¡Venga la sentencia! / Columna

De medios y otros demonios

¡Venga la sentencia!

J. Israel Martínez Macedo

La “Tremenda Corte de Justicia de la Nación” resolvió a favor de otorgar el amparo a Florence Marie Cassez, acusada de participar en tres secuestros; la indignación nacional se volcó sobre los ministros que en llanas palabras determinaron: debido al montaje televisivo y otras agravantes del proceso no se puede saber si es culpable o no… y la dejaron ir.
Posiciones a favor y en contra de la decisión de la corte corrieron como reguero de pólvora. Los había desde quienes pedían/piden la renuncia de los ministros hasta los que justifican, explican y motivan elementos para comprender que la determinación de la corte fue correcta.
Más allá de la simple decisión hay cosas de fondo que no se han tocado y que pueden repercutir no solo en la vida judicial del país, también en la vida política y social.
La determinación de la corte no solo define el caso en cuestión sino que genera jurisprudencia respecto a situaciones comunes que se relacionen con fallas en el debido proceso.
La denuncia de esto ya se había hecho. En los documentales “El túnel” y “Presunto culpable” se evidencian no solo los vicios del sistema judicial mexicano sino su ineficiencia e incapacidad para demostrar la inocencia o culpabilidad de una persona.
Si el argumento que dejó en libertad a Florence Cassez es que hay elementos suficientes para determinar que no hubo un “debido proceso” en la investigación y que por lo tanto es imposible saber si ella participó o no en los secuestros ¿cuántos casos más están en la misma situación? Los presos sujetos a proceso ¿pueden argumentar fallas en el debido proceso si en sus casos algún agente investigador falseó pruebas en su contra? ¿Puede hacerse si las testimoniales en su contra no concuerdan tal como en el caso Cassez? Se supone que sí.
Aún queda la participación de Televisa y Tv Azteca en el montaje que dio pie a los argumentos jurídicos que terminaron en la liberación de Florence Cassez. Ambas televisoras se deslindaron del hecho, ambas acusan que no sabían nada. Ambas son “presuntas culpables” de mentir. Ambas serán exoneradas.
Según lo señalado esta semana por Jenaro Villamil, Carlos Loret mintió cuando presentó el montaje, lo volvió a hacer cuando dijo no saber nada, y lo sigue haciendo cuando asegura que también fue engañado.
¿Cómo impacta en la confianza hacia el medio y el comunicador? Depende de cómo la gente, lectores, radioescuchas y televidentes reaccionen. De entrada en redes sociales ya ya hay una: el HT #MientoComoLoret y su derivado #MientoComoTelevisa.
Queda esperar un fallo, el de la gente, el de los indignados por la liberación de “la francesa”. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de quienes realizaron el montaje? Resta definirlo pero el montaje existió, las televisoras lo realizaron y eso fue lo que permitió la liberación de Cassez… Las televisoras son corresponsables, les guste reconocerlo o no.

Twitter: @Mega_J_Israel_M
israel.martinez@milenio.com

Presunto precedente / Columna

De medios y otros demonios

Presunto precedente

J. Israel Martínez Macedo

Este lunes la juez Blanca Lobo Domínguez deberá resolver si determina la suspensión definitiva para la exhibición y promoción del documental “Presunto culpable” que no sólo develó una verdad conocida por todos los mexicanos respecto a la confiabilidad y funcionamiento del sistema judicial, sino que entró en el ámbito de la libertad de expresión y todavía más, el uso de la imagen pública.

Para muchos abogados en todo el país, el documental no mostró más allá de lo que ven y viven todos los días en cualquier juzgado. También son conscientes de que no denuncian las fallas, faltas y distintas acciones o inacciones de los jueces porque saben que los van a seguir viendo en distintos casos y que, con una nula ética profesional, muchos de ellos cobraran venganza con el siguiente caso que ese abogado les presente.

El Poder Judicial se ha basado en la falsa idea —quedó demostrado en el documental— de que los jueces actúan siempre de buena fe y de manera imparcial, cuando en realidad se quedan en la comodidad de la validación de acciones de las distintas procuradurías, muchas veces sin revisar los casos.

La evidencia mostrada en el documental enfrentó un nuevo juicio, éste sí público. Miles de personas que lo han visto lamentan, cuestionan y repudian la forma en que funciona el sistema judicial. Precisamente por eso se puso en duda la determinación de la juez Lobo Domínguez para suspender provisionalmente la exhibición del documental bajo el argumento de que Víctor Daniel Reyes Bravo, único testigo del caso —y quien en el documental reconoce no haber visto nada— apela al uso de su imagen y daño moral por esa acción.

