De medios y otros demonios
En defensa de la pizza
J. Israel Martínez Macedo
No hay nada más abominable, despreciable y asqueroso que una persona que come pizza con cubiertos y, peor aún, que la echa a perder poniéndole salsa catsup (dah, la pizza ya tiene salsa de tomate), picantes procesados o hasta chiles en escabeche.
Debemos crear un movimiento en defensa de la verdadera y única forma de comer pizza: sin cubiertos, sin salsas extrañas que alteren el sabor y, por el amor de Dios, que eliminen esa antinatural manera de mezclar dos tipos de salsas de tomate en un mismo alimento…
Suena absurdo ¿no? ¿Cómo puede ser que alguien diga que hay una y solo una forma de comer pizza y que además quiera prohibir que las demás personas la coman como deseen solo porque esa persona (o grupo) piensa que las demás maneras son “antinaturales”?
Pues igualmente absurdo suena el discurso doblemoralista de la “defensa de la verdadera familia” para una sociedad que se pretende o dice pretender la vida en democracia.
La Iglesia, maestra en el arte de la manipulación de la información (más de 2 mil años de experiencia la respaldan) y sus esbirros ultramoralinos despliegan con intensidad una campaña para mostrarnos los terribles daños que sufren los niños que han crecido con padres homosexuales.
Sus fanes (para los seguidores del obispo Chavolla, plural de fan según la RAE) saturan las redes sociales con supuestas declaraciones de estos niños, ahora jóvenes, que vivieron abusos de padres enfermos que se la pasaban en fiestas donde privaba la perversión y la inmoralidad.
Pero esperen, ¿esas conductas son exclusivas de personas homosexuales? Obviamente no; es más, juguemos el juego de la Iglesia: vayamos a una prisión y saquemos la estadística de cuántos internos son hijos de matrimonios heterosexuales y cuántos de homosexuales ¿apuestan cuál ganaría?
Contrario a lo que la Iglesia quiere hacer creer, este tema no se trata de una discusión moral sino de una discusión democrática y en las democracias avanzadas el Estado debe procurar que los habitantes tengan mayores libertades de elección.
Se trata de que el Estado reconozca el derecho de libre asociación de dos personas a través de un contrato que avale su unión, que indique las obligaciones de los dos y proteja los derechos de uno frente a otro y de ambos frente a la sociedad.
Eso es lo que los ciudadanos necesitamos de un gobierno, que nos garantice el derecho a poder elegir libremente dentro de nuestro marco de opciones y no que nos imponga los deseos de unos o de otros.
El riesgo de seguir el camino de la Iglesia lo expone el obispo de Alcalá Juan Antonio Reig Pla: “hay que quitarles a las mujeres el voto porque ya están pensando mucho”, ¿será ese el siguiente paso en la lucha por “la verdadera familia”?
@Mega_J_Israel_M
israel.martinez@milenio.com
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lunes, 6 de junio de 2016
lunes, 3 de diciembre de 2007
Tres tiros de la Suprema Corte / Columna
De medios y otros demonios
Tres tiros de la Suprema Corte
J. Israel Martínez Macedo
Parecería inocente, por expresarlo decentemente, creer que en un mundo globalizado, como el de los tiempos actuales, se pueda actuar impunemente en casos que tienen una relación tan estrecha con asuntos de interés mundial: la defensa de las garantías individuales.
Los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvieron que “no hubo violación grave de las garantías individuales en perjuicio de la periodista independiente Lydia Cacho” relacionado con la detención de que fue objeto en Quintana Roo y su traslado a Puebla para ser juzgada por ordenes del gobernador Mario Marin.
La resolución de los ministros de a Suprema Corte es lamentable por muchos aspectos, el más importante: que dejan abierta la puerta a la violación de las garantías individuales de cualquier ciudadano mexicano por parte de las autoridades, siempre y cuando tal agresión no pueda ser considerada por los jurisperitos como grave.
Así, usted, yo o cualquier persona puede ser detenida y trasladada a otro estado bajo pretexto de ser acusado de un ilícito, el que sea; se le puede presionar para declararse culpable y cuando recurra al máximo tribunal a exigir justicia sépase lo que nos van a contestar: “no se demostró la existencia de violación grave de las garantías individuales, en termino del artículo 97 de la Constitución” y luego le señalaron que en todo caso de trata de “irregularidades menores”.
En segundo término es un golpe a la solicitud de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) a la administración de Felipe Calderón acerca de garantizar la seguridad jurídica y personal de los reporteros del país. El Estado mexicano no puede, y da muestras de ello, garantizar seguridad de ningún tipo a los reporteros y en general, a cualquiera que desee investigar temas como la corrupción o colusión de las autoridades en la delincuencia.
Pero también es un golpe a la propia institución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, era una de las pocas que había sobrevivido a cuestionamientos sobre credibilidad y la determinación los ha puesto en tela de juicio, incluso internacional.
