De medios y otros demonios
La propuesta basura de Omar Fayad
J. Israel Martínez Macedo
El senador priista Omar Fayad presentó una iniciativa de ley que busca regular el uso de Internet en nuestro país; sin embargo, sus determinaciones ambiguas, la falta de profundidad en varios temas y la ignorancia demostrada ante asuntos cruciales como la deep web, han hecho de esto no solo algo inviable sino una burla.
Regular Internet en México no es algo nuevo, desde el sexenio pasado, el gobierno de Felipe Calderón sumó a México en la firma del Acuerdo Comercial contra la Falsificación (ACTA por sus siglas en inglés) que restringen el uso y acceso a la red además de que abren la puerta al espionaje gubernamental.
Para fortuna de los internautas mexicanos, el Congreso votó no avalar la firma de este acuerdo y todas esas restricciones quedaron sin vigor en nuestro país aunque quedó el precedente.
La propuesta de Fayad tiene una evidente intención de censura negativa que no solo no abona a la democracia sino que es contraria a sus principios y valores más fundamentales y atenta, inclusive, contra los principios básicos de los artículos sexto y séptimo constitucionales.
Como muchas otras propuestas absurdas que se han presentado en nuestro país, la de Fayad trata de ser justificada bajo el argumento de que pretende abrir el tema a discusión con miras a lograr una ley sólida y congruente que regule el uso de Internet.
Las experiencias previas no han sido muy buenas porque los debates subsecuentes se realizan en función de echar abajo la propuesta inicial y no para obtener la mejor versión, de tal modo que la ley resultante se contenta con que se supere la propuesta original aunque no responda a las necesidades reales del país.
Lo que los legisladores, y políticos en general, no han entendido sobre Internet es que no debe regularse su uso sino prevenir situaciones donde el abuso y, sobre todo, perjuicio malintencionado de los usuarios sea sancionado en aras de una sana convivencia en la red.
Lo que posibles ordenamientos en la materia deben cuidar, sobre cualquier cosa, es que no se vulneren las garantías individuales de los ciudadanos, en específico las de libertad de expresión así como las equivalencias en la web de la libertad de imprenta.
Propuestas como la de Omar Fayad no abonan ni a la discusión ni a encontrar solución a un problema real que es el abuso de Internet, incluso la proliferación —al margen de la ley— de "policías cibernéticas" de las que nadie informa alcances y limitaciones en su actuar.
En el momento en el que se encuentra México ¿es necesaria una ley para Internet? La respuesta es sí, sin duda; pero no así con la propuesta de Fayad, sino algo realmente serio y trascendente.
@Mega_J_Israel_M
israel.martinez@milenio.com
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lunes, 2 de noviembre de 2015
lunes, 21 de julio de 2014
Medidas "chatarra" / Columna
De medios y otros demonios
Medidas “chatarra”
J. Israel Martínez Macedo
Quién no recuerda aquella frase que durante al menos un par de décadas marcó la infancia de varios de nosotros. “Recuérdame” parece ser la sentencia que la Comisión Federal para la Protección contra riesgos Sanitarios (Cofepris) ha dictado para la publicidad de comida chatarra en el horario infantil de la televisión.
Todo indica que la Cofepris, al ver la ineptitud de los padres para enseñar a sus hijos a comer sanamente y decir que no a los alimentos repletos de azúcar y prácticamente ningún otro valor nutricional, decidió que la manera de evitar la venta es prohibiendo la exhibición.
Y no es que la medida no tenga buenas intenciones, cuidar la salud de los menores es un asunto de gran relevancia, solo que se trata de una mera apariencia. Culpar a la publicidad de que los niños mexicanos sólo coman porquerías en lugar de contar con una alimentación sana, es una salida fácil para un problema más complejo.
La decisión de eliminar la publicidad evidencia el desconocimiento (si no temor) de la dependencia federal respecto de la realidad de las familias mexicanas y los esquemas de comportamiento cotidiano.
Lo que la aparente buena medida esconde es que poco más de la quinta parte de los 28 millones 159 mil 373 tienen jefatura femenina, lo que indica que, en al menos 6 millones 916 mil 206 hogares, la madre trabaja y los niños quedan al cuidado de otro familiar o, en el peor de los casos, de la televisión.
