De medios y otros demonios
Desgaste innecesario
J. Israel Martínez Macedo
La legislación secundaria en materia político-electoral está revisada, discutida, aprobada y hasta impugnada en las Cámaras de Diputados y Senadores por lo que se abre paso al tema que más peso mediático ha tenido los últimos meses: telecomunicaciones.
No obstante el asunto del haber de retiro aún mantiene a los legisladores un tanto distraídos del tema en puerta. El pasado viernes, el senador Javier Corral Jurado se enfrascó en un debate mediático con el magistrado del Trife, Salvador Olimpo Nava Gomar, en el que la flacidez de los argumentos del legislador lo llevaron a cometer varios errores.
Corral Jurado abrió el frente al acusar a los magistrados de cabildear el haber de retiro y señalar que se trata de una pensión vitalicia con cantidades irreales solo lógicas en los términos del México surreal.
Salvador Nava señaló que el haber de retiro se aprobó en el Legislativo, no en el Judicial, por lo tanto son los legisladores que votaron la ley, y no los magistrados que revisan su cumplimiento, los responsables de la existencia del esta figura.
En el intento de Javier Corral de “quemar” a los magistrados, indicó que el haber de retiro es un problema de procedimiento legislativo; echando sobre sí y la comisión que preside toda la responsabilidad en la aprobación de la legislación. El magistrado no dejó pasar el dato y arremetió:
“Él dice que esto es justamente lo que pinta a esta integración del tribunal: el procedimiento legislativo. Hombre, qué curioso, el procedimiento legislativo le corresponde a él, creo que dibuja a él y a la Legislatura; que diga que no le consta, que no sabe, que no leyó lo que votó, me parece que es irresponsable de su parte, sería tanto como decir que yo no he leído las sentencias que firmo”.
Ante la exhibición pública, Javier Corral perdió los estribos. Recurrió a la vil retórica demagógica para cuestionar el tipo de magistrados que tenemos en el país y acusó al magistrado de cabildear nombramientos del IFAI por haber emitido una recomendación a uno de los candidatos.
La confusión de términos y acciones entre lo que implica una recomendación y un cabildeo por parte de un senador de la República es muestra del manejo demagógico de su argumento para distraer del hecho que evidenció Nava Gomar: los responsables del procedimiento legislativo son los legisladores.
El principal promotor de una legislación secundaria en materia de telecomunicaciones que sea acorde a las necesidades del país ha sido precisamente Corral Jurado; sin embargo, el senador llega desgastado al debate generando descalificaciones a priori a sus argumentos. Se le necesita concentrado en el tema que ha trabajado tanto, de lo contrario se perderá tanto una como la otra.
Twitter: @Mega_J_Israel_M
israel.martinez@milenio.com
lunes, 26 de mayo de 2014
lunes, 19 de mayo de 2014
Reforma sin cambios / Columna
De medios y otros demonios
Reforma sin cambios
J. Israel Martínez Macedo
La aprobación de la legislación secundaria correspondiente a la reforma política del país arroja resultados importantes a la forma de llevar a cabo los procesos electorales a partir de 2015. La ciudadanía se mantiene ajena a estas transformaciones, en buena parte por que las siente lejanas a su realidad, además de que el énfasis parece haberse centrado en el papel de los medios.
La discusión fue álgida pero, por fin, los partidos con representación en el Congreso de la Unión lograron ponerse de acuerdo para sacar una reforma que, no obstante, resultó con sorpresas como la aprobación de un “haber de retiro” para magistrados electorales que se ha interpretado como pensión vitalicia.
Entre que se da marcha atrás, o no, en el tema; el resto de los tópicos de la legislación secundaria ha pasado casi de noche, en parte porque ya se habían tocado previo al debate legislativo y en parte porque a la ciudadanía no le ha interesado el tema de la reforma política.
Para bien o para mal, la legislación recién aprobada regulará la manera en que serán elegidos los representantes populares en el próximo proceso electoral, no obstante, limita al ciudadano, de nueva cuenta, a ser un mero votante sin posibilidad de participación abierta en el debate político eliminando el derecho de acceso a los medios de comunicación y restringiendo su uso de manera exclusiva para partidos.
Las nuevas reglas obligan al ciudadano a ser un ente expectante de los procesos electorales que, a partir de lo que los partidos puedan decirle, deberá tomar una decisión sin posibilidad de externar algún tipo de opinión que pueda ser factor determinante para una mejor decisión política.
El modelo elegido por los diputados y senadores de la República busca mantener un mínimo de orden en el gasto de los candidatos y partidos en los medios de comunicación para evitar el dispendio a cambio de alejar de la ciudadanía el debate electoral; suena a un precio muy alto por atender un problema que podría tener otras formas de solución.
