Diputados "colgados" / Columna

De medios y otros demonios

Diputados “colgados”

J. Israel Martínez Macedo

Las bancadas del PAN y PRD en la Legislatura local, en voz de la diputada Mónica Fragoso, propusieron una iniciativa de Ley de Secreto Profesional Periodístico del Estado de México, lo que demuestra una de dos cosas por parte de sus promotores: un intento desmedido por granjearse una mejor imagen “colgándose” del problema de violencia que sufre el periodismo en México o una absoluta ignorancia de la legislación mexicana.
Desde el 6 de junio de 2006, el Código Federal de Procedimientos Penales, vigente en todas las entidades del país, sufrió una modificación: se trata de la adición del artículo 243 Bis que señala los supuestos bajo los cuales una persona no está obligada a declarar.
“No estarán obligados a declarar sobre la información que reciban, conozcan o tengan en su poder: (…) III. Los periodistas, respecto de los nombres o las grabaciones, registros telefónicos, apuntes, archivos documentales y digitales y todo aquello que de manera directa o indirecta pudiera llevar a la identificación de las personas que, con motivo del ejercicio de su actividad, les proporcionen como información de carácter reservada, en la cual sustenten cualquier publicación o comunicado”.
Según informa en MILENIO Estado de México la reportera Adriana Uribe en la edición de este domingo, la iniciativa de ley mexiquense busca proteger “el derecho del periodista a negarse a revelar la identidad del autor de la información, a su empresa, a terceros y a las autoridades públicas o judiciales”.
¿Qué no eso ya lo hace el artículo 243 Bis del Código Federal de Procedimientos Penales? Es más no sólo protege a los periodistas, también a los abogados, consultores técnicos, notarios, ministros de culto, servidores públicos a los que la ley les exija reservar o guardar secreto profesional, médicos cirujanos, especialistas y psicólogos clínicos.
En este tenor, la iniciativa mexiquense no sólo se queda corta de aspiraciones al sólo regular una de las tantas profesiones que implican el resguardo de información que pongan el riesgo la confianza, sino que además abre la duda respecto a la verdadera intención de esta propuesta.
Además surge otro pendiente: ¿Cómo va a definir la ley la actividad periodística si ni la misma academia tiene a bien una definición precisa de los alcances y limitantes de lo que debe ser un periodista? ¿Se amparará ante ella cualquiera que publique en cualquier medio… como un blog o Facebook o Twitter? ¿Qué demontres será lo que la ley defina como “colaborador periodístico”?
Parece que en un afán protagónico desmedido no hubo la revisión adecuada a la iniciativa que no sólo deja mucho qué desear sino que regula lo ya regulado. La propuesta debería ser desechada por absurda e innecesaria, pero además pone en riesgo la profesionalización de este oficio: ya no será periodista el que haya aprendido a serlo sino el que cubra los “requisitos de ley”.
¿Quieren proteger a los periodistas? Protejan entonces a la ciudadanía en general que, a final de cuentas, formamos parte integral de ella. Si quieren mejorar su imagen, ¡trabajen!, y no traten de vender espejitos a precio de oro.

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