la ley fue redactada por técnicos jurídicos de las televisoras y que apareció en la Cámara de Diputados sin revisión alguna, para ser votada en siete minutos en el pleno de la misma.
De igual forma le ley llegó al Senado, la Cofetel compareció y alegó que las reformas aprobadas constituían un retroceso y que favorecían los monopolios existentes.
El momento de la aprobación se mezcló con los tiempos electorales para presidente, diputados y senadores, con lo que muchos de los que estaban en funciones y con aspiraciones a algún otro cargo ni siquiera revisaron la ley que se votaría y se dejaron llevar por las indicaciones de sus líderes parlamentarios.
Ante tal situación sólo queda esperar que la Suprema Corte intervenga declarando inconstitucionales las reformas y regrese la ley para su debate en las cámaras y se frene el crecimiento de los monopolios en los medios.
PUNTO Y APARTE
Las series de Televisa, por lo menos las primeras dos, dejaron mucho que desear, en el caso de “El Pantera” algunos fans del cómic comentaron que la historia se modificó sustancialmente, y que por lo tanto pierde interés, sin embargo esperaban más, por lo menos del primer capítulo, aunque le otorgan el beneficio de la duda para los siguientes lunes.
En el caso de “Sexo y Otros Secretos”, la serie puede magnificar los estereotipos que muchas mujeres mexicanas han tratado de romper a lo largo de años de luchas para ser reconocidas como algo más que “objetos sexuales”, sin embargo situaciones más o menos cercanas a algunas realidades del México actual.
imartinez@edomex.milenio.com
lunes, 19 de febrero de 2007
Ya encarrerado el gato… / Columna
De medios y otros demonios
Ya encarrerado el gato…
J. Israel Martínez Macedo
En estos días de renovaciones, propuestas y exigencias de la tan cacareada reforma del Estado, vale la pena hacer un alto ante el vendaval de ideas y buenas intenciones para reflexionar sobre el tema de lo que atañe a los medios.
Si la intención de reformar al Estado abarca la idea de determinar un nuevo orden social nacional que implique una visión a futuro y no sólo para solventar los intereses de los grupos políticos con hegemonía, entonces tiene que incluirse en dicho espacio una reforma a las leyes que rigen el quehacer de los medios de comunicación en general.
Por un lado, urge una revisión a la Ley Federal de Radio y Televisión, posiblemente en aras de una apertura a televisoras comerciales locales de señal abierta –como de hecho ocurre en radio-, pero no como subsidiarias de las cadenas nacionales, sino independientes, con ideas y propuestas propias, con un espectro definido en el sector regional y con posibilidad de crecimiento.
Ello ampliaría el rango de opciones de cada televidente por región, promovería la identidad y generaría sentimientos de pertenencia, y crearía competencias a niveles regionales, el problema es que el duopolio mediático no lo va a permitir porque implica invertir más en contenidos con un margen de pérdida de rating garantizado.
Sería necesario verificar todas las fallas de la Ley promulgada por Vicente Fox en el 2000, verificar su consistencia y beneficio para la sociedad y no sólo para quienes por muchos años han impedido el crecimiento de la televisión de señal abierta.
Pero no sería suficiente detenerse ahí, los medios impresos también tienen que ser incluidos, no es suficiente la multicitada -en cuanta carta aclaratoria aparece-, Ley de Imprenta, promulgada en 1917 por Venustiano Carranza. Se necesita una nueva ley que regule e indique responsabilidades de quienes en este medio nos desenvolvemos.
No se trata de crear una “ley mordaza” -como en ocasiones anteriores se ha intentado hacer- sino una ley que resguarde los derechos a la vida privada, que la distinga de lo público y que aglutine las experiencias de centenares de hombres y mujeres que, conocedores del medio, puedan garantizar el avance de los medios informativos.
De igual forma es necesario regular los espacios cibernéticos nacionales, es impensable que a pesar del tiempo que tiene la Internet, el espacio cibernético siga siendo libre para hacer lo que se plazca y publicar lo que sea dejando toda la responsabilidad legal al dueño del sitio, y en ocasiones, hasta en el usuario.
Una reforma del Estado que no incluya a los medios y las formas de comunicación de masas no será nunca una reforma completa. La necesidad de responsabilizar a los medios de sus errores es urgente. Fallas de quienes hacen los medios -como lo ocurrido con los rumores que se hicieron públicos en el fallecimiento de la esposa del gobernador mexiquense, o las supuestas declaraciones de Genaro García Luna sobre Félix Salgado Macedonio, por mencionar las más recientes- deben ser sancionadas por la ley en aras de mejores medios para la sociedad.
El objetivo deontológico del asunto es un adecuado servicio informativo, veraz y serio a la sociedad mexicana que hoy por hoy, ha rebasado por mucho a las instituciones en las que se desenvuelve.
PARÉNTESIS
El runruneo está cañón en cuanto a reporteros y medios se refiere, el problema es que el asunto podría estallarle a una institución que, en su nobleza de acciones, está pecando de inocente, y podría pagar las consecuencias en un plazo que podría ser más corto de lo que se ve.