Es absurdo que en un esquema que busca ser democrático los ciudadanos no tengan acceso al debate y la deliberación al momento de elegir a sus representantes sólo porque los partidos y candidatos gastan demasiado en mensajes emitidos en los medios de comunicación.
En vez de idear mecanismos más específicos de regulación y reglamentación, los diputados y senadores atajan el acceso a los medios por parte de quienes no sean “actores inmediatos” del proceso electoral y con ello alejan la política del “ciudadano común” ocasionando, como efecto secundario, el desinterés.
Estamos, de nueva cuenta, ante una reforma que no buscó aumentar la participación ciudadana sino, solamente, cuidarle las manos a quienes organizan los comicios y participan de ellos. Una lástima.
Twitter: @Mega_J_Israel_M
israel.martinez@milenio.com
Reforma sin cambios
J. Israel Martínez Macedo
La aprobación de la legislación secundaria correspondiente a la reforma política del país arroja resultados importantes a la forma de llevar a cabo los procesos electorales a partir de 2015. La ciudadanía se mantiene ajena a estas transformaciones, en buena parte por que las siente lejanas a su realidad, además de que el énfasis parece haberse centrado en el papel de los medios.
La discusión fue álgida pero, por fin, los partidos con representación en el Congreso de la Unión lograron ponerse de acuerdo para sacar una reforma que, no obstante, resultó con sorpresas como la aprobación de un “haber de retiro” para magistrados electorales que se ha interpretado como pensión vitalicia.
Entre que se da marcha atrás, o no, en el tema; el resto de los tópicos de la legislación secundaria ha pasado casi de noche, en parte porque ya se habían tocado previo al debate legislativo y en parte porque a la ciudadanía no le ha interesado el tema de la reforma política.
Para bien o para mal, la legislación recién aprobada regulará la manera en que serán elegidos los representantes populares en el próximo proceso electoral, no obstante, limita al ciudadano, de nueva cuenta, a ser un mero votante sin posibilidad de participación abierta en el debate político eliminando el derecho de acceso a los medios de comunicación y restringiendo su uso de manera exclusiva para partidos.
Las nuevas reglas obligan al ciudadano a ser un ente expectante de los procesos electorales que, a partir de lo que los partidos puedan decirle, deberá tomar una decisión sin posibilidad de externar algún tipo de opinión que pueda ser factor determinante para una mejor decisión política.
El modelo elegido por los diputados y senadores de la República busca mantener un mínimo de orden en el gasto de los candidatos y partidos en los medios de comunicación para evitar el dispendio a cambio de alejar de la ciudadanía el debate electoral; suena a un precio muy alto por atender un problema que podría tener otras formas de solución.
Es absurdo que en un esquema que busca ser democrático los ciudadanos no tengan acceso al debate y la deliberación al momento de elegir a sus representantes sólo porque los partidos y candidatos gastan demasiado en mensajes emitidos en los medios de comunicación.
En vez de idear mecanismos más específicos de regulación y reglamentación, los diputados y senadores atajan el acceso a los medios por parte de quienes no sean “actores inmediatos” del proceso electoral y con ello alejan la política del “ciudadano común” ocasionando, como efecto secundario, el desinterés.
Estamos, de nueva cuenta, ante una reforma que no buscó aumentar la participación ciudadana sino, solamente, cuidarle las manos a quienes organizan los comicios y participan de ellos. Una lástima.
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lunes, 12 de mayo de 2014
Quemar la bandera / Columna
De medios y otros demonios
Quemar la bandera
J. Israel Martínez Macedo
Nueve personas fueron detenidas en Oaxaca, el 1 de mayo, por quemar la bandera nacional durante una manifestación. La ONG Article 19 emitió un pronunciamiento en el que, a su juicio, este hecho no debe ser considerado un delito al tratarse de un ejercicio de libertad de expresión.
El pronunciamiento de la ONG se fundamenta en jurisprudencia internacional sobre casos promovidos y resueltos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero ignora (aparentemente de manera intencional) disposiciones básicas del derecho mexicano proponiendo, incluso, argumentos falaces.
Por ejemplo: “El derecho a la libertad de expresión protege actos que pueden ofender o perturbar a las personas y las instituciones. La quema de una bandera nacional, como un acto de protesta y de expresión del desacuerdo, está protegido por la Constitución y los estándares internacionales en la materia, aun cuando pueda consternar a parte de la población o a las autoridades involucradas. Sancionar penalmente estos actos es inconstitucional, viola derechos humanos y silencia la crítica política, necesaria para toda sociedad democrática”.