El que otro familiar se haga cargo de la educación de los menores tiene implicaciones de alto impacto en la interacción social. Adultos que no quieren conflictos con sus parientes a causa de no cumplir el capricho de los niños, no es una buena combinación en términos educativos.
Los infantes exigen dinero para atiborrarse de papas, pastelitos, refrescos y dulces, los padres le dan los hijos aquello que les exigen porque, en su pensamiento, a final de cuentas “para eso trabajan” y le darán a sus vástagos “lo que ellos no tuvieron”.
Aunado a ello la imposición tiene muchos vacíos que la publicidad puede evadir, como son las telenovelas y los partidos de futbol, que quedaron libres de esta medida, o que las empresas pueden buscar la certificación de que un programa tiene una audiencia infantil menor a 35 por ciento para anunciarse ahí.
Retirar la publicidad de la televisión no cambiará la tendencia hacia la obesidad del país, los padres son los responsables de la alimentación de los menores, una responsabilidad que evaden y que, por intereses más políticos que sociales, el Estado asume con ocurrencias que tapan la grieta pero no detienen la fuga.
Medidas “chatarra” para problemas importantes… el pastelito nuestro de cada día.
Twitter: @Mega_J_Israel_M
israel.martinez@milenio.com
Medidas “chatarra”
J. Israel Martínez Macedo
Quién no recuerda aquella frase que durante al menos un par de décadas marcó la infancia de varios de nosotros. “Recuérdame” parece ser la sentencia que la Comisión Federal para la Protección contra riesgos Sanitarios (Cofepris) ha dictado para la publicidad de comida chatarra en el horario infantil de la televisión.
Todo indica que la Cofepris, al ver la ineptitud de los padres para enseñar a sus hijos a comer sanamente y decir que no a los alimentos repletos de azúcar y prácticamente ningún otro valor nutricional, decidió que la manera de evitar la venta es prohibiendo la exhibición.
Y no es que la medida no tenga buenas intenciones, cuidar la salud de los menores es un asunto de gran relevancia, solo que se trata de una mera apariencia. Culpar a la publicidad de que los niños mexicanos sólo coman porquerías en lugar de contar con una alimentación sana, es una salida fácil para un problema más complejo.
La decisión de eliminar la publicidad evidencia el desconocimiento (si no temor) de la dependencia federal respecto de la realidad de las familias mexicanas y los esquemas de comportamiento cotidiano.
Lo que la aparente buena medida esconde es que poco más de la quinta parte de los 28 millones 159 mil 373 tienen jefatura femenina, lo que indica que, en al menos 6 millones 916 mil 206 hogares, la madre trabaja y los niños quedan al cuidado de otro familiar o, en el peor de los casos, de la televisión.
El que otro familiar se haga cargo de la educación de los menores tiene implicaciones de alto impacto en la interacción social. Adultos que no quieren conflictos con sus parientes a causa de no cumplir el capricho de los niños, no es una buena combinación en términos educativos.
Los infantes exigen dinero para atiborrarse de papas, pastelitos, refrescos y dulces, los padres le dan los hijos aquello que les exigen porque, en su pensamiento, a final de cuentas “para eso trabajan” y le darán a sus vástagos “lo que ellos no tuvieron”.
Aunado a ello la imposición tiene muchos vacíos que la publicidad puede evadir, como son las telenovelas y los partidos de futbol, que quedaron libres de esta medida, o que las empresas pueden buscar la certificación de que un programa tiene una audiencia infantil menor a 35 por ciento para anunciarse ahí.
Retirar la publicidad de la televisión no cambiará la tendencia hacia la obesidad del país, los padres son los responsables de la alimentación de los menores, una responsabilidad que evaden y que, por intereses más políticos que sociales, el Estado asume con ocurrencias que tapan la grieta pero no detienen la fuga.
Medidas “chatarra” para problemas importantes… el pastelito nuestro de cada día.
