De medios y otros demonios
Sistema intacto
J. Israel Martínez Macedo
El presidente Enrique Peña Nieto presentó lo que ha sido llamado mediáticamente "El Decálogo de la Seguridad", un esquema que desde el primer instante se observó incompleto y corto de miras, una respuesta que maquilla la problemática y deja intacto uno de los principales problemas: el sistema judicial.
El análisis mediático se ha centrado en la percepción social de que el problema de la delincuencia es consecuencia solo de la corrupción policíaca, por tanto, es el tema que atiende la propuesta presidencial como una solución a largo plazo y sin objetivos claros, medibles.
Pero en el tema de la impunidad nada hace la propuesta presidencial, en buena medida, porque tendría que apuntar directamente a la podredumbre en que se ha convertido todo el sistema judicial mexicano.
En cualquier parte del país involucrarse en un problema legal se convierte en una pesadilla. Sin que sea la totalidad de los casos, es muy común escuchar que el abogado pide dinero al cliente "para darle" al juez o al secretario del juzgado o a alguien que mueva los hilos a su favor.
El problema no es, además, un asunto exclusivo del ámbito penal, en lo civil son incontables los casos de padres que sobornan a los jueces para que les reduzcan el monto en las pensiones o para que les condonen las atrasadas.
El sistema judicial es un asco y nadie lo cuestiona precisamente por eso: criticarlo o cuestionarlo es casi un sacrilegio que se paga con todo el peso de la manipulación del sistema.
Ejemplos hay muchos, el más visible ocurrió con aquellos abogados que mostraron la punta de de iceberg en el documental "Presunto culpable", acusados, procesados y enjuiciados por el uso de la imagen de aquellos a quienes denunciaron.
En este esquema las universidades están metidas hasta los codos: hoy para ser ministerio público (esa figura ruin que inventa delitos y libera delincuentes) se necesita ser, forzosamente, licenciado en derecho; por tanto, egresado de una institución de educación superior, es decir, una universidad.
Abogados, ministerios públicos, secretarios de juzgado, jueces, magistrados, ministros y todo aquel que forme parte de este sistema pasa, obligatoriamente, por una universidad que avala sus estudios (no necesariamente su preparación) pero que no pone atención en la formación profesional.
El resultado un sistema judicial podrido, inoperante, digno de la Inquisición; que aprisiona y libera al mejor postor, con jueces que obtienen el cargo por ser hijos o sobrinos de alguien, lucrando con la integridad pero sobre todo con la vida de las personas, en el nivel cotidiano, y el destino del país, en el nivel trascendental. Urge un sistema de justicia justo, pero no lo hay porque nadie marcha por eso.
Twitter: @Mega_J_Israel_M
israel.martinez@milenio.com
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lunes, 1 de diciembre de 2014
lunes, 28 de enero de 2013
¡Venga la sentencia! / Columna
De medios y otros demonios
¡Venga la sentencia!
J. Israel Martínez Macedo
La “Tremenda Corte de Justicia de la Nación” resolvió a favor de otorgar el amparo a Florence Marie Cassez, acusada de participar en tres secuestros; la indignación nacional se volcó sobre los ministros que en llanas palabras determinaron: debido al montaje televisivo y otras agravantes del proceso no se puede saber si es culpable o no… y la dejaron ir.
Posiciones a favor y en contra de la decisión de la corte corrieron como reguero de pólvora. Los había desde quienes pedían/piden la renuncia de los ministros hasta los que justifican, explican y motivan elementos para comprender que la determinación de la corte fue correcta.
Más allá de la simple decisión hay cosas de fondo que no se han tocado y que pueden repercutir no solo en la vida judicial del país, también en la vida política y social.
La determinación de la corte no solo define el caso en cuestión sino que genera jurisprudencia respecto a situaciones comunes que se relacionen con fallas en el debido proceso.