El argumento falaz aquí consiste en hacer creer que la Constitución mexicana protege la quema de la bandera como forma de expresión pese a que no hay un solo artículo constitucional que lo indique o al menos lo sugiera.
Por el contrario, la propia Constitución señala en el artículo 6o: “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; (…)”.
Contrario a lo que plantea Article 19, la quema de la bandera nacional constituye un delito (en el caso citado: “ultraje a las insignias nacionales”), una falta a la moral y una perturbación del orden público; lo que consecuentemente muestra una extralimitación de la libre expresión.
Este tipo de discursos retóricos son advertidos por Michelangelo Bovero en su texto “¿Cuál libertad?” en el que se explica claramente la naturaleza, tipos y alcances de la libertad; sus orígenes y desarrollo en la democracia, así como los peligros a los que se enfrenta (entre ellos, este tipo de discursos falaces que categorizan la libertad como una “licitud sin reglas”).
Es tan peligroso, para la libertad y la democracia, el impedir la expresión de una idea que promueva sus valores; como el permitir que se propague y difunda otra que atente contra ellos. Article 19 se equivoca, en esta ocasión, en la defensa de un acto que lejos de promover la democracia la lacera a través de una agresión (que no una crítica) a la nación.
Twitter: @Mega_J_Israel_M
israel.martinez@milenio.com
Quemar la bandera
J. Israel Martínez Macedo
Nueve personas fueron detenidas en Oaxaca, el 1 de mayo, por quemar la bandera nacional durante una manifestación. La ONG Article 19 emitió un pronunciamiento en el que, a su juicio, este hecho no debe ser considerado un delito al tratarse de un ejercicio de libertad de expresión.
El pronunciamiento de la ONG se fundamenta en jurisprudencia internacional sobre casos promovidos y resueltos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero ignora (aparentemente de manera intencional) disposiciones básicas del derecho mexicano proponiendo, incluso, argumentos falaces.
Por ejemplo: “El derecho a la libertad de expresión protege actos que pueden ofender o perturbar a las personas y las instituciones. La quema de una bandera nacional, como un acto de protesta y de expresión del desacuerdo, está protegido por la Constitución y los estándares internacionales en la materia, aun cuando pueda consternar a parte de la población o a las autoridades involucradas. Sancionar penalmente estos actos es inconstitucional, viola derechos humanos y silencia la crítica política, necesaria para toda sociedad democrática”.
El argumento falaz aquí consiste en hacer creer que la Constitución mexicana protege la quema de la bandera como forma de expresión pese a que no hay un solo artículo constitucional que lo indique o al menos lo sugiera.
Por el contrario, la propia Constitución señala en el artículo 6o: “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; (…)”.
Contrario a lo que plantea Article 19, la quema de la bandera nacional constituye un delito (en el caso citado: “ultraje a las insignias nacionales”), una falta a la moral y una perturbación del orden público; lo que consecuentemente muestra una extralimitación de la libre expresión.
Este tipo de discursos retóricos son advertidos por Michelangelo Bovero en su texto “¿Cuál libertad?” en el que se explica claramente la naturaleza, tipos y alcances de la libertad; sus orígenes y desarrollo en la democracia, así como los peligros a los que se enfrenta (entre ellos, este tipo de discursos falaces que categorizan la libertad como una “licitud sin reglas”).
Es tan peligroso, para la libertad y la democracia, el impedir la expresión de una idea que promueva sus valores; como el permitir que se propague y difunda otra que atente contra ellos. Article 19 se equivoca, en esta ocasión, en la defensa de un acto que lejos de promover la democracia la lacera a través de una agresión (que no una crítica) a la nación.
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lunes, 5 de mayo de 2014
La nueva libertad de prensa / Columna
De medios y otros demonios
La nueva libertad de prensa
J. Israel Martínez Macedo
Este sábado 3 de mayo se conmemoró el Día Mundial de la Libertad de Prensa lo que nos abre la espacio, casi obligado, a una breve reflexión respecto a lo que este concepto significa, su evolución y los problemas a los que se enfrenta en nuestra país y estado en pleno siglo XXI.
La prensa es el vínculo entre nosotros y lo que pasa a nuestro alrededor, nos ayuda a conocer cosas que pueden ser interesantes para nosotros y nos mantiene informados sobre temas que podremos aprovechar para nuestra vida profesional-laboral, personal o la simple y llana convivencia.
La libertad de prensa se traduce en el derecho que tenemos todos de publicar cualquier información que tengamos a nuestra alcance, es decir, que la libertad de prensa es la garantía que nos abre la posibilidad al conocimiento y el debate de los temas de interés colectivo para volverlos públicos y comunes.