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lunes, 26 de mayo de 2014
Desgaste innecesario / Columna
De medios y otros demonios
Desgaste innecesario
J. Israel Martínez Macedo
La legislación secundaria en materia político-electoral está revisada, discutida, aprobada y hasta impugnada en las Cámaras de Diputados y Senadores por lo que se abre paso al tema que más peso mediático ha tenido los últimos meses: telecomunicaciones.
No obstante el asunto del haber de retiro aún mantiene a los legisladores un tanto distraídos del tema en puerta. El pasado viernes, el senador Javier Corral Jurado se enfrascó en un debate mediático con el magistrado del Trife, Salvador Olimpo Nava Gomar, en el que la flacidez de los argumentos del legislador lo llevaron a cometer varios errores.
Corral Jurado abrió el frente al acusar a los magistrados de cabildear el haber de retiro y señalar que se trata de una pensión vitalicia con cantidades irreales solo lógicas en los términos del México surreal.
Salvador Nava señaló que el haber de retiro se aprobó en el Legislativo, no en el Judicial, por lo tanto son los legisladores que votaron la ley, y no los magistrados que revisan su cumplimiento, los responsables de la existencia del esta figura.
En el intento de Javier Corral de “quemar” a los magistrados, indicó que el haber de retiro es un problema de procedimiento legislativo; echando sobre sí y la comisión que preside toda la responsabilidad en la aprobación de la legislación. El magistrado no dejó pasar el dato y arremetió:
“Él dice que esto es justamente lo que pinta a esta integración del tribunal: el procedimiento legislativo. Hombre, qué curioso, el procedimiento legislativo le corresponde a él, creo que dibuja a él y a la Legislatura; que diga que no le consta, que no sabe, que no leyó lo que votó, me parece que es irresponsable de su parte, sería tanto como decir que yo no he leído las sentencias que firmo”.
Ante la exhibición pública, Javier Corral perdió los estribos. Recurrió a la vil retórica demagógica para cuestionar el tipo de magistrados que tenemos en el país y acusó al magistrado de cabildear nombramientos del IFAI por haber emitido una recomendación a uno de los candidatos.
La confusión de términos y acciones entre lo que implica una recomendación y un cabildeo por parte de un senador de la República es muestra del manejo demagógico de su argumento para distraer del hecho que evidenció Nava Gomar: los responsables del procedimiento legislativo son los legisladores.
El principal promotor de una legislación secundaria en materia de telecomunicaciones que sea acorde a las necesidades del país ha sido precisamente Corral Jurado; sin embargo, el senador llega desgastado al debate generando descalificaciones a priori a sus argumentos. Se le necesita concentrado en el tema que ha trabajado tanto, de lo contrario se perderá tanto una como la otra.
Twitter: @Mega_J_Israel_M
israel.martinez@milenio.com
Desgaste innecesario
J. Israel Martínez Macedo
La legislación secundaria en materia político-electoral está revisada, discutida, aprobada y hasta impugnada en las Cámaras de Diputados y Senadores por lo que se abre paso al tema que más peso mediático ha tenido los últimos meses: telecomunicaciones.
No obstante el asunto del haber de retiro aún mantiene a los legisladores un tanto distraídos del tema en puerta. El pasado viernes, el senador Javier Corral Jurado se enfrascó en un debate mediático con el magistrado del Trife, Salvador Olimpo Nava Gomar, en el que la flacidez de los argumentos del legislador lo llevaron a cometer varios errores.
Corral Jurado abrió el frente al acusar a los magistrados de cabildear el haber de retiro y señalar que se trata de una pensión vitalicia con cantidades irreales solo lógicas en los términos del México surreal.
Salvador Nava señaló que el haber de retiro se aprobó en el Legislativo, no en el Judicial, por lo tanto son los legisladores que votaron la ley, y no los magistrados que revisan su cumplimiento, los responsables de la existencia del esta figura.
En el intento de Javier Corral de “quemar” a los magistrados, indicó que el haber de retiro es un problema de procedimiento legislativo; echando sobre sí y la comisión que preside toda la responsabilidad en la aprobación de la legislación. El magistrado no dejó pasar el dato y arremetió:
“Él dice que esto es justamente lo que pinta a esta integración del tribunal: el procedimiento legislativo. Hombre, qué curioso, el procedimiento legislativo le corresponde a él, creo que dibuja a él y a la Legislatura; que diga que no le consta, que no sabe, que no leyó lo que votó, me parece que es irresponsable de su parte, sería tanto como decir que yo no he leído las sentencias que firmo”.
