De medios y otros demonios
Venezuela no es el único
J. Israel Martínez Macedo
Sin lugar a duda el tema de la semana en el universo de los medios a nivel mundial han sido las medidas tomadas por el gobierno venezolano para silenciar las voces que se manifiestan en contra de Hugo Chávez y su radicalismo.
La propuesta realizada por la fiscal general de ese país, Luisa Ortega Díaz, de una “Ley Especial contra Delitos Mediáticos” fue inmediatamente criticada por todas las organizaciones sociales que defienden los derechos humanos a nivel internacional, sumado a ello, el gobierno cerró 34 estaciones radiofónicas el viernes argumentando violaciones a la ley en la materia.
Estos hechos generaron que Human Rights Watch calificara a Venezuela como “el único país de América que pierde libertad de expresión”, si bien es cierto que es el que oficialmente ha tomado medidas en esa dirección, podría decirse que no está sólo en ese calificativo.
La Ley contra Delitos Mediáticos tiene un solo sentido: la promoción de la autocensura. En México esa es una práctica a la que se ha tenido que recurrir ante la incapacidad de todos los gobiernos, en todos los niveles, para garantizar seguridad en el ejercicio periodístico.
México no ha legislado contra el derecho a la información, pero no por falta de voluntad por parte de los políticos sino porque cuando lo han intentado la opinión pública ha impedido que lo consigan, el caso más reciente: la llamada reforma electoral que en su propuesta inicial censuraba las opiniones en los medios.
Los motivos de Chávez en Venezuela tienen una explicación muy sencilla: su imagen está a la baja en las encuestas y la única forma que vislumbran los especialistas para hacer algo es controlar las opiniones mediáticas, lo que han interpretado como acallar las voces críticas al sistema y su radicalismo.
Los motivos en México de las medidas que intentaban controlar los medios a través de la reforma electoral son los mismos: cuidar la imagen de los partidos y sus actores silenciando las críticas y castigando a quienes se resistan a hacerlo, afortunadamente en nuestro país, la opinión pública aún puede ser el contrapeso en la balanza y logró impedir ese exceso legal.
Pero tampoco hay motivo para echar las campanas al vuelo, México es número uno en homicidios de periodistas a nivel mundial, por encima de países como Irak o Paquistán que aún se encuentran en medio de un conflicto armado, la respuesta del gobierno ha sido: no ver, no escuchar, no opinar, distraer la atención en otros temas.
Es cierto que lo que ocurre al periodismo mexicano es sólo un reflejo de la cruel realidad del país, MILENIO Diario informó este sábado que en el país hubo 854 ejecuciones sólo en julio, un promedio de 28 diarias.
En un país tan violento como el nuestro la libertad de expresión es un ejercicio por demás complicado, cuestionarse si publicar o no poniendo en riesgo no sólo la vida propia sino la de los seres queridos no deja muchas opciones sobre una realidad: en la práctica la autocensura existe.
No, Venezuela no es el único país que pierde libertad de expresión, México también lo hace; la diferencia entre uno y otro es que en el país sudamericano se propicia la autocensura de manera oficial con leyes que sancionan a quienes hablen contrario al sistema, en el nuestro la pérdida de ese derecho es un daño derivado de la incapacidad de los gobiernos (como conjunto) de garantizar seguridad a quien hable de cualquier tema.
Seguramente en Venezuela un parlamento entregado al presidente aprobará la medida a pesar de que ello implica imponer los intereses de Chávez por encima de las garantías individuales de los ciudadanos. En México seguirá la inseguridad, a pesar de los esfuerzos aislados de unos cuantos para detenerla y combatirla, mientras el interés sea más por el poder que por la gente, nada cambiará.
israel.martinez@milenio.com
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lunes, 3 de agosto de 2009
lunes, 16 de marzo de 2009
El periodismo en América Latina va de mal en peor / Columna
De medios y otros demonios
El periodismo en América
Latina va de mal en peor
J. Israel Martínez Macedo
Ella sólo iba a recoger información solicitada por transparencia sobre contratos y montos del gobierno estatal de Puebla con la Policía Auxiliar durante 2008, la responsable del departamento de Comunicación de la dependencia la condujo a una oficina en donde ya la esperaba el director de la corporación junto con tres individuos más.
Una vez que la reportera Dalia Patiño González, del periódico Puntual de Puebla, fue llevada por la jefa de prensa, Lilia Carreón Álvarez, al director de la Policía Auxiliar, Jorge Morgado Nava; la encargada del área de Comunicación salió de la habitación.
