Cambios que no cambian nada / Columna

De medios y otros demonios

Cambios que no cambian nada

J. Israel Martínez Macedo

El pasado 22 de marzo la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó su informe anual 2015 con no muy buenas noticias para el periodismo en el continente americano, en ese año se contabilizaron 27 asesinatos de periodistas relacionados con su actividad profesional.
Además de esta cifra, destaca también que se tuvo conocimiento de otros 12 casos de homicidios de periodistas pero que no se contabilizan en las agresiones a la prensa dado que no fue posible determinar (aunque tampoco se descarta) que estuvieran relacionados con su actividad.
El reporte señala un dato preocupante para la CIDH y es que los asesinatos de periodistas mantienen un incremento constante en relación con los registros de años anteriores (18 casos en 2013 y 25 casos en 2014).
Según la Relatoría “el continente se ha convertido en una de las regiones más peligrosas en el mundo para ejercer el periodismo. En el hemisferio el asesinato y el secuestro se han convertido en una de las “peores formas de censura” teniendo en cuenta los efectos que tienen no solo para las víctimas sino para la sociedad en general”.
En esta ocasión México no encabeza la lista de países en los que han ocurrido estos asesinatos en los que se haya documentado la relación con la actividad profesional; es Brasil el país latinoamericano con 11 casos quien lidera esta lamentable lista, seguido de Honduras con ocho.
México se queda en la tercera posición al documentar seis homicidios de periodistas relacionados con su actividad profesional, aunque la relatoría hace notar que hay cuatro en los que no se pudo determinar el motivo del crimen.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH señala que “México se ha convertido en la última década en uno de los lugares más peligrosos para ejercer el periodismo”
En un informe previo sobre México, la CIDH hizo énfasis en dos temas que son preocupantes per se: los altos índices de impunidad y las fallas del mecanismo de protección de periodistas y defensores de derechos humanos.
No obstante no todo es negativo para nuestro país pues la Relatoría destacó la aprobación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Púbica en México que según la Relatoría “aumento las garantías para el efectivo cumplimiento del derecho de acceso a la información pública”.
Estas cifras nos revelan una dolorosa y triste realidad para México: a pesar de los cambios, nada cambia. La impunidad y casi nula eficiencia del sistema judicial en nuestro país sigue siendo el principal problema y por ello no podemos esperar que para 2016 las cosas vayan a ser diferentes.

@Mega_J_Israel_M
israel.martinez@milenio.com

Internet: la tiranía del buen hacer / Columna

De medios y otros demonios

Internet: la tiranía del buen hacer

J. Israel Martínez Macedo

Escribió George Orwell: “No se establece una dictadura para salvaguardar una revolución; se hace la revolución para establecer una dictadura”; la máxima —pública desde 1949—, mantiene vigencia para explicar un fenómeno evidente en Internet: la “tiranía del buen hacer”.
Cada que participamos en las redes sociales atestiguamos cómo la revolución de ideas que significó Internet, ha derivado en una dictadura del pensamiento donde satanizar y castigar cualquier diferencia de juicio se vuelve la normalidad.
Dos ejemplos: Anonymous, un grupo de hackers que nació para la defensa de la libre expresión en Internet, se ha vuelto uno de los dictadores más estrictos de la red; en días pasados exigió que se retirara de YouTube una broma en la que un exconcursante del Big Brother británico finge un secuestro y ejecución para engañar a otro exparticipante.
Lanzar una advertencia de ese nivel por un contenido que, a criterio de Anonymous, es inapropiado; basta para considerarlo un primer caso en el que el propio grupo ha corrompido sus ideales transformándose justo en lo que repudiaba.
Guardando las proporciones, en México, se observa algo similar en fondo aunque la forma sea distinta: los autodenominados “Supercívicos” y la evolución de su manera de actuar, a lo que describiría como “tiranía de la decencia”.
En 2013 este grupo copió la dinámica (creada por Televisa con Víctor Trujillo y su personaje Brozo) de poner a cuadro a comediantes para hacer crítica social; nació así en canal 52MX (de grupo MVS) “Houston tenemos un programa”.
El proyecto no gustó en la televisión pero tuvo cierta acogida en YouTube dado que, al inicio, denunciaba abusos de autoridad de funcionarios del gobierno del DF.
El programa siguió en Internet y la evolución de estos “paladines del buen hacer” los llevó de la vigilancia de las autoridades a la persecución de todo y de todos, una especie de Gran Hermano de la región 4 en la que pareciera que la cámara de un celular garantiza el derecho de enjuiciar y castigar con la exhibición pública a cualquiera que no actúe “como lo marcan las normas”.
Sin mayor impacto que lo que se ve en el programa y reproduce en las redes, los Supercívicos muestran en qué se está transformando Internet: la simulación de un cambio que deja tranquilas a las buenas conciencias pero que no influye en la dinámica social fuera del ciberespacio.
Somos testigos del nacimiento de múltiples tiranías en Internet que se justifican en una revolución del pensamiento y la libertad de expresión pero que en realidad solo establecen la dictadura de criterios impuestos unilateralmente y que peligrosamente se autolegitiman en pobre crítica de los espacios en que se reproducen.

@Mega_J_Israel_M
israel.martinez@milenio.com

La propuesta basura de Omar Fayad / Columna

De medios y otros demonios

La propuesta basura de Omar Fayad

J. Israel Martínez Macedo

El senador priista Omar Fayad presentó una iniciativa de ley que busca regular el uso de Internet en nuestro país; sin embargo, sus determinaciones ambiguas, la falta de profundidad en varios temas y la ignorancia demostrada ante asuntos cruciales como la deep web, han hecho de esto no solo algo inviable sino una burla.
Regular Internet en México no es algo nuevo, desde el sexenio pasado, el gobierno de Felipe Calderón sumó a México en la firma del Acuerdo Comercial contra la Falsificación (ACTA por sus siglas en inglés) que restringen el uso y acceso a la red además de que abren la puerta al espionaje gubernamental.
Para fortuna de los internautas mexicanos, el Congreso votó no avalar la firma de este acuerdo y todas esas restricciones quedaron sin vigor en nuestro país aunque quedó el precedente.
La propuesta de Fayad tiene una evidente intención de censura negativa que no solo no abona a la democracia sino que es contraria a sus principios y valores más fundamentales y atenta, inclusive, contra los principios básicos de los artículos sexto y séptimo constitucionales.
Como muchas otras propuestas absurdas que se han presentado en nuestro país, la de Fayad trata de ser justificada bajo el argumento de que pretende abrir el tema a discusión con miras a lograr una ley sólida y congruente que regule el uso de Internet.
Las experiencias previas no han sido muy buenas porque los debates subsecuentes se realizan en función de echar abajo la propuesta inicial y no para obtener la mejor versión, de tal modo que la ley resultante se contenta con que se supere la propuesta original aunque no responda a las necesidades reales del país.
Lo que los legisladores, y políticos en general, no han entendido sobre Internet es que no debe regularse su uso sino prevenir situaciones donde el abuso y, sobre todo, perjuicio malintencionado de los usuarios sea sancionado en aras de una sana convivencia en la red.
Lo que posibles ordenamientos en la materia deben cuidar, sobre cualquier cosa, es que no se vulneren las garantías individuales de los ciudadanos, en específico las de libertad de expresión así como las equivalencias en la web de la libertad de imprenta.
Propuestas como la de Omar Fayad no abonan ni a la discusión ni a encontrar solución a un problema real que es el abuso de Internet, incluso la proliferación —al margen de la ley— de "policías cibernéticas" de las que nadie informa alcances y limitaciones en su actuar.
En el momento en el que se encuentra México ¿es necesaria una ley para Internet? La respuesta es sí, sin duda; pero no así con la propuesta de Fayad, sino algo realmente serio y trascendente.

