Lo que “el humo” nos dejó / Columna

De medios y otros demonios

Lo que “el humo” nos dejó

J. Israel Martínez Macedo

El gobierno del Estado de México decidió denunciar al senador Ricardo Monreal por las acusaciones de mal uso en una cuenta en Scotiabank, la medida parece injustificable y hasta equivocada por lo que vale la pena cuestionar: entonces ¿por qué? ¿Qué hay detrás de ella? Además, la forma en que se desarrollaron las cosas muestra un panorama muy interesante.
La acción suena absurda cuando lo lógico parecía ser que lo importante es que el tema se diluyera lo más pronto posible. Todo indicaba que la denuncia era un error y que se sumaba a la lista de fallas en la estrategia… pero quizás no lo sea.
El gobierno anunció que la denuncia sería interpuesta por violación al secreto bancario lo cual no procedería en contra de Monreal porque él no es sujeto obligado por la ley en este delito.
Quienes sí estarían involucrados en este posible delito serían los bancos con quienes, seguramente, el gobierno mexiquense no quiere tener ningún problema. Una investigación de la Procuraduría General de la República implicaría esa situación.
La denuncia fue anunciada y presentada, no por el gobernador sino por el secretario de Finanzas, lo que también llama la atención porque Raúl Murrieta Cummings no es parte del equipo de Eruviel Ávila sino de Enrique Peña.
Incluso, el mandatario estatal no tardó en salir a declarar, al día siguiente, que no hablaría más del tema y que será garante defensor de bla, bla, bla; aunque no quedó muy claro para quién era el mensaje: si para los perredistas o para priistas de otro grupo.
Ahora bien: ¿quién es Ricardo Monreal? Y no me refiero a la trayectoria política del senador, hablo de su papel en el trabuco de lucha por el voto armado por López Obrador. Sin más, se trata del más aguerrido y experimentado especialista en derecho de todo el equipo del perredista.
La denuncia contra Monreal tiene todo el tufo de una gran cortina de humo para distraer al más importante rival en el litigio legal por la consolidación del resultado electoral del 1 de julio. El equipo de Peña confunde pero no a la opinión pública sino a Monreal quien, parece, ya cayó en el garlito.
Lo ocurrido después es harina de otro costal: además del desmarque, el gobernador no encabezó la ceremonia del aniversario luctuoso del patriarca de Atlacomulco, Isidro Fabela; en su lugar ¿era más importante ir a tomarse la foto con adolescentes por el Día Internacional de la Juventud? Claro, no se resiste (no puede) a las órdenes de quien parece que será Presidente.
Detrás de la cortina de humo queda la evidencia de la separación entre los dos gobiernos del Estado de México: el que ganó la elección hace un año y tiene los nombramientos y el que nunca ha abandonado el poder y que, parece, en cinco años más no lo hará. Lo de la denuncia servirá para ganar tiempo y, si el senador cae en la trampa, también la elección. Ser gobernados a distancia suena al futuro ineludible de la entidad.

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Imagocracia: capítulo Florence Cassez / Columna

De medios y otros demonios

Imagocracia: capítulo Florence Cassez

J. Israel Martínez Macedo

Ya en un espacio previo abordaba el tema de la imagocracia como esa manera que se vive en México desde hace algunos años y que tiene que ver, entre otras cosas, con la toma de decisiones de Estado preponderando la imagen de gobierno más allá de las necesidades de la población.
La discusión pública posterior al anuncio mediático de un predictámen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el caso Florence Cassez lleva el tema a los entramados del sistema legal.
Parte del debate gira en torno al montaje televisivo que la PGR preparó para que las televisoras pudieran presentar a sus audiencias el importante golpe a una peligrosa banda de secuestradores conocida como “Los Zodiaco” y construido para devolverle a la dependencia un poco de su malograda credibilidad.
No sólo se trata del problema del debido proceso que abarca la notificación consular. Se involucra la actuación de la dependencia en la estructuración de cada caso y nos preguntar: ¿a cuántos detenidos se les ha montado un esquema similar para inculparlos mediáticamente, sean o no responsables?
El debate trasciende a los terrenos de la imagen y se mantiene en ellos. Por un lado la PGR escribiendo guiones televisivos estilo “La ley y el orden” para catapultar a los funcionarios a mejores puestos y sueldos, por el otro la Corte boletinando y haciendo público un asunto que, por ley, debió quedarse en el interior de sus discusiones.
La imagocracia nos gobierna, nos legisla, nos politiza y, ahora, parece juzgarnos culpables o inocentes independientemente de lo que marque la ley. El poder del Estado en manos de la televisión y sus productores… que Dios nos ampare.

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