¿Hasta cuándo? / Columna

De medios y otros demonios

¿Hasta cuándo?

J. Israel Martínez Macedo

Complicada semana la que vivieron los medios de comunicación. Entre debates cupulares por la aprobación o rechazo definitivo a las reforma de las leyes de Telecomunicaciones y Radio y Televisión, la Organización Editorial Mexicana (OEM) cedió ante el temor de que alguno de sus empleados del diario Cambio de Sonora sea agredido por la delincuencia organizada.
Como si no fuera suficiente, el diario Tabasco Hoy encontró en el portón de entrada de sus instalaciones, en el interior de una nevera o hielera, la cabeza del delegado municipal de Nacajuca en aquella entidad del sureste mexicano, y cuyo cuerpo había sido encontrado un día antes.
La decisión del cierre de Cambio Sonora, se derivó luego de un segundo ataque a las instalaciones del medio con granadas de fragmentación, por lo que el dueño del periódico y presidente de la OEM, Mario Vázquez Raña, tomó la determinación de cerrar el periódico por un mes, en espera de que al término de ese lapso se obtengan las condiciones para reabrirlo.
En entrevista con Monitor, Roberto Gutiérrez Torres, director de Cambio de Sonora, comentó que buscarán directamente al gobernador de la entidad, Eduardo Bours Castelo, para pedirle que brinde la protección necesaria, pues a pesar de un primer ataque, las autoridades ignoraron la petición de seguridad y ni un solo policía vigilaba en los alrededores, facilitando así la segunda agresión.
La cabeza dejada en Tabasco Hoy no puede tomarse como un hecho aislado, y tampoco descartarse como una amenaza al medio. El periódico es uno de los más populares de la entidad, con presencia espontánea a nivel nacional, y se caracteriza por tener una línea editorial abierta y sin censura, con lo que no se descarta la posibilidad de que haya sido una advertencia en contra del medio y sus reporteros.
Coincidentemente -aunque dicen los que saben que en política no hay coincidencias- el presidente de la Comisión de Radio y Televisión del Senado de la República, el perredista Carlos Sotelo, propuso modificaciones al código penal federal y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para sancionar con entre cinco y 10 años de prisión y de 300 hasta 3 mil días multa a quien, por cualquier medio, obstaculice el ejercicio de las libertades de expresión y prensa.
La propuesta colocaría como delito federal las agresiones a periodistas con lo que éstas quedarían fuera de la jurisdicción de los organismos de procuración de justicia de las respectivas entidades.
El senador comentó a los medios que la misma sanción deberá aplicarse para quien atente por las vías físicas, psicológicas, violentas o económicas, en contra de los medios de comunicación o de periodistas en el desempeño de su labor profesional, con la intención de impedir, obstruir, evitar o distorsionar la información de noticias e informaciones.
En el estado de México, específicamente en Santiago Tianguisteco, el reportero Tomás Mejía González, fue golpeado por policías municipales bajo instrucciones de la síndico procurador, Erika Peña Morales, cuando cubría el embargo del que el ayuntamiento era objeto por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
El periodismo, como oficio o profesión, es hoy por hoy uno de los más peligrosos en su ejercicio, a pesar de ello ni siquiera está reconocida como actividad profesional en la Secretaría de Hacienda aunque sus propios empleados consideren que debería ser considerado “de alto riesgo”.
A pesar de ello, la pugna empresarial siempre es por la posibilidad de obtener concesiones o publicidad de los distintos órdenes de gobierno, hasta el momento no hay ninguna pugna, al estilo de la que algunos senadores y ex senadores llevan por las reformas a las leyes de Telecomunicaciones y Radio y Televisión, en defensa de las garantías de seguridad de reporteros fotógrafos y en general de quienes practicamos el oficio.
La pelea y los reclamos siguen siendo única y exclusivamente de quienes día a día se enfrentan a las agresiones, ataques, desapariciones, ejecuciones y atentados de que son objeto los miembros de los medios de comunicación, mientras la pregunta hacia diputados locales y federales, senadores y autoridades de los distintos órdenes del Ejecutivo, sigue en el aire: ¿hasta cuándo?

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