Leyes: pequeñas de nacimiento / Columna

De medios y otros demonios

Leyes: pequeñas de nacimiento

J. Israel Martínez Macedo

El gobierno de Puebla, a nombre del mandatario estatal, Rafael Moreno Valle, presentó dos demandas civiles una en contra del director general de la página de noticias Contraparte Informativa, Fabián Gómez Hernández, y la otra al columnista del diario El Heraldo de Puebla, Adrián Ruiz por "abuso de la libertad de expresión mediante la ofensa y la denostación de funcionarios”.
El gobierno poblano advirtió que podría ampliar la denuncia contra otros periodistas, según los reportes periodísticos, se estima que podrían ser 17 denuncias más por la misma causa.
El documento de la demanda señala que los acusados: "sobrepasaron los límites del libre ejercicio del periodismo y la libertad de expresión, al no tener la intención de hacer del conocimiento un hecho de interés general, ni servir a las personas para tomar decisiones que enriquezcan la convivencia o participación democrática, y fuera de contexto, insultar sistemáticamente a funcionarios del gobierno de Puebla".
Las denuncias contra los periodistas ocurrieron tres días después de que los reporteros Gerardo Rojas, de E-Consulta, y Jesse Brena, de MILENIO, fueron presuntamente privados de su libertad por supuestos agentes de la policía estatal y abandonados horas después en un lote baldío en la zona Ciudad Judicial.
La situación en aquella localidad ha atraído sobre sí la atención de muchas organizaciones de protección a periodistas a nivel mundial, como Artículo 19, así como de los reporteros que ha aprovechado el momento para denunciar presuntas amenazas y acosos por parte del gobierno poblano.
La situación se contrapone a la tendencia nacional que se generó luego del surgimiento de la ley para la protección a periodistas y a defensores de derechos humanos y que, por cierto, aún tiene pendiente las reglas de operación de algunos mecanismos precautorios y de atención a casos de contingencia.
Las medidas de protección no contemplan las agresiones más comunes contra periodistas: las que provienen de políticos y funcionarios (el reporte de Artículo 19 dice que más de la mitad de los ataques son ocasionados por este sector).
El caso poblano es de llamar la atención porque muestra el camino para llevar las antiguas denuncias penales por la vía civil, lo que no deja de ser una práctica y ejercicio de presión para intentar intimidar a algunos reporteros que se vuelven "incómodos" para las esferas del poder y que se niegan a caer en los juegos de compra-venta.
La difamación y la calumnia como medida de presión para obtener publicidad de los gobiernos son tan deleznables como tratar de utilizarlas para presionar e intentar acallar expresiones contrarias a las oficiales por lo que su apreciación debe hacerse con mesura, lo que es un hecho que por muy novedosas que sean las leyes, nacen pequeñas de miras y alcances porque continúan sin contemplar a los funcionarios y políticos como los que son: el principal riesgo para reporteros y periodistas.

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