Penales en estado decadente / Nota

Hayan corrupción y descomposición del sistema

Penales en estado decadente

Revela estudio del CIDE colusión policíaca en los delitos

Segunda de dos partes

Israel Martínez – Toluca

Los sistemas penal y penitenciario del Estado de México y Distrito Federal se encuentran en estado decadente y no respetan, en muchos casos, los derechos más elementales de los detenidos, procesados y sentenciados en ambas entidades.
Los resultados no sólo revelan la descomposición del sistema, también dan muestras de la corrupción al encontrar una constante entre la primera encuesta y la segunda en lo que se refiere a la participación de la policía en la comisión de los delitos.
La segunda encuesta a población en reclusión en el Distrito Federal y el Estado de México indica que la mitad de los robos por los que reclusos se encuentran sentenciados son por 2 mil pesos o menos y una cuarta parte son por 500 pesos o menos, mientras que el costo promedio para el pago de abogados particulares se encuentra entre los 30 mil y los 49 mil pesos.
Además, como parte de las conclusiones de la investigación, se indica que “todas las autoridades que conforman el sistema penal (policías preventivos, policías judiciales, ministerios públicos y jueces) violan sistemáticamente los estándares básicos del debido proceso”.
El estudio realizado por Marcelo Bergman, Elena Azaola y Ana Laura Magaloni, académicos de la división de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) revela además que los robos violentos son más recurrentes en territorio mexiquense que en el capitalino y que en muchos casos las mujeres son detenidas en robos patrimoniales en los que participaron con sus parejas.

TENDENCIAS Y PADRONES DELICTIVOS
El trabajo demostró que 68 por ciento de los internos cumplen sentencia por robo, la mitad de estos por robo simple. Sin embargo la tendencia se ha incrementado en los últimos años pues 75 por ciento de los recientemente admitidos llegaron por este motivo.
Mientras que en el DF 46.9 por ciento de los sentenciados se encuentra ahí por robo simple y 27.2 lo está por robo con violencia, en el Estado de México la tendencia se invierte siendo para el primer caso de 25.1 por ciento mientras que para el segundo de 42.3.
En cuanto a los homicidios, dolosos y culposos, la entidad mexiquense también supera a la capital del país. Mientras que en el Distrito Federal el porcentaje de sentenciados por estos delitos alcanza los 7 puntos porcentuales, en el Estado de México la cifra se eleva a 10.3 por ciento.
La justificación que se encuentra para esta situación es que “los resultados de la encuesta revelan que en el Estado de México existe un mayor énfasis en las políticas de seguridad pública por detener a delincuentes más violentos, respecto al que existe en el Distrito Federal”.
En cuanto a robo se refiere, la mitad de los sentenciados cometió el ilícito por 2 mil pesos o menos, y una cuarta parte por 500 pesos o menos. Aunado a ello se observa que los delincuentes que ingresan a los penales son, en casi una proporción de tres de cada cuatro, internos que no habían sido apresados con anterioridad, es decir primo-delincuentes.
Sin embargo, al detalle, el número de reincidentes es tres veces mayor en el Distrito Federal que en el Estado de México ya que cuatro de cada diez internos de la capital del país había sido sentenciado con anterioridad.
Dentro de las conclusiones se indica que “el sistema no parece tener una política de monitoreo que permita controlar a delincuentes profesionales. Por el contrario, en su mayoría se detiene a primo-delincuentes”, es decir a aquellos que no tienen experiencia en la comisión del delito.

DROGAS, ALCOHOL Y DELINCUENCIA
Las víctimas eran conocidos de los delincuentes en un 45 por ciento, de los cuales 18 por ciento eran familiares de los reclusos. En 32 por ciento de los casos los internos reconocieron haber consumido alcohol (tres de cada cuatro) o drogas (uno de cada cuatro) por lo menos seis horas antes de haber cometido el delito, y se argumenta “dado que esta información probablemente esté subreportada, es posible que el consumo de alcohol y/o drogas antes de cometer delitos sea más elevado”.
En el caso de la mujeres “están más involucradas en delitos contra la salud y contra las personas, y menos en delitos patrimoniales y sexuales respecto a los hombres”, el documento detalla “entre las mujeres, 31 por ciento están presas por narcotráfico y 17 por ciento por homicidio, mientras que sólo 19 por ciento está por robo simple y 15 por ciento por robo con violencia”.
Además en la primera encuesta, de los detenidos por tráfico de droga, 52 por ciento comerciaban con marihuana y 36 por ciento por cocaína, mientras que en la segunda encuesta los resultados arrojaron 44 y 46 por ciento, respectivamente.
Entre los que comercializaban con drogas, la mitad fueron detenidos por mercancía con un valor de mil pesos o menos, y la cuarta parte por 250 pesos o menos, lo que indica que en su mayoría son sólo los pequeños distribuidores quienes pisan las cárceles en ambas entidades.

