Entrevista a Ana Laura Magaloni Kerpel, investigadora del CIDE

Asegura Ana Laura Magaloni, especialista del CIDE

Reforma judicial mexicana: sólo de fachada

De nada sirve la capacitación si se regresa a un sistema obsoleto, considera

Israel Martínez – Ciudad de México

Ana Laura Magaloni Kerpel, doctora en Derecho e investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), consideró que la reforma judicial “es una reforma típica de México, como de fachada” y señaló que esto se debe a que “les da miedo una reforma de fondo”.
Cuestionó: “¿porqué no pasa nada?, ¿quién pierde?” y agregó que de nada sirve la capacitación a los policías ministeriales y preventivos ya que los individuos regresan a instituciones y a un sistema que opera de la misma forma, por lo que después de 15 días vuelven a las mismas prácticas.
Ana Laura Magaloni indica que lo que se espera de una reforma penal es que cambien los mecanismos de investigación, se trata de una transformación de las instituciones judiciales mexicanas que propicien una nueva forma de hacer justicia.

SISTEMA JUDICIAL DESFASADO
En su cubículo del CIDE, Magaloni Kerpel reflexiona sobre el problema en el que viven las instituciones de justicia mexicana: “vemos que en las cárceles no están mayoritariamente aquellas personas que uno sabe que están poniendo o amenazando la seguridad pública”.
La investigadora señala que el principal problema por el que esto ocurre es que “no se logra detectar al delincuente profesional” lo que arroja que en el Distrito Federal 47por ciento de los internos se encuentre recluidos por robo simple, mientras que en el estado de México la cifra asciende a 35 por ciento.
Explica que el problema radica en el sistema de incentivos que se tiene en cada entidad, ya que el sistema le exige una cuota de consignación al Ministerio Público, lo que hace que las policías se concentren en los casos más sencillos, más fáciles para atrapar a un delincuente y no se concentren en la investigación.
“Para poder armar una investigación se necesita recabar huellas dactilares, tendrían que determinar cuál fue la línea del crimen, tendrían que sacar los modos de operación del delincuente y, posiblemente, podría ver si algún policía judicial se infiltra en la banda y empieza a ver cómo opera; y eso significa una forma de trabajar completamente distinta, y es posible que en este caso en vez de consignar, no sé cuantos casos al mes, estarán consignando uno cada tres meses, porque la investigación te tomó muchísimo tiempo, pero seguramente para todos nosotros sería mucho mejor que atraparan a ese”.
Ana Laura Magaloni se acomoda en su silla y explica que el sistema penal mexicano actual se encuentra atrapado en un esquema anquilosado, en donde “las procuradurías de justicia funcionaban más como instituciones de persecución de delincuentes como instituciones de contención social, todas estas historias que empezaron a salir en los años 80 de la incomunicación de los detenidos, de las torturas del ministerio público, hace pensar en una institución bastante precaria que no tenía muchas formas de investigar a fondo, pero que era una amenaza creíble para contener a grupos sociales subversivos, no lo hacía el Ejército, lo hacían las procuradurías”.
Señala que a partir de la década de los 80 se elevaron los índices delictivos y éstas instituciones -las procuradurías- no corresponden a la realiad que se encuentra, en donde las instituciones no tienen la posibilidad de hacer investigación tal como se observa en países como Estados Unidos.

EL ARRAIGO EN LA CONSTITUCIÓN
En un momento de la conversación, Ana Laura Magaloni mostró su preocupación por la posibilidad de que el arraigo sea considerado como una acción legal por la Constitución mexicana para una investigación criminal.
“Hoy toda la fuente de información para la Procuraduría es el acusado, o que te fabrican testigos, hoy por ejemplo, matan a un chico, y detienen a la persona que iba con este chico, que en realidad es también una víctima porque él vio todo; lo tienen incomunicado durante dos días y luego lo suben a una patrulla y le dicen ‘señala a alguien’ y ese es el acusado”.
La doctora en derecho por la Universidad Autónoma de Madrid agrega que “lo primero que tendríamos que generar es un sistema de investigación criminal profesional que diferencie la parte legal-procesal de la acusación, de la parte detectivesca, para generar detectives que puedan generar su labor y eso no sucede”.
“Tendríamos que cerrarle las puertas a la forma que hacer investigación al Ministerio Público que es aislando al detenido incomunicándolo, intimidándolo y a veces el detenido es un posible testigo de los hechos y entonces pasa así: tu ahí estabas, te detengo, y luego te pido que me señales a alguien y ya, así es como encuentran acusados”.

QUE ESPERAR DE LA REFORMA
Magaloni Kerpel señala que “la primera pregunta que se le debe hacer a la reforma es: ¿cómo va a colocar los incentivos para que se desarrolle en México la investigación criminal profesional?, tendrían que suceder algunas cosas importantes que todavía no veo recogidas cabalmente en la reforma”.
Agrega que “la primera de ellas es que tendría que diferenciar muy bien la labor del Ministerio Público con la labor del policía de investigación, hoy con nuestra Constitución, cuando tu presentas una denuncia, pasa a una agencia del Ministerio Público y la investigación la conduce un abogado y la conduce desde su escritorio, eso hace que lo que acabe sucediendo es que se tenga un expediente voluminoso donde se hacen un conjunto de diligencias pero en donde nunca se arma el rompecabezas delictivo, nuca se acaba explicando cuál es la historia, cuál es la tesis”.
Detalla que “el legajo de papel para lo único que te sirve para esconder la arbitrariedad, todo lo que dice este legajo, hoy en día, hace prueba plena en juicio sin que el juez haya supervisado nada de esto, ‘yo tengo un testigo que dice que no sé qué…’ eso ya vale, lo que generas con una investigación para probar la declaración es distinto.
“Hoy 90 por ciento de lo que es la averiguación previa sucede sin escrutinio judicial, entonces lo que se estaría haciendo no sólo es oralizar el juicio sino modificar la forma en la que se prueban las cosas, la culpabilidad”.
Explica que “la parte de la acusación es la parte final, el abogado entra cuando ya tienes un probable responsable, pero que previamente a eso, unas personas que no son abogados, que son detectives, propiamente, trabajan para recabar evidencias y testigos para resolver el caso. Las preguntas de estos detectives son fácticas, ‘¿qué paso?’, ‘¿quién pudo haberlo cometido?’, la pregunta de un abogado es cómo poder ganar un juicio, la pregunta del detective es cómo encontrar quién lo hizo”.
Describe que “lo que esperamos que prevea la reforma penal, es que un individuo no pueda entrar a la cárcel así, con una investigación toda malhecha”.
Sin embargo señala que “es una reforma típica de México, como de fachada, todavía no es capaz de cerrarle la puerta a las viejas prácticas”.
Y concluye “creo que el error más importante es que se piensa que la reforma judicial es una reforma a la justicia, y no es así, porque es una reforma a las instituciones y tiene que tener como uno de los ejes centrales la procuración de justicia”.