Ante la exhibición pública, Javier Corral perdió los estribos. Recurrió a la vil retórica demagógica para cuestionar el tipo de magistrados que tenemos en el país y acusó al magistrado de cabildear nombramientos del IFAI por haber emitido una recomendación a uno de los candidatos.
La confusión de términos y acciones entre lo que implica una recomendación y un cabildeo por parte de un senador de la República es muestra del manejo demagógico de su argumento para distraer del hecho que evidenció Nava Gomar: los responsables del procedimiento legislativo son los legisladores.
El principal promotor de una legislación secundaria en materia de telecomunicaciones que sea acorde a las necesidades del país ha sido precisamente Corral Jurado; sin embargo, el senador llega desgastado al debate generando descalificaciones a priori a sus argumentos. Se le necesita concentrado en el tema que ha trabajado tanto, de lo contrario se perderá tanto una como la otra.
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lunes, 14 de abril de 2014
Cobertura equitativa / Columna
De medios y otros demonios
Cobertura equitativa
J. Israel Martínez Macedo
Hace un par de semanas comenzó la atención especial que los medios masivos han dado a la legislación secundaria en telecomunicaciones, coincidentemente, al mismo tiempo que el tema de las autodefensas michoacanas y la inseguridad han perdido fuerza mediática.
Comentábamos hace una semana que los medios, principalmente los electrónicos, estaban demasiado concentrados en las concesiones y reglamentación vinculada a su operación, además de los alcances reales que tendrá el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel).
Esta semana pudimos observar que el asunto subió de nivel derivado del intento de regular los contenidos con una redacción engañosa y falaz que advierte la posibilidad de previa censura por parte del gobierno (lo que evidentemente violaría el séptimo constitucional).
Al mismo tiempo, la inseguridad en el país aumentó. Tamaulipas está al borde de un esquema de Estado fallido (por decir lo menos), el Edomex no encuentra la salida y el cambio reciente en la Secretaría de Seguridad Ciudadana no da muestras de dar resultados al corto plazo y en Michoacán el llamado al desarme de las autodefensas amenaza con desestabilizar la región de nueva cuenta.
Ante este escenario la redacción de la legislación secundaria no parece accidental sino premeditada buscando generar ese preciso efecto de causar la distracción de los medios.
El periodismo debe su razón de ser a la obligación ética de los periodistas de informar y analizar los temas de interés colectivo. En este sentido la libertad de expresión y la seguridad pública compiten por la atención de los medios en la agenda informativa pero con cierta desventaja para el segundo tema.
Los medios (y los periodistas que trabajan en ellos) parecen poner más atención en los asuntos que parecen afectarlos más directamente —el caso de la libertad de expresión— que el que mantiene a la sociedad en un permanente estado de pánico y que ha llegado a generar situaciones de histeria colectiva.
La libertad de expresión es un tema toral en las sociedades democráticas que no debe tolerar simulaciones gubernamentales en las que se afecta a la sociedad mientras se "festeja" a los periodistas.
De igual modo la sociedad no tolera simulaciones de los medios que hacen como que informan pero que en realidad ocultan o distraen de los temas de relevancia para las personas por cuidar sus intereses personales o de grupo y no los de la ciudadanía.
El camino que están eligiendo los medios es riesgoso, sin darse cuenta están cayendo en el descrédito de la sociedad para regocijo de un gobierno autoritario que, sin percibirlo, aumenta el malestar de la población al no encontrar eco de sus problemas cotidianos en los medios.
Los temas propios de los medios interesan a la ciudadanía pero no como los que afectan a la sociedad en general, tan importantes unos como los otros.
Twitter: @Mega_J_Israel_M
israel.martinez@milenio.com
Cobertura equitativa
J. Israel Martínez Macedo
Hace un par de semanas comenzó la atención especial que los medios masivos han dado a la legislación secundaria en telecomunicaciones, coincidentemente, al mismo tiempo que el tema de las autodefensas michoacanas y la inseguridad han perdido fuerza mediática.
