El problema no es la ley / Columna

De medios y otros demonios

El problema no es la ley

J. Israel Martínez Macedo

La Ley de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y de Federalización de los Delitos cometidos contra Periodistas (mejor conocida como Ley de Protección a Periodistas) es un pequeño avance —con tintes electorales— en la lucha por reducir las agresiones y ataques a quienes dedican su vida a la defensa de los derechos humanos y a informar a la población.
Desafortunadamente el contexto que rodea la firma de esta Ley por parte del presidente Felipe Calderón evidencia un total desconocimiento (o desinterés) de la situación sobre cómo se encuentra el periodismo en México y da muestra de ser sólo una medida para intentar de acallar voces internacionales y nada más.
Cada organización que investiga agresiones a reporteros, fotógrafos, camarógrafos y medios en el país, sea nacional o internacional, ha documentado la misma situación (con ligeras diferencias en las cifras según su criterio pero todos llegan a igual conclusión): los principales agresores son funcionarios o políticos.
¿Qué pasará en los casos en los que la misma autoridad que deba hacer valer la ley sea señalada como “autor material” de la agresión?
Aunado a ello no queda claro bajo qué condiciones actuará la Ley y aunque se anuncia un fondo para la aplicación integral de la ley, tampoco se señala la manera en que se generarán las garantías para la protección del periodista en riesgo o el tiempo que pueda durar esa protección.
Por si esto fuera poco se debe reconocer que la delincuencia organizada ha infiltrado fuerzas policiacas en los distintos niveles, por lo que quedar bajo el resguardo de estos tampoco garantiza la seguridad de reporteros, fotógrafos, camarógrafos o medios que sean amenazados.
El problema, esencialmente, no es la falta de una ley sino la falta de una autoridad que haga valer esa ley. El gobierno federal ha sido rebasado por la delincuencia pero en el ámbito estatal y municipal las cosas no son muy diferentes: crímenes que no se esclarecen, denuncias que quedan como mero anecdotario o son simple trámite para el cobro de algún seguro y nada más.
El problema con la seguridad a los periodistas no es distinto del resto de la seguridad a la población: no se trata de la ley sino de la falta de capacidad para hacerla cumplir. Bienvenida la iniciativa pero en definitiva se queda corta, muy corta.

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