La versión de la reportera indica que fue interrogada por un tiempo estimado de 20 minutos en donde le cuestionaron: para qué quería esa información y cómo la iba a utilizar. Después entró en la habitación el encargado de la Unidad de Acceso a la Información Pública (UDAPI), Jesús Encinas Sánchez, le explicó que sólo una de las dos solicitudes podía ser atendida porque el resto se encontraba bajo reserva.
Justo cuando se disponía a entregar los datos, Morgado Nava arrebato los documentos “A ver, ¿qué le vas a dar?”, luego de revisarlos devolvió los papeles. Jesús Encinas pidió a la reportera que lo acompañara a su oficina, uno de los ayudantes del director ordenó que se registraran sus datos y entregara una copia de su identificación, Dalia se negó: no estaba obligada.
Jorge Morgado retomó el control de la situación, ordenó al encargado de la UDAPI que saliera pero que lo hiciera solo. Espetó contra la reportera que no podía preguntar cuánto gasta el gobierno estatal en seguridad y comparó la acción con el cuestionarle a ella sobre sus fuentes.
La discusión se tornó acalorada según la narración de la reportera quien, al darse cuenta de la desventaja en la que se encontraba, prefirió callar. Lilia Carreón regresó a la habitación, momento que Dalia aprovechó para huir, fue alcanzada por la jefa de prensa quien la llevó, ahora sí, al área de transparencia, donde se le entregó la información previamente supervisada.
El hecho fue denunciado y repudiado por el Centro de Periodismo y Ética Pública (Cepet). Esto ocurre justo cuando en la ciudad de Asunción, Paraguay, se lleva a cabo la reunión de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) donde uno de los temas centrales fue, justamente, el de los ataques a la prensa.
Los problemas para ejercer el periodismo en América Latina se agudizan según la óptica de la SIP. México y Cuba no cambian en su condición de ser el más peligroso y el de mayor represión a la prensa libre, respectivamente; en tanto que Nicaragua, Bolivia, pero sobre todo Venezuela, dan muestras de intolerancia a la libertad de expresión y a la crítica contraria a sus regímenes.
En éste último, el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) ha convocado una movilización para defender la Ley del Ejercicio del Periodismo así como la libertad de expresión luego de que el Diario La Mañana alterara el contenido informativo de la nota de la reportera Vivian Coronado, a ese nivel han llegado las cosas.
PANDEMÓNIUM
El proceso electoral puede servir como cortina de humo para muchas cosas. Al correo electrónico llegó la queja de un grupo de madres de familia de la escuela primaria Juan Fernández Albarrán, de Toluca, quienes, en resumen, denuncian que director y subdirectora están condicionando la inscripción al siguiente ciclo escolar sólo si pagan 150 pesos a la asociación de padres.
Seguramente no es la única escuela en estas circunstancias, pero no se deje sorprender: ni las autoridades, las asociaciones de padres de familia pueden impedir la inscripción de los menores, mucho menos condicionarla.
israel.martinez@milenio.com
El periodismo en América
Latina va de mal en peor
J. Israel Martínez Macedo
Ella sólo iba a recoger información solicitada por transparencia sobre contratos y montos del gobierno estatal de Puebla con la Policía Auxiliar durante 2008, la responsable del departamento de Comunicación de la dependencia la condujo a una oficina en donde ya la esperaba el director de la corporación junto con tres individuos más.
Una vez que la reportera Dalia Patiño González, del periódico Puntual de Puebla, fue llevada por la jefa de prensa, Lilia Carreón Álvarez, al director de la Policía Auxiliar, Jorge Morgado Nava; la encargada del área de Comunicación salió de la habitación.
La versión de la reportera indica que fue interrogada por un tiempo estimado de 20 minutos en donde le cuestionaron: para qué quería esa información y cómo la iba a utilizar. Después entró en la habitación el encargado de la Unidad de Acceso a la Información Pública (UDAPI), Jesús Encinas Sánchez, le explicó que sólo una de las dos solicitudes podía ser atendida porque el resto se encontraba bajo reserva.
Justo cuando se disponía a entregar los datos, Morgado Nava arrebato los documentos “A ver, ¿qué le vas a dar?”, luego de revisarlos devolvió los papeles. Jesús Encinas pidió a la reportera que lo acompañara a su oficina, uno de los ayudantes del director ordenó que se registraran sus datos y entregara una copia de su identificación, Dalia se negó: no estaba obligada.
Jorge Morgado retomó el control de la situación, ordenó al encargado de la UDAPI que saliera pero que lo hiciera solo. Espetó contra la reportera que no podía preguntar cuánto gasta el gobierno estatal en seguridad y comparó la acción con el cuestionarle a ella sobre sus fuentes.
