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martes, 11 de agosto de 2009

Retienen a niña durante 14 horas en la PGJEM / Reportaje

Procuración de Justicia

Retienen a niña durante 14 horas en la PGJEM

El fiscal especial de Delitos Diversos reconoció la presencia de la menor en la dependencia todo ese tiempo

Toluca / J. Israel Martínez

La Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) mantuvo detenida a una niña de cinco años por más de 14 horas en las galeras de la institución al ser trasladada junto con su madre y sus tíos, uno de ellos también menor de edad; sin embargo, uno de los afectados acusa que fueron torturados por parte del personal de la dependencia desde el momento de su detención y hasta el último instante en que él fue liberado, ya que sus hermanos continúan bajo arraigo.
La dependencia, en voz del fiscal especial de Delitos Diversos, Ricardo Lozano Dávila, reconoció que la niña estuvo en las galeras todo ese tiempo pero negó las acusaciones de tortura afirmando que en todo momento se han apegado a derecho para sus actuaciones; sin embargo, entró en contradicción respecto a la existencia de un amparo que impedía el arraigo que ejecutaron.
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) mantiene abierto el expediente relacionado con este caso para verificar las denuncias de tortura física y psicológica de la que dicen haber sido objeto los detenidos.

La detención
Poco después de la medianoche del viernes 26 de junio elementos de la Agencia de Seguridad Estatal ingresaron en un departamento ubicado en el primer piso del número 160 de la avenida Gobernadores en Infonavit San Francisco, en Metepec.
Al salir del departamento, los uniformados entraron a una taquería que se encuentra en la planta baja del mismo inmueble, interrogaron a los empleados y se llevaron detenido a Alberto, de 17 años, sin mostrar orden alguna o encontrarse en flagrancia de algún delito.
Situación similar ocurrió en el departamento ubicado de la calle Casco Edificio P, departamento dos, de la colonia Molina Enríquez, también en Metepec; del lugar fueron sustraídas Martha Angélica Padilla López y su hija de cinco años.
En total, la procuraduría reporta en sus asuntos relevantes del 26 de junio, visibles en su página web “la captura de Raúl Padilla López, Pedro Ortiz Bernabé, Heriberto Calderón Jiménez, Nancy Martínez Vázquez, Jorge Luis Padilla López, Alberto Padilla López, Martha Angélica Padilla López y José García Bernabé a quien se le aseguró por el delito de robo de vehículo y secuestro. Toluca”. Destaca que el reporte no indica nada de sobre la pequeña.

Tortura en las galeras
Una vez detenidos, fueron trasladados a las galeras de la PGJEM en donde, según el relato de Alberto, fueron víctimas de agresiones, golpes y presiones para inculpar a su propio padre acusándolo de ser líder de la Familia Michoacana.
Alberto narra que al momento de identificarse fue golpeado en las costillas y subido a la patrulla, después, al llegar a las instalaciones de la Procuraduría, fue colocado en una fila contra una pared, con la cabeza hacia abajo, sin posibilidad de voltear y bajo la amenaza de no moverse o sufrir las consecuencias.
Así estuvieron varias horas hasta que algún empleado les dijo que se recostaran en el suelo para descansar, fue ahí cuando Alberto vio a su sobrina, entre las piernas de su hermana; minutos después llegó otra persona que les gritó “levántense, si no están de vacaciones, aquí los huevos no son al gusto, párense y péguense a la pared”.
Relata que nadie les informó derecho alguno y sólo se les permitió llamar al negocio familiar para pedir que les llevaran carne, fue hasta después de mucho tiempo que una trabajadora de la PGJEM le pidió a su hermana el teléfono de un familiar para que recogieran a la niña. Aproximadamente media hora después de la llamada, llegó Angélica López Villanueva para llevarse a su nieta.
Cuando la mujer llegó a la Procuraduría hubo un intento por detenerla, pero otro empleado de la institución lo impidió, dejando que se fuera junto con su nieta.
Alberto cuenta que al llevarlos a las celdas los separaron de quien identifica como “El Chiquilin” (José García), detalla que escuchaban cómo lo golpeaban y le gritaban que confesara, que ya los tenían a todos; que después entraba un “policía bueno” que les recomendaba que ya dijeran todo y se evitaran ese trato.
La ONU define la tortura en su resolución 39/46 como “todo acto por el cual se inflija intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o de intimidar a esa persona o a otras o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia”.
El fiscal especial de Delitos Diversos, Ricardo Lozano, dijo de estas acusaciones que “todas las personas que son ingresadas son certificadas inmediatamente, para no violarles sus garantías, hay certificados en donde estas personas en ningún momento están lesionadas y nada”.
Negó que “en ningún momento que los hayan golpeado extorsionado, intimidado o algo así, no”. Sin embargo, confirmó que los detenidos estuvieron todo ese tiempo en la llamada “zona abierta” al indicar que ahí estuvo la pequeña de cinco años.

