El riesgo de legislar al vapor sobre periodismo / Columna

De medios y otros demonios

El riesgo de legislar al vapor sobre periodismo

J. Israel Martínez Macedo

El pasado viernes 13 de agosto mi compañera Diana Mancilla informó “Sin Titubeos” sobre la iniciativa de decreto que enviará el gobierno estatal para adicionar un Título Sexto al Código Penal del Estado de México y un párrafo al artículo 345 del Código de Procedimientos Penales de la entidad.
Es encomiable la intención del gobierno mexiquense para atender la demanda de protección a los periodistas aprovechando un momento coyuntural en el que la atención está puesta sobre el tema. También sería necesario aquí reconocer la intención de legisladores federales priistas y panistas que aprovecharon el momento para acusarse entre sí de tener congeladas las iniciativas correspondientes en el Congreso federal.
El problema con estas bondadosas intenciones no es sólo el interés político que cada actor tenga para anunciar, presentar y defender su respectiva propuesta; a final de cuentas no se puede esperar otra cosa de quienes buscan aprovechar cada oportunidad para sacar ventaja pero se debe tener cuidado en que, por eso, no se legisle al aventón y sin atender las posibles consecuencias.
Por ejemplo: una de las propuestas federales es la “Ley de Periodismo de Alto” Riesgo que define lo que es I. Periodista, II. Profesional de la información, III. Periodista de alto riesgo, IV. Periodismo de investigación y V. Libertad de expresión. Aparentemente una buena idea pero que al revisarla a detalle se observa lagunas en las definiciones que impiden un criterio certero al momento de aplicar la ley.
Además de ello indica que el periodista de alto riesgo deberá registrarse ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas y contar con un seguro de vida sin especificar quién sustentará los gastos que esto representa.
No obstante el Capítulo III “Del Secreto Profesional” protege a todos los profesionales de la información para no divulgar sus fuentes, ni las de sus compañeros y cubre también las grabaciones, notas, documentos y en general cualquier soporte que pudiera poner en riesgo la identidad de sus fuentes.
Algo similar ocurre con la iniciativa de decreto del gobierno mexiquense. Como nos comenta Diana en su columna del viernes, el capítulo que se añadiría al Código Penal señala como “I. Actividad periodística: el ejercicio de buscar, recolectar, fotografiar, investigar, sintetizar, redactar, jerarquizar, editar, imprimir, divulgar, publicar o difundir informaciones, noticias, ideas u opiniones para conocimiento del público en general, a través de cualquier medio de comunicación, así como la distribución de éstas. Esta actividad puede realizarse por persona profesionista o no, de manera habitual o esporádica, remunerada o no y sin que necesariamente exista una relación laboral con un medio”.
En resumen: para esta iniciativa, cualquiera que publique por el medio que sea (blog, Twitter, Facebook, periódico, televisión, radio, volante, panfleto, gacetilla y hasta el encarte de precios del supermercado) realiza actividad periodística y será objeto del decreto.
Está bien si se quiere aprovechar el momento de coyuntura para sacar raja política, pero por lo menos que se haga correctamente. Ya que andan haciendo foros de todo, que diseñen uno de periodistas y especialistas para obtener una propuesta real, sólida, concreta y aplicable. Si van a hacer las cosas, que se hagan bien ¿no sería bueno así como para variar esta vez?

israel.martinez@milenio.com