PARTICIPACIÓN POLICÍACA
En cuanto a la colusión de las autoridades en la comisión del delito, 5.7 por ciento de los informantes en la primera encuesta indicaron la participación de policías, porcentaje que se mantuvo relativamente igual en la segunda evaluación con 5.6 por ciento y advierte “dado que es muy probable que esta cifra sea subreportada, la participación de la policía puede ser mayor”.
Sumado a ello “los internos del Distrito Federal que aceptan que la policía participó en los delitos de los que se les acusa, son el doble de los que aceptan tal participación en el Estado de México”.

LA VIDA EN PRISIÓN
Las condiciones en las que los internos desarrollan su vida en las cárceles revelan que el sistema penitenciario no sólo está agotado, sino que ha entrado en decadencia constante.
En el Distrito Federal, por ejemplo, se observó que mientras la población penitenciaria se incrementó en más de 30 por ciento, el presupuesto sólo lo hizo en 15 por ciento, eso indica que en dicha entidad el costo diario por interno bajó de 120 pesos al momento de aplicar la primera encuesta a 98 pesos al momento de la segunda, es decir en un periodo de tres años.
Los datos revelan que en ambas entidades las instituciones penitenciarias proveen cada vez menos a los internos de bienes básicos como ropa, cobija y zapatos. Aunado a ello, 30.5 por ciento de los internos del Distrito Federal y 19.7 por ciento de los mexiquenses señalaron que no tienen suficiente agua para beber, por lo que 17.4 y 18.6 por ciento, respectivamente indicaron que, dado al mal estado del líquido, requieren comprarla con sus propios recursos.
En cuanto a los alimentos, las condiciones empeoran pues 67 por ciento de los capitalinos y 58.6 de los del Estado de México considera que los alimentos son insuficientes. En la entidad mexiquense la cantidad de internos que señalaron que la calidad de los alimentos es “mala” o “muy mala” se incremento de 36 por ciento en la primera encuesta a 43 en la segunda.
Por lo que a la salud respecta, 35 por ciento de los del DF y 18 por ciento del Edomex dijeron no recibir la atención médica cuando así la requieren, además sólo 22. 8 y 22.9 por ciento de los internos de cada entidad, respectivamente, dijo que la institución les proporciona los medicamentos que requieren.
En materia de seguridad, 71.6 por ciento de los internos del Distrito federal y 72.1 de los del Estado de México dijeron sentirse más inseguros en la prisión que en el lugar en el que vivían antes de ingresar a la institución.
Los internos señalaron que 66.7 por ciento de los casos capitalinos y 47.3 mexiquenses han sido robados, cuando menos en una ocasión, en la prisión. También 15.6 y 7.6 por ciento, respectivamente, dijeron haber sido golpeados en la cárcel, de estos 78.4 y 65.2 por ciento recibieron la agresión por parte de otros internos, mientras que 21.6 y 26.1 por ciento fueron maltratados por los custodios.
“Según las autoridades penitenciarias -señala el documento-, sólo entre una tercera parte y la mitad del total de los internos tienen, en realidad, la oportunidad de participar en actividades laborales o educativas. El resto no participa, en la mayoría de los casos, porque la institución no tiene la capacidad para ofrecer a todos lo que, paradójicamente, les exige para poder reducir sus tiempos de condena”.

INDEBIDO PROCESO
El documento ilustra: “En los sistemas jurídicos democráticos modernos se ha establecido un conjunto de condiciones de condiciones que buscan asegurar que todo acusado tenga un juicio justo. Este conjunto de condiciones se recogen en lo que se denomina el derecho a un ‘debido proceso’”.
Sentencia además que “La situación prácticamente no ha cambiado en los últimos tres años: todas las autoridades que conforman el sistema penal (policías preventivos, policías judiciales, ministerios públicos y jueces) violan sistemáticamente los estándares básicos del debido proceso”.