@Mega_J_Israel_M
israel.martinez@milenio.com

Memes: el ADN social / Columna

De medios y otros demonios

Memes: el ADN social

J. Israel Martínez Macedo

Como cuando estamos buscando el bosque sin poderlo ver porque tenemos el árbol justo en frente de nosotros, los llamados “memes” nos muestran una radiografía de los hechos sociales sin que seamos capaces de advertirlo. Son evidencia pura, visible y, quizá, medible del pensamiento social contemporáneo.
Cuando alguien que aún los desconoce nos pregunta ¿Qué es un meme? Nuestra inmediata referencia y justa definición nos remite a las imágenes de internet en las que se ironiza un hecho a tono de burla o a modo de crítica; lo tomamos como una acción lúdica y de entretenimiento que se comparte en las redes sociales y nada más.
En cierto modo, tenemos razón; pero si el curioso da el siguiente paso y cuestiona ¿pero por qué “meme”? ¿Por qué se llama así? Nuestra cara inmediatamente hace una mueca y respondemos “no importa” o “quién sabe pero así se llama”.
Para atender esa incómoda pregunta es necesario remitirse al creador de la palabra “Meme” y la teoría —de 1976— que la justifica en su uso (sí, alguien la creó a partir de una teoría, no salió así de la nada) la “hipótesis memética” que explica cómo, al igual que los genes en la biología, los memes nos generan una especie de memoria cultural.
Richard Dawkins propone la existencia de dos "procesadores informativos" distintos en los seres humanos: uno actúa a partir del genoma gracias a la replicación de genes a través de las generaciones y otro actúa a nivel cerebral, replicando la información cultural del individuo, la cual es recibida por enseñanza, imitación o simple asimilación.
Dawkins nombra como meme a la unidad mínima de información que se puede transmitir. Esto quiere decir que los memes conforman la base mental de nuestra cultura, como los genes conforman la primera base de nuestra vida.
Siendo serios y apegados a los más estrictos cánones de construcción científica que exigen no prejuzgar un hecho; si la hipótesis memética es correcta, los memes (esas representaciones visuales que se viralizan en las redes sociales) constituyen elementos valiosísimos de la memoria colectiva que reflejan partes del pensamiento común de los integrantes de una sociedad.
Para los estudiosos sociales, dejar de ver un meme sólo como una imagen graciosa y entenderla desde un enfoque más profundo y amplio como reflejo de una idea individual que al viralizarse se transforma en consciencia colectiva, puede llevar a una nueva forma de entender a la sociedad a partir de estos elementos de manifestación para el análisis social.
Conocer el ADN de la sociedad a partir de unidades mínimas de información requiere de un modelo metodológico de interpretación. Vale la pena intentarlo.

Twitter: @Mega_J_Israel_M
isael.martinez@milenio.com

Reforma sin cambios / Columna

De medios y otros demonios

Reforma sin cambios

J. Israel Martínez Macedo

La aprobación de la legislación secundaria correspondiente a la reforma política del país arroja resultados importantes a la forma de llevar a cabo los procesos electorales a partir de 2015. La ciudadanía se mantiene ajena a estas transformaciones, en buena parte por que las siente lejanas a su realidad, además de que el énfasis parece haberse centrado en el papel de los medios.
La discusión fue álgida pero, por fin, los partidos con representación en el Congreso de la Unión lograron ponerse de acuerdo para sacar una reforma que, no obstante, resultó con sorpresas como la aprobación de un “haber de retiro” para magistrados electorales que se ha interpretado como pensión vitalicia.
Entre que se da marcha atrás, o no, en el tema; el resto de los tópicos de la legislación secundaria ha pasado casi de noche, en parte porque ya se habían tocado previo al debate legislativo y en parte porque a la ciudadanía no le ha interesado el tema de la reforma política.
Para bien o para mal, la legislación recién aprobada regulará la manera en que serán elegidos los representantes populares en el próximo proceso electoral, no obstante, limita al ciudadano, de nueva cuenta, a ser un mero votante sin posibilidad de participación abierta en el debate político eliminando el derecho de acceso a los medios de comunicación y restringiendo su uso de manera exclusiva para partidos.
Las nuevas reglas obligan al ciudadano a ser un ente expectante de los procesos electorales que, a partir de lo que los partidos puedan decirle, deberá tomar una decisión sin posibilidad de externar algún tipo de opinión que pueda ser factor determinante para una mejor decisión política.
El modelo elegido por los diputados y senadores de la República busca mantener un mínimo de orden en el gasto de los candidatos y partidos en los medios de comunicación para evitar el dispendio a cambio de alejar de la ciudadanía el debate electoral; suena a un precio muy alto por atender un problema que podría tener otras formas de solución.
Es absurdo que en un esquema que busca ser democrático los ciudadanos no tengan acceso al debate y la deliberación al momento de elegir a sus representantes sólo porque los partidos y candidatos gastan demasiado en mensajes emitidos en los medios de comunicación.
En vez de idear mecanismos más específicos de regulación y reglamentación, los diputados y senadores atajan el acceso a los medios por parte de quienes no sean “actores inmediatos” del proceso electoral y con ello alejan la política del “ciudadano común” ocasionando, como efecto secundario, el desinterés.
Estamos, de nueva cuenta, ante una reforma que no buscó aumentar la participación ciudadana sino, solamente, cuidarle las manos a quienes organizan los comicios y participan de ellos. Una lástima.

Twitter: @Mega_J_Israel_M
israel.martinez@milenio.com

Quemar la bandera / Columna

De medios y otros demonios

Quemar la bandera

J. Israel Martínez Macedo

Nueve personas fueron detenidas en Oaxaca, el 1 de mayo, por quemar la bandera nacional durante una manifestación. La ONG Article 19 emitió un pronunciamiento en el que, a su juicio, este hecho no debe ser considerado un delito al tratarse de un ejercicio de libertad de expresión.
El pronunciamiento de la ONG se fundamenta en jurisprudencia internacional sobre casos promovidos y resueltos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero ignora (aparentemente de manera intencional) disposiciones básicas del derecho mexicano proponiendo, incluso, argumentos falaces.
Por ejemplo: “El derecho a la libertad de expresión protege actos que pueden ofender o perturbar a las personas y las instituciones. La quema de una bandera nacional, como un acto de protesta y de expresión del desacuerdo, está protegido por la Constitución y los estándares internacionales en la materia, aun cuando pueda consternar a parte de la población o a las autoridades involucradas. Sancionar penalmente estos actos es inconstitucional, viola derechos humanos y silencia la crítica política, necesaria para toda sociedad democrática”.
El argumento falaz aquí consiste en hacer creer que la Constitución mexicana protege la quema de la bandera como forma de expresión pese a que no hay un solo artículo constitucional que lo indique o al menos lo sugiera.
Por el contrario, la propia Constitución señala en el artículo 6o: “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; (…)”.
Contrario a lo que plantea Article 19, la quema de la bandera nacional constituye un delito (en el caso citado: “ultraje a las insignias nacionales”), una falta a la moral y una perturbación del orden público; lo que consecuentemente muestra una extralimitación de la libre expresión.
Este tipo de discursos retóricos son advertidos por Michelangelo Bovero en su texto “¿Cuál libertad?” en el que se explica claramente la naturaleza, tipos y alcances de la libertad; sus orígenes y desarrollo en la democracia, así como los peligros a los que se enfrenta (entre ellos, este tipo de discursos falaces que categorizan la libertad como una “licitud sin reglas”).
Es tan peligroso, para la libertad y la democracia, el impedir la expresión de una idea que promueva sus valores; como el permitir que se propague y difunda otra que atente contra ellos. Article 19 se equivoca, en esta ocasión, en la defensa de un acto que lejos de promover la democracia la lacera a través de una agresión (que no una crítica) a la nación.

