Presunto precedente / Columna

De medios y otros demonios

Presunto precedente

J. Israel Martínez Macedo

Este lunes la juez Blanca Lobo Domínguez deberá resolver si determina la suspensión definitiva para la exhibición y promoción del documental “Presunto culpable” que no sólo develó una verdad conocida por todos los mexicanos respecto a la confiabilidad y funcionamiento del sistema judicial, sino que entró en el ámbito de la libertad de expresión y todavía más, el uso de la imagen pública.

Para muchos abogados en todo el país, el documental no mostró más allá de lo que ven y viven todos los días en cualquier juzgado. También son conscientes de que no denuncian las fallas, faltas y distintas acciones o inacciones de los jueces porque saben que los van a seguir viendo en distintos casos y que, con una nula ética profesional, muchos de ellos cobraran venganza con el siguiente caso que ese abogado les presente.

El Poder Judicial se ha basado en la falsa idea —quedó demostrado en el documental— de que los jueces actúan siempre de buena fe y de manera imparcial, cuando en realidad se quedan en la comodidad de la validación de acciones de las distintas procuradurías, muchas veces sin revisar los casos.

La evidencia mostrada en el documental enfrentó un nuevo juicio, éste sí público. Miles de personas que lo han visto lamentan, cuestionan y repudian la forma en que funciona el sistema judicial. Precisamente por eso se puso en duda la determinación de la juez Lobo Domínguez para suspender provisionalmente la exhibición del documental bajo el argumento de que Víctor Daniel Reyes Bravo, único testigo del caso —y quien en el documental reconoce no haber visto nada— apela al uso de su imagen y daño moral por esa acción.

Los focos de alerta se encendieron e inmediatamente se alegó que la medida es un ataque a la libertad de expresión pero, al mismo tiempo, el sistema judicial es víctima de sí mismo pues alegando el uso de la imagen se coloca entre la espada y la pared: lo que determine la juez Blanca Lobo, sentará un precedente legal que servirá para fundamentar acciones futuras.

Si suspende la exhibición cualquier persona podrá apelar a ese criterio para exigir que las televisoras no difundan su imagen, que las portadas llenas de sangre no muestren el rostro de sus familiares o que los paparazis no puedan vender fotografías o videos. Por el contrario, si no lo hace, deja el precedente para que todo ese material no pueda ser impugnado ante un juez y entonces la imagen privada se vuelve del dominio público.

Lo más probable, lo que el mundo legal espera, es que la juez se “lave las manos” se declare incompetente y lo deje en manos de una sala colegiada que tendrá que definir no sólo el asunto de la libertad de expresión, sino el uso de la imagen privada por los medios, menuda responsabilidad.

@Mega_J_Israel_M

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