Los focos de alerta se encendieron e inmediatamente se alegó que la medida es un ataque a la libertad de expresión pero, al mismo tiempo, el sistema judicial es víctima de sí mismo pues alegando el uso de la imagen se coloca entre la espada y la pared: lo que determine la juez Blanca Lobo, sentará un precedente legal que servirá para fundamentar acciones futuras.

Si suspende la exhibición cualquier persona podrá apelar a ese criterio para exigir que las televisoras no difundan su imagen, que las portadas llenas de sangre no muestren el rostro de sus familiares o que los paparazis no puedan vender fotografías o videos. Por el contrario, si no lo hace, deja el precedente para que todo ese material no pueda ser impugnado ante un juez y entonces la imagen privada se vuelve del dominio público.

Lo más probable, lo que el mundo legal espera, es que la juez se “lave las manos” se declare incompetente y lo deje en manos de una sala colegiada que tendrá que definir no sólo el asunto de la libertad de expresión, sino el uso de la imagen privada por los medios, menuda responsabilidad.

@Mega_J_Israel_M

israel.martinez@milenio.com

Retienen a niña durante 14 horas en la PGJEM / Reportaje

Procuración de Justicia

Retienen a niña durante 14 horas en la PGJEM

El fiscal especial de Delitos Diversos reconoció la presencia de la menor en la dependencia todo ese tiempo

Toluca / J. Israel Martínez

La Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) mantuvo detenida a una niña de cinco años por más de 14 horas en las galeras de la institución al ser trasladada junto con su madre y sus tíos, uno de ellos también menor de edad; sin embargo, uno de los afectados acusa que fueron torturados por parte del personal de la dependencia desde el momento de su detención y hasta el último instante en que él fue liberado, ya que sus hermanos continúan bajo arraigo.
La dependencia, en voz del fiscal especial de Delitos Diversos, Ricardo Lozano Dávila, reconoció que la niña estuvo en las galeras todo ese tiempo pero negó las acusaciones de tortura afirmando que en todo momento se han apegado a derecho para sus actuaciones; sin embargo, entró en contradicción respecto a la existencia de un amparo que impedía el arraigo que ejecutaron.
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) mantiene abierto el expediente relacionado con este caso para verificar las denuncias de tortura física y psicológica de la que dicen haber sido objeto los detenidos.

La detención
Poco después de la medianoche del viernes 26 de junio elementos de la Agencia de Seguridad Estatal ingresaron en un departamento ubicado en el primer piso del número 160 de la avenida Gobernadores en Infonavit San Francisco, en Metepec.
Al salir del departamento, los uniformados entraron a una taquería que se encuentra en la planta baja del mismo inmueble, interrogaron a los empleados y se llevaron detenido a Alberto, de 17 años, sin mostrar orden alguna o encontrarse en flagrancia de algún delito.
Situación similar ocurrió en el departamento ubicado de la calle Casco Edificio P, departamento dos, de la colonia Molina Enríquez, también en Metepec; del lugar fueron sustraídas Martha Angélica Padilla López y su hija de cinco años.
En total, la procuraduría reporta en sus asuntos relevantes del 26 de junio, visibles en su página web “la captura de Raúl Padilla López, Pedro Ortiz Bernabé, Heriberto Calderón Jiménez, Nancy Martínez Vázquez, Jorge Luis Padilla López, Alberto Padilla López, Martha Angélica Padilla López y José García Bernabé a quien se le aseguró por el delito de robo de vehículo y secuestro. Toluca”. Destaca que el reporte no indica nada de sobre la pequeña.