Con la llegada de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, la libertad de prensa trascendió los medios de comunicación tradicionales y se volvió un derecho aún más ciudadano al facilitar los mecanismos de difusión de información por internet a través de blogs, videoblogs, redes sociales, microbloggings y otros tantos mecanismos de difusión de información.
El alto nivel de interactividad, una de las características principales de la web 2.0, propicia y fomenta el debate al mismo tiempo que abre la puerta a muchos puntos de vista (lo que no necesariamente significa mayor variedad de opiniones) que en el esquema anterior de los medios se perdía al ser desconocido o ignorado por los líderes mediáticos.
Como se nos está haciendo costumbre, en México no hay nada qué celebrar respecto a la libertad de prensa. Las agresiones a los periodistas se vuelven cada vez más comunes, incluso las faltas de los pseudoperiodistas al ejercicio de esta profesiones crecen también de manera alarmante.
No es posible ejercer la libertad de prensa si, primero, no se conoce en qué consiste y, segundo, no hay interés por respetar los preceptos de la máxima publicidad y el derecho de la ciudadanía a estar informada sobre lo que pasa en los distintos sectores de la sociedad.
El Estado de México no difiere la situación nacional. Con tristeza se observan cada vez más medios enfocados y dedicados al usufructo de la información sin la menor responsabilidad ni respeto por los lectores, radioescuchas o televidentes a quienes se cree engañar con información fácil y cómoda.
Los espacios en la web 2.0 dan acceso a la información sin el filtro del negocio y permiten el comparativo con los medios; gracias a ello, la ciudadanía ha aprendido a distinguir entre el uso como mercancía y el uso como herramienta para la discusión y debate social repudiando a los primeros y enalteciendo a los segundos. Hay esperanza, lentamente, pero está pasando.
Twitter: @Mega_J_Israel_M
israel.martinez@milenio.com
La nueva libertad de prensa
J. Israel Martínez Macedo
Este sábado 3 de mayo se conmemoró el Día Mundial de la Libertad de Prensa lo que nos abre la espacio, casi obligado, a una breve reflexión respecto a lo que este concepto significa, su evolución y los problemas a los que se enfrenta en nuestra país y estado en pleno siglo XXI.
La prensa es el vínculo entre nosotros y lo que pasa a nuestro alrededor, nos ayuda a conocer cosas que pueden ser interesantes para nosotros y nos mantiene informados sobre temas que podremos aprovechar para nuestra vida profesional-laboral, personal o la simple y llana convivencia.
La libertad de prensa se traduce en el derecho que tenemos todos de publicar cualquier información que tengamos a nuestra alcance, es decir, que la libertad de prensa es la garantía que nos abre la posibilidad al conocimiento y el debate de los temas de interés colectivo para volverlos públicos y comunes.
Con la llegada de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, la libertad de prensa trascendió los medios de comunicación tradicionales y se volvió un derecho aún más ciudadano al facilitar los mecanismos de difusión de información por internet a través de blogs, videoblogs, redes sociales, microbloggings y otros tantos mecanismos de difusión de información.
El alto nivel de interactividad, una de las características principales de la web 2.0, propicia y fomenta el debate al mismo tiempo que abre la puerta a muchos puntos de vista (lo que no necesariamente significa mayor variedad de opiniones) que en el esquema anterior de los medios se perdía al ser desconocido o ignorado por los líderes mediáticos.
Como se nos está haciendo costumbre, en México no hay nada qué celebrar respecto a la libertad de prensa. Las agresiones a los periodistas se vuelven cada vez más comunes, incluso las faltas de los pseudoperiodistas al ejercicio de esta profesiones crecen también de manera alarmante.
No es posible ejercer la libertad de prensa si, primero, no se conoce en qué consiste y, segundo, no hay interés por respetar los preceptos de la máxima publicidad y el derecho de la ciudadanía a estar informada sobre lo que pasa en los distintos sectores de la sociedad.
El Estado de México no difiere la situación nacional. Con tristeza se observan cada vez más medios enfocados y dedicados al usufructo de la información sin la menor responsabilidad ni respeto por los lectores, radioescuchas o televidentes a quienes se cree engañar con información fácil y cómoda.
Los espacios en la web 2.0 dan acceso a la información sin el filtro del negocio y permiten el comparativo con los medios; gracias a ello, la ciudadanía ha aprendido a distinguir entre el uso como mercancía y el uso como herramienta para la discusión y debate social repudiando a los primeros y enalteciendo a los segundos. Hay esperanza, lentamente, pero está pasando.
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