Twitter: @Mega_J_Israel_M
israel.martinez@milenio.com

Censura / Columna

De medios y otros demonios

Censura

J. Israel Martínez Macedo

Uno de los temas que causa mayor controversia en el ámbito periodístico es, sin duda, el de la censura. Los debates respecto a este tenor involucran uno de los puntos más relevantes de las garantías individuales: la libertad de expresión.
El asunto cobra relevancia luego de que Malala Yousafzai, la niña paquistaní tiroteada por extremistas musulmanes por defender el derecho universal a la educación, fue elegida premio Sájarov 2013 a la Libertad de Expresión que otorga el Parlamento Europeo.
Se espera que el anuncio oficial se haga en breve por parte del presidente de la Eurocámara, Martin Schulz, según los primeros reportes que adelantaron que el resultado de la votación fue unánime.
En declaraciones a los periodistas Schulz habría destacado su satisfacción por que el Parlamento Europeo haya premiado a “una niña que ha demostrado tener más coraje que muchos adultos”.
Reconocer el valor por la libre expresión es, también, aceptar que el yugo de la censura permanece en muchas y distintas maneras sin importar si se trata del régimen musulmán pakistaní o el democrático norteamericano con el caso del extécnico de la CIA, Edward Snowden, quien aparecía como el otro candidato al reconocimiento.
Hablar de censura implica un intrincado conjunto de intereses que ya no dan cabida a los radicalismos y colocan el punto en la posibilidad de validar o no una acción de este tipo, dicho en términos simples: no toda censura es negativa ni toda "expresión libre" es positiva; contrario a lo que la retórica del tema arguye.
En general, se considera censura positiva la que busca evitar el perjuicio al sentido de humanidad de los demás; así, se estima como censura negativa la que afecta el derecho a expresarse sin perjuicio a la sociedad.
De esta manera, la censura positiva implica el cuidado de la vida humana (propia o de un grupo o sociedad), temas como seguridad personal y de terceros se involucran en estas estimaciones y se colocan al mismo nivel en los que las incitaciones a la violencia, la discriminación (por el motivo que sea) y al odio, como negaciones de lo humano, se reconocen como objetos de censura válida.
No obstante, las llamadas ofensas no son, por sí mismas, censurables dado que dan pie a la discusión y debate de ideas que permiten enriquecer el pensamiento social y encontrar momentos evolutivos o involutivos en el desarrollo de la sociedad como una manera de evaluar su avance o retroceso en el nivel de democracia que se vive.
La elección de Malala Yousafzai como premio Sájarov 2013, es un llamado de alerta a la sociedad musulmana sobre el derecho a la educación de las mujeres independientemente de si se considera o no una ofensa a sus creencias y les lleva al análisis respecto a la evolución de esta cultura.
Pero el punto más importante de esta decisión radica en su trascendencia: un régimen autoritario y censurador no tiene cabida en el futuro democrático de la humanidad, cada vez, más ávida de transparencia y rectitud. En ello debe afanarse el periodismo moderno.

Twitter: @Mega_J_Israel_M
israel.martinez@milenio.com

Por una libertad libre / Columna

De medios y otros demonios

Por una libertad libre

J. Israel Martínez Macedo

Como cientos de los manifestantes que marcharon este 2 de octubre, yo no estuve presente en la masacre de 1968, ni siquiera había nacido. La conmemoro porque conozco los hechos que la detonaron, el entorno en el que ocurrió y la consecuencia que tuvo.
Lo que vimos este 2 de octubre de 2013 nada tiene que ver con lo que significó la protesta de la sociedad mexicana que se sumó, en aquel entonces, a los estudiantes que exigían, en resumen; libertad de los jóvenes detenidos (ya sea en manifestaciones o por persecución política) y castigo a los responsables de ordenar y ejecutar dichas acciones.
En resumen: respeto a la ley por parte de las autoridades de la época en beneficio de la sociedad. Una situación que, de haberse cumplido, nos habría ahorrado años en el acceso a la democracia.
Generar desorden como provocación para después argumentar maltrato o abuso de autoridad, se ha vuelto un tema muy común en las redes sociales en las que una foto descontextualizada o un video editado causan indignación generalizada.
Es cierto que la reacción policiaca derivó en abusos de autoridad que deben ser sancionados, pero también es cierto que la manifestación conmemorativa del 2 de octubre no implicaba ningún enfrentamiento con nadie.
Los policías actuaron a partir de la agresión de grupos de revoltosos (muy lejanos a ser revolucionarios), que con consignas rescatadas del ostracismo ochentero —algunas de ellas, repetidas más por costumbre y acto de fe que por entendimiento—, pusieron en riesgo a los habitantes de la Ciudad de México que, en determinados momentos, se vieron víctimas de uno u otro bando.
Los medios, como suele pasar en estos casos, no fueron ajenos de los toletazos policiales y las pedradas, agresiones y robos de los anarquistas. Acostumbrados a la labor periodística y de manera responsable, se mantuvieron en su línea de informar hasta donde fuera posible sin poner en riesgo sus vidas o la de quienes los rodeaban.
Pero también es necesario denunciar a quienes, disfrazados de medio de comunicación y escudados en una cámara fotográfica o de video, se lanzan a las calles sin ningún fin informativo, más bien con miras a documentar lo que después será usado en material propagandístico.
No es nuevo que personas ajenas a los medios se hagan pasar por periodistas para obtener beneficios o simular acciones informativas, en el Estado de México se informó, hace algunos años, del asesinato de un reportero que, al investigarse el caso, resultó ser una persona con una credencial hechiza de prensa de un supuesto periódico que, además, nunca existió.
Escudarse en ser periodista para realizar actividades propagandistas o de militancia política no solo es antiético, también pone en riesgo las vidas de quienes sí se dedican a informar sin entorpecer las acciones policíacas sino, en todo caso, documentarlas como obliga su labor.
La libertad de expresión no puede ser rehén de un grupo que la usa solo para justificar la agresión y la violencia solo por la violencia misma.