La denuncia de esto ya se había hecho. En los documentales “El túnel” y “Presunto culpable” se evidencian no solo los vicios del sistema judicial mexicano sino su ineficiencia e incapacidad para demostrar la inocencia o culpabilidad de una persona.
Si el argumento que dejó en libertad a Florence Cassez es que hay elementos suficientes para determinar que no hubo un “debido proceso” en la investigación y que por lo tanto es imposible saber si ella participó o no en los secuestros ¿cuántos casos más están en la misma situación? Los presos sujetos a proceso ¿pueden argumentar fallas en el debido proceso si en sus casos algún agente investigador falseó pruebas en su contra? ¿Puede hacerse si las testimoniales en su contra no concuerdan tal como en el caso Cassez? Se supone que sí.
Aún queda la participación de Televisa y Tv Azteca en el montaje que dio pie a los argumentos jurídicos que terminaron en la liberación de Florence Cassez. Ambas televisoras se deslindaron del hecho, ambas acusan que no sabían nada. Ambas son “presuntas culpables” de mentir. Ambas serán exoneradas.
Según lo señalado esta semana por Jenaro Villamil, Carlos Loret mintió cuando presentó el montaje, lo volvió a hacer cuando dijo no saber nada, y lo sigue haciendo cuando asegura que también fue engañado.
¿Cómo impacta en la confianza hacia el medio y el comunicador? Depende de cómo la gente, lectores, radioescuchas y televidentes reaccionen. De entrada en redes sociales ya ya hay una: el HT #MientoComoLoret y su derivado #MientoComoTelevisa.
Queda esperar un fallo, el de la gente, el de los indignados por la liberación de “la francesa”. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de quienes realizaron el montaje? Resta definirlo pero el montaje existió, las televisoras lo realizaron y eso fue lo que permitió la liberación de Cassez… Las televisoras son corresponsables, les guste reconocerlo o no.
Twitter: @Mega_J_Israel_M
israel.martinez@milenio.com
¡Venga la sentencia!
J. Israel Martínez Macedo
La “Tremenda Corte de Justicia de la Nación” resolvió a favor de otorgar el amparo a Florence Marie Cassez, acusada de participar en tres secuestros; la indignación nacional se volcó sobre los ministros que en llanas palabras determinaron: debido al montaje televisivo y otras agravantes del proceso no se puede saber si es culpable o no… y la dejaron ir.
Posiciones a favor y en contra de la decisión de la corte corrieron como reguero de pólvora. Los había desde quienes pedían/piden la renuncia de los ministros hasta los que justifican, explican y motivan elementos para comprender que la determinación de la corte fue correcta.
Más allá de la simple decisión hay cosas de fondo que no se han tocado y que pueden repercutir no solo en la vida judicial del país, también en la vida política y social.
La determinación de la corte no solo define el caso en cuestión sino que genera jurisprudencia respecto a situaciones comunes que se relacionen con fallas en el debido proceso.
La denuncia de esto ya se había hecho. En los documentales “El túnel” y “Presunto culpable” se evidencian no solo los vicios del sistema judicial mexicano sino su ineficiencia e incapacidad para demostrar la inocencia o culpabilidad de una persona.
Si el argumento que dejó en libertad a Florence Cassez es que hay elementos suficientes para determinar que no hubo un “debido proceso” en la investigación y que por lo tanto es imposible saber si ella participó o no en los secuestros ¿cuántos casos más están en la misma situación? Los presos sujetos a proceso ¿pueden argumentar fallas en el debido proceso si en sus casos algún agente investigador falseó pruebas en su contra? ¿Puede hacerse si las testimoniales en su contra no concuerdan tal como en el caso Cassez? Se supone que sí.
Aún queda la participación de Televisa y Tv Azteca en el montaje que dio pie a los argumentos jurídicos que terminaron en la liberación de Florence Cassez. Ambas televisoras se deslindaron del hecho, ambas acusan que no sabían nada. Ambas son “presuntas culpables” de mentir. Ambas serán exoneradas.
