La lujuriosa necesidad de burlarse / Columna

De medios y otros demonios

La lujuriosa necesidad de burlarse

J. Israel Martínez Macedo

Mal y de malas, casi como un augurio de que la transparencia no es lo suyo, el evento en el que Enrique Peña Nieto y casi todo su gabinete hicieron pública su manifestación de bienes fue, al menos en apariencia, un fiasco.
Por increíble que pudiera parecer, al Presidente de México se hizo bolas el engrudo y no pudo descifrar el complicado acrónimo del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), en su mirada sólo parecía observarse un pensamiento “¿A quién se le ocurrió dejar de usar el teleprompter?”.
Pero esa curiosa anecdota que llenó de bromas las redes sociales y alimentaron la lujuriosa necesidad de burla de los más sesudos críticos del peñanietismo, sirvieron al mandatario y sus secretarios para distraer a la siempre difusa población mexicana incapaz de sostener la atención en el tema central: las propiedades presidenciales.
El asunto no es menor e incluso llama la atención para un análisis mayor, digno de un buen académico o investigador especializado en el fino y delicado arte del enriquecimiento patrimonial (legal o no) a través de la administración pública.
¿Qué tan redituable puede ser el servició público para una persona? Sería interesante saber si todo eso que se ha manifestado ya estaba en poder de Peña Nieto en aquellos días de 1984 cuando recién se afiliaba al PRI.
La escueta pero interesante declaración de Peña Nieto y su gabinete destaca por la cantidad de terrenos, casa y departamentos, donados y comprados con dinero propio, de contado, nada de abonos chiquitos como el grueso de la población ni peleas interminables con el banco... hay niveles.
Dentro de las declaraciones llamó la atención el ingreso de Alfonso Navarrete Prida, quien sin especificar de dónde o si en su obtención están involucrado algún tipo de uso de influencias para la labor, registra ganancias que superan su salario en la Federación, como quien dice, está en la STPS por hobbie.
Después de todo las aparentes pifias pueden resultar benéficas para el Presidente, mientras la población siga mirando si sabe leer, si conoce el nombre de las instituciones o si se ve guapo o no, él podrá continuar en lo suyo a sabiendas que atentos y observadores, sus críticos no son.

Twitter: @Mega_J_Israel_M
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¿Peligra el acceso a la información? / Columna

De medios y otros demonios

¿Peligra el acceso a la información?

J. Israel Martínez Macedo

Sin lugar a dudas uno de los grandes avances en la vida democrática de este país ha sido la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente desde 2002. Resultado de los trabajos de un grupo de académicos y periodistas (mejor conocido como Grupo Oaxaca) la ley significó, en su momento, un verdadero hito en las democracias latinoamericanas.

Por primera vez en la historia existía una ley que no sólo regulaba el acceso de los ciudadanos de un país a la información pública que se genera por sus instituciones, además hacía obligatorio para las autoridades entregarla con sanciones muy claras y precisas en caso de insistir en una negativa.

Además se creó el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) y, en cascada, los estados crearon sus propias leyes con sus respectivas reglas internas e institutos locales.

En junio se cumplirán ocho años de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, ha sufrido algunas modificaciones derivadas de un par de decretos pero que han respetado el espíritu de la ley para proteger el derecho de los ciudadanos a conocer cómo y en qué trabaja el gobierno.

A pesar de todo ello, suena con mucha fuerza la posibilidad de que el gobierno federal esté preparando una reforma a la ley que busca eliminar la definitividad de las determinaciones del IFAI para que éstas puedan ser llevadas al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

La modificación no es menor por dos razones fundamentales. En el primero de los casos: el de por sí largo y lento proceso de acceso a la información (una de las dos principales críticas a la ejecución de la ley) se ampliaría a la resolución de un juicio civil que, como es bien conocido en el “ágil y veloz” sistema de justicia mexicano podría llevar al solicitante a varios años de litigios, con los consecuentes gastos que implica.

El segundo caso es todavía más preocupante pues debilitaría al propio IFAI permitiendo que sus determinaciones como un instituto ciudadano y autónomo puedan ser llevadas a juicio, es un poco el equivalente a que alguna autoridad pueda apelar en un tribunal alguna resolución de la CNDH para evitar acatarla, la principal diferencia es que se trata de particulares.

Sí, es necesaria una reforma a la Ley de Transparencia, pero una que brinde mayor fortaleza al IFAI, que agilice la entrega de información (hay casos que llevan meses en el proceso) y que garantice la actualización de los datos oficiales de publicación obligatoria.

PARÉNTESIS

Esta semana se llevará a cabo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAEM el Congreso Nacional de Comunicación 2010 bajo la temática “Retos y Alcances de la Comunicación para el Desarrollo de México” una buena opción para estudiantes que deseen acercarse a esta perspectiva de la disciplina.

israel.martinez@milenio.com