Comentábamos hace una semana que los medios, principalmente los electrónicos, estaban demasiado concentrados en las concesiones y reglamentación vinculada a su operación, además de los alcances reales que tendrá el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel).
Esta semana pudimos observar que el asunto subió de nivel derivado del intento de regular los contenidos con una redacción engañosa y falaz que advierte la posibilidad de previa censura por parte del gobierno (lo que evidentemente violaría el séptimo constitucional).
Al mismo tiempo, la inseguridad en el país aumentó. Tamaulipas está al borde de un esquema de Estado fallido (por decir lo menos), el Edomex no encuentra la salida y el cambio reciente en la Secretaría de Seguridad Ciudadana no da muestras de dar resultados al corto plazo y en Michoacán el llamado al desarme de las autodefensas amenaza con desestabilizar la región de nueva cuenta.
Ante este escenario la redacción de la legislación secundaria no parece accidental sino premeditada buscando generar ese preciso efecto de causar la distracción de los medios.
El periodismo debe su razón de ser a la obligación ética de los periodistas de informar y analizar los temas de interés colectivo. En este sentido la libertad de expresión y la seguridad pública compiten por la atención de los medios en la agenda informativa pero con cierta desventaja para el segundo tema.
Los medios (y los periodistas que trabajan en ellos) parecen poner más atención en los asuntos que parecen afectarlos más directamente —el caso de la libertad de expresión— que el que mantiene a la sociedad en un permanente estado de pánico y que ha llegado a generar situaciones de histeria colectiva.
La libertad de expresión es un tema toral en las sociedades democráticas que no debe tolerar simulaciones gubernamentales en las que se afecta a la sociedad mientras se "festeja" a los periodistas.
De igual modo la sociedad no tolera simulaciones de los medios que hacen como que informan pero que en realidad ocultan o distraen de los temas de relevancia para las personas por cuidar sus intereses personales o de grupo y no los de la ciudadanía.
El camino que están eligiendo los medios es riesgoso, sin darse cuenta están cayendo en el descrédito de la sociedad para regocijo de un gobierno autoritario que, sin percibirlo, aumenta el malestar de la población al no encontrar eco de sus problemas cotidianos en los medios.
Los temas propios de los medios interesan a la ciudadanía pero no como los que afectan a la sociedad en general, tan importantes unos como los otros.
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martes, 24 de julio de 2012
Reconocer despenalizando / Columna
De medios y otros demonios
Reconocer despenalizando
J. Israel Martínez Macedo
La Legislatura local aprobó el día de ayer la despenalización de los delitos de difamación y calumnias; la medida suele ser tomada en cuenta como un avance en materia de libertad de expresión y aplaudida rápidamente por las diferentes asociaciones periodísticas como una forma tratar de generar la imagen de que están interesadas en este tema.
No obstante esta simulación, la realidad es que la medida sigue siendo una concesión para tratar de agradar al sector periodístico sin que exista detrás de ello una precisa reflexión sobre lo que socialmente significa la aprobación de esta reforma.
En primer lugar, el argumento base para eliminar este tipo de delitos es que son acusaciones que se utilizan para acallar voces críticas por parte de políticos corruptos que sólo buscan venganza contra los opinadores críticos que denuncian sus operaciones “por debajo de la mesa”.
Despenalizar los delitos bajo ese argumento no es otra cosa más que el reconocimiento tácito del Ejecutivo (quien fue el que presentó la iniciativa el lunes 23 de abril pasado) y del Legislativo que efectivamente esa conducta es una práctica que ocurre en el Estado de México, dicho de otro modo, reconocen que los políticos y funcionarios corruptos usan la ley para vengarse de los periodistas.
La despenalización de la difamación y la calumnia como medida de protección a los periodistas es aceptar que los políticos y servidores públicos del Estado de México son un peligro, no sólo para los periodistas sino también para la libertad de expresión.