El 30 de noviembre, Reporteros Sin Fronteras emitió un comunicado al respecto en el que señala: “Desde que, en 2004, denunció la existencia de una red de pedofilia, en la que implicaba a personalidades situadas muy arriba, Lydia Cacho no dejó de sufrir amenazas, agresiones e intentos de atentados, hasta su breve detención en 2005. Al decidir, a favor del gobernador de Puebla, Mario Marín, que no ha lugar sobre ese punto, y al atreverse a decir, contra toda evidencia, que no se burlaron los derechos constitucionales de Lydia Cacho, la SCJN ha concedido una auténtica prima a la impunidad. El epílogo de este sombrío caso sienta un preocupante precedente para la libertad de prensa y los derechos humanos en México…
“La sentencia contradice el informe elaborado por el juez Juan Silva Meza, entregado a la Corte el 26 de noviembre. El magistrado considera que existía ‘un acuerdo entre las autoridades de Puebla y Quintana Roo (Este) para violar las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho’. En el informe se acusa al gobernador, al fiscal general y al presidente del Tribunal Superior de Puebla, así como a cuatro jueces y varios funcionarios gubernamentales.
“‘la decisión de la Corte es una derrota para el gremio mexicano que cubre o investiga casos relacionados con las redes de tráfico de personas. Los ministros mandan un mensaje al país de que ni siquiera este tipo de casos van a ser reconocidos por la institución’, ha manifestado Lydia Cacho al conocer la noticia”. Concluye el comunicado de la organización Reporteros Sin Fronteras.
La decisión de la corte representa un atentado de tres disparos: el primero en contra de las garantías individuales de todos los mexicanos; el segundo demostrando que no hay ningún tipo de seguridad para la investigación periodística y el tercero que lo coloca con un severo cuestionamiento sobre la credibilidad de las decisiones del máximo tribunal del país, no sólo en México, sino a nivel internacional.
israel.martinez@milenio.com
Tres tiros de la Suprema Corte
J. Israel Martínez Macedo
Parecería inocente, por expresarlo decentemente, creer que en un mundo globalizado, como el de los tiempos actuales, se pueda actuar impunemente en casos que tienen una relación tan estrecha con asuntos de interés mundial: la defensa de las garantías individuales.
Los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvieron que “no hubo violación grave de las garantías individuales en perjuicio de la periodista independiente Lydia Cacho” relacionado con la detención de que fue objeto en Quintana Roo y su traslado a Puebla para ser juzgada por ordenes del gobernador Mario Marin.
La resolución de los ministros de a Suprema Corte es lamentable por muchos aspectos, el más importante: que dejan abierta la puerta a la violación de las garantías individuales de cualquier ciudadano mexicano por parte de las autoridades, siempre y cuando tal agresión no pueda ser considerada por los jurisperitos como grave.
Así, usted, yo o cualquier persona puede ser detenida y trasladada a otro estado bajo pretexto de ser acusado de un ilícito, el que sea; se le puede presionar para declararse culpable y cuando recurra al máximo tribunal a exigir justicia sépase lo que nos van a contestar: “no se demostró la existencia de violación grave de las garantías individuales, en termino del artículo 97 de la Constitución” y luego le señalaron que en todo caso de trata de “irregularidades menores”.
En segundo término es un golpe a la solicitud de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) a la administración de Felipe Calderón acerca de garantizar la seguridad jurídica y personal de los reporteros del país. El Estado mexicano no puede, y da muestras de ello, garantizar seguridad de ningún tipo a los reporteros y en general, a cualquiera que desee investigar temas como la corrupción o colusión de las autoridades en la delincuencia.
Pero también es un golpe a la propia institución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, era una de las pocas que había sobrevivido a cuestionamientos sobre credibilidad y la determinación los ha puesto en tela de juicio, incluso internacional.
El 30 de noviembre, Reporteros Sin Fronteras emitió un comunicado al respecto en el que señala: “Desde que, en 2004, denunció la existencia de una red de pedofilia, en la que implicaba a personalidades situadas muy arriba, Lydia Cacho no dejó de sufrir amenazas, agresiones e intentos de atentados, hasta su breve detención en 2005. Al decidir, a favor del gobernador de Puebla, Mario Marín, que no ha lugar sobre ese punto, y al atreverse a decir, contra toda evidencia, que no se burlaron los derechos constitucionales de Lydia Cacho, la SCJN ha concedido una auténtica prima a la impunidad. El epílogo de este sombrío caso sienta un preocupante precedente para la libertad de prensa y los derechos humanos en México…
“La sentencia contradice el informe elaborado por el juez Juan Silva Meza, entregado a la Corte el 26 de noviembre. El magistrado considera que existía ‘un acuerdo entre las autoridades de Puebla y Quintana Roo (Este) para violar las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho’. En el informe se acusa al gobernador, al fiscal general y al presidente del Tribunal Superior de Puebla, así como a cuatro jueces y varios funcionarios gubernamentales.
“‘la decisión de la Corte es una derrota para el gremio mexicano que cubre o investiga casos relacionados con las redes de tráfico de personas. Los ministros mandan un mensaje al país de que ni siquiera este tipo de casos van a ser reconocidos por la institución’, ha manifestado Lydia Cacho al conocer la noticia”. Concluye el comunicado de la organización Reporteros Sin Fronteras.
La decisión de la corte representa un atentado de tres disparos: el primero en contra de las garantías individuales de todos los mexicanos; el segundo demostrando que no hay ningún tipo de seguridad para la investigación periodística y el tercero que lo coloca con un severo cuestionamiento sobre la credibilidad de las decisiones del máximo tribunal del país, no sólo en México, sino a nivel internacional.
israel.martinez@milenio.com
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