De medios y otros demonios
Telecom, nos tomaron el pelo
J. Israel Martínez Macedo
El debate sobre la Ley de Telecomunicaciones sufrió un giro inesperado, justo cuando Televisa daba la batalla de su vida utilizando a sus títeres en el Congreso para mantener su poder monopólico disfrazado de oligopolio, Carlos Slim daba cátedra de elegancia en los negocios y anunciaba la venta de activos de América Móvil para terminar con la declaratoria de preponderancia.
La medida, que sorprendió a propios y extraños, es resultado de la reforma que generó la declaratoria que obliga a quienes controlen el mercado de las telecomunicaciones a compartir sus recursos para impulsar la competencia en el sector.
A la par que se hacía una legislación secundaria a modo para Televisa y sus filiales a cambio de no denunciar en sus espacios televisivos los alcances reales de la nueva ley respecto a privacidad y manejo de información personal, cercana al espionaje de la población sin reserva alguna; Slim determinaba romper la preponderancia.
El movimiento de América Móvil es hábil porque al dejar de cumplir los criterios que marca la ley para ser declarado preponderante, elimina también la posibilidad de que sus competidores crezcan a sus expensas.
Los negocios que ya se planeaban para ser operador móvil virtual de telefonía (MVNO) como el que proponía Purificación Carpinteyro a José Gutiérrez Becerril se vendrían abajo porque ya no podrían utilizar la infraestructura de Slim, deberán hacer una inversión mayor para construir sus propias instalaciones.
Cada quien en su estilo, las dos más grandes empresas de telecomunicaciones del país lograrán evadir la declaratoria de preponderancia; con ello, habrán dejado sin efecto una de las principales intenciones de la reforma y anulando la posibilidad de crecimiento y desarrollo en el sector.
En tanto, en la superficie, los medios “críticos” están más interesados en ver cómo pueden obtener una rebanada mayor del pastel a través de la transmisión de mensajes incendiarios sobre lo que esta ocurriendo; por debajo de la visibilidad, los legisladores aprueban leyes secundarias que atentan la privacidad.
La geolocalización de personas quedó al arbitrio de quien sea que pueda ser considerado como “instancias de seguridad” (así de ambiguo) sin que ningún juez deba estar enterado, sin que haya un objetivo o fundamento preciso para realizarlo.
Además de que los datos personales quedan comprometidos, la legislación de telecomunicaciones nos tiene muchas otras “sorpresitas” que tristemente iremos descubriendo en el camino de su aplicación y que de ningún modo se compensarán con larga distancia a precio de llamadas locales o reducciones mínimas en el costo de los malos servicios, Sí, nos volvieron a tomar el pelo y ni cuenta nos dimos.
Twitter: @Mega_J_Israel_M
israel.martinez@milenio.com
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lunes, 14 de julio de 2014
lunes, 7 de julio de 2014
La ley del ocio / Columna
De medios y otros demonios
La ley del ocio
J. Israel Martínez Macedo
La ley de telecomunicaciones es el tema obligado de la semana porque el proceso para su aprobación en el Senado y ahora su discusión en la Cámara de Diputados con el mismo fin, ha dejado más dudas que certidumbres en la ciudadanía.
Los debates públicos al respecto, en los medios de comunicación, han estado influidos por el interés (individual y de grupo) de quienes controlan estos espacios, ya sea como empresarios o siendo comentaristas de las noticias al respecto.
Aunado a ello la discusión sobre los alcances y limitaciones de la ley se ha visto, por llamarlo de algún modo, "contaminada" por los intereses políticos y económicos de los partidos y sus grupos haciendo más grande la confusión respecto a sus bondades y perjuicios.
Es cierto que el dictamen aprobado por el Senado y en revisión por los diputados tiene sus bemoles que advierten riesgos en la interpretación de la ley al momento de su aplicación y que, incluso, amenazan con la posibilidad de que sus disposiciones terminen en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su aclaración.
Los escándalos vinculados a las propuestas de negocio posibles después de la aprobación de la ley, advirtieron sobre los modos. Si esa fue la punta del iceberg las negociaciones, por debajo del océano de intereses, los niveles de propuesta rebasan lo insospechado.