Quizás lo sean, las mediciones en materia de agresiones a periodistas y medios indican que los que más incurren en esta práctica son los políticos y funcionarios, sobre todo los de nivel municipal y estatal; no es la delincuencia organizada ni la delincuencia común, son los hombres y mujeres que nos gobiernan y en cuyas manos dejamos el deber de nuestra protección.
En concreto, el mensaje que envían el Ejecutivo y los diputados es que en el Estado de México es necesario proteger a los reporteros y periodistas de los políticos y servidores públicos que tratan de cobrar venganza por exponer sus cochupos y negocios bajo el cobijo de su cargo.
Ahora los reporteros no serán encarcelados por el ejercicio de su función sino que las represalias tendrán que ser asunto de un juicio civil (por la vía legal) y quién sabe qué cosas (por la vía ilegal).
Seguramente llegará el aplauso fácil y el agradecimiento pueril a la medida, pero en realidad no abona en nada al ejercicio de la profesión, lo que tenía que decirse era dicho, ello exigía un mayor nivel profesional para comprobar los dichos; habrá que ver cómo afecta la medida al gremio pero eso sólo el tiempo lo develará.
Twitter: @Mega_J_Israel_M
israel.martinez@milenio.com
Reconocer despenalizando
J. Israel Martínez Macedo
La Legislatura local aprobó el día de ayer la despenalización de los delitos de difamación y calumnias; la medida suele ser tomada en cuenta como un avance en materia de libertad de expresión y aplaudida rápidamente por las diferentes asociaciones periodísticas como una forma tratar de generar la imagen de que están interesadas en este tema.
No obstante esta simulación, la realidad es que la medida sigue siendo una concesión para tratar de agradar al sector periodístico sin que exista detrás de ello una precisa reflexión sobre lo que socialmente significa la aprobación de esta reforma.
En primer lugar, el argumento base para eliminar este tipo de delitos es que son acusaciones que se utilizan para acallar voces críticas por parte de políticos corruptos que sólo buscan venganza contra los opinadores críticos que denuncian sus operaciones “por debajo de la mesa”.
Despenalizar los delitos bajo ese argumento no es otra cosa más que el reconocimiento tácito del Ejecutivo (quien fue el que presentó la iniciativa el lunes 23 de abril pasado) y del Legislativo que efectivamente esa conducta es una práctica que ocurre en el Estado de México, dicho de otro modo, reconocen que los políticos y funcionarios corruptos usan la ley para vengarse de los periodistas.
La despenalización de la difamación y la calumnia como medida de protección a los periodistas es aceptar que los políticos y servidores públicos del Estado de México son un peligro, no sólo para los periodistas sino también para la libertad de expresión.
Quizás lo sean, las mediciones en materia de agresiones a periodistas y medios indican que los que más incurren en esta práctica son los políticos y funcionarios, sobre todo los de nivel municipal y estatal; no es la delincuencia organizada ni la delincuencia común, son los hombres y mujeres que nos gobiernan y en cuyas manos dejamos el deber de nuestra protección.
En concreto, el mensaje que envían el Ejecutivo y los diputados es que en el Estado de México es necesario proteger a los reporteros y periodistas de los políticos y servidores públicos que tratan de cobrar venganza por exponer sus cochupos y negocios bajo el cobijo de su cargo.
Ahora los reporteros no serán encarcelados por el ejercicio de su función sino que las represalias tendrán que ser asunto de un juicio civil (por la vía legal) y quién sabe qué cosas (por la vía ilegal).
Seguramente llegará el aplauso fácil y el agradecimiento pueril a la medida, pero en realidad no abona en nada al ejercicio de la profesión, lo que tenía que decirse era dicho, ello exigía un mayor nivel profesional para comprobar los dichos; habrá que ver cómo afecta la medida al gremio pero eso sólo el tiempo lo develará.
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lunes, 25 de junio de 2012
El problema no es la ley / Columna
De medios y otros demonios
El problema no es la ley
J. Israel Martínez Macedo
La Ley de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y de Federalización de los Delitos cometidos contra Periodistas (mejor conocida como Ley de Protección a Periodistas) es un pequeño avance —con tintes electorales— en la lucha por reducir las agresiones y ataques a quienes dedican su vida a la defensa de los derechos humanos y a informar a la población.
