Tasados en 70 mil pesos / Columna

De medios y otros demonios

Tasados en 70 mil pesos

J. Israel Martínez Macedo

El pasado 4 de enero se conmemoró en México el Día del Periodista. Momento que abrió espacio a las felicitaciones a los reporteros, no sólo de sus propios colegas y conocidos, sino también de los políticos que no podían dejar pasar la oportunidad de intentar ganarse las simpatías de quienes escriben o comentan sobre ellos todos los días.
Previo al periodo vacacional el gobierno mexiquense envió a la Legislatura una iniciativa para crear la “Ley para la Protección Integral del Ejercicio Periodístico del Estado de México” de la que, en su momento, se habló respecto al alcance y clasificación que hace de la actividad periodística.
Poco o nada se mencionó en los espacios que abordaron el tema respecto a una situación que la ley estatal denominó “Cláusula de Conciencia” y que se resume en el derecho de “periodistas y colaboradores periodísticos” a renunciar al medio en el que se encuentran laborando si este decide cambiar su línea editorial, orientación informativa o línea ideológica… algo que, evidentemente, no había ocurrido nunca.
En algunas partes la iniciativa parece una burla. El capítulo IV titulado “Del Libre y Preferente Acceso a las Fuentes de Información” no es más que un listado de situaciones que, de hecho, ya ocurren en la práctica periodística. Se presenta como una forma de acceder más fácil a la información pública de las autoridades públicas que sea de relevancia, sí: pública; pero nunca concreta un solo trato “preferente” a los reporteros e incluso legaliza que los empresarios o autoridades, si así lo consideran procedente, no permitan acceso a prensa.
La sección “De los Derechos de Autor y de Firma”, que dedica cinco artículos a su redacción, la podemos resumir en un par de líneas: remítase a las leyes Federales de Derechos de Autor y del Trabajo para cualquier situación por atender en la materia. Gracias.
Respecto al “Derecho a la Seguridad” el gobierno del estado determinó que, en caso de “amenazas o presunto riesgo” se puede solicitar la protección del Estado para el periodista y su familia y las autoridades se verán obligadas a atender de forma inmediata esta situación.
Claro, que si el periodista es asesinado por el ejercicio de su profesión, el gobierno del estado tasó su valor en mil 200 salarios mínimos (equivalentes en la zona de Toluca a 73 mil 656 pesos) que serán entregados al familiar que acredite “mejor derecho” en un plazo máximo de 30 días naturales. El valor de un periodista para el gobierno mexiquense.
Acerca “De la Capacitación”; bueno, la Secretaría del Trabajo puede firmar acuerdos con las empresas periodísticas para ese efecto y, “De las Sanciones” se reitera que no se les puede citar a declara para revelar fuentes, que todo servidor público que contravenga estas disposiciones será sancionado… ¡ah!, casi pasa desapercibido “Los periodistas y colaboradores periodísticos solo revelarán la identidad de la fuente de información cuando así lo permitan las disposiciones legales correspondientes”. O lo que es lo mismo, tanto para nada. Eso sí, se aplaudió y reconoció una iniciativa que… bueno, así es.

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