Según lo señalado esta semana por Jenaro Villamil, Carlos Loret mintió cuando presentó el montaje, lo volvió a hacer cuando dijo no saber nada, y lo sigue haciendo cuando asegura que también fue engañado.
¿Cómo impacta en la confianza hacia el medio y el comunicador? Depende de cómo la gente, lectores, radioescuchas y televidentes reaccionen. De entrada en redes sociales ya ya hay una: el HT #MientoComoLoret y su derivado #MientoComoTelevisa.
Queda esperar un fallo, el de la gente, el de los indignados por la liberación de “la francesa”. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de quienes realizaron el montaje? Resta definirlo pero el montaje existió, las televisoras lo realizaron y eso fue lo que permitió la liberación de Cassez… Las televisoras son corresponsables, les guste reconocerlo o no.
Twitter: @Mega_J_Israel_M
israel.martinez@milenio.com
lunes, 16 de febrero de 2009
La ley es un chiste / Columna
De medios y otros demonios
La ley es un chiste
J. Israel Martínez Macedo
Parece que en nuestro país las autoridades están empecinadas en quedar en el peor de los ridículos posibles, quieren que los ciudadanos no nos decepcionemos de la política y las cuestiones de gobierno pero se esfuerzan por conseguir todo lo contrario.
En esta semana se resolvió en el IFE un asunto que ni siquiera debió haberse tratado, las televisoras resultaron exoneradas de una sanción que nunca debió aplicar porque no había falta qué perseguir; por otra parte los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvieron que sí hubo delito en San Salvador Atenco, pero que no hay culpables o como quien dice: crimen sí hubo, pero responsables pues no.
En el primer caso, como se había comentado en este espacio, no hay delito que perseguir, no hay ley que prohíba que la propaganda política se presente en bloque ni que las televisoras informen que están obligadas a transmitirlos por una disposición del Cofipe, y por si la sandez no fuera suficiente los consejeros del IFE rematan con un dictamen de risa que -palabras más, palabras menos- dice que como hay disposición de las televisoras por corregir el asunto, pues se les va a perdonar.
Insisto, ¡perdonar de qué! No hay ninguna violación a la ley que se diseñaron los partidos. Claro que fue necesario que hicieran que su Instituto Federal Electoral (sí, porque ya se lo apropiaron por completo) metiera las manos para que se hiciera la voluntad de los organismos políticos. Faltaba más, que para eso le dieron todas esas atribuciones.
Y qué decir de lo que ocurrió en la SCJN, los ministros resolvieron un dictamen de risa en el que sí hay delito, sí hay excesos, pero qué le vamos a hacer porque no hay a quién culpar. Ahora resulta que las policías se mandan solas (¿el Ejército también? Sólo es una pregunta ociosa, no espero respuesta).
El dictamen de los ministros es en extremo peligroso porque, como dicen los que saben, genera jurisprudencia, es decir: que cuando ocurra cualquier otro caso parecido, los defensores del Estado pueden exigir que se aplique el mismo criterio y se declare que no hay culpables aunque el delito sea flagrante y esté documentado.
Es algo así como que hubo una movilización policíaca federal y estatal para controlar un grupo que se atrincheró en el pueblo de San Salvador, como sus esquemas de “inteligencia” (por darle un nombre, nomás) no pudieron determinar quién sí era miembro del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y quién no, pues agarraron parejo y no vieron quién la hizo sino quién la pagara.
La brillantez de los ministros de la SCJN deslumbra al concluir que nadie dio la orden a los policías de que se pasaran de pistaches con cuanto cristiano sin uniforme de policía se les pusiera enfrente, por lo que no hay responsables de las lesiones que sufrieron los ahí presentes y de la muerte de dos personas.
Vaya una felicitación del titular de este espacio a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por haber institucionalizado la impunidad en un ambiente en donde nada más eso nos faltaba. Ahora sí creo que vivimos una crisis de las instituciones, digan lo que digan los gringos.