Por fin, alguien entendió que el debate debía ser llevado al terreno de los intereses ciudadanos y comenzó a difundirse el beneficio que se tendrá de ya no pagar las llamadas de larga distancia nacional y considerarlas como locales.
Además se comprende la mejora de otros servicios como la portabilidad pero el sólo en el terreno de la telefonía, resta una visión más clara de las ventajas para las audiencias de radio y televisión e, incluso, para quienes contratan servicios de programación televisiva de paga.
Como toda ley, el dictamen aprobado aún es perfectible y requerirá mejoras una vez que se haya aplicado en la práctica, razón por la cual es necesario mantener la vigilancia constante una vez que los diputados hayan determinado su publicación.
Aunque los actores principales (gobierno y empresas de medios) no hayan podido o querido comunicarlo correctamente, la ley de telecomunicaciones regulará un espacio muy importante para el mexicano moderno: el tiempo de ocio.
Resta esperar la puesta en marcha de este modelo legislativo y estar atentos para hacer las adecuaciones necesarias en aras de mejores servicios a costos más accesibles para la población en general que vuelvan a poner a México en los primeros lugares del sector.
Por cierto: ¿supieron del descenso de nuestro país en el tema del desarrollo digital respecto a otros? ¿No? Bueno, lo platicamos la próxima semana. Ah, y no era penal.
Twitter: @Mega_J_Israel_M
israel.martinez@milenio.com
La ley del ocio
J. Israel Martínez Macedo
La ley de telecomunicaciones es el tema obligado de la semana porque el proceso para su aprobación en el Senado y ahora su discusión en la Cámara de Diputados con el mismo fin, ha dejado más dudas que certidumbres en la ciudadanía.
Los debates públicos al respecto, en los medios de comunicación, han estado influidos por el interés (individual y de grupo) de quienes controlan estos espacios, ya sea como empresarios o siendo comentaristas de las noticias al respecto.
Aunado a ello la discusión sobre los alcances y limitaciones de la ley se ha visto, por llamarlo de algún modo, "contaminada" por los intereses políticos y económicos de los partidos y sus grupos haciendo más grande la confusión respecto a sus bondades y perjuicios.
Es cierto que el dictamen aprobado por el Senado y en revisión por los diputados tiene sus bemoles que advierten riesgos en la interpretación de la ley al momento de su aplicación y que, incluso, amenazan con la posibilidad de que sus disposiciones terminen en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su aclaración.
Los escándalos vinculados a las propuestas de negocio posibles después de la aprobación de la ley, advirtieron sobre los modos. Si esa fue la punta del iceberg las negociaciones, por debajo del océano de intereses, los niveles de propuesta rebasan lo insospechado.
Por fin, alguien entendió que el debate debía ser llevado al terreno de los intereses ciudadanos y comenzó a difundirse el beneficio que se tendrá de ya no pagar las llamadas de larga distancia nacional y considerarlas como locales.
Además se comprende la mejora de otros servicios como la portabilidad pero el sólo en el terreno de la telefonía, resta una visión más clara de las ventajas para las audiencias de radio y televisión e, incluso, para quienes contratan servicios de programación televisiva de paga.
Como toda ley, el dictamen aprobado aún es perfectible y requerirá mejoras una vez que se haya aplicado en la práctica, razón por la cual es necesario mantener la vigilancia constante una vez que los diputados hayan determinado su publicación.
Aunque los actores principales (gobierno y empresas de medios) no hayan podido o querido comunicarlo correctamente, la ley de telecomunicaciones regulará un espacio muy importante para el mexicano moderno: el tiempo de ocio.
Resta esperar la puesta en marcha de este modelo legislativo y estar atentos para hacer las adecuaciones necesarias en aras de mejores servicios a costos más accesibles para la población en general que vuelvan a poner a México en los primeros lugares del sector.
Por cierto: ¿supieron del descenso de nuestro país en el tema del desarrollo digital respecto a otros? ¿No? Bueno, lo platicamos la próxima semana. Ah, y no era penal.