DETENCIONES ILEGALES
Los datos de la encuesta arrojaron que nueve de cada diez detenciones se llevan a cabo bajo el esquema de flagrancia o flagrancia equiparada (dos horas o más después de haber ocurrido el ilícito y sólo aplica, legalmente, para delitos graves). Sin embargo 92.5 por ciento de los internos asegura que no le mostraron orden de aprehensión cuando lo detuvieron, mientras que 93 por ciento dijo que al momento de la detención fue llevado a una Agencia del Ministerio Público o a un módulo de la policía judicial.
Poco más de la mitad de las detenciones (54 por ciento) ocurren una hora o menos después de haberse cometido el delito. Sin embargo destaca que del número de detenciones en flagrancia, 15.5 por ciento ocurren después de cuatro días o más, es decir fuera del tiempo establecido para llevarlas a cabo, lo que indica que se trata de detenciones ilegales.
En cuanto a la flagrancia equiparada, 20 por ciento de las detenciones de este tipo se han realizado para el caso del robo simple, con lo cual no cuentan con el requisito de la gravedad del delito, convirtiéndose, también en detenciones ilegales.
Los policías preventivos, pero en mayor proporción los judiciales, golpean o lastiman a los detenidos o incurren en amenazas y humillaciones, lo que revela que “la policía judicial es la autoridad más violenta y abusiva”.
Del mismo modo “el derecho constitucional del detenido de ser informado, en el momento de su detención, del delito por el que se le arresta, es frecuentemente violado. Sólo a 32 por ciento de los internos se les respetó ese derecho”.

ARBITRARIEDAD, LA REGLA DEL SISTEMA
“Los datos de la encuesta revelan que las prácticas en las agencias del ministerio público distan mucho de los estándares mínimos del debido proceso y, además, esto parece ser una realidad permanente del sistema”. La investigación indica que la similitud entre la primera y la segunda encuesta “permiten inferir que el abuso y la arbitrariedad son la regla del sistema”.
A los detenidos no se les informó la diferencia entre la fase de acusación y la de juicio en un 92 por ciento, sobre el derecho a no declarar, en 72 por ciento y sobre el derecho hacer una llamada telefónica en 70 por ciento. Aún más al momento de rendir su declaración, 70 por ciento de los internos no contó con la presencia de su abogado o persona de confianza, mientras que 28 por ciento se declaró culpable directamente ante el ministerio público.

JUICIOS SIN JUEZ
“Los datos de la encuesta sugieren que el papel del juez dista mucho de lo que se esperaría que fuese. El juez es una figura desdibujada, ausente e inaccesible durante el proceso penal”.
En la segunda edición del instrumento, 80 por ciento de los internos no pudo hablar personalmente con el juez, mientras que 66 por ciento de los casos el juez no estuvo presente al rendir su declaración preparatoria además de que, en esta instancia, a 61 por ciento no se le informó de su derecho a no declarar.
Sobre el 39 por ciento al que sí se le informó su derecho a no declarar, sólo en 2 por ciento lo hizo el juez, en 63 por ciento su abogado, 25 por ciento el secretario de acuerdos, en 5 por ciento el ministerio público y en 3 por ciento, aún por encima del juez, la secretaria mecanógrafa.
“Los datos sugieren que el juez prácticamente está ausente en el proceso, su función parece limitarse a la de dictar sentencia”. Las observaciones de los investigadores del CIDE señalan que “los internos perciben un papel mucho más relevante en cuanto a la conducción de las audiencias por parte de la secretaria mecanógrafa que el juez”.

¿DEFENSORES?
Los internos señalan que 45 por ciento tuvo más de un abogado en el juicio, 25 por ciento tuvo dos abogados y el resto más de tres. Del total de los encuestados, 61 por ciento tuvo un defensor de oficio de inicio y la principal razón para cambiarlo fue que no hizo nada para defender al acusado.
En cuanto al ofrecimiento de pruebas para demostrar la inocencia del acusado, sólo 33 por ciento de los abogados de oficio lo hicieron, mientras que 65 por ciento de los privados cumplieron con este requisito elemental para la defensa. Igualmente 58 por ciento de los de oficio y 36 por ciento de los privados no explicaban a sus defendidos lo que sucedía en las audiencias.
Sin embargo, a pesar de las fallas, y el desinterés, los abogados cobraron en promedio entre 30 mil y 49 pesos a los internos a pesar de no haber logrado mantener su libertad.
Aunado a ello, la encuesta reveló que de todos los abogados que atendieron a los internos, 16.42 por ciento le pidieron dinero para dárselo al juez, y 19.79 por ciento lo hizo con la justificación de entregárselo al ministerio público.
Las conclusiones son contundentes: “Los datos nos permiten inferir que, a lo largo de todo el proceso penal, desde la detención hasta la sentencia, el acusado padece un sistema que no le garantiza ser privado de la libertad a través de un juicio justo”.