Twitter: @Mega_J_Israel_M
israel.martinez@gmail.com

Bozzo VS Aristegui / Columna

De medios y otros demonios

Bozzo VS Aristegui

J. Israel Martínez Macedo

Un nuevo capítulo se escribió en la novela mediática que protagonizan Televisa y la periodista Carmen Aristegui a partir del abuso de Laura Bozzo, conductora de talk show, sobre los recursos del gobierno del Estado de México que, dicho sea de paso, se volvió a equivocar en su reacción a la crisis.
Por lo que respecta al choque entre la conductora peruana y la periodista mexicana, la segunda entendió con mayor claridad que la primera. Se trata de un pleito que distrae a la opinión pública de un asunto fundamental: ¿cuántos gobiernos estatales, municipales o el mismo federal prestan los recursos públicos para atender las necesidades de producción de una empresa privada?
Es un hecho que el programa de Laura Bozzo no es, de ningún modo, un programa informativo, mucho menos que aporte valores a la sociedad; por el contrario, es un esquema diseñado para sacar lo peor de cada persona, explotar sus miserias y exponerlas al morbo de la gente.
En términos generales, el contenido de los medios se clasifica en: información, entretenimiento y publicidad. Evidentemente el talk show de Laura Bozzo es entretenimiento y no, como lo ha querido vender la conductora, información.
Entrar en una discusión respecto a quién ayuda más o cuál de las dos es más popular que la otra es baladí, eso de la popularidad es muy relativo, tal cual ejemplifico el minero Patricio en su cuenta de Twitter: "@Patriciomonero: Laura Bozzo reta a Aristegui a ir a cualquier lado para ver a quién quiere más la gente: propongo que vayan juntas a la UNAM".
El público que sigue a Carmen Aristegui es un público crítico, pensante, que aborrece el morbo y los contenidos simples. El grupo al que se enfoca Laura Bozzo es todo lo contrario: esperan contenidos digeridos, morboso, acríticos, decididos a no pensar sino, solo, divertirse con la desgracia ajena y nada más.
Abundar no tiene sentido. Aristegui no obtiene nada mientras que Laura Bozzo gana prestigio y adquiere un estatus que no tiene. Por ello la peruana instiga y la mexicana ignora, la situación no puede salir de ese terreno y muy posiblemente no lo haga.
El que quedó metido entre las patas de los caballos es el gobierno del Estado de México que no supo cómo reaccionar ante la situación en la que algún funcionario sin conciencia ni visión involucró y arriesgó la imagen de los Relámpagos como unidad de rescate, una joya de la administración peñista.
No cabe duda de que los rescatistas no se mandan solos, "un alguien" debió dar la orden de transportar a Laura Bozzo y su equipo y esperarlos a que terminaran de grabar para llevarlos a otro punto y continuar con el espectáculo. Justificar que no solo se apoyó a un medio sino a varios da pie a la pregunta: ¿fueron a transportar medios o a rescatar personas? Además de que apoyar a informar en una tragedia es distinto a ayudar a lucrar con ella. Defensas que inculpan, le dicen.

Twitter: @Mega_J_Israel_M
israel.martinez@milenio.com

De sentido común / Columna

De medios y otros demonios

De sentido común

J. Israel Martínez Macedo

Dos situaciones en el ámbito internacional, la foto de Hugo Chávez convaleciente que publicó el diario español El País en portada, que resultó ser falsa y la solicitud de los gobiernos a Twitter para conocer información personal de algunos de sus usuarios, obligan la reflexión sobre el manejo informativo.
En el primer caso, el periódico español con mayor reconocimiento a nivel mundial publicó en portada una imagen que previamente le había vendido la agencia Gtres Online diciendo que era Hugo Chávez durante una intervención quirúrgica en Cuba.
Los filtros del periódico fallaron. Buscaron en internet y “San Google” no arrojó resultados que pudieran dar indicios de que la imagen fuera ficticia.
Había duda sobre la fecha de la fotografía pero ninguna de que se tratara del presidente venezolano. No era él.
Se tomó la decisión de retirar la edición de los kioscos pero ya era tarde, el tiraje ya había salido y el medio quedaba exhibido. La imagen provenía de un video de 2008 y no de un quirófano cubano de 2013.
El gobierno venezolano reaccionó con iracunda vehemencia. Acusaron al medio de formar parte de un complot internacional para desprestigiar al convaleciente Hugo Chávez y arremetieron con críticas de todos los calibres.
Los políticos venezolanos aprovecharon para ser más chavistas que Chávez y se rasgaron las vestiduras como indican los cánones. Los políticos venezolanos se reunieron en asamblea nacional y determinaron repudiar “la acción violenta y grotesca” del diario español.
El País pidió perdón a los lectores por el error y ordenó a dos de sus mejores reporteros que realizaran una investigación para conocer qué fue lo que habría ocurrido, el error (que no la presunta agresión) quedó demostrado en un artículo que el propio medio publicó.
Poco valió para los seguidores/fans de Hugo Chávez quienes aprovechan para seguir la línea del presidente y victimizarse del hecho. Aunque el reconocimiento no minimiza el error, el caso dará aún de qué hablar, por lo menos para los seguidores chavistas.
El segundo caso es un poco más simple pero igualmente más dramático. Twitter reveló que de julio a diciembre de 2012 recibió mil nueve peticiones de autoridades de diversos países para acceder a información de sus usuarios.
Los esquemas de vigilancia de las naciones y la forma en que los tuiteros hacen uso de la red se vuelve una mezcla explosiva en la que una simple broma puede leerse como una potencial agresión.
Publicar se vuelve un asunto de total seriedad. Exponer información, opiniones o comentarios nunca había sido tan delicado ni tan sencillo. No es un asunto sólo de responsabilidad sino, también, de sentido común.

Twitter: @Mega_J_Israel_M
israel.martinez@milenio.com

Leyes: pequeñas de nacimiento / Columna

De medios y otros demonios

Leyes: pequeñas de nacimiento

J. Israel Martínez Macedo

El gobierno de Puebla, a nombre del mandatario estatal, Rafael Moreno Valle, presentó dos demandas civiles una en contra del director general de la página de noticias Contraparte Informativa, Fabián Gómez Hernández, y la otra al columnista del diario El Heraldo de Puebla, Adrián Ruiz por "abuso de la libertad de expresión mediante la ofensa y la denostación de funcionarios”.
El gobierno poblano advirtió que podría ampliar la denuncia contra otros periodistas, según los reportes periodísticos, se estima que podrían ser 17 denuncias más por la misma causa.
El documento de la demanda señala que los acusados: "sobrepasaron los límites del libre ejercicio del periodismo y la libertad de expresión, al no tener la intención de hacer del conocimiento un hecho de interés general, ni servir a las personas para tomar decisiones que enriquezcan la convivencia o participación democrática, y fuera de contexto, insultar sistemáticamente a funcionarios del gobierno de Puebla".
Las denuncias contra los periodistas ocurrieron tres días después de que los reporteros Gerardo Rojas, de E-Consulta, y Jesse Brena, de MILENIO, fueron presuntamente privados de su libertad por supuestos agentes de la policía estatal y abandonados horas después en un lote baldío en la zona Ciudad Judicial.
La situación en aquella localidad ha atraído sobre sí la atención de muchas organizaciones de protección a periodistas a nivel mundial, como Artículo 19, así como de los reporteros que ha aprovechado el momento para denunciar presuntas amenazas y acosos por parte del gobierno poblano.
La situación se contrapone a la tendencia nacional que se generó luego del surgimiento de la ley para la protección a periodistas y a defensores de derechos humanos y que, por cierto, aún tiene pendiente las reglas de operación de algunos mecanismos precautorios y de atención a casos de contingencia.
Las medidas de protección no contemplan las agresiones más comunes contra periodistas: las que provienen de políticos y funcionarios (el reporte de Artículo 19 dice que más de la mitad de los ataques son ocasionados por este sector).
El caso poblano es de llamar la atención porque muestra el camino para llevar las antiguas denuncias penales por la vía civil, lo que no deja de ser una práctica y ejercicio de presión para intentar intimidar a algunos reporteros que se vuelven "incómodos" para las esferas del poder y que se niegan a caer en los juegos de compra-venta.
La difamación y la calumnia como medida de presión para obtener publicidad de los gobiernos son tan deleznables como tratar de utilizarlas para presionar e intentar acallar expresiones contrarias a las oficiales por lo que su apreciación debe hacerse con mesura, lo que es un hecho que por muy novedosas que sean las leyes, nacen pequeñas de miras y alcances porque continúan sin contemplar a los funcionarios y políticos como los que son: el principal riesgo para reporteros y periodistas.