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lunes, 30 de junio de 2014
Reforma de unos cuantos / Columna
De medios y otros demonios
Reforma de unos cuantos
J. Israel Martínez Macedo
La reforma en materia de telecomunicaciones tomó un cariz interesante al revelar la conversación en que la diputada perredista Purificación Carpinteyro ofrece a José Gutiérrez Becerril realizar un negocio de operador móvil virtual de telefonía (MVNO) a partir de los cambios en la legislación.
El tema no es menor ni se limita al ámbito de las telecomunicaciones. Revela de forma precisa y directa cómo se tejen los hilos del poder (al menos en parte) y los mecanismos en que políticos y empresarios negocian en beneficio y protección de sus intereses personales.
La discusión gira, por un lado, sobre la validez de participación en el debate legislativo de algunos diputados y senadores vinculados directa e indirectamente con las empresas del sector; mientras que, por el otro, está la cuestión de la grabación de una conversación privada hecha pública a través de Internet.
En un segundo término pero más importante aún, también se ha mencionado el interés de que la declaratoria de preponderancia a las empresas de este ramo sea acotada sólo en términos del sector y no de los servicios, lo que sería violatorio de la Constitución.
Evidentemente la preponderancia por servicio pondría a Televisa contra las cuerdas porque se vería obligada a compartir su señal de manera gratuita con las empresas de cable (cabe recordar que su principal estrategia de venta en este ámbito es, precisamente, que su sistema “Sky” sí cuenta con todos los canales) y le restaría esa ventaja competitiva.
En todo este crucigrama también juegan los medios secundarios que buscan una legislación que les permita mantener la competencia con las grandes empresas y sacar raja para hacer crecer sus ganancias a partir de este momento de coyuntura.
Lo cierto es que en todo este teje y maneje político-empresarial-legislativo los ciudadanos no están incluidos en la fórmula. No se habla de mejoras en las tarifas ni en los servicios o sanciones a las empresas por fallas, faltas, omisiones o abusos en los mismos.
Lo que a los ciudadanos nos interesa no es si Televisa o Telmex se hacen más o menos ricos, lo que queremos es no tener que estar sufriendo por malos servicios que, además, son más caros y de peor calidad que en el resto del mundo.
La realidad es que mientras el tema de la reforma en telecomunicaciones se torna delicado y peligroso, a la gente le da igual porque la percepción es que, otra vez, no tendrá ningún beneficio directo (como el que pretendía obtener la diputada Carpinteyro) ni indirecto pues las empresas seguirán cobrando lo que quieran por servicios de mala calidad.
Estamos, de nueva cuenta, ante una reforma legislativa que sólo atiende los intereses de unos cuantos. Lo mismo de siempre, en resumen.
Twitter: @Mega_J_Israel_M
israel.martinez@milenio.com
Reforma de unos cuantos
J. Israel Martínez Macedo
La reforma en materia de telecomunicaciones tomó un cariz interesante al revelar la conversación en que la diputada perredista Purificación Carpinteyro ofrece a José Gutiérrez Becerril realizar un negocio de operador móvil virtual de telefonía (MVNO) a partir de los cambios en la legislación.
El tema no es menor ni se limita al ámbito de las telecomunicaciones. Revela de forma precisa y directa cómo se tejen los hilos del poder (al menos en parte) y los mecanismos en que políticos y empresarios negocian en beneficio y protección de sus intereses personales.
La discusión gira, por un lado, sobre la validez de participación en el debate legislativo de algunos diputados y senadores vinculados directa e indirectamente con las empresas del sector; mientras que, por el otro, está la cuestión de la grabación de una conversación privada hecha pública a través de Internet.
En un segundo término pero más importante aún, también se ha mencionado el interés de que la declaratoria de preponderancia a las empresas de este ramo sea acotada sólo en términos del sector y no de los servicios, lo que sería violatorio de la Constitución.