La discusión se tornó acalorada según la narración de la reportera quien, al darse cuenta de la desventaja en la que se encontraba, prefirió callar. Lilia Carreón regresó a la habitación, momento que Dalia aprovechó para huir, fue alcanzada por la jefa de prensa quien la llevó, ahora sí, al área de transparencia, donde se le entregó la información previamente supervisada.
El hecho fue denunciado y repudiado por el Centro de Periodismo y Ética Pública (Cepet). Esto ocurre justo cuando en la ciudad de Asunción, Paraguay, se lleva a cabo la reunión de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) donde uno de los temas centrales fue, justamente, el de los ataques a la prensa.
Los problemas para ejercer el periodismo en América Latina se agudizan según la óptica de la SIP. México y Cuba no cambian en su condición de ser el más peligroso y el de mayor represión a la prensa libre, respectivamente; en tanto que Nicaragua, Bolivia, pero sobre todo Venezuela, dan muestras de intolerancia a la libertad de expresión y a la crítica contraria a sus regímenes.
En éste último, el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) ha convocado una movilización para defender la Ley del Ejercicio del Periodismo así como la libertad de expresión luego de que el Diario La Mañana alterara el contenido informativo de la nota de la reportera Vivian Coronado, a ese nivel han llegado las cosas.
PANDEMÓNIUM
El proceso electoral puede servir como cortina de humo para muchas cosas. Al correo electrónico llegó la queja de un grupo de madres de familia de la escuela primaria Juan Fernández Albarrán, de Toluca, quienes, en resumen, denuncian que director y subdirectora están condicionando la inscripción al siguiente ciclo escolar sólo si pagan 150 pesos a la asociación de padres.
Seguramente no es la única escuela en estas circunstancias, pero no se deje sorprender: ni las autoridades, las asociaciones de padres de familia pueden impedir la inscripción de los menores, mucho menos condicionarla.
israel.martinez@milenio.com
lunes, 26 de enero de 2009
“Somos incómodos por lo que sabemos” / Columna
De medios y otros demonios
“Somos incómodos por lo que sabemos”
J. Israel Martínez Macedo
Este jueves 22 de enero, en el Hotel Emporio de la Ciudad de México, la asociación Reporteros Sin Fronteras (RSF) y el Centro de Periodismo y Ética Pública (CEPET) anunciaron los resultados de la investigación conjunta sobre la situación de los medios de comunicación en Ciudad Juárez.
La idea surgió luego del homicidio del Armando Rodríguez Carreón, del periódico El Diario y que llamó la atención porque se relacionó con una serie de auto exilios por parte de varios reporteros de esa región.
De acceso público en la página de RSF “Este informe pone de relieve las dramáticas alternativas que se ofrecen a los periodistas de la región: autocensurarse, exiliarse o exponerse a una muerte cierta en la más total impunidad”.
Lo más preocupante es un señalamiento posterior: “subraya cómo el importante despliegue de funcionarios federales, civiles o militares, en este bastión de uno de los más terribles carteles (sic) de droga, no resolvió en absoluto la inseguridad, y corre incluso el riesgo de agravarla. Las autoridades se convierten en otra fuente de temor de los periodistas”.
El documento presentado por el CEPET y RSF contiene declaraciones que exigen la reflexión, en especial una: “Somos incómodos; ya ni siquiera por lo que publicamos sino por lo que sabemos”, ¿qué autocensura podría servir para no arriesgar la vida después de este señalamiento?
El llamado de ambas organizaciones a las autoridades federales es muy concreto: “Cumplan con el mandato que la sociedad les otorga, garanticen la seguridad de la población y de la libertad de expresión con medidas efectivas.
“Respeten los derechos humanos y la libertad de expresión de periodistas, medios de comunicación y la sociedad en su conjunto, durante el desarrollo de acciones en contra de los grupos delincuenciales. Quienes cometen violaciones a los derechos humanos deben ser sancionados.
“A que hagan públicas las pruebas fehacientes de afirmaciones sobre presuntas vinculaciones de Armando Rodríguez Carreón con el narcotráfico u ofrezcan, en su defecto, disculpas públicas a su familia.
“Finalmente, exhortamos a los medios de comunicación mexicanos a la solidaridad con los medios agredidos y a apoyar, en los hechos, la libertad de expresión”.
El Estado debe ahora no sólo controlar a la delincuencia sino también a sus propios funcionarios que igualmente se vuelven un problema, pero no sólo para los periodistas sino para la ciudadanía en general; se toma como broma, pero es para pensarse la forma en la que se ha vuelto común el comentario de que “uno ya no sabe de quién cuidarse, si de los delincuentes o de los policías”.