Tortura en las galeras
Una vez detenidos, fueron trasladados a las galeras de la PGJEM en donde, según el relato de Alberto, fueron víctimas de agresiones, golpes y presiones para inculpar a su propio padre acusándolo de ser líder de la Familia Michoacana.
Alberto narra que al momento de identificarse fue golpeado en las costillas y subido a la patrulla, después, al llegar a las instalaciones de la Procuraduría, fue colocado en una fila contra una pared, con la cabeza hacia abajo, sin posibilidad de voltear y bajo la amenaza de no moverse o sufrir las consecuencias.
Así estuvieron varias horas hasta que algún empleado les dijo que se recostaran en el suelo para descansar, fue ahí cuando Alberto vio a su sobrina, entre las piernas de su hermana; minutos después llegó otra persona que les gritó “levántense, si no están de vacaciones, aquí los huevos no son al gusto, párense y péguense a la pared”.
Relata que nadie les informó derecho alguno y sólo se les permitió llamar al negocio familiar para pedir que les llevaran carne, fue hasta después de mucho tiempo que una trabajadora de la PGJEM le pidió a su hermana el teléfono de un familiar para que recogieran a la niña. Aproximadamente media hora después de la llamada, llegó Angélica López Villanueva para llevarse a su nieta.
Cuando la mujer llegó a la Procuraduría hubo un intento por detenerla, pero otro empleado de la institución lo impidió, dejando que se fuera junto con su nieta.
Alberto cuenta que al llevarlos a las celdas los separaron de quien identifica como “El Chiquilin” (José García), detalla que escuchaban cómo lo golpeaban y le gritaban que confesara, que ya los tenían a todos; que después entraba un “policía bueno” que les recomendaba que ya dijeran todo y se evitaran ese trato.
La ONU define la tortura en su resolución 39/46 como “todo acto por el cual se inflija intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o de intimidar a esa persona o a otras o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia”.
El fiscal especial de Delitos Diversos, Ricardo Lozano, dijo de estas acusaciones que “todas las personas que son ingresadas son certificadas inmediatamente, para no violarles sus garantías, hay certificados en donde estas personas en ningún momento están lesionadas y nada”.
Negó que “en ningún momento que los hayan golpeado extorsionado, intimidado o algo así, no”. Sin embargo, confirmó que los detenidos estuvieron todo ese tiempo en la llamada “zona abierta” al indicar que ahí estuvo la pequeña de cinco años.

Contradicciones en la PGJEM
El mismo sábado 27 el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Civiles Federales emitió un amparo bajo el número 776/2009-III, mismo que el personal de la procuraduría recibió a las 16:25, la orden precisa “se decreta de plano la suspensión en contra de dicho acto para el efecto de que si no existe causa legal que justifique la detención de los peticionarios sean puestos en inmediata libertad”.
La orden del juez considera: “si existe causa legal para la detención (…) se previene a las autoridades responsables para que sean consignadas ante la autoridad judicial correspondiente dentro del término de cuarenta y ocho horas o de noventa y seis según sea el caso a partir de que fueron detenidos”.
El fiscal especial de Delitos Diversos de la PGJEM reconoció que la dependencia respondió a la solicitud de justificar, en 24 horas, la legalidad de la detención “damos cumplimiento a o que nos pide el juez, o sea, nosotros le informamos, señor juez, hay esto, es una averiguaciones previa por estos delitos se encuentran estas personas y así (…) sí se da cumplimiento a lo que nos solicita la autoridad”.
Sin embargo, el titular de la Mesa Cuatro de la Fiscalía Especial de Delitos Diversos, Jaime Lara, señaló que el amparo llegó posterior a que se había solicitado el arraigo, al hacerle notar que la dependencia habría recibido el primer amparo unas horas después de la detención, el sábado 27 declaró: “tenemos conocimiento de un solo amparo, ese día yo estuve trabajando y no me notificaron de ningún amparo”.
Sin embargo, sí hubo notificación del amparo, el documento cuenta con el sello de la dependencia, la rúbrica sin nombre de quien recibe así como la fecha y hora de recepción del mismo.
A pesar de ello, la PGJEM solicitó la orden de arraigo al Juzgado Séptimo Penal de Toluca sin informarle de la existencia del amparo, por lo que el juez autorizó la medida precautoria bajo el numeral 1912 bajo la cual la PGJEM mantiene bajo su custodia a los detenidos.

Intercesión de la Codhem
El 2 de julio Juventino Padilla Padilla solicitó la intervención de la Codhem, el organismo envió al visitador adjunto adscrito a la Visitaduría I de Toluca, Saúl Francisco León Pasos, quien verificó que las condiciones de los detenidos en el hotel de arraigo respetaran sus garantías individuales.
El visitador reconoció que los familiares le informaron que Alberto era menor de edad; sin embargo, no tenían pruebas documentales al respecto, indicaron que habían recibido la visita de alguno de sus tíos quienes les llevaron ropa y con quienes pudieron platicar.
Alberto señala que efectivamente recibieron la visita del enviado de la Codhem, pero que unos momentos antes los policías que los custodiaban les quitaron las esposas, agrega que también recibieron a sus familiares pero sólo para entregarles ropa y que las pláticas duraron menos de cinco minutos.
La PGJEM confirmó las visitas de los familiares Blanca Rosa López Villanueva, Raúl Padilla Padilla y Alma Atzui Anaya, los días 1, 7 y 9 de julio, después de ello no hay regsitro. Alberto explica que es porque no se le permite el acceso a nadie, ni siquiera para que firmen la documentación necesaria para nombrar un representante legal.
La Comisión mantiene la investigación abierta, en tanto que el arraigo no puede superar el 22 de agosto, mientras los arraigados continúan a la espera de una resolución.