Evidentemente la preponderancia por servicio pondría a Televisa contra las cuerdas porque se vería obligada a compartir su señal de manera gratuita con las empresas de cable (cabe recordar que su principal estrategia de venta en este ámbito es, precisamente, que su sistema “Sky” sí cuenta con todos los canales) y le restaría esa ventaja competitiva.
En todo este crucigrama también juegan los medios secundarios que buscan una legislación que les permita mantener la competencia con las grandes empresas y sacar raja para hacer crecer sus ganancias a partir de este momento de coyuntura.
Lo cierto es que en todo este teje y maneje político-empresarial-legislativo los ciudadanos no están incluidos en la fórmula. No se habla de mejoras en las tarifas ni en los servicios o sanciones a las empresas por fallas, faltas, omisiones o abusos en los mismos.
Lo que a los ciudadanos nos interesa no es si Televisa o Telmex se hacen más o menos ricos, lo que queremos es no tener que estar sufriendo por malos servicios que, además, son más caros y de peor calidad que en el resto del mundo.
La realidad es que mientras el tema de la reforma en telecomunicaciones se torna delicado y peligroso, a la gente le da igual porque la percepción es que, otra vez, no tendrá ningún beneficio directo (como el que pretendía obtener la diputada Carpinteyro) ni indirecto pues las empresas seguirán cobrando lo que quieran por servicios de mala calidad.
Estamos, de nueva cuenta, ante una reforma legislativa que sólo atiende los intereses de unos cuantos. Lo mismo de siempre, en resumen.
Twitter: @Mega_J_Israel_M
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lunes, 7 de abril de 2014
Futuro mediático / Columna
De medios y otros demonios
Futuro mediático
J. Israel Martínez Macedo
El aprovechamiento de las tecnologías de la información en México se encuentra en un punto que ya ha sido rebasado en los principales países del mundo desarrollado; mientras la discusión nacional aún se centra en la tecnología y el acceso a ella, el asunto de los contenidos toma cada vez mayor fuerza en otras latitudes.
La aplicación de las primeras medidas derivadas de la declaratoria de preponderancia a los grupos Carso y Televisa van enfocadas en atender el modelos de negocios en materia de telecomunicaciones pero no resuelve la necesidad de la sociedad a recibir mejores servicios/productos de mayor calidad al precio justo.
México aparece en los últimos lugares de las clasificaciones sobre velocidad y calidad de señal en las telecomunicaciones; también ha abandonado esos sitios privilegiados en la producción de contenidos que mantuvo en décadas anteriores.
Las producciones de internet (caseras o no tanto) acaparan la atención de los sectores jóvenes de la población, lo que representa un gran riesgo a largo plazo para las empresas de medios electrónicos que verán, en el largo plazo, el desplazamiento de la publicidad a otras áreas.
Los llamados "youtubers" y "viners" consiguen mayor y mejores impactos publicitarios que las campañas masivas que lanzan por televisión. Cuentan con la ventaja de tener públicos delimitados y específicos a los que impactan con mensajes más simples y sencillos de elaborar que los televisivos.
En telecomunicaciones, el debate existente entre los alcances de la ley secundaria a la reforma se torna trascendental ante la posibilidad de que el Estado se atribuya, sin criterios precisos, el control y manejo de la información y contenidos a través de una retórica absurda y perversa que esconde sus intenciones detrás de una retórica dictatorial digna del chavismo venezolano.
Los contenidos son el tema del presente en el mundo por lo que el intento de controlarlo se vuelve cada vez más desmedido por parte de gobiernos controladores que se han dado cuenta de la imposibilidad de controlar el flujo de medios en las redes sociales, blogs, páginas, entre otros mecanismos de interacción virtual.
El desplazamiento natural que la emergencia de nuevas formas de expresión mediática representa para los gobiernos y empresas está encontrando en México un mecanismo mucho más complejo de lo esperado que se refleja en una legislación ambivalente obligada a tomar curso a la brevedad.
Las nuevas maneras de entender los medios y las telecomunicaciones forjarán el destino del país con miras a un futuro próximo y lejano que nos abrirá las puertas del desarrollo o nos las cerrará irremediablemente. ¿Hacia qué destino nos dirigimos? Es incierto, aún saberlo.