Twitter:@Mega_J_Israel_M
israel.martinez@milenio.com

La guerra de los bits / Columna

De medios y otros demonios

La guerra de los bits

J. Israel Martínez Macedo

Cuando se hablaba de la posibilidad de que ocurriera una batalla de magnitudes mundiales se sospechaba del petróleo o, con todos los problemas climáticos, del agua pero nunca de algo como la libertad de expresión y los derechos de autor, dos temas que se unen gracias a los recientes acontecimientos en materia de internet y manejo de la información.
Para los que aún no estén enterados: el FBI cerró uno de los principales sitios para compartir archivos libremente: Megaupload y comenzó con la detención de sus fundadores y principales administradores acusándolos de piratería, con lo que desató una reacción en cadena de proporciones inimaginables.
De inicio el grupo Anonymous informó que, el jueves en la noche, habían deshabilitado los sitios: justice.gov, universalmusic.com, riaa.org, mpaa.org, copyright.gov, hadopi.fr, wmg.com, usdoj.gov, bmi.com y por supuesto fbi.gov; las páginas gubernamentales fueron reestablecidas el viernes por la mañana.
Además existe el temor (fundado o no) de que el siguiente objetivo del FBI sean páginas como Facebook, Twitter o YouTube dado que en ellas los usuarios también comparten videos, música o archivos que podrían estar bajo la protección de los derechos de autor.
La libertad de expresión y el derecho de autor protegen, básicamente, lo mismo: las ideas. En el caso de la libertad de expresión se procura el derecho a comunicar lo que cada quien piensa mientras que el derecho de autor resguarda la posibilidad de usufructuar esa idea e impedir que otro se apropie de ella obteniendo un beneficio para sí.
En este caso, Anonymous acusa un intento del gobierno de estados unidos parta evitar que se comparta de manera libre la información que circula por Megaupload mientras que el FBI indica que debe proteger el derecho de autor cuya propiedad está en manos de grandes corporativos del entretenimiento.
En qué terminará este enfrentamiento, es difícil saberlo. La complejidad de batallas con estas características radica en que no se trata de quién tiene el mejor armamento sino de quién conoce y maneja mejor el lenguaje de programación para hacer daño o defenderse del rival.
El caso va más allá de lo que aquí someramente se ha descrito pero una cosa es cierta: después de lo que ha ocurrido y las propuestas de leyes SOPA, PIPA, Sinde, Döring, entre otras que buscan regular contenidos bajo el argumento de derechos de autor y que amenazan a abrir el cajón de la censura, el internet ya no será el mismo, la guerra de los bits ya comenzó.

Twitter: @Mega_J_Israel_M
israel.martinez@milenio.com

Libre expresión y Twitter / Columna

De medios y otros demonios

Libre expresión y Twitter

J. Israel Martínez Macedo

El manejo y uso de Twitter como medio de información ha tomado relevancia en las últimas semanas. La detención de dos usuarios de la red acusados de terrorismo en Veracruz, el ataque de un grupo de la delincuencia organizada a otro par a los que torturaron, mataron y dejaron colgados de un puente, así como las amenazas de políticos sobre regular contenidos de las redes luego de ser objeto de distintos comentarios; pone el tema en el centro del debate.
En primer lugar Twitter no es una red social común. Un estudio señaló que ésta funciona más como un medio tradicional en el que sólo 10 por ciento de los usuarios genera la información, mientras que el otro 90 por ciento la repite o retwitea, lo que no necesariamente genera interactividad entre ellos.
En segundo término hay una creencia generalizada entre los propios usuarios de Twitter de una necesaria capacidad superior en el ámbito creativo-intelectual respecto al resto de las demás redes, por lo que incluso reflejan un comportamiento intolerante con quienes no comparten esa idea que, no obstante, no tiene explicación lógica más allá de la simple creencia en ella.
En tercer lugar, las reglas de Twitter fueron diseñadas para dejar que los miembros de la red social interactúen libremente deslindando a la empresa de cualquier comentario que los usuarios pudieran realizar, evitando los “censores” que vigilen la información, lo que le arroja la responsabilidad directa de lo publicado al autor del comentario.
Estos tres elementos (entre muchos otros que destacan de su funcionalidad) hacen de Twitter una red de interacción dinámica que genera líderes de opinión no reconocidos fuera de ese medio, con cierto nivel de credibilidad que; no obstante, no asumen su responsabilidad en el manejo informativo.
Al deslindarse el medio, toda la responsabilidad del comentario recae en el usuario pero al ser un sinnúmero de ellos los que deben asumir las consecuencias de su participación, se genera un respaldo “solidario” entre unos y otros, escudados en lo que Michelangelo Bovero llama “retórica de la libertad” y que refiere ese discurso de ser libre sin límites.
De igual forma se confunde libertad de expresión con licitud de opinión y ésta con impunidad sobre lo que se dice. Si a eso se le suma la extrema intolerancia que caracteriza a una gran parte de los usuarios, tenemos como resultado una explosiva mezcla de defensores de la retórica, que no de la libertad.
Toda libertad tiene límites y estos son establecidos en la ley, a su vez, señalan cuando hay abuso en el ejercicio de la libertad y las consecuencias que se deben asumir cuando se rebasan. Los usuarios, así, no son responsables de una mala interpretación a un mensaje que emitan pero sí de difundir mentiras que afecten moralmente la vida de otra persona.
¿Debe prevalecer la libertad de expresión sobre los intereses personales? Sin duda. ¿Son responsables los usuarios de las malas interpretaciones que otros usuarios hagan de sus comentarios? Por supuesto que no. ¿Se debe sancionar a quienes rebasen los límites de la libertad? Indudablemente. La ley mexicana indica límites a la libertad de expresión pero, tristemente, poca gente lo sabe y, menos aún, los conocen.

