Reconocer despenalizando / Columna

De medios y otros demonios

Reconocer despenalizando

J. Israel Martínez Macedo

La Legislatura local aprobó el día de ayer la despenalización de los delitos de difamación y calumnias; la medida suele ser tomada en cuenta como un avance en materia de libertad de expresión y aplaudida rápidamente por las diferentes asociaciones periodísticas como una forma tratar de generar la imagen de que están interesadas en este tema.
No obstante esta simulación, la realidad es que la medida sigue siendo una concesión para tratar de agradar al sector periodístico sin que exista detrás de ello una precisa reflexión sobre lo que socialmente significa la aprobación de esta reforma.
En primer lugar, el argumento base para eliminar este tipo de delitos es que son acusaciones que se utilizan para acallar voces críticas por parte de políticos corruptos que sólo buscan venganza contra los opinadores críticos que denuncian sus operaciones “por debajo de la mesa”.
Despenalizar los delitos bajo ese argumento no es otra cosa más que el reconocimiento tácito del Ejecutivo (quien fue el que presentó la iniciativa el lunes 23 de abril pasado) y del Legislativo que efectivamente esa conducta es una práctica que ocurre en el Estado de México, dicho de otro modo, reconocen que los políticos y funcionarios corruptos usan la ley para vengarse de los periodistas.
La despenalización de la difamación y la calumnia como medida de protección a los periodistas es aceptar que los políticos y servidores públicos del Estado de México son un peligro, no sólo para los periodistas sino también para la libertad de expresión.
Quizás lo sean, las mediciones en materia de agresiones a periodistas y medios indican que los que más incurren en esta práctica son los políticos y funcionarios, sobre todo los de nivel municipal y estatal; no es la delincuencia organizada ni la delincuencia común, son los hombres y mujeres que nos gobiernan y en cuyas manos dejamos el deber de nuestra protección.
En concreto, el mensaje que envían el Ejecutivo y los diputados es que en el Estado de México es necesario proteger a los reporteros y periodistas de los políticos y servidores públicos que tratan de cobrar venganza por exponer sus cochupos y negocios bajo el cobijo de su cargo.
Ahora los reporteros no serán encarcelados por el ejercicio de su función sino que las represalias tendrán que ser asunto de un juicio civil (por la vía legal) y quién sabe qué cosas (por la vía ilegal).
Seguramente llegará el aplauso fácil y el agradecimiento pueril a la medida, pero en realidad no abona en nada al ejercicio de la profesión, lo que tenía que decirse era dicho, ello exigía un mayor nivel profesional para comprobar los dichos; habrá que ver cómo afecta la medida al gremio pero eso sólo el tiempo lo develará.

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