Es urgente entender que no se puede atender a dos amos al mismo tiempo -aunque estos estén dentro de la misma institución-, el medio es lo que es porque así lo hacen quienes en él laboran, por eso cada medio debe ser cuidadoso de elegir a quienes lo van a llevar a cabo, porque después las correcciones suelen ser costosas, aunque lo más complicado es recuperar la imagen.
Y hablando de imagen basta ver el gasto del gobierno mexiquense en medios de comunicación, lo mismo le dan a medios con tirajes de 500 ejemplares que casi en su totalidad se regalan, que a medios nacionales que confían en que tienen un cierto trato preferencial. Ahora resta ver si el Órgano Superior de Fiscalización actuará en consecuencia o le temblará la mano, menudo paquete tiene.
imartinez@edomex.milenio.com
Ya encarrerado el gato…
J. Israel Martínez Macedo
En estos días de renovaciones, propuestas y exigencias de la tan cacareada reforma del Estado, vale la pena hacer un alto ante el vendaval de ideas y buenas intenciones para reflexionar sobre el tema de lo que atañe a los medios.
Si la intención de reformar al Estado abarca la idea de determinar un nuevo orden social nacional que implique una visión a futuro y no sólo para solventar los intereses de los grupos políticos con hegemonía, entonces tiene que incluirse en dicho espacio una reforma a las leyes que rigen el quehacer de los medios de comunicación en general.
Por un lado, urge una revisión a la Ley Federal de Radio y Televisión, posiblemente en aras de una apertura a televisoras comerciales locales de señal abierta –como de hecho ocurre en radio-, pero no como subsidiarias de las cadenas nacionales, sino independientes, con ideas y propuestas propias, con un espectro definido en el sector regional y con posibilidad de crecimiento.
Ello ampliaría el rango de opciones de cada televidente por región, promovería la identidad y generaría sentimientos de pertenencia, y crearía competencias a niveles regionales, el problema es que el duopolio mediático no lo va a permitir porque implica invertir más en contenidos con un margen de pérdida de rating garantizado.
Sería necesario verificar todas las fallas de la Ley promulgada por Vicente Fox en el 2000, verificar su consistencia y beneficio para la sociedad y no sólo para quienes por muchos años han impedido el crecimiento de la televisión de señal abierta.
Pero no sería suficiente detenerse ahí, los medios impresos también tienen que ser incluidos, no es suficiente la multicitada -en cuanta carta aclaratoria aparece-, Ley de Imprenta, promulgada en 1917 por Venustiano Carranza. Se necesita una nueva ley que regule e indique responsabilidades de quienes en este medio nos desenvolvemos.
No se trata de crear una “ley mordaza” -como en ocasiones anteriores se ha intentado hacer- sino una ley que resguarde los derechos a la vida privada, que la distinga de lo público y que aglutine las experiencias de centenares de hombres y mujeres que, conocedores del medio, puedan garantizar el avance de los medios informativos.
De igual forma es necesario regular los espacios cibernéticos nacionales, es impensable que a pesar del tiempo que tiene la Internet, el espacio cibernético siga siendo libre para hacer lo que se plazca y publicar lo que sea dejando toda la responsabilidad legal al dueño del sitio, y en ocasiones, hasta en el usuario.
Una reforma del Estado que no incluya a los medios y las formas de comunicación de masas no será nunca una reforma completa. La necesidad de responsabilizar a los medios de sus errores es urgente. Fallas de quienes hacen los medios -como lo ocurrido con los rumores que se hicieron públicos en el fallecimiento de la esposa del gobernador mexiquense, o las supuestas declaraciones de Genaro García Luna sobre Félix Salgado Macedonio, por mencionar las más recientes- deben ser sancionadas por la ley en aras de mejores medios para la sociedad.
El objetivo deontológico del asunto es un adecuado servicio informativo, veraz y serio a la sociedad mexicana que hoy por hoy, ha rebasado por mucho a las instituciones en las que se desenvuelve.
PARÉNTESIS
El runruneo está cañón en cuanto a reporteros y medios se refiere, el problema es que el asunto podría estallarle a una institución que, en su nobleza de acciones, está pecando de inocente, y podría pagar las consecuencias en un plazo que podría ser más corto de lo que se ve.
Es urgente entender que no se puede atender a dos amos al mismo tiempo -aunque estos estén dentro de la misma institución-, el medio es lo que es porque así lo hacen quienes en él laboran, por eso cada medio debe ser cuidadoso de elegir a quienes lo van a llevar a cabo, porque después las correcciones suelen ser costosas, aunque lo más complicado es recuperar la imagen.
Y hablando de imagen basta ver el gasto del gobierno mexiquense en medios de comunicación, lo mismo le dan a medios con tirajes de 500 ejemplares que casi en su totalidad se regalan, que a medios nacionales que confían en que tienen un cierto trato preferencial. Ahora resta ver si el Órgano Superior de Fiscalización actuará en consecuencia o le temblará la mano, menudo paquete tiene.
imartinez@edomex.milenio.com
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