Desafortunadamente el contexto que rodea la firma de esta Ley por parte del presidente Felipe Calderón evidencia un total desconocimiento (o desinterés) de la situación sobre cómo se encuentra el periodismo en México y da muestra de ser sólo una medida para intentar de acallar voces internacionales y nada más.
Cada organización que investiga agresiones a reporteros, fotógrafos, camarógrafos y medios en el país, sea nacional o internacional, ha documentado la misma situación (con ligeras diferencias en las cifras según su criterio pero todos llegan a igual conclusión): los principales agresores son funcionarios o políticos.
¿Qué pasará en los casos en los que la misma autoridad que deba hacer valer la ley sea señalada como “autor material” de la agresión?
Aunado a ello no queda claro bajo qué condiciones actuará la Ley y aunque se anuncia un fondo para la aplicación integral de la ley, tampoco se señala la manera en que se generarán las garantías para la protección del periodista en riesgo o el tiempo que pueda durar esa protección.
Por si esto fuera poco se debe reconocer que la delincuencia organizada ha infiltrado fuerzas policiacas en los distintos niveles, por lo que quedar bajo el resguardo de estos tampoco garantiza la seguridad de reporteros, fotógrafos, camarógrafos o medios que sean amenazados.
El problema, esencialmente, no es la falta de una ley sino la falta de una autoridad que haga valer esa ley. El gobierno federal ha sido rebasado por la delincuencia pero en el ámbito estatal y municipal las cosas no son muy diferentes: crímenes que no se esclarecen, denuncias que quedan como mero anecdotario o son simple trámite para el cobro de algún seguro y nada más.
El problema con la seguridad a los periodistas no es distinto del resto de la seguridad a la población: no se trata de la ley sino de la falta de capacidad para hacerla cumplir. Bienvenida la iniciativa pero en definitiva se queda corta, muy corta.
Twitter: @Mega_J_Israel_M
israel.martinez@milenio.com
El problema no es la ley
J. Israel Martínez Macedo
La Ley de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y de Federalización de los Delitos cometidos contra Periodistas (mejor conocida como Ley de Protección a Periodistas) es un pequeño avance —con tintes electorales— en la lucha por reducir las agresiones y ataques a quienes dedican su vida a la defensa de los derechos humanos y a informar a la población.
Desafortunadamente el contexto que rodea la firma de esta Ley por parte del presidente Felipe Calderón evidencia un total desconocimiento (o desinterés) de la situación sobre cómo se encuentra el periodismo en México y da muestra de ser sólo una medida para intentar de acallar voces internacionales y nada más.
Cada organización que investiga agresiones a reporteros, fotógrafos, camarógrafos y medios en el país, sea nacional o internacional, ha documentado la misma situación (con ligeras diferencias en las cifras según su criterio pero todos llegan a igual conclusión): los principales agresores son funcionarios o políticos.
¿Qué pasará en los casos en los que la misma autoridad que deba hacer valer la ley sea señalada como “autor material” de la agresión?
Aunado a ello no queda claro bajo qué condiciones actuará la Ley y aunque se anuncia un fondo para la aplicación integral de la ley, tampoco se señala la manera en que se generarán las garantías para la protección del periodista en riesgo o el tiempo que pueda durar esa protección.
Por si esto fuera poco se debe reconocer que la delincuencia organizada ha infiltrado fuerzas policiacas en los distintos niveles, por lo que quedar bajo el resguardo de estos tampoco garantiza la seguridad de reporteros, fotógrafos, camarógrafos o medios que sean amenazados.
El problema, esencialmente, no es la falta de una ley sino la falta de una autoridad que haga valer esa ley. El gobierno federal ha sido rebasado por la delincuencia pero en el ámbito estatal y municipal las cosas no son muy diferentes: crímenes que no se esclarecen, denuncias que quedan como mero anecdotario o son simple trámite para el cobro de algún seguro y nada más.
El problema con la seguridad a los periodistas no es distinto del resto de la seguridad a la población: no se trata de la ley sino de la falta de capacidad para hacerla cumplir. Bienvenida la iniciativa pero en definitiva se queda corta, muy corta.
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