Twitter: @Mega_J_Israel_M
israel.martinez@milenio.com
Futuro mediático
J. Israel Martínez Macedo
El aprovechamiento de las tecnologías de la información en México se encuentra en un punto que ya ha sido rebasado en los principales países del mundo desarrollado; mientras la discusión nacional aún se centra en la tecnología y el acceso a ella, el asunto de los contenidos toma cada vez mayor fuerza en otras latitudes.
La aplicación de las primeras medidas derivadas de la declaratoria de preponderancia a los grupos Carso y Televisa van enfocadas en atender el modelos de negocios en materia de telecomunicaciones pero no resuelve la necesidad de la sociedad a recibir mejores servicios/productos de mayor calidad al precio justo.
México aparece en los últimos lugares de las clasificaciones sobre velocidad y calidad de señal en las telecomunicaciones; también ha abandonado esos sitios privilegiados en la producción de contenidos que mantuvo en décadas anteriores.
Las producciones de internet (caseras o no tanto) acaparan la atención de los sectores jóvenes de la población, lo que representa un gran riesgo a largo plazo para las empresas de medios electrónicos que verán, en el largo plazo, el desplazamiento de la publicidad a otras áreas.
Los llamados "youtubers" y "viners" consiguen mayor y mejores impactos publicitarios que las campañas masivas que lanzan por televisión. Cuentan con la ventaja de tener públicos delimitados y específicos a los que impactan con mensajes más simples y sencillos de elaborar que los televisivos.
En telecomunicaciones, el debate existente entre los alcances de la ley secundaria a la reforma se torna trascendental ante la posibilidad de que el Estado se atribuya, sin criterios precisos, el control y manejo de la información y contenidos a través de una retórica absurda y perversa que esconde sus intenciones detrás de una retórica dictatorial digna del chavismo venezolano.
Los contenidos son el tema del presente en el mundo por lo que el intento de controlarlo se vuelve cada vez más desmedido por parte de gobiernos controladores que se han dado cuenta de la imposibilidad de controlar el flujo de medios en las redes sociales, blogs, páginas, entre otros mecanismos de interacción virtual.
El desplazamiento natural que la emergencia de nuevas formas de expresión mediática representa para los gobiernos y empresas está encontrando en México un mecanismo mucho más complejo de lo esperado que se refleja en una legislación ambivalente obligada a tomar curso a la brevedad.
Las nuevas maneras de entender los medios y las telecomunicaciones forjarán el destino del país con miras a un futuro próximo y lejano que nos abrirá las puertas del desarrollo o nos las cerrará irremediablemente. ¿Hacia qué destino nos dirigimos? Es incierto, aún saberlo.
Twitter: @Mega_J_Israel_M
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lunes, 31 de marzo de 2014
Interés social o mediático / Columna
De medios y otros demonios
Interés social o mediático
J. Israel Martínez Macedo
El tema del momento que acapara la atención de los medios de comunicación en materia de sí mismos es, sin lugar a dudas, la presentación de la reglamentación secundaria en materia de telecomunicaciones que, dicho sea de paso, no ha dejado a gusto a nadie.
No obstante que analistas, especialistas, involucrados, interesados, curiosos, académicos y en general todos quienes han tenido acceso a las propuestas presentadas al Senado por el Ejecutivo coinciden en que es una propuesta que significa un retroceso respecto a lo que indica la reforma constitucional, el asunto servirá para mantener a los medios y sus analistas entretenidos en ese tema.
No hay mejor distractor para los medios de comunicación que aquel que involucra y pone en riesgo el negocio de informar, el que parece que alterará las reglas de cómo obtener dinero a partir de la información.
Hay dos opciones. Quien diseñó la ley sabía que tocar el tema de la regulación de contenidos llevaría a todos a voltear a ver ese punto; que aunque se redactara en el texto que se procurará la producción de contenidos de calidad que tengan veracidad, objetividad y oportunidad el punto en el debate sería la discusión sobre quién determinará lo que es objetivo, veraz y oportuno.