Twitter: @Mega_J_Israel_M
israel.martinez@milenio.com

La #LeyPeñaNieto / Columna

De medios y otros demonios

La #LeyPeñaNieto

J. Israel Martínez Macedo

Como la gran mayoría de los escándalos en los medios de comunicación, éste también comenzó con la publicación, en un blog, de una foto de la que se duda su autenticidad y hasta se sospecha que se trate de un fotomontaje, después devino el desorden y, con él, un buen ejemplo de cómo funcionan las redes sociales.
Todo comenzó el 14 de septiembre cuando el diputado priista por Naucalpan, David Sánchez Guevara convocó a una conferencia de prensa para denunciar una imagen colocada en un espacio en línea que en el nombre lleva la evidencia de intención: “soyeldipunarco” en wordpress.com.
En la fotografía se puede observar al priista sentado a la mesa de un restaurante con quien parece ser Edgar Valdez “La Barbie”; al verse a detalle se puede notar que la imagen del presunto narcotraficante está sobrepuesta sobre la original.
El legislador desmintió la veracidad del documento visual y explicó que sí estuvo en ese restaurante pero no con el presunto delincuente sino con José Alberto Sánchez González, padre del diputado; por lo que incluso dijo que interpondría una denuncia penal pro daño moral contra quien resulte responsable.
Hasta ahí no habría mayor problema de no ser porque el priista dijo que buscaría presentar una iniciativa de ley para regular los contenidos de las redes sociales y defender a quienes sean atacados a través de ellas.
Sus palabras llegaron de inmediato a Twitter donde el mismo diputado retuiteó un comentario de la cuenta @ReporteMexiquens “A la par, @davidsanchezg anunció que impulsará una ley para regular el uso de internet y evitar la calumnia y el daño moral en redes sociales”.
Ahí comenzó el HT #LeyPeñaNieto que vinculaba los comentarios del diputado Sánchez Guevara con el entonces gobernador saliente Enrique Peña Nieto al manifestar una presunta cercanía entre estos dos políticos mexiquenses, incluso apareció una foto en la que se ve a ambos en la oficina del ex mandatario haciendo la “davidseñal” (dícese, del nombre mamuco que algún brillante asesor debió proponer al legislador para llamar a una señal que se hace con la mano quesque simulando una “d”).
El caso es que con la cercanía de lo ocurrido en Veracruz sobre los tuiteros acusados de terrorismo, la comunidad de esa red social tomó la medida como un intento de censura por parte de “legisladores” afines a Enrique Peña, quien se perfila desde hace mucho tiempo como aspirante a la Presidencia de la República.
El número de respuestas llegó a tal nivel que la mañana del viernes amaneció como el número uno de los trending topic del día; y se mantuvo en los primeros 10 hasta la tarde.
El mal manejo informativo generó que el diputado David Sánchez tuviera que desdecirse y asegurar en un comunicado, publicado en su página web, que no hay ni habrá la iniciativa de ley que anunció un día antes. “Moraleja joven”: las redes magnifican todo, especialmente, los pequeños errores.

Twitter: @Mega_J_Israel_M
israel.martinez@milenio.com

"La Reina" versión Televisa / Columna

De medios y otros demonios

“La Reina” versión Televisa

J. Israel Martínez Macedo

¿Qué podría ser más censurable en la televisión mexicana: escenas con obvias connotaciones sexuales, con toqueteos y sobre una cama y en horario estelar durante las telenovelas de mayor audiencia o un beso entre dos mujeres? Para Televisa la respuesta es sencilla: el beso.

En esta semana la televisora decidió censurar una escena de la telenovela “La Reina del Sur”, producción conjunta de Telemundo y Antena 3 protagonizada por Kate del Castillo y, efectivamente, basada en el libro homónimo de Arturo Pérez-Reverte.

El problema se suscitó en uno de los capítulos de esta semana, la historia original indicaba que en la cárcel, Teresa Mendoza (Kate del Castillo) y Paty O’ Farrel “La Teniente” (Cristina Urgel) se emborrachan y se besan en la prisión.

Nada más. No hay toqueteos, no hay jugueteos previos, no hay más que un simple y llano beso entre dos mujeres, suficiente para que Televisa decida no mostrarlo en la pantalla.

Quienes conocen la historia de “La Reina del Sur” sabrán que el beso es fundamental en la trama porque delimita y describe a ambos personajes: Teresa rechaza a “La Teniente” por ser mujer y ésta hará lo que sea al estar enamorada de la protagonista además de que en el texto de Pérez-Reverte su perfil es el de una mujer bisexual.

El asunto no se limita a un beso. En días recientes se informó que Emilio Azcárraga se interesó por saber cómo terminaría la historia (qué flojera leer el libro, supongo) pues él desea que al final Teresa Mendoza (Kate del Castillo) reciba su merecido, que la maten y no se salga con la suya; pero la versión original no culmina así, en ella Teresa Mendoza queda sola aunque con una nueva identidad, con la esperanza de una vida nueva y con un embarazo que, según algunos críticos, es el referente de un renacimiento de la protagonista.

Se habla de que el compromiso de Televisa con el gobierno federal llevaría a un extremo de que en caso de no censurarla o realizar este “final alternativo” la empresa de Azcárraga terminaría abruptamente con la transmisión en México.

Con los compromisos para nadie desconocidos de Televisa, sorprendió que aceptaran transmitir en México “La Reina del Sur”, pero una vez iniciada, queda claro que la empresa mantiene el estatus en el que se le conoce y que le ha granjeado una imagen popular de “vendida” al gobierno en turno.

Telemundo ya lo dijo: la historia sigue como es. Lo terrible es que Televisa censure y hasta trate de cambiar el final por “quedar bien” cuando lo único que conseguirá es reafirmar esa imagen de colusión en tanto que le gana ataques innecesarios a un gobierno desacreditado en materia de libre expresión.

PARÉNTESIS

Culminó la Universiada 2011, muy buena idea la de transmitir los juegos en vivo por el canal de internet de la Uaeméx pero tristemente poco difundida, un evento que pudo seguirse en todo el mundo y catapultar las transmisiones universitarias se quedó ahí y el canal continúa como la muñeca fea de Cri Cri: “temeroso que alguien lo vea”.

Twitter: @Mega_J_Israel_M

israel.martinez@milenio.com

Presunto precedente / Columna

De medios y otros demonios

Presunto precedente

J. Israel Martínez Macedo

Este lunes la juez Blanca Lobo Domínguez deberá resolver si determina la suspensión definitiva para la exhibición y promoción del documental “Presunto culpable” que no sólo develó una verdad conocida por todos los mexicanos respecto a la confiabilidad y funcionamiento del sistema judicial, sino que entró en el ámbito de la libertad de expresión y todavía más, el uso de la imagen pública.

Para muchos abogados en todo el país, el documental no mostró más allá de lo que ven y viven todos los días en cualquier juzgado. También son conscientes de que no denuncian las fallas, faltas y distintas acciones o inacciones de los jueces porque saben que los van a seguir viendo en distintos casos y que, con una nula ética profesional, muchos de ellos cobraran venganza con el siguiente caso que ese abogado les presente.

El Poder Judicial se ha basado en la falsa idea —quedó demostrado en el documental— de que los jueces actúan siempre de buena fe y de manera imparcial, cuando en realidad se quedan en la comodidad de la validación de acciones de las distintas procuradurías, muchas veces sin revisar los casos.

La evidencia mostrada en el documental enfrentó un nuevo juicio, éste sí público. Miles de personas que lo han visto lamentan, cuestionan y repudian la forma en que funciona el sistema judicial. Precisamente por eso se puso en duda la determinación de la juez Lobo Domínguez para suspender provisionalmente la exhibición del documental bajo el argumento de que Víctor Daniel Reyes Bravo, único testigo del caso —y quien en el documental reconoce no haber visto nada— apela al uso de su imagen y daño moral por esa acción.

Los focos de alerta se encendieron e inmediatamente se alegó que la medida es un ataque a la libertad de expresión pero, al mismo tiempo, el sistema judicial es víctima de sí mismo pues alegando el uso de la imagen se coloca entre la espada y la pared: lo que determine la juez Blanca Lobo, sentará un precedente legal que servirá para fundamentar acciones futuras.

