Presuntos jueces / Columna

De medios y otros demonios

Presuntos jueces

J. Israel Martínez Macedo

El Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) pasa por uno de los momentos más preocupantes en lo que refiere al tratamiento de la libertad de expresión y la relación que tienen los jueces con los periodistas en esa entidad.
El asunto que mantiene la atención de las organizaciones no gubernamentales en materia de libertad de expresión, así como de varios periodistas y académicos es el proceso que se mantiene en contra de Roberto Hernández y Layda Negrete los productores del documental "Presunto Culpable" que exhibe los manejos y deficiencias de la justicia capitalina.
El punto, en este caso en particular, tiene que ver con el dilema ético de ser juez y parte. Los personajes que aparecen quedan en evidencia respecto a su actuar en la impartición de justicia y la manipulación de la ley para crear culpables en delitos que los acusados no cometieron; al hacerse público su actuar, llevan a los productores a su terreno para acusar daño moral.
El documental detalla cómo los agentes del policías ministeriales inculpan a quien sea; los agentes del Ministerio Público los acusan y argumentan pruebas inexistentes; los jueces no tienen contacto con el acusado, únicamente leen expedientes, todo se lleva con secretarios del juzgado y así se dicta la sentencia.
En "Presunto Culpable" se detalla cómo el funcionamiento de este esquema no sólo es incapaz de brindar garantía de justicia, sino que además es lento y totalmente propenso a la corrupción en todas y cada una de sus etapas.
Aunque el documental abonó, en su momento, al debate sobre la necesidad de impulsar los juicios orales; hoy los integrantes de la (in) justicia capitalina buscan una indemnización que suena a venganza. Personal del juzgado y del Ministerio Público se integran juez y parte para acallar la denuncia a la corrupción con que operan.
Otro caso tiene que ver con la sentencia que dictó la Suprema Corte de Justicia de la Nación para anular un juicio interpuesto en los tribunales capitalinos contra el columnista Jaime Avilés "Lumbrera Chico" por el empresario Rafael Herrerías, quién acusó daño moral por sus opiniones vertidas en el diario La Jornada.
El periodista tuvo que recurrir hasta la máxima instancia ya que en los tribunales del Distrito Federal se registraron algunas "extrañezas" como que se validaron acusaciones fundadas en leyes ya derogadas, entre otras acciones.
La libertad de expresión proviene de la libertad de pensamiento, es un derecho que los ciudadanos tenemos y debemos ejercer y hacer valer en todo momento; en tanto se respeten sus límites.
Expresarnos nos permite disentir y transformar a partir del debate de las ideas. Impedir expresiones contrarias o que "afecten" a la autoridad, solo es evidencia de autoritarismo.
Cuando los encargados de hacer justicia son los mismos que violan la ley, los ciudadanos quedamos en la indefensión absoluta y, entonces, el malestar social aumenta exponencialmente. La libertad de expresión debe ser usada con responsabilidad y por tal uso es necesario hacerla valer aún en contra de quienes deberían ser los primeros en protegerla.

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