Claro, que nada de eso importa porque ya vienen las elecciones y lo que interesa es que la masa legitime los acuerdos que ya se tienen en los partidos para ver cómo será repartido el pastel, que para eso son los dueños del negocio que alguien tuvo a bien llamar México SA.
En fin que después de esta breve demostración de impunidad no se puede más que concluir que la ley en este país es sólo una broma que se aplica a conveniencia, o usted ¿qué opina?
israel.martinez@milenio.com
La ley es un chiste
J. Israel Martínez Macedo
Parece que en nuestro país las autoridades están empecinadas en quedar en el peor de los ridículos posibles, quieren que los ciudadanos no nos decepcionemos de la política y las cuestiones de gobierno pero se esfuerzan por conseguir todo lo contrario.
En esta semana se resolvió en el IFE un asunto que ni siquiera debió haberse tratado, las televisoras resultaron exoneradas de una sanción que nunca debió aplicar porque no había falta qué perseguir; por otra parte los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvieron que sí hubo delito en San Salvador Atenco, pero que no hay culpables o como quien dice: crimen sí hubo, pero responsables pues no.
En el primer caso, como se había comentado en este espacio, no hay delito que perseguir, no hay ley que prohíba que la propaganda política se presente en bloque ni que las televisoras informen que están obligadas a transmitirlos por una disposición del Cofipe, y por si la sandez no fuera suficiente los consejeros del IFE rematan con un dictamen de risa que -palabras más, palabras menos- dice que como hay disposición de las televisoras por corregir el asunto, pues se les va a perdonar.
Insisto, ¡perdonar de qué! No hay ninguna violación a la ley que se diseñaron los partidos. Claro que fue necesario que hicieran que su Instituto Federal Electoral (sí, porque ya se lo apropiaron por completo) metiera las manos para que se hiciera la voluntad de los organismos políticos. Faltaba más, que para eso le dieron todas esas atribuciones.
Y qué decir de lo que ocurrió en la SCJN, los ministros resolvieron un dictamen de risa en el que sí hay delito, sí hay excesos, pero qué le vamos a hacer porque no hay a quién culpar. Ahora resulta que las policías se mandan solas (¿el Ejército también? Sólo es una pregunta ociosa, no espero respuesta).
El dictamen de los ministros es en extremo peligroso porque, como dicen los que saben, genera jurisprudencia, es decir: que cuando ocurra cualquier otro caso parecido, los defensores del Estado pueden exigir que se aplique el mismo criterio y se declare que no hay culpables aunque el delito sea flagrante y esté documentado.
Es algo así como que hubo una movilización policíaca federal y estatal para controlar un grupo que se atrincheró en el pueblo de San Salvador, como sus esquemas de “inteligencia” (por darle un nombre, nomás) no pudieron determinar quién sí era miembro del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y quién no, pues agarraron parejo y no vieron quién la hizo sino quién la pagara.
La brillantez de los ministros de la SCJN deslumbra al concluir que nadie dio la orden a los policías de que se pasaran de pistaches con cuanto cristiano sin uniforme de policía se les pusiera enfrente, por lo que no hay responsables de las lesiones que sufrieron los ahí presentes y de la muerte de dos personas.
Vaya una felicitación del titular de este espacio a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por haber institucionalizado la impunidad en un ambiente en donde nada más eso nos faltaba. Ahora sí creo que vivimos una crisis de las instituciones, digan lo que digan los gringos.
Claro, que nada de eso importa porque ya vienen las elecciones y lo que interesa es que la masa legitime los acuerdos que ya se tienen en los partidos para ver cómo será repartido el pastel, que para eso son los dueños del negocio que alguien tuvo a bien llamar México SA.
En fin que después de esta breve demostración de impunidad no se puede más que concluir que la ley en este país es sólo una broma que se aplica a conveniencia, o usted ¿qué opina?
israel.martinez@milenio.com
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