Si suspende la exhibición cualquier persona podrá apelar a ese criterio para exigir que las televisoras no difundan su imagen, que las portadas llenas de sangre no muestren el rostro de sus familiares o que los paparazis no puedan vender fotografías o videos. Por el contrario, si no lo hace, deja el precedente para que todo ese material no pueda ser impugnado ante un juez y entonces la imagen privada se vuelve del dominio público.

Lo más probable, lo que el mundo legal espera, es que la juez se “lave las manos” se declare incompetente y lo deje en manos de una sala colegiada que tendrá que definir no sólo el asunto de la libertad de expresión, sino el uso de la imagen privada por los medios, menuda responsabilidad.

@Mega_J_Israel_M

israel.martinez@milenio.com

¿Tiene el reportero derecho a la libertad de expresión? / Ponencia

Ponencia para el Foro de Periodistas 2010

Mesa: Libertad de expresión

Tema: ¿Tiene el reportero derecho a la libertad de expresión?

L. en C. J. Israel Martínez Macedo

16 de octubre de 2010

Universidad del Valle de México (UVM); Metepec, México.

Resumen: La libertad de expresión es un tema recurrente en la sociedad moderna. Se le considera un derecho humano inalienable y por tanto se vuelve el motor de cientos de causas “civiles” originando que el término se vuelva de un uso tan común que ha perdido valor como significado preciso. Durante la ponencia conoceremos/recordaremos la concepción del término y analizaremos su diferencia con aquello que la “retórica de la libertad” ha transformado en “licitud” sin reglas para alimento de una incultura política que la usa sólo como estrategia de los grupos de poder que buscan conquistar cualquier espacio interior de las relaciones sociales con el fin último de obtener beneficios económicos. A modo de reflexión (el foro lo obliga) terminaré hablando sobre el papel del reportero como ciudadano y como profesional en el (¿supuesto?) ejercicio de este derecho.

Introducción

En el lenguaje corriente hablar de “libertad” es, hoy, el lugar común de las pláticas que tienen que ver con democracia, buen gobierno y formas de administración que, normalmente, cuentan con su antecedente en la visión occidental de Estado.

Tratarla de esta manera ha trivializado el uso de los términos que definen cada libertad. En el caso que nos convoca este día: la libertad de expresión se malentiende por igual como libertad de información, de prensa y hasta de pensamiento y asociación; resultado de este simplismo cultural y falta de rigor profesional de quienes, supuestamente, deberíamos conocer la diferencia.

Este tipo de tratamiento como lugar común generó una “retórica de la libertad” que según Michelangelo Bovero “tiene la función de ocultar y de producir el olvido de que no toda y cualquier libertad es un valor, y en cuanto tal pueda ser deseable y merecedora de la aprobación de todos […] no todas las situaciones de libertad (a las que se pueda señalar sensatamente como tales) ameritan la misma consideración. Aquel que utiliza la retórica de la libertad tiene el fin de ‘capitalizar el significado emocional’ [expresión tomada de Frank Knight] del término, y frecuentemente utiliza fraudulentamente este lenguaje” (Bovero et al., 2010: 22).

Por eso, y para evitar caer en el mismo error, es necesario recordar brevemente de dónde proviene el término “Libertad” para también comprender dónde se ubica el término “libertad de expresión” y las diferencias con otros conceptos mal utilizados en el debate y la defensa de este derecho.

Libertad

Entre los analíticos, cualquier utilización de “libertad” no puede dejar de lado la referencia a “ausencia de algo” y en general se trata de la falta de obstáculos, vínculos o interferencias de cualquier índole. Cuando ésta se aplica a las personas, señala la restricción de impedimentos, restricciones, prohibiciones y obligaciones impuestas por un tercero “libre es precisamente aquel que no es sujeto de imposiciones, que no está subordinado al poder de alguien más que dispone de él”. (Bovero et al., 2010: 24).

Existen así dos acepciones de libertad: ésta “negativa” que refiere, valga la redundancia, a la negación de imposición de un tercero sobre mí y una “positiva” referente a la posibilidades de acción, es decir, lo que puedo yo hacer; sin embargo, cuando esta forma se presenta otorgada por un tercero (lo que él me deja hacer), se entra en los términos de la “licitud”. Que aunque sigue siendo considerada una libertad “positiva”, deriva en la licencia o permiso que ese alguien me otorga para hacer algo.

Hago un paréntesis en la explicación. Aquí encontramos la primera diferencia importante en el uso de los términos: algunas ONG y luchadores sociales de distintos temas se arrogan la defensa de una libertad cuando en realidad sólo se limitan a exigir a los gobiernos una “licitud” de acciones para sus ciudadanos.

Retomando la explicación, la libertad “negativa” puede entenderse como la negación del ejercicio del poder ajeno, en tanto que la “positiva” consiste en la posesión o ejercicio de un poder propio. Pero la sociedad no es simple en absoluto, el ser libre para actuar no significa poseer la capacidad, los medios o la competencia para realizar la acción o elección correspondiente.

Todavía, antes de entrar al asunto de las libertades modernas, existe un término más o menos común: “autonomía”, el cual debe entenderse como la condición de aquel que se da a sí mismo una ley. Si bien el término aplica a cuestiones de libertad “negativa” y “positiva”, la condición autonómica no coincide ni se resuelve en libertad.

“Un sujeto autónomo ciertamente puede llamarse libre, pero no en su calidad de autónomo, sino en la medida en que sus elecciones y acciones no son determinadas por otros” (Bovero et al., 2010: 30). La libertad de un ente autónomo no estriba en el poder de autorregularse -como también piden, erróneamente, algunos medios escudándose en el término libertad- sino en su independencia, entendida como la ausencia de heteronimia.

Esta forma de entender a la libertad nos lleva a dos tipos generales de ciudadano: el “pasivo”, aquel que obedece la ley sin participar en ella (recibe licitud de acción) y el “activo”, que contribuye en la formación de decisiones colectivas que el mismo se verá obligado a obedecer (generándose a sí mismo autonomía).

En este papel de sujeto “pasivo” se entiende la existencia de un ente que otorga ese espacio de libertad, así surge la necesidad de un mecanismo regulador de este ente para garantizar la defensa del individuo ante la colectividad. La Constitución emerge como ese mecanismo que prohíbe a los órganos colectivos el interferir en algunos espacios de libertad individual.

Norberto Bobbio, llamó a estas libertades “las cuatro grandes libertades de los modernos”: la libertad personal, la libertad de pensamiento, la libertad de reunión y la libertad de asociación. Por razones de tiempo, nos centraremos en la que compete a nuestro tema: la libertad de pensamiento y, para ser más precisos, mencionar que ésta se divide en dos vertientes la “interior” en su forma de libertad de conciencia y la “exterior” en su forma de libertad de expresión o libertad de manifestación del pensamiento.

Libertad de expresión

A grandes rasgos, la libertad de expresión refiere aquellas actividades de divulgación del pensamiento individual y su importancia en la sociedad radica en que permite el debate en la búsqueda del progreso común, de esta manera no sólo se trata de una garantía individual sino de una necesidad social para el desarrollo.

En su configuración de libertad “negativa” la libre manifestación del pensamiento se enfrenta, y esto debemos dejarlo muy claro, al “derecho de silencio”. No es obligatorio de ningún individuo el expresar sus pensamientos, del mismo modo que no puede ser obligado a callarlos, la violación o ataque de una u otra libertad se encuentran al mismo nivel. Expresar comentarios no es una obligación ciudadana ni de las autoridades, aunque éstas sí tienen obligación de entregar información que se considere pública.