PARÉNTESIS
El asunto no es privativo de México, en Caracas, Venezuela; Cecilia Rodríguez, reportera gráfica del diario El Nuevo País, fue golpeada y asaltada por seguidores de Hugo Chávez cuando cubría una manifestación a favor de la propuesta que permitiría la reelección indefinida -no sólo presidencial sino de cualquier cargo-; la agresión fue observada por funcionarios públicos y policías pero ninguno de ellos actuó en contra de los victimarios.
Ante estas situaciones, el Centro Doha para la Libertad de Medios -con sede en Qatar y creado por el ex presidente de Reporteros Sin Fronteras, Robert Ménard- ofrece asistencia a periodistas encarcelados y sus familias, así como a aquellos profesionales de la información que hayan sido víctimas de amenazas; desde su creación, en diciembre de 2007, hasta la fecha ha apoyado a 150 periodistas por un monto de 340 mil dólares, para solicitar ayuda es necesario llenar un formulario que se encuentra en la página http://tinyurl.com/7a29ee o visitar la página http://www.dohacenter.org/-Assistance-.html.
israel.martinez@milenio.com
“Somos incómodos por lo que sabemos”
J. Israel Martínez Macedo
Este jueves 22 de enero, en el Hotel Emporio de la Ciudad de México, la asociación Reporteros Sin Fronteras (RSF) y el Centro de Periodismo y Ética Pública (CEPET) anunciaron los resultados de la investigación conjunta sobre la situación de los medios de comunicación en Ciudad Juárez.
La idea surgió luego del homicidio del Armando Rodríguez Carreón, del periódico El Diario y que llamó la atención porque se relacionó con una serie de auto exilios por parte de varios reporteros de esa región.
De acceso público en la página de RSF “Este informe pone de relieve las dramáticas alternativas que se ofrecen a los periodistas de la región: autocensurarse, exiliarse o exponerse a una muerte cierta en la más total impunidad”.
Lo más preocupante es un señalamiento posterior: “subraya cómo el importante despliegue de funcionarios federales, civiles o militares, en este bastión de uno de los más terribles carteles (sic) de droga, no resolvió en absoluto la inseguridad, y corre incluso el riesgo de agravarla. Las autoridades se convierten en otra fuente de temor de los periodistas”.
El documento presentado por el CEPET y RSF contiene declaraciones que exigen la reflexión, en especial una: “Somos incómodos; ya ni siquiera por lo que publicamos sino por lo que sabemos”, ¿qué autocensura podría servir para no arriesgar la vida después de este señalamiento?
El llamado de ambas organizaciones a las autoridades federales es muy concreto: “Cumplan con el mandato que la sociedad les otorga, garanticen la seguridad de la población y de la libertad de expresión con medidas efectivas.
“Respeten los derechos humanos y la libertad de expresión de periodistas, medios de comunicación y la sociedad en su conjunto, durante el desarrollo de acciones en contra de los grupos delincuenciales. Quienes cometen violaciones a los derechos humanos deben ser sancionados.
“A que hagan públicas las pruebas fehacientes de afirmaciones sobre presuntas vinculaciones de Armando Rodríguez Carreón con el narcotráfico u ofrezcan, en su defecto, disculpas públicas a su familia.
“Finalmente, exhortamos a los medios de comunicación mexicanos a la solidaridad con los medios agredidos y a apoyar, en los hechos, la libertad de expresión”.
El Estado debe ahora no sólo controlar a la delincuencia sino también a sus propios funcionarios que igualmente se vuelven un problema, pero no sólo para los periodistas sino para la ciudadanía en general; se toma como broma, pero es para pensarse la forma en la que se ha vuelto común el comentario de que “uno ya no sabe de quién cuidarse, si de los delincuentes o de los policías”.
PARÉNTESIS
El asunto no es privativo de México, en Caracas, Venezuela; Cecilia Rodríguez, reportera gráfica del diario El Nuevo País, fue golpeada y asaltada por seguidores de Hugo Chávez cuando cubría una manifestación a favor de la propuesta que permitiría la reelección indefinida -no sólo presidencial sino de cualquier cargo-; la agresión fue observada por funcionarios públicos y policías pero ninguno de ellos actuó en contra de los victimarios.
Ante estas situaciones, el Centro Doha para la Libertad de Medios -con sede en Qatar y creado por el ex presidente de Reporteros Sin Fronteras, Robert Ménard- ofrece asistencia a periodistas encarcelados y sus familias, así como a aquellos profesionales de la información que hayan sido víctimas de amenazas; desde su creación, en diciembre de 2007, hasta la fecha ha apoyado a 150 periodistas por un monto de 340 mil dólares, para solicitar ayuda es necesario llenar un formulario que se encuentra en la página http://tinyurl.com/7a29ee o visitar la página http://www.dohacenter.org/-Assistance-.html.
israel.martinez@milenio.com
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