Presuntos jueces / Columna

De medios y otros demonios

Presuntos jueces

J. Israel Martínez Macedo

El Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) pasa por uno de los momentos más preocupantes en lo que refiere al tratamiento de la libertad de expresión y la relación que tienen los jueces con los periodistas en esa entidad.
El asunto que mantiene la atención de las organizaciones no gubernamentales en materia de libertad de expresión, así como de varios periodistas y académicos es el proceso que se mantiene en contra de Roberto Hernández y Layda Negrete los productores del documental "Presunto Culpable" que exhibe los manejos y deficiencias de la justicia capitalina.
El punto, en este caso en particular, tiene que ver con el dilema ético de ser juez y parte. Los personajes que aparecen quedan en evidencia respecto a su actuar en la impartición de justicia y la manipulación de la ley para crear culpables en delitos que los acusados no cometieron; al hacerse público su actuar, llevan a los productores a su terreno para acusar daño moral.
El documental detalla cómo los agentes del policías ministeriales inculpan a quien sea; los agentes del Ministerio Público los acusan y argumentan pruebas inexistentes; los jueces no tienen contacto con el acusado, únicamente leen expedientes, todo se lleva con secretarios del juzgado y así se dicta la sentencia.
En "Presunto Culpable" se detalla cómo el funcionamiento de este esquema no sólo es incapaz de brindar garantía de justicia, sino que además es lento y totalmente propenso a la corrupción en todas y cada una de sus etapas.
Aunque el documental abonó, en su momento, al debate sobre la necesidad de impulsar los juicios orales; hoy los integrantes de la (in) justicia capitalina buscan una indemnización que suena a venganza. Personal del juzgado y del Ministerio Público se integran juez y parte para acallar la denuncia a la corrupción con que operan.
Otro caso tiene que ver con la sentencia que dictó la Suprema Corte de Justicia de la Nación para anular un juicio interpuesto en los tribunales capitalinos contra el columnista Jaime Avilés "Lumbrera Chico" por el empresario Rafael Herrerías, quién acusó daño moral por sus opiniones vertidas en el diario La Jornada.
El periodista tuvo que recurrir hasta la máxima instancia ya que en los tribunales del Distrito Federal se registraron algunas "extrañezas" como que se validaron acusaciones fundadas en leyes ya derogadas, entre otras acciones.
La libertad de expresión proviene de la libertad de pensamiento, es un derecho que los ciudadanos tenemos y debemos ejercer y hacer valer en todo momento; en tanto se respeten sus límites.
Expresarnos nos permite disentir y transformar a partir del debate de las ideas. Impedir expresiones contrarias o que "afecten" a la autoridad, solo es evidencia de autoritarismo.
Cuando los encargados de hacer justicia son los mismos que violan la ley, los ciudadanos quedamos en la indefensión absoluta y, entonces, el malestar social aumenta exponencialmente. La libertad de expresión debe ser usada con responsabilidad y por tal uso es necesario hacerla valer aún en contra de quienes deberían ser los primeros en protegerla.

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Presunto precedente / Columna

De medios y otros demonios

Presunto precedente

J. Israel Martínez Macedo

Este lunes la juez Blanca Lobo Domínguez deberá resolver si determina la suspensión definitiva para la exhibición y promoción del documental “Presunto culpable” que no sólo develó una verdad conocida por todos los mexicanos respecto a la confiabilidad y funcionamiento del sistema judicial, sino que entró en el ámbito de la libertad de expresión y todavía más, el uso de la imagen pública.

Para muchos abogados en todo el país, el documental no mostró más allá de lo que ven y viven todos los días en cualquier juzgado. También son conscientes de que no denuncian las fallas, faltas y distintas acciones o inacciones de los jueces porque saben que los van a seguir viendo en distintos casos y que, con una nula ética profesional, muchos de ellos cobraran venganza con el siguiente caso que ese abogado les presente.

El Poder Judicial se ha basado en la falsa idea —quedó demostrado en el documental— de que los jueces actúan siempre de buena fe y de manera imparcial, cuando en realidad se quedan en la comodidad de la validación de acciones de las distintas procuradurías, muchas veces sin revisar los casos.

La evidencia mostrada en el documental enfrentó un nuevo juicio, éste sí público. Miles de personas que lo han visto lamentan, cuestionan y repudian la forma en que funciona el sistema judicial. Precisamente por eso se puso en duda la determinación de la juez Lobo Domínguez para suspender provisionalmente la exhibición del documental bajo el argumento de que Víctor Daniel Reyes Bravo, único testigo del caso —y quien en el documental reconoce no haber visto nada— apela al uso de su imagen y daño moral por esa acción.

Los focos de alerta se encendieron e inmediatamente se alegó que la medida es un ataque a la libertad de expresión pero, al mismo tiempo, el sistema judicial es víctima de sí mismo pues alegando el uso de la imagen se coloca entre la espada y la pared: lo que determine la juez Blanca Lobo, sentará un precedente legal que servirá para fundamentar acciones futuras.

Si suspende la exhibición cualquier persona podrá apelar a ese criterio para exigir que las televisoras no difundan su imagen, que las portadas llenas de sangre no muestren el rostro de sus familiares o que los paparazis no puedan vender fotografías o videos. Por el contrario, si no lo hace, deja el precedente para que todo ese material no pueda ser impugnado ante un juez y entonces la imagen privada se vuelve del dominio público.

Lo más probable, lo que el mundo legal espera, es que la juez se “lave las manos” se declare incompetente y lo deje en manos de una sala colegiada que tendrá que definir no sólo el asunto de la libertad de expresión, sino el uso de la imagen privada por los medios, menuda responsabilidad.

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