Al quedar bajo la tutela de la sociedad, ésta determina los alcances de la libertad de manifestación de las ideas “con la salvedad de que ésta entre en conflicto con las limitaciones implícita o explícitamente derivadas de otras disposiciones o principios constitucionales” (Pizzorusso et al., 2010: 84).

En México, dichas limitantes están señaladas explícitamente en el Artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra indica: “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público […]”.

Técnicamente no hay más limitante a la manifestación del pensamiento que: el respeto a la moral, los derechos de tercero, que no se provoque un delito o se perturbe el orden; sin embargo, también, como parte de los llamados derechos de tercera generación, se consideran limitantes a esta libertad aquellas que contravengan con otras formas constitucionales como las acciones discriminatorias tales como el racismo, sexismo, entre otras; ya prohibidas abiertamente por la Constitución.

Antes de tratar el asunto de las limitantes propias para el periodismo, es necesario hacer la distinción con dos tipos más de libertad: la de prensa y la de información. En el primer caso, se trata de una libertad instrumental de la manifestación del pensamiento; si bien no todos tienen acceso económico a la publicación de sus ideas (lo que se convierte en una limitante fáctica), la Constitución debe garantizar la posibilidad de que todos tengan la oportunidad de hacerlo.

Por otra parte la libertad de información busca garantizar la posibilidad de que el individuo tenga acceso a toda aquella información que pueda serle de utilidad para realizar su vida pero en sentido “negativo” también busca proteger los datos privados de los individuos, se convierte en garante de lo que no debe ser informado.

Esta distinción surge a nivel mundial en la década de los años 70 del siglo pasado, “separando -como es lógico- la normatividad de la manifestación ‘simple’ del pensamiento (limitándose para ello a los escasos asuntos relacionados con los delitos de opinión y a los de la honorabilidad y la privacy) de la información, inundada por reglas basadas en porcentajes y de prohibiciones ante las posiciones dominantes (no únicamente ante el abuso)” (Di Giovine, 2010: 133).

Periodismo y libertad de expresión

La deontología del periodismo nos señala que la labor del reportero es presentar información de interés público y además, limita (lo enseñan en todas las escuelas y se exige en todas las redacciones de medios impresos y electrónicos) a no mezclar opiniones con informaciones. El reportero que redacta una nota informativa no debe, por ningún motivo, verter ni mezclar sus opiniones personales en el texto que presentará a la sociedad como información de interés general. Los medios, por su parte, deben presentar con claridad la diferencia entre opiniones e informaciones no mezclando secciones y diferenciando unas de otras.

No analizaremos si los medios y reporteros cumplen con esta parte de la deontología de la profesión dado que no es tema de la mesa; sin embargo, sí es necesario detallar que el reportero debe cesar en su intención de manifestar opiniones personales en trabajos informativos. Las escuelas, los maestros y los editores ponen especial énfasis (o deberían ponerlo) en enseñarles a los alumnos o aprendices de la profesión a no mezclar sus opiniones personales en la información que presentan.

La libertad de expresión, según la deontología del periodismo, no tiene lugar en el aspecto informativo del mismo. Es en la libertad de información donde el reportero encuentra el espacio en el que debe moverse. Ser usuario garante de esta libertad buscando y exigiendo información que pueda ser de interés público y presentándola a través del medio para el que trabaje.

Si bien, es libre de expresar sus pensamientos sobre cualquier tema en distintos ámbitos de su vida personal, lo garantiza la ley; también debe ejercer el aspecto “negativo” de este derecho: “guardar silencio” al momento de presentar información noticiosa.

Conclusiones

Como se ha hecho notar a lo largo de este texto; en un asunto de conflicto de derechos se antepone el derecho social al individual, y es así que la deontología del periodismo también encuentra sustento de acción en la cuestión legal del conflicto de derechos.

De igual manera, los reporteros alegan que se les censura o se les obliga a autocensurarse (¿acaso más retórica de la libertad?) cuando el medio exige que no involucre sus creencias (sobre todo políticas o religiosas) al momento de redactar una nota cuando en realidad se les pide que apliquen el derecho “negativo” individual de la libre manifestación de las ideas (el silencio) y antepongan el derecho “positivo” social de libre acceso a la información de interés social. Dicho de otra forma el derecho de la sociedad a una información veraz, oportuna y precisa que guíe sus acciones y decisiones se antepone al del reportero de mezclar en la información sus propios pensamientos.

Los medios deben preservar la garantía de libre expresión en espacios destinados para ese fin, entiéndase en secciones editoriales; observando que sus editorialistas, columnistas y articulistas respeten las limitantes indicadas en los ordenamientos legales. Al mismo tiempo deben vigilar que los reporteros no involucren ni mezclen opiniones o cualquier otra manifestación de su pensamiento individual en aras de proteger la libertad de información de la sociedad.

Los periodistas debemos, desde esta óptica, capacitarnos en función de conocimiento de la ley, no sólo en el sentido de saber cuáles son nuestros derechos y obligaciones, también en un ámbito más amplio que nos permita identificar los distintos niveles de libertad y conocer en cuál debemos desempeñar nuestra labor. Es urgente que abandonemos el debate desde la discusión común y simplista de lo que la gente entiende por libertad y nos involucremos en un análisis de mayor nivel que nos arroje a definiciones precisas que nos acerquen a hacer más eficiente la actividad periodística.

El reportero debe defender el derecho de acceso a la información pública no sólo para sí, sino para poder transmitirla a la sociedad; en este inter, requiere prepararse cada vez mejor para no perderse en un inacabable mar de información y ser capaz de distinguir aquello que es relevante (de interés periodístico) para la sociedad y qué no lo es.

Las expresiones personales de un reportero deben quedar reservadas para su ámbito privado o, en todo caso, es indispensable que en sus manifestaciones públicas deje en claro la separación de la opinión personal de aquello que esté vinculado a su compromiso/labor social de informar.

Si bien no puede renunciar a la libertad de pensamiento (recordemos que las cuatro libertades antes mencionadas se consideran inalienables) sí puede y debe ejercer el aspecto “negativo” de esta libertad: el derecho al silencio. El reportero debe aprender en su formación a silenciar su voz para poder comunicar mejor a una sociedad cada vez más necesitada de información confiable y veraz, esa es (o debe ser) una de las principales diferencias entre el reportero de profesión y el ciudadano que informa… pero ese es otro tema.

Bibliografía

Bobbio, Norberto (1989), Estado, Gobierno y Sociedad: por una Teoría General de la Política, Fondo de Cultura Eocnómica.

Bovero, Michelangelo (2010) “La libertad y los derechos de libertad” en Bovero, Michelangelo et al. [comps.], ¿Cuál libertad? Diccionario mínimo contra los falsos liberales, México: Océano.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disponible en [14 de octubre de 2010].

Di Giovine, Alfonso (2010) “Libertad de información ¿o libertad del poder?” en Bovero Michelangelo et al. [comps.] ¿Cuál libertad? Diccionario mínimo contra los falsos liberales, México: Océano.

Pizzorusso, Alesandro (2010) “Libertad de pensamiento: oportunidades y riesgos” en Bovero Michelangelo et al. [comps.] ¿Cuál libertad? Diccionario mínimo contra los falsos liberales, México: Océano.