Contradicciones en la PGJEM
El mismo sábado 27 el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Civiles Federales emitió un amparo bajo el número 776/2009-III, mismo que el personal de la procuraduría recibió a las 16:25, la orden precisa “se decreta de plano la suspensión en contra de dicho acto para el efecto de que si no existe causa legal que justifique la detención de los peticionarios sean puestos en inmediata libertad”.
La orden del juez considera: “si existe causa legal para la detención (…) se previene a las autoridades responsables para que sean consignadas ante la autoridad judicial correspondiente dentro del término de cuarenta y ocho horas o de noventa y seis según sea el caso a partir de que fueron detenidos”.
El fiscal especial de Delitos Diversos de la PGJEM reconoció que la dependencia respondió a la solicitud de justificar, en 24 horas, la legalidad de la detención “damos cumplimiento a o que nos pide el juez, o sea, nosotros le informamos, señor juez, hay esto, es una averiguaciones previa por estos delitos se encuentran estas personas y así (…) sí se da cumplimiento a lo que nos solicita la autoridad”.
Sin embargo, el titular de la Mesa Cuatro de la Fiscalía Especial de Delitos Diversos, Jaime Lara, señaló que el amparo llegó posterior a que se había solicitado el arraigo, al hacerle notar que la dependencia habría recibido el primer amparo unas horas después de la detención, el sábado 27 declaró: “tenemos conocimiento de un solo amparo, ese día yo estuve trabajando y no me notificaron de ningún amparo”.
Sin embargo, sí hubo notificación del amparo, el documento cuenta con el sello de la dependencia, la rúbrica sin nombre de quien recibe así como la fecha y hora de recepción del mismo.
A pesar de ello, la PGJEM solicitó la orden de arraigo al Juzgado Séptimo Penal de Toluca sin informarle de la existencia del amparo, por lo que el juez autorizó la medida precautoria bajo el numeral 1912 bajo la cual la PGJEM mantiene bajo su custodia a los detenidos.

Intercesión de la Codhem
El 2 de julio Juventino Padilla Padilla solicitó la intervención de la Codhem, el organismo envió al visitador adjunto adscrito a la Visitaduría I de Toluca, Saúl Francisco León Pasos, quien verificó que las condiciones de los detenidos en el hotel de arraigo respetaran sus garantías individuales.
El visitador reconoció que los familiares le informaron que Alberto era menor de edad; sin embargo, no tenían pruebas documentales al respecto, indicaron que habían recibido la visita de alguno de sus tíos quienes les llevaron ropa y con quienes pudieron platicar.
Alberto señala que efectivamente recibieron la visita del enviado de la Codhem, pero que unos momentos antes los policías que los custodiaban les quitaron las esposas, agrega que también recibieron a sus familiares pero sólo para entregarles ropa y que las pláticas duraron menos de cinco minutos.
La PGJEM confirmó las visitas de los familiares Blanca Rosa López Villanueva, Raúl Padilla Padilla y Alma Atzui Anaya, los días 1, 7 y 9 de julio, después de ello no hay regsitro. Alberto explica que es porque no se le permite el acceso a nadie, ni siquiera para que firmen la documentación necesaria para nombrar un representante legal.
La Comisión mantiene la investigación abierta, en tanto que el arraigo no puede superar el 22 de agosto, mientras los arraigados continúan a la espera de una resolución.

2 comentarios:

  1. La lectura de la cabeza del reportaje provoca indignación y molestia; sin embargo, al leer el resto me surgen las dudas que denotan la ambivalencia de los derechos humanos. Si bien narras una serie de incongruencias y acciones fuera de la ley en el proceso, queda en el aire qué hicieron esas personas para ser objeto de tales acciones, ¿es que acaso me debo de preocupar porque en cualquier momento puede llegar la policía a mi casa y determe sin motivo, junto con mi familia? Desgraciadamente la fabricación de culpables es cosa corriente en nuestro país, situación por demás reprobable, pero si es que estas personas hicieron algo para ser detenidas, las autoridades estaban cumpliendo con su trabajo, mal, pero lo estaban haciendo. Si bien el joven de 17 años es menor, tampoco era un chiquillo, y la experiencia ha demostrado que la edad no es impedimento para cometer delitos. Pero si él y el resto son inocentes, entonces no importa la edad que tengan, igual es un acto repudiable. La situación de la niña es más delicado aún, el hecho de haberla sometido a ese tipo de acciones es censurable, el problema es que la opción de dejarla sola en casa tampoco me parece muy adecuada.
    En suma, tan condenables son la violación a los derechos humanos, como cometer un delito. Sería demasiado hipócrita rasgarse las vestiduras y lanzarse envueltos en la bandera de los derechos humanos, pero exigir todo el peso de la ley cuando se cometen delitos contra uno o contra los seres queridos.
    El reportaje me parece interesante, pero también sería interesante que indagaras por qué ellos, ¿en efecto había causa probable?, o por el contrario, son ciudadanos comunes víctimas del sistema.
    Una sugerencia respetuosa: lee antes de subir la nota, se te fueron algunos detalles de forma.

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  2. De hecho se indagó: la causa probable que argumentó la Procuraduría es que un delincuente confeso dijo, al momento de su detención, que les vendía vehículos robados; sin embargo, al rendir su declaración preparatoria en la PGJEM señaló que eso no era cierto, que sólo lo dijo por los nervios de que se lo estaban llevando.

    Efectivamente, parece que basta con que alguien nos señale como delincuentes para ser detenidos, así opera la policiía, el semanario Proceso maneja esta semana un caso parecido con unas personas que la PGR acusa de narcotráfico, ni modo, es la realidad de nuestro país: para las autoridades todos somos delincuentes aunque se demuestre lo contrario.

    Gracias por las observaciones.

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Gracias por comentar, responderé a la brevedad posible.

J. Israel Martínez Macedo

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