La otra es que quien diseñó la ley es tan torpe que se le hizo fácil tomar algunas de las características del periodismo para tomarlas como criterios arbitrarios de calidad de contenidos sin tomar en cuenta que se tratan de conceptos relativos en cuanto a regulación se refiere.
En ambos casos, el debate mediático y el interés de los grupos de medios estará centrado en evitar a toda cosa que ese tipo de redacciones avances en la aprobación de la regulación secundaria en defensa de la libertad de expresión y todas esas banderas en la que muchos suelen envolverse para defender los intereses económicos del medio en el que laboran.
En el debate, seguramente habrá quién sí busque la defensa de la transparencia, el acceso a la información, la libertad de expresión y todos los ideales que involucran la posibilidad de comunicarse mediáticamente pero distinguirlos de los falsos discursos y la propaganda política será un verdadero reto.
Los medios están concentrados en los debates de esta legislación secundaria, algunos programas le dedican hasta media hora o 45 minutos en radio mientras que la televisión deja hasta 15 minutos de los noticieros de una hora, y dejan fuera de la agenda temas sociales, como la inseguridad, trascendentales para el país.
Hay que darle su justo valor a las cosas y estar atentos a los asuntos que no son solo de interés para quienes tienen el control de los medios (dueños, productores y comercializadores) y atender, también a la necesidad social que, a final de cuentas, para eso son los medios.
Twitter: @Mega_J_Israel_M
israel.martinez@milenio.com
Interés social o mediático
J. Israel Martínez Macedo
El tema del momento que acapara la atención de los medios de comunicación en materia de sí mismos es, sin lugar a dudas, la presentación de la reglamentación secundaria en materia de telecomunicaciones que, dicho sea de paso, no ha dejado a gusto a nadie.
No obstante que analistas, especialistas, involucrados, interesados, curiosos, académicos y en general todos quienes han tenido acceso a las propuestas presentadas al Senado por el Ejecutivo coinciden en que es una propuesta que significa un retroceso respecto a lo que indica la reforma constitucional, el asunto servirá para mantener a los medios y sus analistas entretenidos en ese tema.
No hay mejor distractor para los medios de comunicación que aquel que involucra y pone en riesgo el negocio de informar, el que parece que alterará las reglas de cómo obtener dinero a partir de la información.
Hay dos opciones. Quien diseñó la ley sabía que tocar el tema de la regulación de contenidos llevaría a todos a voltear a ver ese punto; que aunque se redactara en el texto que se procurará la producción de contenidos de calidad que tengan veracidad, objetividad y oportunidad el punto en el debate sería la discusión sobre quién determinará lo que es objetivo, veraz y oportuno.
La otra es que quien diseñó la ley es tan torpe que se le hizo fácil tomar algunas de las características del periodismo para tomarlas como criterios arbitrarios de calidad de contenidos sin tomar en cuenta que se tratan de conceptos relativos en cuanto a regulación se refiere.
En ambos casos, el debate mediático y el interés de los grupos de medios estará centrado en evitar a toda cosa que ese tipo de redacciones avances en la aprobación de la regulación secundaria en defensa de la libertad de expresión y todas esas banderas en la que muchos suelen envolverse para defender los intereses económicos del medio en el que laboran.
En el debate, seguramente habrá quién sí busque la defensa de la transparencia, el acceso a la información, la libertad de expresión y todos los ideales que involucran la posibilidad de comunicarse mediáticamente pero distinguirlos de los falsos discursos y la propaganda política será un verdadero reto.
Los medios están concentrados en los debates de esta legislación secundaria, algunos programas le dedican hasta media hora o 45 minutos en radio mientras que la televisión deja hasta 15 minutos de los noticieros de una hora, y dejan fuera de la agenda temas sociales, como la inseguridad, trascendentales para el país.
Hay que darle su justo valor a las cosas y estar atentos a los asuntos que no son solo de interés para quienes tienen el control de los medios (dueños, productores y comercializadores) y atender, también a la necesidad social que, a final de cuentas, para eso son los medios.
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